Marzo 28 de 2008 –

Raponazo a territorios indígenas en Puerto Gaitán (Meta)

El Incoder entregó cinco mil hectáreas que hacen parte del resguardo indígena Awalibá, en Puerto Gaitán (Meta). Autoridades locales se comprometieron a reversar esa decisión.

Un plumazo del Incoder en noviembre de 2004 pasó a manos de tres particulares las cinco mil hectáreas que conforman la finca La Campana, habitada desde hace más de 70 años por indígenas de la etnia Sikuani, que hacen parte del resguardo Awalibá, en Puerto Gaitán (Meta).

Adicional a esta problemática legal, los indígenas sienten amenazado su territorio por el incendio que el pasado 27 de febrero consumió por completo las viviendas y literalmente todos los enseres de las 10 familias asentadas en este territorio ancestral.

Decididos a no dejarse expropiar de un territorio que consideran como propio, los indígenas iniciaron una serie de acciones legales para reversar la decisión del Incoder, iniciativa que cuenta con el respaldo de la alcaldía de Puerto Gaitán, en cabeza de Óscar Bolaños; de la Procuraduría Regional Ambiental y Agraria del Meta; de la Organización Nacional Indígena (Onic), y de las Naciones Unidas (ONU), a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Esa fue una de las conclusiones del Consejo de Seguridad adelantado el pasado jueves 27 de marzo en las instalaciones del Concejo Municipal de Puerto Gaitán.

Los indígenas del resguardo Awalibá que habitan en la finca La Campana aseguran que sólo conocieron de la decisión del Incoder de adjudicar estos terrenos a nombre de Andrea Carolina Borda Rueda, Rosa María Borda Borda y un tercero del que no tienen el nombre, el pasado 14 de febrero de 2008.

Ese día llegó al resguardo Rubén Darío Mesa, quien les aseguró que era el administrador encargado por los nuevos dueños. Tres personas más lo acompañaban.

Sólo hasta ese momento supieron que los predios El Edén, Entrerríos y El Zafiro, como está desglosada la finca La Campana en Incoder, habían sido adjudicados a tres particulares. Por eso, explicaron los indígenas, “nunca se hizo un pronunciamiento para evitarlo”.

Incendio de viviendas indígenas: hecho “gravísimo”

Organizaciones regionales e internacionales estuvieron de acuerdo en que es necesario calificar el incendio de las casas de los indígenas Sikaune, como un hecho “gravísimo”.

Luego del incendio que dejó sin techo a las diez familias indígenas de la comunidad Campana, asentadas en territorio del resguardo Awalibá, en la vereda Rubiales de Puerto Gaitán (Meta), la fiscalía local abrió investigación para esclarecer lo sucedido.

Buscan determinar si existieron ’manos criminales’ para desatar el fuego que dejó en cenizas tanto las casas como los enseres de los indígenas.

Durante el consejo de seguridad realizado en la mañana del jueves 27 de marzo en las instalaciones del Concejo Municipal de Puerto Gaitán, las organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales que se hicieron presentes, dejaron constancia de que “existe una preocupación” al respecto.

A pesar de que el secretario de Gobierno, Luis Ever Rivero Mosquera consideró que el incendio pudo desatarse “por un accidente, como ocurre comúnmente en estas llanuras”, para el sacerdote Omar García, representante de la Mesa Humanitaria del Meta , este hecho debe calificarse como “gravísimo que vulnera uno de los derechos fundamentales”. Concepto respaldado por Acnur, que sostuvo que es necesario saber “si hay una mano invisible’ que haya provocado el incendio.

Posible nexo con casos similares

Para el inspector municipal, Miguel Avendaño Flórez, la existencia de cuatro querellas de casos similares al ocurrido con la finca del resguardo indígena Awalibá, en donde una persona al parecer busca apoderarse de tierras en Puerto Gaitán, con métodos fraudulentos, debe alertar a los organismos de policía judicial.

Manifestó en el consejo de seguridad, que en su despacho existe otra querella contra Rubén Darío Mesa, quien es la misma persona que dijo ser el nuevo administrador de la finca Campana, donde habitan los indígenas afectados con la titulación de tierras a particulares.

Advirtió a los ciudadanos que avisen sobre acciones que vulneren el derecho de propiedad, para declarar derechos de amparo.

Tierras indígenas entregadas a multinacionales para monocultivos

El consejero territorial de la Onic, Javier Alexander Sánchez, denunció que tierras de resguardos indígenas, están siendo entregadas a empresas multinacionales.

El consejero territorial de la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), Javier Alexander Sánchez, denunció que tierras que por tradición han hecho parte de territorios indígenas, están siendo entregadas a empresas multinacionales para monocultivos.

“Tenemos casos particulares en el Tolima, en el Vichada, Putumayo, Cauca y Atlántico”, dijo el dirigente indígena. Señaló que la problemática se generó a partir de la pérdida de “más de 200 procesos de prescripción, saneamiento y constitución de resguardos”, en la época de cambio del Incora a Incoder, “como si nunca la comunidad indígena hubiera solicitado la constitución de su asentamiento como resguardo”.

“Desde hace más de diez años tenemos más de 420 procesos represados en Incoder, en el tema territorial de asuntos indígenas. Nuestro afán es que antes de que el Incoder se extinga (previsto para junio de este año) evacuemos los 420 procesos para no tener el mismo inconveniente de Incora a Incoder”.

Denunció además que “el Incoder, para obviar las consultas a las comunidades indígenas, se inventa linderos que no existen”, y de esta manera adjudican territorios indígenas a particulares. “Estas tierras están siendo asignadas a empresas multinacionales que están produciendo o en la implementación de monocultivos como caucho, palma aceitera”, aseguró Javier Sánchez.

En cuanto al tema de Puerto Gaitán, el Incoder Meta dijo que está revisando las resoluciones. “En los linderos no aparece colindando con ningún resguardo”, precisó.

También en Cumaribo Javier Sánchez, consejero nacional de territorio de la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), denunció un hecho similar ocurrido entre el 20 y 22 de febrero en Puerto Carreño (Vichada). Dijo que más de 20 hombres armados, sin identificación, pero a nombre de la empresa Ercaucho, llegaron en tres camionetas de platón en búsqueda de las autoridades tradicionales de la comunidad Merey.

Después de amenazarlos les dijeron “que se fueran de ahí -por las buenas o por las malas- que ellos tenían títulos”, amenazas que fueron denunciadas ante las autoridades respectivas en Puerto Carreño.

Aseguró también Javier Sánchez que en estas tierras buscan sembrar caucho, proyecto que atraviesa territorios de tres comunidades indígenas “que tienen sitios de paso” por esos lugares, y que por la cosmogonía indígena afectaría su supervivencia. “Los problemas son de orden alimentario”, dijo.