La Red Juvenil de Medellín, la Asociación Nacional de Empleados de la Rama Judicial -Asonal Judicial- y la Corporación Jurídica Libertad efectuaron una visita conjunta a San José de Apartadó entre los días 8 y 9 de abril del presente año, logrando constatar lo siguiente:

1. Luego del arribo oficial al caserío de San José de Apartadó, de un copioso número de integrantes de la Policía Nacional compuesto por uniformados pertenecientes a la Contraguerrilla de la Policía de Urabá y a la Policía Comunitaria, sus habitantes se vieron obligados a abandonarlo trasladándose, la mayoría de ellos hacia la finca La Holandita, algunos hacia otras veredas cercanas y unos pocos hacia otros sitios del departamento de Antioquia.

Durante el transcurso de la primera semana de presencia permanente de los agentes policiales, en el caserío sólo quedaron cinco familias, encontrándose el comercio totalmente paralizado.

2. La ubicación del puesto de policía instalado para ejercer control sobre San José se dio en un predio perteneciente a un campesino quien ha informado que la ocupación se hizo de manera inconsulta y arbitraria, viéndose obligado a abandonarlo ante el temor de ser víctima de algún tipo de retaliación por parte de algunos de los actores armados que opera en la zona; se encuentra ubicado a escasos 100 metros del centro educativo, el cual fue igualmente abandonado por la población estudiantil. El gobierno nacional en momento alguno le solicitó permiso a este campesino para ocupar su bien y por lo tanto no ha participado de algún tipo de negociación económica para ceder pacíficamente su titularidad.

3. Más de quinientas personas de las que integran la Comunidad de Paz, doscientas de ellas menores de edad, se han desplazado hacía el predio La Holandita, de su propiedad, en el cual están edificando las viviendas para que puedan ubicarse cómodamente esta población desplazada.

La construcción del nuevo asentamiento se efectúa a través del trabajo comunitario con el apoyo y la solidaridad facilitada por algunas organizaciones nacionales e internacionales que apoyan procesos de resistencia civil y pacífica a participar de la guerra. Dentro de las obras de infraestructuras están la construcción de las calles, el pozo séptico y las letrinas para cada una de las casas; así mismo, está la construcción de una cancha deportiva, la zona recreativa para los niños. Se le pedirá a la alcaldía municipal de Apartadó el nombramiento de maestros para la enseñanza, en la escuela que construirán en el nuevo San José.

4. Los integrantes de la Comunidad de Paz se niegan a retornar a sus viviendas hasta tanto el gobierno nacional no retire a los integrantes de la fuerza pública que ha destacado en el caserío de San José y proceda a convenir concertadamente la manera como pueda brindarse la seguridad a esta comunidad sin violentar sus espacios vitales y los principios que justifican el mantenimiento de su propuesta pacifista. Sobre todo cuando en las resoluciones de medidas provisionales dictadas por la corte Interamericana de Derechos Humanos acogiendo una recomendación formulada por la Comisión interamericana de Derechos Humanos se aceptó que la seguridad que debía brindarse a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó tendría que ser concertada entre el estado colombiano y los representantes de la Comunidad y no podía ser personal ni armada para evitar la trasgresión de sus principios.

Las organizaciones suscribientes manifestamos nuestra preocupación respecto de la manera arbitraria y unilateral como el gobierno de Uribe viene tratando lo relativo al otorgamiento de garantías para evitar que la población de San José de Apartadó continúe siendo víctima del accionar de grupos paramilitares, guerrilleros y fuerza pública, en particular con relación a:

 La decisión unilateral de llevar la fuerza pública hasta los espacios vitales de la Comunidad de Paz sin consideración del principio de distinción contenido en las normas del derecho internacional humanitario. Actitud con la cual el gobierno nacional propició la ruptura del proceso de concertación que venía adelantándose en procura de desarrollar una propuesta de protección a cargo de la Policía Nacional con respeto de los principios de comunidad de paz.

 La política de realizar buena parte de la inversión social en San José de Apartadó a través de acciones cívico militares o policiales; cuando desde muchos años esta comunidad ha solicitado la presencia civil del estado y el adelantamiento de programas de inversión social por intermedio de las autoridades civiles como es lo indicado en un estado democrático como el nuestro.

 La provocación de un desplazamiento forzado por parte del Estado colombiano, sin asumir la obligación legal de ofrecer asistencia requerida por los afectados, como lo disponen las normas nacionales e internacionales en esta materia.

 La falta de implementación de una propuesta alternativa por parte de las autoridades del orden nacional, departamental y municipal para evitar la desescolarización de más de doscientos niños y niñas que estudiaban en el centro educativo de San José. Así como ante la falta de voluntad para ofrecer la atención que en materia de salud y saneamiento básico requieren los pobladores del nuevo caserío de San José.

 El tratamiento agresivo por parte de las autoridades nacional, departamental y local hacía una población que ha decidido no participar de la guerra y procura el logro de la justicia frente a los centenares de crímenes de los cuales han sido víctimas por parte de los actores armados. Crímenes que en su mayoría han comprometido la responsabilidad de la fuerza pública, cometidos con la pretensión de lograr el aniquilamiento de esta importante propuesta de paz.

 La arbitraria ocupación de bienes pertenecientes a la población civil que están siendo utilizados para instalar un comando de policía.

Convocamos a las organizaciones sociales, populares y de derechos humanos, entre otras, para que muestren su solidaridad y ofrezcan acompañamiento a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.

Suscriben,

RED JUVENIL

ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS DE LA RAMA JUDICIAL – ASONAL JUDICIAL

CORPORACIÓN JURIDICA LIBERTAD

Medellín, abril 11 de 2005