Abogados de víctimas de desaparición forzada -caso Palacio de Justicia- rechazan las indebidas presiones del alto mando militar a los Jueces de la República. “Estas manifestaciones constituyen una indebida presión al Tribunal Superior de Bogotá, y un franco debilitamiento del Estado de Derecho, pues evidencia una injerencia del Ejecutivo en las actuaciones de la Rama Judicial. Las expresiones del General Navas afectan la libertad y autonomía con que debe actuar la Justicia frente a casos de graves violaciones a los derechos humanos”, indican los juristas.
Después de tres días de deliberaciones en Buenos Aires, los participantes al encuentro Haciendo Paz en Colombia presentan las siguientes conclusiones a la opinión pública:
En el marco de su labor de defensa de los derechos humanos, apoderó a nivel nacional e internacional a cinco grupos de personas que se identificaron como familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada y desplazamiento forzado en los hechos ocurridos entre el 15 y 20 de julio de 1997, conocidos como la Masacre de Mapiripán. Entre las víctimas apoderadas se encuentra la señora Mariela Contreras y su familia, quien fue reconocida igualmente como víctima en las instancias nacionales, con posterioridad a que rindiera declaración ante la Fiscalía General de la Nación.
Bogotá (Colombia), 16 de diciembre de 2011. Pese a la existencia de suficiente material probatorio que señala la responsabilidad penal de IVAN RAMÍREZ QUINTERO, GUSTAVO AREVALO MORENO y FERNANDO BLANCO GÓMEZ, por las desaparición forzada de once personas en los hechos de la retoma del Palacio de Justicia, la Juez Cristina Trejos Salazar del Juzgado 51 Penal del Circuito de Bogotá, dicto sentencia absolutoria. Destaca la Juez en el fallo, que no existe duda en la existencia de las personas desaparecidas, sino en el nivel de participación de los militares retirados.
Autoridades indígenas del Resguardo Santa Lucía de Mesetas - Meta- denunció la ejecución extrajudicial de un aborigen a manos de tropas del Ejército Nacional "Preocupa a nuestra comunidad la forma en que las fuerzas militares se extralimitan en sus funciones y acciones, violando nuestra carta política y los tratados internacionales suscritos por el estado Colombiano." afirma el gobernador del Resguardo HIPÓLITO YANDI CAMPO. Y agrega: "El asesinato de nuestro compañero llena de mucha preocupación y tristeza a la comunidad indígena y campesina en general del cabildo de Villa Lucia, ya que nuestro compañero era una persona honrada, honesta y trabajadora, cumplidor de sus deberes, humilde, sin antecedentes judiciales, perteneciente a una comunidad cristiana, esposo de la señora EDIHT BENITES BECOCHE identificada con C.C No 1.105.870.484 expedida en el municipio de Roncesvalles (Tolima), de este hogar quedan 2 hijos, entre ellos una bebe de 16 meses de nacida"
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Por COPDICONC
Miércoles 12 de mayo de 2010, por
ACCION URGENTE
CONSEJO REGIONAL MAYOR PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE COMUNIDADES NEGRAS DE LA CORDILLERA OCCIDENTAL DE NARIÑO Y SUR DEL CAUCA
“COPDICONC”
SANTIAGO DE CALI 10 DE MAYO DE 2010.
Las Comunidades que habitan en el Territorio del Consejo regional Mayor Para El Desarrollo Integral de Comunidades Negras de La Cordillera Occidental de Nariño y sur del cauca, COPDICONC Continúan Resistiendo y Luchando por la Supervivencia Y Permanencia En El Territorio.
Mantenemos la alerta temprana de las comunidades que habitan en los municipios de Policarpa, Cumbitara, El Rosario, Leiva, Santa Barbará de Iscuande, El charco, Guapi, Argelia y Balboa , territorios en los cuales tiene jurisdicción nuestro consejo regional mayor Copdiconc; ya que permanecen bajo el dominio y control total del grupo paramilitar los rastrojos, como lo hemos manifestamos en las denuncias presentadas ante las diferentes instancias gubernamentales y organismos de control del Estado desde el año 1996, se ha alertado la gravedad de la situación de violación a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario en la Cordillera Occidental de Nariño, sin embargo estas denuncias y los diferentes intentos efectuados por las comunidades y el Consejo Regional no han sido atendidos de la manera debida y oportuna, permitiendo a los actores armados ejercer control total del territorio y ejecutar de manera sistemática actos crueles, inhumanos y degradantes, como Homicidios múltiples, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones masivas y arbitrarias, torturas y cobros de impuestos, tipificados por el derecho internacional como crímenes de lesa humanidad, facilitando el destierro, el despojo y repoblamiento de la comunidad con fines de control territorial, político y económico por parte de los actores armados.
Estos hechos sistemáticos han llevado a la población a un permanente desplazamiento forzado, y éxodos masivos hacia las ciudades de Pasto, Cali, Palmira, Suarez, Santander de Quilichao, Popayán, Bogotá y a la república del Ecuador. Con el agravante de que estas poblaciones no están siendo atendidas por la Unidad de Atención y Orientación a Población Desplazada de Acción Social de manera permanente y adecuada. Hoy más del 60% de la población se encuentra por fuera del Registro Único Nacional De Desplazados.
En la actualidad la situación de confinamiento de las comunidades que hacen parte de Consejo regional Mayor Para El Desarrollo Integral de Comunidades Negras de La Cordillera Occidental de Nariño y sur del Cauca COPDICONC, especialmente las que se encuentran en corregimientos de control permanente de grupos armados como el corregimiento de Sidón, la vereda de miguel Nulpí, en el municipio de Cumbitara, el corregimiento de Sánchez y Santa Rosa, municipio de Policarpa, por nombrar los que en este momento tienen la situación de más alto riesgo.
En estos territorios son permanentes los enfrentamientos entre grupos armados regulares e irregulares: paramilitares, Ejército Nacional, narcotraficantes y guerrilla; situación que propicia violaciones de derechos humanos así como la restricción de la movilidad de la comunidad por el territorio y el confinamiento de la población durante y después de los enfrentamientos. A pesar de la presencia de las Fuerzas armadas en el territorio, en los últimos meses la guerra se ha intensificado y las modalidades de violaciones a los derechos humanos continúan siendo las que ya citamos, anotando que se ha incrementado la utilización de métodos barbaros y ejemplarizantes como: la mutilación y cercenamiento de partes del cuerpo a las víctimas de ejecución, la violación a mujeres, destrucción de bienes y cobro de impuestos, obligando y exigiendo a los campesinos sumas de dinero inalcanzables dentro de su presupuesto, o quitándoles sus pertenencias, Secuestrándoles a ellos o algún familiar, para presionar la entrega de grandes sumas de dinero.
Estos factores generan situaciones de éxodos masivos y permanentes desplazamientos; que por no presentarse de manera masiva sino gota a gota, no son visibilizados pero igualmente generan terribles impactos sociales a la comunidad.
En este contexto, los y las líderes de COPDICONC son mantenidos bajo vigilancia teniendo que informar a los grupos armados cuáles son sus actividades; algunos son declarados objetivos militar y son obligados a llevar razones al Ejército involucrándolos en el conflicto. Son muchos y muchas los que han tenido que desplazarse a otros territorios para salvar su vida.
Resaltamos la presencia del grupo paramilitar denominado los rastrojos, aun cundo la presencia de las fuerzas militares es permanente, estos tienen un fuertedominio del territorio ejerciendo la gobernabilidad y han prohibido a los líderes de Copdiconc ejercer sus actividades administrativas, aunque la corte constitucional haya emitido ordenas de protección sobre las comunidades pertenecientes al Consejo regional Mayor Para El Desarrollo Integral de Comunidades Negras de La Cordillera Occidental de Nariño y sur del Cauca -COPDICONC-
Exigencias
Exigimos una respuesta y un pronunciamiento de responsabilidad política de los entes administrativos locales y nacionales sobre estas situaciones.
Exigimos al estado colombiano cumplir con su función de garantizar la seguridad y la integridad física de las comunidades y directivos del Consejo regional Mayor Para El Desarrollo Integral de Comunidades Negras de La Cordillera Occidental de Nariño y sur del Cauca -COPDICONC-.
Solicitamos se desarrollen todas las acciones tendientes a proteger la vida de las personas y dar trámite ante las instancias que sea necesario para iniciar las investigaciones a esclarecer las actuaciones de las fuerzas armadas (Ejercito Nacional )en el territorio .
Solicitamos a todos y todas ustedes pronunciarse a la mayor brevedad y exigir del Estado colombiano una respuesta clara y oportuna para prevenir cualquier hecho que atente contra la integridad de los miembros de las comunidades que habitan en los municipios de Policarpa, Cumbitara, El Rosario, Leiva, Santa Barbará de Iscuande, El charco, Guapi, Argelia y Balboa y lideres del Consejo regional Mayor Para El Desarrollo Integral de Comunidades Negras de La Cordillera Occidental de Nariño y sur del Cauca -COPDICONC-.
Finalmente, solicitamos a todos y todas ustedes exigir al Gobierno Colombiano tomar medidas oportunas para prevenir nuevos hechos de violación de derechos humanos en el territorio.
Sus pronunciamientos los puede enviar a:
ALVARO URIBE VELEZ
Presidente de la República
Carrera 8 No. 7 -26 Palacio de Nariño Bogotá
Fax. 5662071
FRANCISCO SANTOS
Vicepresidente de la República
Carrera 8 No.7-57 Bogotá D.C.
[email protected]
General FREDY PADILLA
Ministro de la Defensa (E)
Avenida El dorado con carrera 52 CAN Bogotá D.C.
[email protected]
[email protected]
[email protected]
FABIO VALENCIA COSSIO
Ministro del Interior y de Justicia
Avenida El dorado con carrera 52 CAN Bogotá D.C.
Fax. 2221874
[email protected]
GUILLERMO MENDOZA DIAGO
Fiscal General de la Nación
Diagonal 22B No. 52-01 Bogotá D.C.
Fax. 570 20 00
[email protected]
[email protected]
WOLMAR ANTONIO PEREZ ORTIZ
Defensor del Pueblo
Calle 55 No. 10 – 32 Bogotá D.C.
Fax. 640 04 91
[email protected]
[email protected]
ALEJANDRO ORDÓÑEZ
Procurador General de la Nación
Cra. 5 No.15 – 80F Bogotá D.C.
anticorrupció[email protected]
[email protected]ía.gov.co
Dirigir copia de sus comunicaciones a:
ASOCIACION NOMADESC
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CAMPAÑA PROHIBIDO OLVIDAR
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PROCESO DE COMUNIDADES NEGRAS
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