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Campaign for the Right to Defend Human Right

Derechos Humanos

31 de julio de 2011 Denuncia Pública
"Intolerancia social", la otra cara del mundial sub 20 en el quindio
Por: Banco de Datos de Quindio


24 de mayo de 2010 “La confesión de Meneses es de extrema gravedad”: Javier Giraldo
Por: Cinep PPP


14 de septiembre de 2011 Abogoados de víctimas de desaparecidos rechazan presiones a la justicia por parte del Alto Mando Militar

Abogados de víctimas de desaparición forzada -caso Palacio de Justicia- rechazan las indebidas presiones del alto mando militar a los Jueces de la República. “Estas manifestaciones constituyen una indebida presión al Tribunal Superior de Bogotá, y un franco debilitamiento del Estado de Derecho, pues evidencia una injerencia del Ejecutivo en las actuaciones de la Rama Judicial. Las expresiones del General Navas afectan la libertad y autonomía con que debe actuar la Justicia frente a casos de graves violaciones a los derechos humanos”, indican los juristas.


2 de marzo de 2011 NOTICIA: Conclusiones del encuentro internacional celebrado en Buenos Aires
Conclusiones del encuentro internacional celebrado en Buenos Aires "Haciendo Paz en Colombia"

Después de tres días de deliberaciones en Buenos Aires, los participantes al encuentro Haciendo Paz en Colombia presentan las siguientes conclusiones a la opinión pública:


27 de octubre de 2011 EL COLECTIVO DE ABOGADOS CON RELACIÓN A LA INFORMACIÓN CIRCULADA AYER POR MEDIOS SOBRE CASO MASACRE DE MAPIRIPAN

En el marco de su labor de defensa de los derechos humanos, apoderó a nivel nacional e internacional a cinco grupos de personas que se identificaron como familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada y desplazamiento forzado en los hechos ocurridos entre el 15 y 20 de julio de 1997, conocidos como la Masacre de Mapiripán. Entre las víctimas apoderadas se encuentra la señora Mariela Contreras y su familia, quien fue reconocida igualmente como víctima en las instancias nacionales, con posterioridad a que rindiera declaración ante la Fiscalía General de la Nación.


16 de diciembre de 2011 POR DUDA PROBATORIA ES ABSUELTO RAMIREZ QUINTERO Y OTROS

Bogotá (Colombia), 16 de diciembre de 2011. Pese a la existencia de suficiente material probatorio que señala la responsabilidad penal de IVAN RAMÍREZ QUINTERO, GUSTAVO AREVALO MORENO y FERNANDO BLANCO GÓMEZ, por las desaparición forzada de once personas en los hechos de la retoma del Palacio de Justicia, la Juez Cristina Trejos Salazar del Juzgado 51 Penal del Circuito de Bogotá, dicto sentencia absolutoria. Destaca la Juez en el fallo, que no existe duda en la existencia de las personas desaparecidas, sino en el nivel de participación de los militares retirados.


22 de octubre de 2011 Resguardo Santa Lucia de Mesetas, denuncia ejecución extrajudicial de un indígena.
Por: Resguardo Indígena Santa Lucia (Mesetas, Meta)

Autoridades indígenas del Resguardo Santa Lucía de Mesetas - Meta- denunció la ejecución extrajudicial de un aborigen a manos de tropas del Ejército Nacional "Preocupa a nuestra comunidad la forma en que las fuerzas militares se extralimitan en sus funciones y acciones, violando nuestra carta política y los tratados internacionales suscritos por el estado Colombiano." afirma el gobernador del Resguardo HIPÓLITO YANDI CAMPO. Y agrega: "El asesinato de nuestro compañero llena de mucha preocupación y tristeza a la comunidad indígena y campesina en general del cabildo de Villa Lucia, ya que nuestro compañero era una persona honrada, honesta y trabajadora, cumplidor de sus deberes, humilde, sin antecedentes judiciales, perteneciente a una comunidad cristiana, esposo de la señora EDIHT BENITES BECOCHE identificada con C.C No 1.105.870.484 expedida en el municipio de Roncesvalles (Tolima), de este hogar quedan 2 hijos, entre ellos una bebe de 16 meses de nacida"


Portada del sitio > Acciones Solidarias > Denuncia pública Observatorio SurColombiano – Huila

Denuncia pública Observatorio SurColombiano – Huila

Por: OBSERVATORIO SURCOLOMBIANO DE DERECHOS HUMANOS Y VIOLENCIA – OBSURDH

Lunes 12 de octubre de 2009, por dhcolombia

COMUNICADO A LA OPINION PÚBLICA
FRENTE A LOS HECHOS DE VIOLENCIA OCURRIDOS EN EL MUNICIPIO DE COLOMBIA  EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA
Octubre 8 de 2009

El Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos y violencia, OBSURDH, es una organización de la sociedad civil que promueve la defensa de los Derechos Humanos y el respeto por el Derecho Internacional Humanitario.

Según afirmaciones de diversas fuentes, el día 03 de octubre del año en curso un comando armado de las FARC llegó hasta la vereda San Ezequiel del corregimiento de Potrero Grande ubicado a dos horas de la cabecera municipal de Colombia, con la intención, al parecer de retener al concejal LUIS CHACÓN. Frente a este hecho, algunos familiares  y miembros la comunidad enfrentaron con armas a los atacantes, al parecer por un lapso de tiempo cercano a una hora. 

A pesar de la advertencia realizada por el concejal Luis Chacón a las autoridades civiles y militares de la zona respecto a posibles represalias contra la comunidad por parte del las FARC por lo sucedido, dos días después de estos hechos, aproximadamente 20 guerrilleros pertenecientes a los Frentes 55 “Rafael Reyes Malagón” y 17 de las FARC llegaron hacia las 3 de la madrugada hasta la finca “Cruz Cardozo”, ubicada en la vereda Las Gutiérrez del corregimiento de Potrero Grande del municipio de Colombia portando armas de largo alcance, en busca del señor CARLOS ALBERTO CARDOZO.  Allí asesinaron al señor CARLOS ALBERTO CARDOZO CASTAÑEDA de 43 años de edad, su hijo JUAN CARLOS CRUZ CARDOZO de 23 años, a su nieta KAREN SOFÍA RODRÍGUEZ de 3 años y al señor  JACINTO CHACÓN VÁSQUEZ de 37 años de edad. 

YARIZA RODRÍGUEZ de 17 años,  madre de KAREN SOFÍA RODRIGUEZ y esposa de Juan Carlos, resultó gravemente herida, a consecuencia de este hecho.  Leidy Cardozo esposa de Carlos Alberto y dos de sus hijos de 10 y 14 años se salvaron de morir al abandonar la casa y ocultarse entre la maleza.

Los hechos sucedidos han provocado el desplazamiento masivo de cerca de 462 personas, por amenazas directas de las FARC y por temor a ser víctimas de nuevas acciones. Al día de hoy existen aproximadamente 200 personas desplazadas en la vereda San Ezequiel, Potrero Grande (municipio de Colombia) y 262 personas desplazadas en la cabecera municipal de Baraya buscando protección.

El OBSERVATORIO SURCOLOMBIANO DE DERECHOS HUMANOS-OBSURDH condena la masacre sucedida y exige a las partes en conflicto respetar el derecho a la vida, a la libertad e integridad de la población civil, a la vez que reclama el cumplimiento de las normas del Derecho Internacional Humanitario, de tal manera que no se involucre a la población civil en el conflicto armado.

Reconocemos las gestiones adelantadas por la Gobernación del Huila, la Defensoría del Pueblo Huila, el Sistema de Alertas Tempranas SAT Huila, ICBF y el Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, quienes junto con la Administración Municipal de Colombia y con el apoyo de la Personería Municipal de este municipio han iniciado acciones tendientes a mitigar la emergencia social de la población desplazada. A la vez les invitamos a evaluar los riesgos y diseñar y aplicar modelos adecuados de prevención y protección del conjunto de los derechos humanos para la comunidad desplazada.

Sin embargo, las limitaciones presupuestales para la inversión social tanto del municipio de Colombia como de la Gobernación del Huila, inciden directamente en la calidad de atención, por lo que se hace necesario que las diferentes entidades que conforman el SNAIPDV tomen medidas urgentes tendientes a cubrir las necesidades de las personas víctimas del desplazamiento.

En este orden de ideas, hacemos un llamado la conjunto de las instituciones de los gobiernos departamental y nacional encargadas de prestar la atención humanitaria a la población desplazada para que ésta se realice de manera más pronta, oportuna, eficaz y siguiendo los parámetros establecidos por la normatividad vigente tanto nacional como internacional.

Exhortamos a las instituciones gubernamentales, a la Fuerza Pública  y a los medios de comunicación para que eviten hacer declaraciones que promuevan la participación de la población civil en el conflicto armado pues, como lo demostraron los hechos mencionados, implican aumentar el riesgo de la población civil en el departamento del Huila, históricamente azotado por la violencia.  Manifestamos nuestra preocupación por la persistencia de factores de violencia a los que está expuesta la población del municipio de Colombia y del resto del departamento del Huila, a la vez que solicitamos a las autoridades competentes adoptar las medidas que garanticen la protección del conjunto de los Derechos Humanos de la población civil.

Recordamos la obligación del Estado de prevenir y proteger los derechos humanos de todos los ciudadanos,  en particular los de quienes se encuentran en especial situación de vulnerabilidad o riesgo y exigimos una vez más se establezcan los mecanismos que permitan una solución política al conflicto social y armado en Colombia.

Por último, solicitamos a la comunidad internacional y el Sistema de Naciones Unidas que, en el marco de sus mandatos, apoyen y realicen todas las acciones y gestiones tendientes a garantizar la atención en condiciones de dignidad a las víctimas de estos hechos acontecidos en el municipio de Colombia.

 

OBSERVATORIO SURCOLOMBIANO DE DERECHOS HUMANOS Y VIOLENCIA – OBSURDH

EQUIPO COORDINADOR

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Financiado por:

FOS-Colombia

Fondo para La Sociedad Civil Colombiana por la Paz, los Derechos Humanos y la democracia.

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*Los análisis y opiniones aquí expresadas no reflejan necesariamente las opiniones de quienes apoyan esta publicación.

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