Abogados de víctimas de desaparición forzada -caso Palacio de Justicia- rechazan las indebidas presiones del alto mando militar a los Jueces de la República. “Estas manifestaciones constituyen una indebida presión al Tribunal Superior de Bogotá, y un franco debilitamiento del Estado de Derecho, pues evidencia una injerencia del Ejecutivo en las actuaciones de la Rama Judicial. Las expresiones del General Navas afectan la libertad y autonomía con que debe actuar la Justicia frente a casos de graves violaciones a los derechos humanos”, indican los juristas.
Después de tres días de deliberaciones en Buenos Aires, los participantes al encuentro Haciendo Paz en Colombia presentan las siguientes conclusiones a la opinión pública:
En el marco de su labor de defensa de los derechos humanos, apoderó a nivel nacional e internacional a cinco grupos de personas que se identificaron como familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada y desplazamiento forzado en los hechos ocurridos entre el 15 y 20 de julio de 1997, conocidos como la Masacre de Mapiripán. Entre las víctimas apoderadas se encuentra la señora Mariela Contreras y su familia, quien fue reconocida igualmente como víctima en las instancias nacionales, con posterioridad a que rindiera declaración ante la Fiscalía General de la Nación.
Bogotá (Colombia), 16 de diciembre de 2011. Pese a la existencia de suficiente material probatorio que señala la responsabilidad penal de IVAN RAMÍREZ QUINTERO, GUSTAVO AREVALO MORENO y FERNANDO BLANCO GÓMEZ, por las desaparición forzada de once personas en los hechos de la retoma del Palacio de Justicia, la Juez Cristina Trejos Salazar del Juzgado 51 Penal del Circuito de Bogotá, dicto sentencia absolutoria. Destaca la Juez en el fallo, que no existe duda en la existencia de las personas desaparecidas, sino en el nivel de participación de los militares retirados.
Autoridades indígenas del Resguardo Santa Lucía de Mesetas - Meta- denunció la ejecución extrajudicial de un aborigen a manos de tropas del Ejército Nacional "Preocupa a nuestra comunidad la forma en que las fuerzas militares se extralimitan en sus funciones y acciones, violando nuestra carta política y los tratados internacionales suscritos por el estado Colombiano." afirma el gobernador del Resguardo HIPÓLITO YANDI CAMPO. Y agrega: "El asesinato de nuestro compañero llena de mucha preocupación y tristeza a la comunidad indígena y campesina en general del cabildo de Villa Lucia, ya que nuestro compañero era una persona honrada, honesta y trabajadora, cumplidor de sus deberes, humilde, sin antecedentes judiciales, perteneciente a una comunidad cristiana, esposo de la señora EDIHT BENITES BECOCHE identificada con C.C No 1.105.870.484 expedida en el municipio de Roncesvalles (Tolima), de este hogar quedan 2 hijos, entre ellos una bebe de 16 meses de nacida"
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Lunes 30 de noviembre de 2009, por
Bogotá D.C. Noviembre 27 de 2009
CLAMORES DE INDIGNACIÓN
GRAVE AGRESION CONTRA MISIONERO DE MEDELLIN DEL ARIARI – MUNICIPIO DE EL CASTILLO META
“Ay de aquellos que aun en sus sueños siguen planeando maldades
y al llegar el día las llevan a cabo, porque tienen el poder en sus manos.
Codician terrenos y se apoderan de ellos; codician casas y las roban.
Oprimen a los hombres y a su familias y propiedades”
Miqueas 2,1-2
Paramilitares amenazan y despojan de sus pertenencias a Misionero Claretiano de Medellín del Ariari – El Castillo – Meta.
Desde nuestra indignación, queremos dejar constancia ante la comunidad nacional e internacional de los hechos violentos en los que fue amenazado y despojado de sus pertenencias el Padre ENRIQUE APONTE ANNEAR, CMF. Misionero Claretiano.
Hechos.
El día lunes 23 de Noviembre de 2009, a las 3:20 pm, en la trocha que conduce de Granada a El Castillo, en el paso sobre el Rio Ariari, vereda Los Andes, municipio de Granada, región del alto Ariari, departamento del Meta; cuatro hombres armados que se movilizaban en dos motocicletas y que se identificaron como paramilitares, se acercaron al vehículo Jeep, de servicio público en el que se movilizaba el Padre ENRIQUE APONTE ANNEAR, Misionero Claretiano, junto con una misionera seglar y 13 pasajeros más. El Padre Enrique fue encañonado con un arma de fuego por uno de los paramilitares, despojado de sus pertenencias y amenazado verbal y físicamente: “si alguien se mueve lo matamos”.
El padre Enrique Aponte y la misionera seglar, regresaban de hacer varias diligencias, de participar en una celebración eucarística en la Catedral de Granada y de retirar dinero en la sucursal del Banco BANCOLOMBIA en la misma ciudad. Llama la atención que en la sucursal bancaria no hay restricción sobre el uso de celulares, pues mientras los misioneros estuvieron allí, varias personas hablaban por teléfono sin que nadie les llamara la atención, esto porque tampoco hay presencia de vigilantes dentro del banco.
Después de salir del banco, los dos misioneros reclamaron unas llaves, hicieron diversas compras y luego se dirigieron a la agencia de Jeeps que van de Granada a El Castillo.
Al llegar a la orilla del Rio Ariari, donde el vehículo tiene que ser transportado en un planchón, una vez que el jeep subió a la plataforma, aparecieron los cuatro paramilitares, uno de ellos, vestido con ropa oscura, de contextura gruesa, alto, de cejas pobladas, tez trigueña, de 35 años de edad aproximadamente. Se subió al planchón, gritó con voz fuerte: “Somos paramilitares, nadie se mueva”, a la vez que apuntaba a todas las personas con una pistola niquelada. Luego el hombre armado buscó directamente al Padre Enrique Aponte, le apuntó con el arma, le pidió el bolso, el sacerdote opuso resistencia, y el paramilitar le apuntó con la pistola en la cabeza y le dijo “suelta el bolso o lo mato, lo mato, lo mato” y en ese instante le rapó el bolso y ordenó que nadie se moviera o los mataba.
El paramilitar se bajó del planchón, se montó en una moto de color rojo, conducida por un joven de 17 años aproximadamente. Los dos misioneros intentaron bajarse del planchón para recuperar el bolso, pero los demás pasajeros lo impidieron ya que estaban aún dos paramilitares en otra moto muy cerca de la embarcación; esos dos hombres esperaron hasta que el planchón atravesó el río y desembarcó el carro en la otra orilla; después de eso si se retiraron.
El carro siguió su marcha hasta el municipio de El Castillo. El Padre Enrique y la misionera seglar se dirigieron de inmediato al puesto de policía para poner la respectiva denuncia.
La denuncia fue recibida por el patrullero OTERO GALINDO JOSE MIGUEL, quien preguntó sobre los hechos y al decírsele que eran paramilitares, dijo “que no, que debió haber sido guerrilla”. Sin embargo, cuando se le precisó el lugar de los hechos, se rió y dijo “entonces si fueron paramilitares”. El patrullero preguntó si los sujetos llevaban ropa oscura, a lo que el Padre respondió que sí. El agente terminó diciendo que en ese lugar han robado a varias personas últimamente.
Entre los objetos robados se encontraba: Cédula de Ciudadanía, Libreta Militar, Licencia de Conducción, tarjeta profesional, licencias eclesiásticas, carnet de la EPS, Un equipo celular Motorola L6, Un talonario Bancario, todas las llaves de la casa misionera y el templo, agenda personal, dos DVDs con materiales pastorales, un par de gafas, un ornamento religioso (Alba y estola) y la suma en efectivo de $4´100.000, dinero destinado para las actividades misioneras de Navidad.
Terminada la denuncia se dirigieron al Centro Poblado de Medellín del Ariari, lugar de residencia y trabajo apostólico de los misioneros.
Hay que tener en cuenta que este hecho violento e intimidador acontece a escasos 20 minutos del casco urbano del municipio de Granada, donde se encuentra el Batallón 21 Pantano de Vargas y una Estación de Policía. Tanto el ejército como la Policía hacen permanentes patrullajes por las calles y caminos del municipio.
En el casco urbano de El castillo y en el Centro Poblado de Medellín del Ariari hay presencia permanente de policía y en las veredas de la región hay presencia de tropas del Ejército, como parte de la política de “Seguridad Democrática” con el “Plan Consolidación”. Sin embargo, en los últimos meses se han incrementado las muertes violentas, entre ellas:
Exigimos a las autoridades competentes investigación sobre estos hechos y se juzgue a los responsables.
Exigimos al Estado Colombiano la persecución y desmonte de los grupos paramilitares que siguen operando en esta región.
Exigimos al Estado Colombiano la protección a los habitantes de la región que transitan por esta vía.
Con Indignación:
COMISIÓN INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ
MISIONEROS CLARETIANOS- MEDELLIN DEL ARIARI
COMISION CLARETIANA DE JUSTICIA, PAZ E INTEGRIDAD DE LA CREACION
CORPORACION CLARETIANA NORMAN PEREZ BELLO
Bogotá D.C. Noviembre 27 de 2009
FOS-Colombia
Fondo para La Sociedad Civil Colombiana por la Paz, los Derechos Humanos y la democracia.
Iniciado por ASDI, administrado por Forum Syd*
*Los análisis y opiniones aquí expresadas no reflejan necesariamente las opiniones de quienes apoyan esta publicación.
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