A lo largo de los 6 años y medio de gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, la movilización social ha venido creciendo, hasta alcanzar, en 2007, el mayor auge observado desde 1975. En el periodo 1958-1974, la media anual de luchas sociales fue de 173 (Archila, 2003, 347); entre 1975 y 1990 asciende a una media de 476 por año; entre 1991 y 2001 baja ligeramente a 429 por año, y entre 2002 y 2008 se aprecia un considerable aumento, al llegar a una media de 643 por año (Base de Datos de Luchas Sociales-Cinep), de tal forma podría decirse que durante este periodo se ha presentado el mayor nivel de protesta social en cincuenta años, lo que significa que se han producido dos luchas sociales por día en el país.
Las protestas se encuentran a lo largo y ancho del territorio nacional. En Bogotá D.C. gravita un número significativo de estas luchas sociales, aunque parte de los conflictos que se expresan no se desarrollan en la capital. Asimismo, las acciones colectivas han tenido lugar preponderante en los departamentos de Antioquia, Valle, Santander y Cauca, al igual que los departamentos de la Costa Atlántica. De los 1.120 municipios que tiene el país en la actualidad (Dane, 2007)  554 tomaron parte en las luchas que se desarrollaron durante los años de mandato de Uribe Vélez, es decir, la mitad de las entidades territoriales colombianas manifestó algún malestar social. Los departamentos que mostraron mayor participación, no solo concentran un alto número de luchas en sus capitales, adonde se dirigen los manifestantes para lograr mayor visibilidad, sino que más de la mitad de los municipios que conforman los departamentos abrigó alguna acción colectiva.

Los sectores sociales que se han expresado en el escenario público durante este periodo comprenden un amplio número de actores que han venido cambiando no sólo por dinámicas relacionadas con políticas neoliberales y la violación de derechos civiles, políticos, sociales y económicos, culturales y de tercera generación, sino también por el desplazamiento parcial del escenario político nacional de las organizaciones sindicales (históricamente se habían caracterizado por ser el actor principal en las protestas sociales) y por la emergencia de nuevos actores: indígenas, afrocolombianos, mujeres, población LGTB, estudiantes, ONG de Derechos Humanos, entre otros.

Motivaciones no menos importantes han jalonado en los últimos años a los diferentes grupos de actores, y son el fuerte enfrentamiento a las políticas sociales y económicas del Gobierno de Uribe Vélez. El constante descontento con la política social del gobierno muestra cómo una serie de medidas que han sido implementadas van muchas veces en contravía a las demandas sociales de la población, o simplemente no son suficientes para responder a esas demandas de la población. Muestra de esto son las acciones en contra de la privatización de empresas estatales, el desempleo, las reformas académicas, la ausencia de una política agraria integral, la prestación de servicios públicos domiciliarios y sus tarifas, algunas de las razones que han definido e incrementado las protestas sociales durante este periodo. Un cambio en el elemento detonante en gran parte de las protestas sociales fue la guerra.

RECOMENDACIONES

Al Gobierno Nacional:

1. Entender que la manifestación pública y colectiva hace parte del conjunto de derechos establecidos por la Constitución Nacional de 1991 (Art. 37) y que el disenso y la protesta son constitutivas de toda democracia. Por tanto, dejar de estigmatizar la protesta social por parte de altos funcionarios del gobierno con expresiones donde se consideran a sus participantes cercanos a “terroristas”, “guerrilleros sin armas”, “intelectuales de las guerrillas”, etc.
2. Evitar una política represiva de las manifestaciones de protesta social. Una de las posibles formas de evitar la radicalización de las protestas es desmontar el Escuadrón Antimotines de la Policía Nacional, exigencia planteada por estudiantes, indígenas, campesinos, mujeres, pobladores urbanos, dada la violencia que ejercen en las manifestaciones, que incluso ha dejado un significativo saldo de muertos.
3. Atender las demandas de la población por medio de mecanismos de diálogo y negociacíon que permitan precisar y definir canales y respuestas a sus demandas. Y por este camino desarrollar una política social de carácter más integral, que vaya más allá de la mera asistencia social implementada por algunos de los programas actuales como Familias en Acción o Familias Guardabosques.
4. Garantizar la seguridad e integridad de los líderes y organizaciones sociales involucradas en los procesos de protesta social, quienes en muchos casos han sido víctimas de la violencia. Especial atención merecen en este sentido los pueblos indígenas.
5. Ofrecer garantías jurídicas acorde con la Constitución para aquellos líderes y participantes en la protesta social que pudieran llegar a ser acusados de algún hecho contra la ley, de forma tal que se eviten las falsas sindicaciones y cuenten con el debido proceso en caso de proceder una investigación judicial.

A los Medios de Comunicación:

Dar cuenta del conjunto de la movilización y protesta social, incluyendo las distintas demandas y preocupaciones de la población civil, y no solo la versión oficial de los hechos. Evitar un cubrimiento de las noticias que profundice la polarización existente en la sociedad colombiana.

A la Comunidad Internacional:

1. Mantener un seguimiento a la evolución de la protesta social en el país, particularmente de aquellos grupos más vulnerables como son sindicalistas, indígenas, afrocolombianos, campesinos y mujeres.
2. Impulsar políticas de cooperación con Colombia que favorezcan la vigencia de los derechos humanos y el empoderamiento de los distintos actores sociales para que puedan jugar un adecuado papel en la búsqueda de soluciones a los problemas que nos aquejan.

A las ONG Nacionales:

1. Sostener los esfuerzos de acompañamiento a las poblaciones y organizaciones sociales comprometidas en la defensa de los derechos fundamentales de las personas y grupos más vulnerables.
2. Impulsar, entre las ONG, de manera articulada y decidida diversas estrategias a través de las cuales los actores sociales difundan ampliamente sus demandas, las posicionen en las agendas públicas y tengan un mayor impacto e incidencia en los medios masivos de comunicación, en los partidos políticos y, por ende, en la sociedad en su conjunto.