Traducción No Oficial

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10. La Comisión toma nota del proceso para el desarme y la desmovilización actualmente en curso. La Comisión urge al Gobierno y el Congreso de Colombia a establecer lo antes posible un marco jurídico integral para el proceso de desarme, desmovilización y reintegración de los grupos armados al margen de la ley, que reconozca y garantice plenamente los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación. Dicho marco jurídico llevaría a la paz duradera en el contexto del buen gobierno, la democracia, el estado de derecho y el respeto por los derechos humanos, y a la vez contribuiría a la reconciliación nacional. Este marco jurídico debe también reconocer el principio de que las personas acusadas de violaciones y abusos de los derechos humanos no pueden evitar la acción de la justicia ni que sus conductas queden en la impunidad.

11. La Comisión está preocupada por la persistencia de problemas relacionados con el acceso a la justicia, la independencia e imparcialidad judicial, las garantías judiciales y la presunción de inocencia. La Comisión hace un llamado al Gobierno de Colombia para que incremente su acción frente al problema de la impunidad, y para que tome medidas tendientes a mejorar la capacidad y la eficacia del sistema judicial.

16. La Comisión reitera la necesidad de que todas las medidas de seguridad tomadas en desarrollo de la Política de Seguridad Democrática cumplan con las obligaciones de Colombia frente al derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. La Comisión toma en cuenta que en Colombia existen procedimientos de detención y el derecho de habeas corpus. Sin embargo, también expresa su profunda preocupación por los informes referentes a ejecuciones extrajudiciales, atribuidas a miembros de la fuerza pública o a otros servidores públicos; así como informes de detenciones y allanamientos masivos llevados a cabo sin los fundamentos jurídicos apropiados, y la práctica de arrestos y detenciones individuales o masivas. También expresa gran preocupación por los informes sobre el uso generalizada de la tortura y la persistencia de la desaparición forzosa. La Comisión reconoce que el Gobierno somete dichos informes a las autoridades competentes para su investigación.

17. La Comisión expresa preocupación por el papel de la información no verificada proporcionada por informantes. La Comisión hace un llamado al Gobierno Colombiano para que no utilice información que no ha sido debidamente verificada.

18. La Comisión expresa gran preocupación por los informes referentes a la responsabilidad de miembros de la fuerza pública por infracciones del derecho internacional humanitario. La Comisión expresa su seria preocupación frente a los informes de casos de apoyo, colusión o complicidad de agentes estatales con los grupos paramilitares, y alienta al Gobierno de Colombia a fortalecer sus políticas para eliminar todo vínculo entre grupos paramilitares y funcionarios públicos, a nivel regional y nacional, y toma nota del creciente número de investigaciones desarrolladas por el Estado. Hace un llamado al Gobierno de Colombia para que incremente sus esfuerzos para investigar tales informes y procesar de acuerdo con la jurisdicción ordinaria al personal involucrado.

19. La Comisión solicita al Gobierno de Colombia que implemente de manera firme su compromiso para impulsar las investigaciones de denuncias de desapariciones forzadas, perpetradas mayoritariamente por grupos paramilitares pero también, en algunos casos, atribuidas a la fuerza pública. La Comisión expresa su preocupación por los informes sobre el creciente número de detenciones arbitrarias que pueden llevar a la estigmatización y a amenazas hacia los miembros de la sociedad civil que han sido detenidos.

22. La Comisión condena las masacres y la violencia cruel, particularmente los asesinatos de ocho miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, incluyendo cuatro menores de edad, el 21 de febrero de 2005, y hace un llamado al Gobierno de Colombia para que asegure que se lleve a cabo una completa investigación de esta masacre, y que los autores sean llevados ante la justicia.

23. La Comisión condena enérgicamente las continuas infracciones al cese de hostilidades por parte de los grupos paramilitares, y el hecho de que todos los grupos armados al margen de la ley continúen utilizando medios violentos y cometiendo graves y numerosas infracciones, tales como: ataques contra la población civil, ataques indiscriminados, homicidios, masacres, toma de rehenes, desplazamiento forzoso, reclutamiento de menores y violencia contra mujeres y niñas.

30. La Comisión deplora el hecho de que los defensores de derechos humanos, incluidos sindicalistas, organizaciones de mujeres, líderes sociales, periodistas, formadores de opinión y funcionarios locales que incluyen a los miembros de partidos políticos, líderes comunitarios, funcionarios judiciales y empresarios, siguen siendo particularmente afectados por el conflicto armado, y siguen siendo víctimas de homicidios y amenazas por parte de los grupos armados al margen de la ley. La Comisión alienta al Gobierno a asegurar que los programas de protección de defensores de derechos humanos y otros grupos vulnerables sean integrales y eficaces. Al reafirmar sus preocupaciones en cuanto al clima de hostilidad que existe en torno a la labor de los defensores de derechos humanos, la Comisión también anima al Gobierno a asegurar que todos los servidores públicos de todos los niveles muestren el debido respeto por el trabajo individual y colectivo desarrollado por los defensores de derechos humanos. La Comisión hace un llamado al Gobierno para que asegure que no se formulen declaraciones públicas que podrían poner en peligro sus vidas, integridad y seguridad.

33. La Comisión deplora la violencia continua contra las comunidades indígenas y afro-colombianas. La Comisión también expresa gran preocupación por la situación de las comunidades indígenas y afro-colombianas que están sujetas al confinamiento.

34. La Comisión también condena las violaciones en curso de los derechos económicos, sociales y culturales de miembros de las minorías y las comunidades indígenas y urge a todos los actores a respetar su estatus cultural especial. Hace un llamado a todos los grupos armados al margen de la ley para que respeten la identidad y la integridad de estas minorías y comunidades indígenas. Al apoyar los esfuerzos del Gobierno de Colombia para promover y proteger los derechos de los miembros de las minorías y las comunidades indígenas, la Comisión hace un llamado al Gobierno de Colombia para que aumente sus esfuerzos para aliviar la pobreza extrema en regiones donde existen grandes concentraciones de minorías y comunidades indígenas. La Comisión alienta al Gobierno a tomar medidas especiales y urgentes para defender a las comunidades indígenas en riesgo de extinción y prevenir su desplazamiento forzado.

Abril 21 de 2005