Abogados de víctimas de desaparición forzada -caso Palacio de Justicia- rechazan las indebidas presiones del alto mando militar a los Jueces de la República. “Estas manifestaciones constituyen una indebida presión al Tribunal Superior de Bogotá, y un franco debilitamiento del Estado de Derecho, pues evidencia una injerencia del Ejecutivo en las actuaciones de la Rama Judicial. Las expresiones del General Navas afectan la libertad y autonomía con que debe actuar la Justicia frente a casos de graves violaciones a los derechos humanos”, indican los juristas.
Después de tres días de deliberaciones en Buenos Aires, los participantes al encuentro Haciendo Paz en Colombia presentan las siguientes conclusiones a la opinión pública:
En el marco de su labor de defensa de los derechos humanos, apoderó a nivel nacional e internacional a cinco grupos de personas que se identificaron como familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada y desplazamiento forzado en los hechos ocurridos entre el 15 y 20 de julio de 1997, conocidos como la Masacre de Mapiripán. Entre las víctimas apoderadas se encuentra la señora Mariela Contreras y su familia, quien fue reconocida igualmente como víctima en las instancias nacionales, con posterioridad a que rindiera declaración ante la Fiscalía General de la Nación.
Bogotá (Colombia), 16 de diciembre de 2011. Pese a la existencia de suficiente material probatorio que señala la responsabilidad penal de IVAN RAMÍREZ QUINTERO, GUSTAVO AREVALO MORENO y FERNANDO BLANCO GÓMEZ, por las desaparición forzada de once personas en los hechos de la retoma del Palacio de Justicia, la Juez Cristina Trejos Salazar del Juzgado 51 Penal del Circuito de Bogotá, dicto sentencia absolutoria. Destaca la Juez en el fallo, que no existe duda en la existencia de las personas desaparecidas, sino en el nivel de participación de los militares retirados.
Autoridades indígenas del Resguardo Santa Lucía de Mesetas - Meta- denunció la ejecución extrajudicial de un aborigen a manos de tropas del Ejército Nacional "Preocupa a nuestra comunidad la forma en que las fuerzas militares se extralimitan en sus funciones y acciones, violando nuestra carta política y los tratados internacionales suscritos por el estado Colombiano." afirma el gobernador del Resguardo HIPÓLITO YANDI CAMPO. Y agrega: "El asesinato de nuestro compañero llena de mucha preocupación y tristeza a la comunidad indígena y campesina en general del cabildo de Villa Lucia, ya que nuestro compañero era una persona honrada, honesta y trabajadora, cumplidor de sus deberes, humilde, sin antecedentes judiciales, perteneciente a una comunidad cristiana, esposo de la señora EDIHT BENITES BECOCHE identificada con C.C No 1.105.870.484 expedida en el municipio de Roncesvalles (Tolima), de este hogar quedan 2 hijos, entre ellos una bebe de 16 meses de nacida"
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Lunes 10 de mayo de 2010, por
Diferentes organizaciones sociales, comunidades de paz, indígenas, afros, sindicales, como también, lideres políticos, de oposición y defensores de derechos humanos vienen siendo víctimas de persecución física y amenazas contra su vida. Desde los públicos graffiti que han dejado por calles y avenidas de Bogotá, los rumores de pueblo, operaciones de represión y desinformación, como también, la circulación de correos electrónicos, llamadas de teléfono no identificados, volantes contra defensores y líderes de modo selectivo y otra serie de situaciones, dan cuenta de esta ola negra de terror.
Coincidencialmente, estas “fuerzas oscuras” aparecen en época electoral, en donde se genera toda clase de escenarios violentos, para condicionar de manera irrespetuosa y manipuladora al elector. Específicamente cuando pareciera que comienza a tambalear la estrategia costosamente diseñada -a partir de toda clase de sobornos y presiones- para lograr la continuidad del modelo de poder y de los métodos autoritarios y permisivos de ejercerlo. Esto tendría como finalidad, en lo inmediato, garantizar la continuidad de los negociados en que está inmerso el actual presidente y el sector de clase narco-para-mafioso-terrateniente que representa. Han adquirido una serie de compromisos y proyectos sobre las tierras del campesinado, que están dispuestos ha realizar, recurriendo a lo que sea necesario; ejemplo de ello, son las tierras de propiedad colectiva o los terrenos de explotación minera que les han sido “arrendadas” hasta por 50 años a empresas que se usufructúan de ellas de forma ilegal, en los últimos años.
Este tipo de accionar delincuencial obedece a esa estrategia de guerra política para perseguir y aniquilar a la oposición, llámese partido, organización social o personas críticas, orquestada desde los mismos organismos de seguridad que están bajo el mando de la presidencia. De tal manera que las infiltraciones Das y las Fueras Armadas, no sólo han sido en las comunicaciones como lo cuentan algunos medios, si no que también, se han metido en nuestras vidas, las viviendas, los colegios, el trabajo. Una empresa criminal organizada que se manifiesta a partir de organizaciones supuestamente demócratas que consideran a los militares y políticos vinculados a crímenes de lesa humanidad como los falsos positivos, en héroes de la patria, organizaciones similares a los derechistas “Deutsche Arbeiterpartei”, que apoyan e impulsan las paradas nazis, que piensan el nacionalismo y se forman a partir de la ambición, del odio, el racismo, la homofobia, la violencia y unas ínfulas de superioridad.
Este es un llamado a las organizaciones sociales, a las comunidades, a la comunidad internacional y a los medios de comunicación, a la solidaridad y la prevención, ante probables agresiones y atentados, aparentemente indiscriminados, pero en realidad muy selectivos de los objetivos.
FOS-Colombia
Fondo para La Sociedad Civil Colombiana por la Paz, los Derechos Humanos y la democracia.
Iniciado por ASDI, administrado por Forum Syd*
*Los análisis y opiniones aquí expresadas no reflejan necesariamente las opiniones de quienes apoyan esta publicación.
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