El martes 12 de abril, a las 10:35 PM, luego de terminar una jornada de capacitación para almacenistas de la cooperativa agraria COAGROSARARE, en Saravena (Arauca), fueron detenidos por miembros de la Policía los almacenistas Camilo León y Mari Luz Moreno. La detención de Martha, Mari Luz y Camilo se prolongó hasta medianoche.

Poco después, los aproximadamente treinta (30) participantes de esa jornada fueron a la estación de Policía para averiguar las razones de la detención y entonces, los policías les reclamaron también a ellos sus cédulas para verificar antecedentes, además de tomarles fotografías y las huellas digitales a todos. En la Estación de policía, a donde se había desplazado con el resto del mencionado grupo, fue también detenida Martha Ortega, esposa de Víctor Laguado, quien es el jefe de control fiscal de COAGROSARARE.

La Policía pidió a Martha la dirección de su residencia y con esa información una patrulla de la Policía con alrededor de quince (15) uniformados fue hasta la casa de Víctor e indagó insistentemente por él. En la casa se encontraban tan sólo sus dos hijas de 3 y 14 años y el joven Juan Carlos Atuesta. Al no encontrar al Sr. Laguado, los policías acosaron a las niñas para que abrieran la puerta principal y los dejaran entrar, insistiendo hasta que la mayor de ellas abrió. En ese momento, fue violentamente empujada y maltratada en un brazo por varios de los policías.

Posteriormente, los uniformados entraron a la casa y la registraron, llevándose a Juan Carlos Atuesta quien presta servicio militar obligatorio. Luego ingresaron a la casa vecina y allí detuvieron a Víctor Laguado, golpeándolo en la cara y ofendiéndolo verbalmente. Su detención se prolongó hasta las 2 AM de la madrugada.Queremos señalar que Víctor Laguado ya había sido detenido en octubre del año pasado por una patrulla del Ejército durante cuatro horas.

Al ser preguntado por estos hechos, el comandante de la Policía de Saravena, el Mayor Malaver, señaló que sus agentes sólo estaban practicando un registro voluntario y que si los residentes se negaban a colaborar en éste es “porque algo deben: eso solo lo hacen los bandidos”, acusó textualmente el Mayor.

Desde acá queremos denunciar, una vez más, la absoluta inconstitucionalidad de los llamados “registros voluntarios” que realiza la Fuerza Pública de forma sistemática en Arauca, siempre contra miembros del movimiento social y sindical del departamento. Lo grave es que estos “registros voluntarios” parten siempre de la suposición -fomentada por la “Seguridad Democrática” del Gobierno de Álvaro Uribe- de que los miembros de las organizaciones sociales y sindicales son “sospechosos” de colaborar o pertenecer a la guerrilla, únicamente por el hecho de trabajar en la defensa y promoción de los derechos humanos.

Bogotá, abril 13 de 2005

Bogotá, abril 13 de 2005.