El dia lunes 15 de diciembre de 2008 varios lideres comunales de la vereda Barranco Colorado y veredas aledañas del Municipio de Puerto Rico (Meta), en comunicación telefónica enteraron a la comisión de Derechos Humanos del Bajo Ariari, que unidades del Ejercito Nacional adscritas a la brigada móvil No 4 permanecen aproximadamente desde hace (1) un mes en el casco urbano de este centro poblado desconociendo normas del derecho internacional humanitario, que prohíbe instalarse cerca a las viviendas de pobladores civiles, poniendo con esto en riesgo a los habitantes de este poblado, entre ellos a mujeres, jóvenes, ancianos y niños que habitan esta región. Esta es una zona de conflicto, ya que allí operan frentes de las guerrillas de las FARC y los enfrentamientos son continuos. “Recalcamos que es al estado colombiano y sus instituciones a los que les asiste el deber constitucional de proteger la vida, la honra y los bienes de los ciudadanos” y que en ocasiones anteriores en reuniones sostenidas con mandos militares de la zona y altos mandos militares con participación de delegados de Organismos de control e instituciones del Estado como Defensoria del Pueblo, procuraduría, vicepresidencia de la Republica entre otras, se acordó que las unidades militares mantendrán una distancia prudente entre sus bases militares y la población civil a fin de que esta no corra riesgo frente a un ataque de la insurgencia.

En esta semana unidades del Ejercito Nacional adscritas a la misma brigada están convocando a dueños de fincas, comerciantes y pobladores civiles en general a este centro poblado para una reunión, diciendo a los pobladores campesinos de la zona que no se puede pasar alimentos sin registro de cámara de comercio y que el transporte de estos deben ser controlados so pretexto que son para la guerrilla.

Expresan también los campesinos de la zona su inconformidad porque las unidades militares no permiten el paso de combustibles teniendo en cuenta que inicia la época de trabajo de limpias para los cultivos agrícolas, que los campesinos tienen sus guadañadoras, motosierras, plantas eléctricas y demás herramientas del trabajo agrícola que son movidas por gasolina u otros combustibles y que las unidades militares los están decomisando, aduciendo que son para el procesamiento de la coca.

Exigimos:

• Al Estado Colombiano y a sus organismos de control interceder de manera oportuna ante el mando castrense a fin de garantizar de forma inmediata que las tropas que hoy vulneran los derechos de estas comunidades corrijan su actuar y cumplan con su mandato constitucional, a fin de evitar que, con las operaciones militares se vulneren los derechos fundamentales de los campesinos que habitan las veredas que aquí mencionamos.

• A las organizaciones Nacionales e Internacionales defensoras Derechos Humanos la invitación a exigirle al gobierno de ÁLVARO URIBE que se pase del discurso del respeto por los Derechos Humanos a los hechos concretos de garantías para las comunidades que habitan estas apartadas zonas del país.

Cordialmente.

HÉCTOR HUGO TORRES
Presidente D.H Bajo Ariari