Daniel Prado tenía previsto asistir a varios interrogatorios a implicados en el proceso que podrían aportar testimonios sobre el paradero de los desaparecidos.

Según su itinerario, este viernes tenía previsto participar en el interrogatorio al capitán Luz Gutiérrez, ex miembro de inteligencia del Ejército, a quien testigos señalan como el coordinador de las torturas y abusos a los que fueron sometidos los civiles que salieron con vida ese 6 de noviembre de 1985.

Pero Prado acaba de perder el vuelo pues la embajada de Estados Unidos en Bogotá se abstuvo de entregarle el permiso para ingresar a ese país.

El pasado lunes festivo le informaron que la sede diplomática debía realizar un proceso administrativo interno previo, por lo cual el visado quedaba en suspenso por tiempo indefinido.

La misma carta

Lo que llamó la atención de los defensores de familiares de las víctimas es que, a la misma hora y por la misma ventanilla, le fue aprobada la visa a John Vásquez, abogado del general (r) Iván Ramírez Quintero a quien la Fiscalía ordenó capturar hace una semana por el delito de desaparición forzada.

Ambos juristas llevaban la misma carta de la Fiscalía General en la que los identificaban y les se certificaban que asistirían a una diligencia judicial en Nueva York.

A Vásquez le dieron el permiso en cinco minutos, pero Prado fue entrevistado durante media hora, para decirle luego que quedaba en espera.

¿Y la cooperación judicial?

Y si bien cualquier gobierno es autónomo en la aprobación de sus visas, es claro que en este caso se está poniendo en práctica la llamada cooperación judicial, que, sin embargo, tendrá su prueba de fuego cuando defensores y víctimas del paramilitarismo empiecen a pedir permiso para asistir a las audiencias de juzgamiento de los ex ’paras’ extraditados.

“Estamos perdiendo la oportunidad jurídica de interrogar a un testigo clave -aseguró Prado- y aunque la Fiscalía amplió la diligencia del 6 al 10 de junio, ya es casi imposible llegar a tiempo”.

Y explicó que tanto el tiquete a Nueva York, como los demás gastos del desplazamiento habían sido costeados por países extranjeros interesados en que se aclare finalmente lo ocurrido en noviembre de 1985.

Por ahora, solamente viajarán los fiscales, el abogado del general (r) Ramírez y Rafael Barrios, defensor del padre de Jaime Beltrán, uno de los empleados del Palacio de Justicia que también figura en la lista de desaparecidos.

Al ser consultada sobre el caso, la embajada de E.U. le hizo saber a EL TIEMPO que, “obedeciendo a la política de la Embajada no es permitido discutir ningún caso particular de aplicación de visas”.