Este artículo ha sido suprimido por petición de la Oficina de Prensa del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, por violar las normas de propiedad intelectual. Dada la importancia de la información, favor visitar: www.colectivodeabogados.org
Abogados de víctimas de desaparición forzada -caso Palacio de Justicia- rechazan las indebidas presiones del alto mando militar a los Jueces de la República. “Estas manifestaciones constituyen una indebida presión al Tribunal Superior de Bogotá, y un franco debilitamiento del Estado de Derecho, pues evidencia una injerencia del Ejecutivo en las actuaciones de la Rama Judicial. Las expresiones del General Navas afectan la libertad y autonomía con que debe actuar la Justicia frente a casos de graves violaciones a los derechos humanos”, indican los juristas.
Después de tres días de deliberaciones en Buenos Aires, los participantes al encuentro Haciendo Paz en Colombia presentan las siguientes conclusiones a la opinión pública:
En el marco de su labor de defensa de los derechos humanos, apoderó a nivel nacional e internacional a cinco grupos de personas que se identificaron como familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada y desplazamiento forzado en los hechos ocurridos entre el 15 y 20 de julio de 1997, conocidos como la Masacre de Mapiripán. Entre las víctimas apoderadas se encuentra la señora Mariela Contreras y su familia, quien fue reconocida igualmente como víctima en las instancias nacionales, con posterioridad a que rindiera declaración ante la Fiscalía General de la Nación.
Bogotá (Colombia), 16 de diciembre de 2011. Pese a la existencia de suficiente material probatorio que señala la responsabilidad penal de IVAN RAMÍREZ QUINTERO, GUSTAVO AREVALO MORENO y FERNANDO BLANCO GÓMEZ, por las desaparición forzada de once personas en los hechos de la retoma del Palacio de Justicia, la Juez Cristina Trejos Salazar del Juzgado 51 Penal del Circuito de Bogotá, dicto sentencia absolutoria. Destaca la Juez en el fallo, que no existe duda en la existencia de las personas desaparecidas, sino en el nivel de participación de los militares retirados.
Autoridades indígenas del Resguardo Santa Lucía de Mesetas - Meta- denunció la ejecución extrajudicial de un aborigen a manos de tropas del Ejército Nacional "Preocupa a nuestra comunidad la forma en que las fuerzas militares se extralimitan en sus funciones y acciones, violando nuestra carta política y los tratados internacionales suscritos por el estado Colombiano." afirma el gobernador del Resguardo HIPÓLITO YANDI CAMPO. Y agrega: "El asesinato de nuestro compañero llena de mucha preocupación y tristeza a la comunidad indígena y campesina en general del cabildo de Villa Lucia, ya que nuestro compañero era una persona honrada, honesta y trabajadora, cumplidor de sus deberes, humilde, sin antecedentes judiciales, perteneciente a una comunidad cristiana, esposo de la señora EDIHT BENITES BECOCHE identificada con C.C No 1.105.870.484 expedida en el municipio de Roncesvalles (Tolima), de este hogar quedan 2 hijos, entre ellos una bebe de 16 meses de nacida"
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Última actualización : 29 de agosto.
Este artículo ha sido suprimido por petición de la Oficina de Prensa del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, por violar las normas de propiedad intelectual. Dada la importancia de la información, favor visitar: www.colectivodeabogados.org
Las organizaciones defensoras de derechos humanos abajo firmantes, hemos conocido como se está fraguando el montaje de un proceso judicial en contra de varios defensores de Derechos Humanos y estudiantes de la Universidad Industrial de Santander (UIS).
En un comunicado anterior, advertíamos de lo nocivo que era el ofrecimiento de 50 millones de pesos hecho por el gobierno nacional por información que condujera a dar con los responsables de los daños producidos en la UIS, en ocasión de los hechos vandálicos del día 15 de junio. Toda vez que se pretende involucrar en la investigación a miembros del movimiento social de Derechos Humanos con la compra de “testigos”.
Honorables y respetados señores:
Como es de pleno conocimiento por parte de cada uno de sus respectivos ministerios, nuestra comunidad universitaria posee por parte de la COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH / OEA) MEDIDAS CAUTELARES desde junio del año 2001.
En la ultima Reunión – Encuentro de Seguimiento & Concertación de las Medidas Cautelares celebrada en la Gobernación de Santander el día jueves 16 de junio, no hizo presencia en dicha reunión la Ministra de Educación Nacional María Campo Saavedra, ni el delegado de la Presidencia de la República que hace parte del Consejo Superior Universitario (CSU) de la UIS.
Notamos con sorpresa que actualmente se vienen tomando decisiones que no están siendo consultadas con las personas que asistimos & participamos de las Reuniones de seguimiento & concertación de las Medidas Cautelares de la Universidad.
ANA FABRICIA CORDOBA
A través de una mención especial al premio Defensor de los Derechos Humanos 2010 el Departamento de Estado de los Estados Unidos, reconoce públicamente la labor del abogado defensor de Derechos Humanos Jorge Molano como “un hombre que con valentía ha hecho buen uso de los tribunales colombianos para buscar justicia en los casos contra los derechos humanos desde hace más de 20 años”.