COMUNICADO A LA OPINION PÚBLICA
FRENTE A LOS HECHOS DE VIOLENCIA OCURRIDOS EN EL MUNICIPIO DE COLOMBIA  EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA
Octubre 8 de 2009

El Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos y violencia, OBSURDH, es una organización de la sociedad civil que promueve la defensa de los Derechos Humanos y el respeto por el Derecho Internacional Humanitario.

Según afirmaciones de diversas fuentes, el día 03 de octubre del año en curso un comando armado de las FARC llegó hasta la vereda San Ezequiel del corregimiento de Potrero Grande ubicado a dos horas de la cabecera municipal de Colombia, con la intención, al parecer de retener al concejal LUIS CHACÓN. Frente a este hecho, algunos familiares  y miembros la comunidad enfrentaron con armas a los atacantes, al parecer por un lapso de tiempo cercano a una hora. 

A pesar de la advertencia realizada por el concejal Luis Chacón a las autoridades civiles y militares de la zona respecto a posibles represalias contra la comunidad por parte del las FARC por lo sucedido, dos días después de estos hechos, aproximadamente 20 guerrilleros pertenecientes a los Frentes 55 “Rafael Reyes Malagón” y 17 de las FARC llegaron hacia las 3 de la madrugada hasta la finca “Cruz Cardozo”, ubicada en la vereda Las Gutiérrez del corregimiento de Potrero Grande del municipio de Colombia portando armas de largo alcance, en busca del señor CARLOS ALBERTO CARDOZO.  Allí asesinaron al señor CARLOS ALBERTO CARDOZO CASTAÑEDA de 43 años de edad, su hijo JUAN CARLOS CRUZ CARDOZO de 23 años, a su nieta KAREN SOFÍA RODRÍGUEZ de 3 años y al señor  JACINTO CHACÓN VÁSQUEZ de 37 años de edad. 

YARIZA RODRÍGUEZ de 17 años,  madre de KAREN SOFÍA RODRIGUEZ y esposa de Juan Carlos, resultó gravemente herida, a consecuencia de este hecho.  Leidy Cardozo esposa de Carlos Alberto y dos de sus hijos de 10 y 14 años se salvaron de morir al abandonar la casa y ocultarse entre la maleza.

Los hechos sucedidos han provocado el desplazamiento masivo de cerca de 462 personas, por amenazas directas de las FARC y por temor a ser víctimas de nuevas acciones. Al día de hoy existen aproximadamente 200 personas desplazadas en la vereda San Ezequiel, Potrero Grande (municipio de Colombia) y 262 personas desplazadas en la cabecera municipal de Baraya buscando protección.

El OBSERVATORIO SURCOLOMBIANO DE DERECHOS HUMANOS-OBSURDH condena la masacre sucedida y exige a las partes en conflicto respetar el derecho a la vida, a la libertad e integridad de la población civil, a la vez que reclama el cumplimiento de las normas del Derecho Internacional Humanitario, de tal manera que no se involucre a la población civil en el conflicto armado.

Reconocemos las gestiones adelantadas por la Gobernación del Huila, la Defensoría del Pueblo Huila, el Sistema de Alertas Tempranas SAT Huila, ICBF y el Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, quienes junto con la Administración Municipal de Colombia y con el apoyo de la Personería Municipal de este municipio han iniciado acciones tendientes a mitigar la emergencia social de la población desplazada. A la vez les invitamos a evaluar los riesgos y diseñar y aplicar modelos adecuados de prevención y protección del conjunto de los derechos humanos para la comunidad desplazada.

Sin embargo, las limitaciones presupuestales para la inversión social tanto del municipio de Colombia como de la Gobernación del Huila, inciden directamente en la calidad de atención, por lo que se hace necesario que las diferentes entidades que conforman el SNAIPDV tomen medidas urgentes tendientes a cubrir las necesidades de las personas víctimas del desplazamiento.

En este orden de ideas, hacemos un llamado la conjunto de las instituciones de los gobiernos departamental y nacional encargadas de prestar la atención humanitaria a la población desplazada para que ésta se realice de manera más pronta, oportuna, eficaz y siguiendo los parámetros establecidos por la normatividad vigente tanto nacional como internacional.

Exhortamos a las instituciones gubernamentales, a la Fuerza Pública  y a los medios de comunicación para que eviten hacer declaraciones que promuevan la participación de la población civil en el conflicto armado pues, como lo demostraron los hechos mencionados, implican aumentar el riesgo de la población civil en el departamento del Huila, históricamente azotado por la violencia.  Manifestamos nuestra preocupación por la persistencia de factores de violencia a los que está expuesta la población del municipio de Colombia y del resto del departamento del Huila, a la vez que solicitamos a las autoridades competentes adoptar las medidas que garanticen la protección del conjunto de los Derechos Humanos de la población civil.

Recordamos la obligación del Estado de prevenir y proteger los derechos humanos de todos los ciudadanos,  en particular los de quienes se encuentran en especial situación de vulnerabilidad o riesgo y exigimos una vez más se establezcan los mecanismos que permitan una solución política al conflicto social y armado en Colombia.

Por último, solicitamos a la comunidad internacional y el Sistema de Naciones Unidas que, en el marco de sus mandatos, apoyen y realicen todas las acciones y gestiones tendientes a garantizar la atención en condiciones de dignidad a las víctimas de estos hechos acontecidos en el municipio de Colombia.

OBSERVATORIO SURCOLOMBIANO DE DERECHOS HUMANOS Y VIOLENCIA – OBSURDH

EQUIPO COORDINADOR