Bogotá, julio 22 de 2009

Señor General
OSCAR NARANJO
Director General de la Policía Nacional
Ciudad

De toda consideración.

Acogiéndome al Derecho Constitucional de Petición, consagrado en el Artículo 23 de la Constitución Nacional y en los artículos 5 y siguientes del Código Contencioso Administrativo, me permito formularle algunas peticiones referidas a derechos básicos de un grupo de personas, vinculadas entre sí por lazos familiares, que habitan en el sitio llamado “La Virgen de la Roca”, en el área urbana de Facatativa, Cundinamarca, quienes se han visto sometidas en los últimos meses a múltiples agresiones y cuyas vidas, integridad y derechos fundamentales se encuentran hoy en alto riesgo.

Los hechos más recientes que me mueven a formular peticiones en su favor, son los siguientes:

El pasado 8 de mayo (2009), hacia las 23.30 horas, un helicóptero de la Fuerza Aérea que había estado sobrevolando la zona a muy baja altura, se acercó al conjunto de humildes viviendas emplazadas en la colina de La Virgen de la Roca y dejó caer un artefacto luminoso que provocó inmediatamente el incendio de varias de las viviendas, construidas en gran parte con plásticos y cartones. Allí murieron calcinadas las niñas KAREN TATIANA RODRÍGUEZ CASTAÑEDA, de 7 años, y CINDY LORENA CÁRDENAS CASTAÑEDA, de 16 años. A pesar de que una persona voluntaria auxiliar del Cuerpo de Bomberos de la ciudad, pudo apreciar un envase de metal con la identificación de la Fuerza Aérea que al parecer recubría el material comburente que lanzó el helicóptero, sin embargo la Policía acordonó el sitio, removió rápidamente los escombros e hizo desaparecer las pruebas. Mientras la Fuerza Aérea ha dado hasta ahora tres versiones contradictorias acerca de los sobrevuelos del helicóptero, la otra hipótesis lanzada por algunos funcionarios, según la cual, se habría producido un corto circuito que habría causado el incendio, no tiene sustento alguno, toda vez que en la zona no había corriente eléctrica a esas horas. Además, las víctimas percibieron la extremada cercanía del helicóptero a las ramas de los árboles que los rodean y sintieron su insistencia agresiva en enfocarse sobre las viviendas.

Se dice que la Administración municipal y la Policía Nacional han manifestado, desde hace tiempo, interés en apoderarse de ese terreno para realizar planes de control urbano. Tratándose de una propiedad sobre la cual el clan familiar que habita allí ha ejercido una posesión de más de 40 años, una institución respetuosa de la ley debería atenerse a procedimientos legales y no intentar expulsar a los legítimos poseedores mediante métodos no sólo ilegales sino criminales y terroríficos. El trato que la Policía Nacional le ha dado a estos humildes pobladores, según todos los testimonios, ha sido inhumano. En numerosas ocasiones han practicado allanamientos ilegales, sin orden judicial alguna, en los cuales obligan a todas las personas a desnudarse. En medio de expresiones soeces las han presionado para que se vayan de allí y han difundido en la población del entorno la versión de que ellos son delincuentes y promotores de vicios.

Dicha estigmatización sólo tiene como fundamento el hecho de que se trata de familias de recicladores que han vivido en una gran pobreza. Todo muestra que para la Policía y la Administración de la ciudad, la pobreza es un “delito”, y que quienes viven en ella, en lugar de ser titulares de los derechos consagrados en el Artículo 13 de la Constitución Nacional: “El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan”, son más bien sujetos cuya condición incita a las autoridades a desconocer su dignidad humana y sus derechos.

Cuando las madres de las niñas calcinadas se han acercado a la Policía y a la Fiscalía a colocar las denuncias por el crimen que privó de la vida a sus hijas, han sido maltratadas por los miembros de la Policía y de la Fiscalía. El Fiscal José Neftalí Méndez Gómez se enfureció porque se acusaba a una institución del Estado de estar implicada en el crimen y se refirió a las víctimas en los términos más soeces y ofensivos; incluso llegó a decir que denunciar al Estado era “un delito”. El Personero, Néstor Iván Cifuentes Arias, también llegó a quejarse de que le pidieran ocuparse de la defensa de los derechos humanos de esas pobres familias y le gritó a defensores de derechos humanos que acompañaban a las víctimas, que no quería verlos en su despacho. Los mismos funcionarios de la Alcaldía han utilizado lenguajes violentos e irrespetuosos para tratar de obligar a las familias a que se alejen del sitio; para impedir que reconstruyan las ruinas de sus humildes viviendas y para convencerlas de que rechacen toda ayuda de organizaciones sociales o de derechos humanos.

Algo más preocupante aún es que, después de los terribles hechos del 8 de mayo pasado, se han sucedido ocho agresiones contra integrantes de dicha comunidad o acompañantes de la misma, unas por parte de “civiles” que ocultan su identidad, otras por parte de miembros de la Policía, pero todas convergentes en un mismo discurso y argumentos:

1. El viernes 22 de mayo, hacia las 17:00 horas, llegó un “civil” en un taxi y se bajó junto al asentamiento de la Virgen de la Roca, insultó a los integrantes de las familias víctimas y les anunció “nuevos atentados” contra ellas si no se van de allí.
2. El viernes 29 de mayo, en horas de la madrugada, un grupo de hombres aparentemente “civiles”, vestidos de negro y cubriendo sus rostros con pasamontañas, llegó al asentamiento en una camioneta de color negro y comenzó a amenazar a los pobladores. Las familias dieron aviso a la Policía pero los victimarios no fueron capturados.
3. El martes 2 de junio, en horas de la noche, le fueron robadas a las familias de las víctimas dos bestias que utilizaban para su trabajo de reciclaje: un caballo negro con patas blancas y una mancha blanca en la frente, y una yegua colorada con una cicatriz en la pata derecha. Esa misma noche fueron destruidas las cuerdas de alambre de púa que cerraban el área donde pastaban las bestias.
4. El miércoles 3 de junio a las 0:45 horas, dos jóvenes entraron al asentamiento, uno de ellos con un frasco en la mano, y comenzaron a regar gasolina sobre las cubiertas de plástico de las humildes viviendas para provocar un nuevo incendio. Varios miembros de las familias se despertaron antes de que prendieran el fuego, dieron la alarma y la mayoría de la gente se levantó haciendo huir a los agresores.
5. El viernes 10 de julio, en horas de la noche, Yeison Cajamarca, integrante del Movimiento Popular Regional y quien ha estado acompañando más de cerca a las familias de las víctimas después de los terribles hechos del 8 de mayo, se encontraba con otros dos miembros del movimiento en un bar de la ciudad, ubicado en la carrera 5 entre calles 13 y 15, cuando fueron agredidos por un grupo de agentes de la Policía comandados por el Mayor Iván Infante Pinzón, Comandante del Distrito de Policía de Facatativa. Yeison fue introducido en una patrulla por algunos minutos, pero luego el Mayor Infante les dijo a los demás: “déjenlo que a él le queda sólo un mes”. Cuando algunos de los presentes le hicieron ver al Mayor Infante que lo que hacía era ilegal, él respondió que no le importaban las leyes, que para él la ley era sólo la que él hacía. En ocasiones anteriores, el Mayor Infante había afrentado a Yeison al participar en actividades de carácter social o reivindicativo.
6. El domingo 12 de julio, varios miembros de organizaciones sociales, entre ellos Yeison Cajamarca, se encontraban en el asentamiento de La Virgen de La Roca, en la parte alta, en una reunión, cuando llegaron dos “civiles” en motocicletas y comenzaron a tomarles fotografías.
7. El lunes 13 de julio, hacia las 23:45 horas, 10 supuestos “civiles” en trajes negros y cubiertas las cabezas con capuchas, llegaron al asentamiento de La Virgen de la Roca. Primero tiraron al piso a los hombres jóvenes que encontraron apuntándoles con sus armas y tratándolos con los términos más soeces. El encapuchado que llevaba la vocería, de estatura alta, muy similar a la del Mayor Infante, les dijo que tenían que quitar todas las pancartas que colgaban en las humildes paredes de las viviendas, obsequiadas por diversos movimientos sociales o sindicales. Cuando uno de los moradores se negó a quitarlas, le anunciaron que entonces lo iban a matar. Los moradores se vieron obligados, entonces, a retirar las pancartas. El vocero continuó insultándolos y reprochándoles que se dejaran ayudar de los miembros del Movimiento Popular Regional y de otros grupos humanitarios; mencionó expresamente a Yeison Cajamarca, de quien dijo que ya estaba advertido de que lo iban a matar; le aconsejaron a los moradores que no se hicieran matar con Yeison y sus compañeros, los cuales van a morir. Luego les dijeron que debían hacerle caso al Gobierno, aceptar otras casas que les van a dar e irse de allí. Añadían que ellos no tenían derecho a ese terreno porque no han pagado impuestos; que se deben ir de allí y que el Gobierno se ha portado muy bien con ellos. Cuando iban a salir, los encapuchados dispararon sus armas en ocho ocasiones contra los moradores, aunque no lograron herir a nadie. Las familias llamaron luego a la Policía. Los agentes que llegaron, hicieron simulacros de buscarlos, pero pronto dijeron no haberlos encontrado y se fueron.
8. El sábado 18 de julio, dos mujeres integrantes del grupo de víctimas fueron detenidas por una patrulla de la Policía en la carrera 2 con calle 14. Los dos policías que se encontraban en la patrulla las agredieron, les dieron golpes y les quitaron sus sandalias, obligándolas a regresar al asentamiento con los pies descalzos. Un sobrino de una de ellas que las acompañaba, también fue agredido físicamente sufriendo una cortada en un dedo. Uno de los patrulleros, de estatura alta y cabeza calva, les dijo: “lo que quiero es que se muera toda esa partida de h.p.”

Todo muestra, General Naranjo, que no estamos aquí ante hechos fortuitos o aislados. Un mismo discurso, en el que se revela la intencionalidad de expulsar a estas pobres familias de su posesión de 40 años, para que el Gobierno y la Policía puedan realizar sus planes sobre dicho terreno, es el elemento que articula unos hechos con otros y explica muy claramente su conexidad y unidad estratégica, al mismo tiempo que revela la articulación de la acción militar y policial abierta y la encubierta o paramilitar.

Causa indignación, General Naranjo, que a estas familias se las trate con métodos terroristas, para lograr objetivos inconfesables pero que se adivinan en la lógica misma de la estrategia, solamente por ser pobres. Seguramente que si la Policía o la Administración municipal estuvieran interesadas en la propiedad de una familia adinerada o de poder político, no acudirían a tan perversos y criminales desempeños, sino que utilizarían métodos legales.

No sale uno del estupor, General Naranjo, al comprobar que todo un Comandante de Distrito de la Policía, como es el Mayor Iván Infante Pinzón, se atreva a ponerle plazo a la vida de un joven profesional como Yeison Cajamarca, profiriendo una sentencia de muerte tan explícita contra él, como si la institución de la Policía no estuviera prevista en nuestra Constitución justamente para lo contrario: proteger la vida, la dignidad y los derechos de los ciudadanos. ¿No cree, General Naranjo, que permitir la permanencia del Mayor Infante en la institución equivale a mantener en alto riesgo a la población de Facatativa?

Luego de haber analizado esta tragedia en repetidas ocasiones con las mismas víctimas y atendiendo su petición de acompañarlas en calidad de defensor de derechos humanos, pero más aún en fuerza de mi ministerio religioso que me impone la urgencia de promoción de la justicia como exigencia absoluta del servicio de la fe cristiana, me acojo al Derecho Constitucional de Petición para solicitarle encarecidamente, Señor General, que cese la persecución contra estas humildes familias que habitan en la colina de La Virgen de la Roca en Facatativa y que sus derechos y su dignidad humana sean en adelante respetados por los miembros de la Policía. Que cesen los allanamientos ilegales; las afrentas y amenazas a que han venido siendo sometidas, por uniformados o civiles que revelan una misma intencionalidad coordinada; que el Mayor Infante y quienes comparten sus métodos absolutamente inconstitucionales y criminales de destruir las vidas humanas de quienes no comparten su visión de la sociedad, sean retirados inmediatamente de la institución; que cese el trato degradante, amenazante e inhumano que se les ha venido dando a estas familias y que en adelante sean respetados sus derechos a la vida, a la integridad, a la vivienda, al trabajo, a la intimidad, a la movilidad, a la justicia, al buen nombre y a la dignidad.

Le agradezco de antemano las medidas concretas que pueda tomar para el cese de esta persecución y le ruego comunicármelas, dentro de los términos legales, a la siguiente dirección: carrera 5 No. 33-A-08, Bogotá, D. C., Tel: 2456181.

Atentamente,

Javier Giraldo Moreno, S. J.
Dirección: carrera 5 No. 33-A-08, Bogotá, D. C., tel: 2456181