A pesar de que había sido reiterativo en afirmar que desde octubre de 2008 —cuando tres generales y otros 24 oficiales del Ejército fueron retirados de la institución— no se había vuelto a presentar un solo falso positivo, el ministro Juan Manuel Santos, durante la sexta rendición de cuentas sobre Derechos Humanos que se desarrolló en la Casa de Nariño el día lunes, admitió el primer nuevo caso desde esa fecha: el de Arnobis Negrete, un estudiante de séptimo grado, cuya situación fue reportads por el Cinep y denunciada en una audiencia pública por el senador Juan Manuel Galán.

Arnobis Negrete Villadiego, cuya familia vive en Soacha (Cundinamarca), fue registrado como muerto en combate el pasado 26 de diciembre por tropas del Batallón de Infantería 31 Rifles, con sede en Caucasia (Antioquia). Una vez se pronunció Santos, el personero de ese municipio, Fernando Escobar, puso en marcha un plan de búsqueda para tratar de ubicar a la familia de la víctima. “Estoy sorprendido, especialmente porque el mismo Santos aseguró que no se habían vuelto a presentar este tipo de asesinatos”, dijo Escobar. Con esta afirmación, el país volvió a recordar que el capítulo de los falsos positivos aún no concluye. En la Fiscalía y en la Procuraduría hay unos 3.000 casos que ambos organismos deberán esclarecer si fueron muertes en combate o si los uniformados, como ha sucedido en varias ocasiones —según lo ha comprobado la justicia—, hicieron pasar a civiles como integrantes de grupos al margen de la ley. La comunidad internacional sigue con lupa esta situación, que causó el retiro de 27 oficiales del Ejército en octubre del año pasado y también la renuncia del entonces comandante del Ejército, general (r) Mario Montoya.

El asunto tiene, además, una nueva cara: las falsas denuncias. Así lo aseveraron tanto el Ministro de Defensa como el propio Presidente de la República, quien afirmó que este tema no es más que una campaña hecha por “personas inescrupulosas”, que buscan desprestigiar la política de seguridad democrática. Uribe reseñó que 85 investigaciones han sido devueltas a la justicia penal militar, siete han precluido y una resultó en sentencia absolutoria. Santos, por su parte, expresó: “Hemos tenido información de inteligencia sobre casos concretos que estamos investigando para judicializar esas falsas denuncias o esos intentos de tratar de aprovechar esta situación para manchar el buen nombre de nuestras Fuerzas Militares”. Durante la jornada, en la que estuvieron presentes los comandantes de la Fuerza Pública y el procurador delegado disciplinario para los Derechos Humanos, Carlos Alberto Díaz, el ministro Santos manifestó que es hora de cerrar el capítulo de los falsos positivos y centrarse en evitar que la impunidad triunfe.