El abogado y defensor de derechos humanos JORGE ELIÉCER MOLANO RODRIGUEZ, radicó el pasado 19 de febrero una carta en los despachos del Ministro del Interior y de Justicia FABIO VALENCIA COSSIO y del Director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia RAFAEL BUSTAMANTE; en la que denuncia la negativa del Estado Colombiano a cumplir con su POSICIÓN DE GARANTES y expresa su preocupación por la vulnerabilidad en la que se encuentra y deja clara constancia que su seguridad es responsabilidad del gobierno nacional. “…Ya ustedes saben que en la actualidad me desempeño como actor popular y representante de las víctimas, en los procesos que se adelantan en contra de los Generales:

• Rafael Samudio Molina, (caso Palacio de Justicia)
• Jesús Armando Arias Cabrales, (caso Palacio de Justicia)
• Iván Ramírez Quintero, (caso Palacio de Justicia y paramilitarismo)
• Carlos Alberto Ospina Ovalle, (paramilitarismo)
• Rito Alejo del Río, (paramilitarismo)
• Julio Charry Solano (paramilitarismo)
• Héctor Jaime Fandiño, (masacre Comunidad de Paz de San José de Apartadó)

A su vez, represento al Senador Alexánder López Maya y la Defensora de Derechos Humanos Berenice Celeyta Alayón, en el proceso conocido como “Operación Dragón”, donde se analiza el plan para asesinarlos, investigación a la cual han sido vinculados entre otros, el ex gerente de EMCALI, Carlos Alfonso Potes Victoria, nombrado directamente por el Gobierno Nacional; Coronel Germán Huertas, Jefe de Seguridad de EMCALI y Julián Villate Leal, actual Jefe de Servicios Especiales de la multinacional Drumond.

También represento a las víctimas en los asesinatos del estudiante de la Universidad del Valle Jhonny Silva Aranguren y el líder agrominero del Sur de Bolívar, Alejandro Uribe Chacón…”, dice la carta radicada. Y agrega: “…Como es de su conocimiento, por parte del Departamento Administrativo de Seguridad, el día 25 de septiembre de 2008, me fue realizado un análisis de riesgo, concluyendo que el nivel de riesgo era extraordinario. Como consecuencia de ello el CRER aprobó un esquema de protección para mí, desde el 5 de noviembre de 2008”. “Es inquietante Doctor Valencia y Doctor Bustamante, que cinco (5) meses después de haber presentado a Ustedes mi situación de riesgo en presencia de los Presidentes de las Comisiones de Derechos Humanos del Senado de la República y la Cámara de Representantes, y tres (3) meses después de haberse concluido un informe que resalta el nivel extraordinario de riesgo, no exista ningún interés del Gobierno Colombiano en brindarme protección, para desarrollar de manera libre y tranquila mi labor como defensor de derechos humanos”.

“Esta comunicación sólo tiene por objeto dejar señalado que en cabeza de Ustedes se encuentra la posición de garantes; que la única responsabilidad por lo que ocurra en contra de mis derechos a la vida, libertad e integridad personal, así como la de mi familia, es atribuida (penal y disciplinariamente) a quienes teniendo deber de protección, por acción u omisión, se negaron a hacerlo. En ese caso Ustedes”. Concluye enfáticamente la carta

Ver texto completo de la carta >>