Abogados de víctimas de desaparición forzada -caso Palacio de Justicia- rechazan las indebidas presiones del alto mando militar a los Jueces de la República. “Estas manifestaciones constituyen una indebida presión al Tribunal Superior de Bogotá, y un franco debilitamiento del Estado de Derecho, pues evidencia una injerencia del Ejecutivo en las actuaciones de la Rama Judicial. Las expresiones del General Navas afectan la libertad y autonomía con que debe actuar la Justicia frente a casos de graves violaciones a los derechos humanos”, indican los juristas.
Después de tres días de deliberaciones en Buenos Aires, los participantes al encuentro Haciendo Paz en Colombia presentan las siguientes conclusiones a la opinión pública:
En el marco de su labor de defensa de los derechos humanos, apoderó a nivel nacional e internacional a cinco grupos de personas que se identificaron como familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada y desplazamiento forzado en los hechos ocurridos entre el 15 y 20 de julio de 1997, conocidos como la Masacre de Mapiripán. Entre las víctimas apoderadas se encuentra la señora Mariela Contreras y su familia, quien fue reconocida igualmente como víctima en las instancias nacionales, con posterioridad a que rindiera declaración ante la Fiscalía General de la Nación.
Bogotá (Colombia), 16 de diciembre de 2011. Pese a la existencia de suficiente material probatorio que señala la responsabilidad penal de IVAN RAMÍREZ QUINTERO, GUSTAVO AREVALO MORENO y FERNANDO BLANCO GÓMEZ, por las desaparición forzada de once personas en los hechos de la retoma del Palacio de Justicia, la Juez Cristina Trejos Salazar del Juzgado 51 Penal del Circuito de Bogotá, dicto sentencia absolutoria. Destaca la Juez en el fallo, que no existe duda en la existencia de las personas desaparecidas, sino en el nivel de participación de los militares retirados.
Autoridades indígenas del Resguardo Santa Lucía de Mesetas - Meta- denunció la ejecución extrajudicial de un aborigen a manos de tropas del Ejército Nacional "Preocupa a nuestra comunidad la forma en que las fuerzas militares se extralimitan en sus funciones y acciones, violando nuestra carta política y los tratados internacionales suscritos por el estado Colombiano." afirma el gobernador del Resguardo HIPÓLITO YANDI CAMPO. Y agrega: "El asesinato de nuestro compañero llena de mucha preocupación y tristeza a la comunidad indígena y campesina en general del cabildo de Villa Lucia, ya que nuestro compañero era una persona honrada, honesta y trabajadora, cumplidor de sus deberes, humilde, sin antecedentes judiciales, perteneciente a una comunidad cristiana, esposo de la señora EDIHT BENITES BECOCHE identificada con C.C No 1.105.870.484 expedida en el municipio de Roncesvalles (Tolima), de este hogar quedan 2 hijos, entre ellos una bebe de 16 meses de nacida"
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Redacción dhColombia.com
Miércoles 9 de junio de 2010, por
Alianza de 16 agencias católicas para el desarrollo de Europa y América del Norte piden a la Unión Europea congelar el TLC con Colombia
Redacción dhColombia
[dhColombia junio 9 2010] El pasado 4 de junio, 16 agencias católicas para el desarrollo de Europa y América del Norte exigieron al Presidente de la Comisión Europea (José Manuel Borroso) “Suspender el proceso de ratificación del TLC entre la UE y Colombia por ahora y poner los derechos humanos por encima de los intereses económicos en las relaciones con este país” En el mismo sentido las organizaciones católicas internacionales exigieron “Condenar sin ambigüedad las operaciones del DAS, dirigidas a las instituciones europeas y los intentos de intervenir en el proceso de alocución de los subsidios de la Comisión Europea que benefician al trabajo legítimo de ONGs europeas y colombianas”. Pero la misiva no se queda ahí, también piden que la Unión Europea “Investigar las acciones del DAS en el territorio Europeo para determinar quiénes eran responsables en Colombia y en Europa y para establecer si han recibido algún apoyo por parte de servicios secretos de los estados miembros europeos”
La petición de La Red internacional de cooperación para el desarrollo y la solidaridad (CIDSE) se da como consecuencia de las chuzadas del DAS y especialmente por la llamada “Operación Europa”. En este sentido la carta, afirma:
“La información fue conocida cuando organizaciones colombianas de derechos humanos decidieron presentar una querella al respecto de las actividades ilegales del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). La Fiscalía colombiana tuvo que dar acceso a la documentación sobre estas actividades y entre esta se encontró la orden de investigar la ONG belga Broederlijk Delen. En particular, el DAS ordenó sus oficiales a determinar “si existe una relación que no sea estrictamente profesional entre su responsable de programas para Colombia y los directivos de sus copartes” y de “obstaculizar la obtención de subsidios de la UE por parte de Broederlijk Delen”.
“Los documentos revelaban que la llamada “Operación Europa” se dirigía no solo a individuos y asociaciones en el territorio europeo, sino también el sistema legal Europeo, la Comisión de derechos humanos del Parlamento Europeo, la Oficina de la Alta Comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas y los gobiernos europeos. Las actividades del DAS tenían el fin de producir “difamaciones”, “neutralizaciones” y “guerra jurídica”.
“Desde hace ya varias décadas, los servicios de inteligencia de Colombia han jugado un papel activo en la represión de los movimientos sociales y organismos de derechos humanos, muchos de ellos copartes de organizaciones miembros de la CIDSE en Colombia. Sin embargo, desde la creación de una unidad especial llamado el G-3 en 2004, el DAS ha implementado una política sistemática de interceptaciones de teléfono y correos, hostigamientos e intimidaciones. Por sus críticas a las políticas gubernamentales, defensores de derechos humanos, periodistas, miembros de la oposición, y hasta magistrados de la Corte Suprema y de la Corte Constitucional fueron tratados como peligrosos delincuentes y como una amenaza contra los intereses del Estado, dando lugar a una persecución implacable. Estos hechos contradicen la actitud de diálogo transparente con la sociedad civil, pretendido por el gobierno colombiano de cara a la comunidad internacional.
Ver texto de la carta (inglés)
FOS-Colombia
Fondo para La Sociedad Civil Colombiana por la Paz, los Derechos Humanos y la democracia.
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*Los análisis y opiniones aquí expresadas no reflejan necesariamente las opiniones de quienes apoyan esta publicación.
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