Abogados de víctimas de desaparición forzada -caso Palacio de Justicia- rechazan las indebidas presiones del alto mando militar a los Jueces de la República. “Estas manifestaciones constituyen una indebida presión al Tribunal Superior de Bogotá, y un franco debilitamiento del Estado de Derecho, pues evidencia una injerencia del Ejecutivo en las actuaciones de la Rama Judicial. Las expresiones del General Navas afectan la libertad y autonomía con que debe actuar la Justicia frente a casos de graves violaciones a los derechos humanos”, indican los juristas.
Después de tres días de deliberaciones en Buenos Aires, los participantes al encuentro Haciendo Paz en Colombia presentan las siguientes conclusiones a la opinión pública:
En el marco de su labor de defensa de los derechos humanos, apoderó a nivel nacional e internacional a cinco grupos de personas que se identificaron como familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada y desplazamiento forzado en los hechos ocurridos entre el 15 y 20 de julio de 1997, conocidos como la Masacre de Mapiripán. Entre las víctimas apoderadas se encuentra la señora Mariela Contreras y su familia, quien fue reconocida igualmente como víctima en las instancias nacionales, con posterioridad a que rindiera declaración ante la Fiscalía General de la Nación.
Bogotá (Colombia), 16 de diciembre de 2011. Pese a la existencia de suficiente material probatorio que señala la responsabilidad penal de IVAN RAMÍREZ QUINTERO, GUSTAVO AREVALO MORENO y FERNANDO BLANCO GÓMEZ, por las desaparición forzada de once personas en los hechos de la retoma del Palacio de Justicia, la Juez Cristina Trejos Salazar del Juzgado 51 Penal del Circuito de Bogotá, dicto sentencia absolutoria. Destaca la Juez en el fallo, que no existe duda en la existencia de las personas desaparecidas, sino en el nivel de participación de los militares retirados.
Autoridades indígenas del Resguardo Santa Lucía de Mesetas - Meta- denunció la ejecución extrajudicial de un aborigen a manos de tropas del Ejército Nacional "Preocupa a nuestra comunidad la forma en que las fuerzas militares se extralimitan en sus funciones y acciones, violando nuestra carta política y los tratados internacionales suscritos por el estado Colombiano." afirma el gobernador del Resguardo HIPÓLITO YANDI CAMPO. Y agrega: "El asesinato de nuestro compañero llena de mucha preocupación y tristeza a la comunidad indígena y campesina en general del cabildo de Villa Lucia, ya que nuestro compañero era una persona honrada, honesta y trabajadora, cumplidor de sus deberes, humilde, sin antecedentes judiciales, perteneciente a una comunidad cristiana, esposo de la señora EDIHT BENITES BECOCHE identificada con C.C No 1.105.870.484 expedida en el municipio de Roncesvalles (Tolima), de este hogar quedan 2 hijos, entre ellos una bebe de 16 meses de nacida"
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Lunes 30 de noviembre de 2009, por
URGENTE URGENTE!!!!
MIEMBROS DEL EJÉRCITO NACIONAL PERTENECIENTES AL BATALLON DE CONTRAGUERRILLA No. 83
ADSCRITOS A LA BRIGADA MÓVIL No 12 SE ENCUENTRAN REALIZANDO ALLANAMIENTOS Y RETENES ILEGALES EN LA VEREDA LOMA LINDA – VISTA HERMOSA (META)
Desde el 26 de Noviembre de 2009, el Batallón de Contraguerrilla No. 83, adscrito a la Brigada Móvil No. 12 del Ejército Nacional, llegó al caserío de la Vereda Loma Linda, Jurisdicción del Municipio de Vista Hermosa, Departamento del Meta, y comenzó a realizar allanamientos ilegales de las viviendas, interrogatorios a los pobladores, igualmente procedieron a instalar un retén en la entrada del caserío con el fin de empadronar a los transeúntes, impidiendo la libre circulaión y solicitando las facturas de los víveres o combustibles que circulan por este punto. La presencia de la tropa dentro del caserío, el bloqueo alimentario y las acciones desarrolladas por la tropa desde hace más de 04 días constituyen graves infracciones al DIH al colocar a la población civil en inminente peligro al ser considerada ésta una zona de orden público.
Ante esta grave situación la COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL BAJO ARIARI – SECTOR VISTA HERMOSA – , exige al Estado colombiano y a sus organismos de control intervenir de manera oportuna ante el mando castrense a fin de garantizar de manera inmediata que las tropas que hoy vulneran los Derechos Fundamentales de estos ciudadanos y que se encuentran cometiendo ingracciones graves al DIH cumplan con su mandato constitucional y cesen estos actos que ponen en riesgo la integridad de la población civil.
Solicitudes:
A las organizaciones Nacionales e internacionales defensoras de Derechos Humanos invitamos a solidarizarse una vez más con los campesinos de esta región que siguen siendo objetivo del actuar desbordado de las unidades militares que de manera recurrente tratan de asfixiar las dinámicas propias de las comunidades con estos bloqueos y empadronamientos.
Igualmente, invitamos a las organizaciones Nacionales e internacionales defensoras de Derechos Humanos exigirle al gobierno de ÁLVARO URIBE que cumpla su compromiso como garante de los Derechos Humanos que se desprende de las obligaciones inherentes a su cargo como Presidente de la República y como Comandante en Jefe de la Fuerzas Militares.
Atentamente,
DORIS RIVERA RÍOS
RESPONSABLE DH BAJO ARIARI – SECTOR VISTA HERMOSA
FOS-Colombia
Fondo para La Sociedad Civil Colombiana por la Paz, los Derechos Humanos y la democracia.
Iniciado por ASDI, administrado por Forum Syd*
*Los análisis y opiniones aquí expresadas no reflejan necesariamente las opiniones de quienes apoyan esta publicación.
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