Respetado Dr. Álvaro Uribe Vélez:

El 24 de abril de 2004, Monseñor Fidel León Cadavid Marín, Obispo de la Diócesis de Quibdó, le entregó personalmente una CARTA ABIERTA, sobre la crisis de legitimidad del Estado en la región del Atrato, suscrita por la Diócesis de Quibdó, la Organización Regional Embera Wounaan – OREWA y el Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato – COCOMACIA.

Esa carta manifestaba profundas preocupaciones sobre la situación de inseguridad y desprotección, que a pesar del gran despliegue de la Fuerza Pública, sufren las comunidades indígenas y afrodescendientes en los municipios de Bojayá, Murindó, Vigía del Fuerte y Medio Atrato, expuestas a las múltiples agresiones de las fuerzas ilegales de la guerrilla de las FARC y los paramilitares de las AUC. Hacía especialmente hincapié en la inocultable tolerancia, connivencia y complicidad de miembros de la Fuerza Pública con el actuar de los paramilitares.

De igual manera, Monseñor Fidel Cadavid le hizo entrega de la propuesta de Acuerdo Humanitario, elaborada durante dos años por 47 organizaciones populares de la sociedad civil del departamento, que participan en el Foro Interétnico Solidaridad Chocó, como un aporte a la construcción de la paz y la humanización del conflicto.

Hoy, un año después, las Diócesis de Quibdó, Istmina – Tadó y Apartadó, y las 47 organizaciones del Foro Interétnico Solidaridad Chocó, constatamos con gran pesar que la situación de las comunidades, en vez de mejorar, ha empeorado mucho más:

  La Policía, la Armada y el Ejército han instalado tantos retenes a lo largo del río Atrato, que es sumamente difícil y en ocasiones imposible que los viajeros lleguen a su destino antes de las seis de la tarde, hora límite, después de la cual la Fuerza Pública prohíbe toda clase de tránsito por el río. Son doblemente incomprensibles estas medidas exageradas, considerando que los rigurosos controles sólo valen para la población civil, mientras los paramilitares se siguen moviendo con total libertad.

  Los paramilitares del Bloque Elmer Cárdenas avanzan con gran despliegue de tropas y carga por el río Atrato y sus afluentes Opogadó, Napipí y Bojayá, transitando por numerosos lugares que están bajo control de la Fuerza Pública. La población indígena y afrodescendiente en los afluentes donde hay presencia de la guerrilla, en cambio, es sometida a restricciones tan severas que se encuentra bajo un bloqueo alimenticio.

  Entre febrero y marzo de este año, dos mil pobladores afrodescendientes de la cuenca del río Bojayá se han desplazado hacia la cabecera municipal, Bellavista, con el fin, de no quedar en medio de un fuego cruzado ante la avanzada masiva de los paramilitares y la presencia de las FARC en el río Bojayá. La desembocadura de este río queda a menos de un kilómetro de Bellavista y frente a Vigía del Fuerte. En ambos pueblos hay presencia permanente de la Policía y el Ejército.

  En Semana Santa, los paramilitares tomaron el control de la parte baja del río Bojayá. Posteriormente, algunos miembros de las comunidades desplazadas de Corazón de Jesús, Caimanero, La Loma y Cuía, fueron a sus fincas en busca de pan coger y encontraron en sus pueblos las casas saqueadas, puertas, ventanas y varias paredes destruidas, los teléfonos comunitarios dañados y tirados al agua; las reses y los cerdos del Instituto Agrícola fueron hurtados.

  En los ríos de Opogadó y Napipí, dominados desde el año pasado por los paramilitares, ya ha comenzado la explotación a gran escala de los recursos maderables, siendo este territorio de titulación colectiva. Nadie controla el comercio ilegal de esta madera.

  En Bellavista, en el mes de marzo, ante la mirada indolente de la Fuerza Pública, los paramilitares retuvieron madera que salía del río Bojayá. Esta acción está a cargo de un exmiliciano de las FARC, alias Chombo, quien se entregó en noviembre del año pasado al Ejército en Bellavista, bajó a Riosucio y volvió después de dos meses con el nuevo alias de Seguridad.

  El 20 de marzo, en el río Bebará, municipio del Medio Atrato, el Ejército retuvo arbitrariamente durante 30 horas a 16 campesinos, entre ellos tres menores de edad, quienes habían salido por la mañana a buscar plátano y a pescar. Este abuso de autoridad causó un gran pánico entre las comunidades afrodescendientes del río Bebará y entre sus familiares en Quibdó.

  Otro miliciano de las FARC, de sobrenombre Barbachita, se entregó a principios del mes de febrero al Ejército en Boca de Bebará, municipio del Medio Atrato. Ahora anda libre en Bellavista como informante y siembra desconcierto entre la población desplazada.

  En diciembre del año pasado, el Ejército se retiró del corregimiento de Napipi, ubicado a orillas del Atrato y permitió que allí se instalara un grupo de paramilitares. En este pueblo, el 3 de abril un paramilitar de sobrenombre Escamoso agredió físicamente a un anciano de 75 años, quien fue remitido al hospital de Quibdó.

  El 18 de abril, las autodefensas que controlan el río Bojayá, por la negligencia de la Fuerza Pública, robaron la planta lister del trapiche comunitario, aprovechando el desplazamiento forzoso que condujo a los campesinos a protegerse en Bellavista desde el 14 de febrero. Este grupo es responsable de otros daños y robos como el ganado vacuno y destrucción de bienes de la comunidad.

  Desde hace cuatro meses no hay Defensor Público en Bojayá.

  En noviembre de 2004, las FARC asesinaron al Sacerdote FRANCISCO JOSÉ MONTOYA, del Clero de la Diócesis Istmina – Tadó, cuando misionaba en las comunidades campesinas del municipio de Nóvita, sin que hasta el momento haya sido posible recuperar sus restos.

La esperanza de que nuestra CARTA ABIERTA del año pasado motivara una iniciativa de poner fin a tantas irregularidades, hasta ahora ha sido en vano. Nos preguntamos cada vez con mayor desconcierto: A quién protege y a quién combate la Fuerza Pública en el Atrato? Pues, seguimos observando y sufriendo a diario en carne propia estas situaciones absolutamente inaceptables en el marco de un estado social de derecho.

Por eso le reiteramos con insistencia nuestra solicitud de hace un año:

1. Dé una orden para que cesen inmediatamente todas estas irregularidades que hemos denunciado una y otra vez a lo largo de los últimos años y que la Fuerza Pública actúe conforme al mandato constitucional y legal.

2. Ordene una investigación rigurosa contra aquellos funcionarios, quienes con sus actitudes de tolerancia, connivencia y complicidad con los paramilitares son responsables que se esté socavando la legitimidad del Estado en la región del Atrato.

3. Ordene a las instituciones del Estado adelantar la investigación correspondiente, a fin de que no quede en la impunidad la muerte del sacerdote FRANCISCO JAVIER MONTOYA, asesinado por las FARC en noviembre de 2004 en el Municipio de Nóvita.

Señor Presidente: las comunidades indígenas, afrodescendientes y mestizas no aguantamos más abusos y agresiones. Queremos vivir en paz dentro de nuestros territorios y los que se han visto obligados a desplazarse quieren retornar cuanto antes. Por lo tanto, pedimos acciones concretas e inmediatas, para que nuestros derechos ancestrales que nos han sido reconocidos por el poder legislativo y son violentados, sean defendidos eficazmente por el poder ejecutivo.

Atentamente,

Diócesis de Quibdó
Diócesis de Apartadó
Diócesis de Istmina – Tadó
Foro Interétnico Solidaridad Chocó

Quibdó, 27 de abril de 2005.