por DeVer 155 Saturday, Apr. 02, 2005 at 7:47 PM

Una Comisión de Verificación con representación de la comunidad de derechos humanos se dirigió hacia las Zonas Humanitarias del Río Jiguamiandó en el departamento del Chocó, a fin de verificar la retención y/o desaparición de 5 defensores de Derechos Humanos integrantes de la Comisión Justicia y Paz

Las organizaciones sindicales, sociales y no gubernamentales de derechos humanos manifestamos a los medios de información que:

Hoy sábado 2 de abril a las 9.30 de la mañana una Comisión de Verificación con representación de la comunidad de derechos humanos se dirigió hacia las Zonas Humanitarias del Río Jiguamiandó en el departamento del Chocó, a fin de verificar la retención y/o desaparición de 5 defensores de Derechos Humanos integrantes de la Comisión Justicia y Paz: JOHANA LOPEZ, MONICA SUAREZ, ENRIQUE CHIMONJA, FABIO ARIZA Y EDWIN MOSQUERA. Ellas y ellos realizan un acompañamiento permanente a estas comunidades afrodescendientes, en la promoción, protección y defensa de sus derechos.

La Comisión de Verificación está conformada por el Proyecto Justicia y Vida, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, y con delegados de la Iglesia diocesana de Quibdo, Brigadas Internacionales de Paz, PBI. La comisión cuenta con el concurso de la Vice Presidencia de la República y la Defensoría del Pueblo del Urabá.

En la última semana, la Comisión de Justicia y Paz, recibió una amenaza de muerte, por correo postal, 15 días después de la realización de una audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, respecto a las medidas provisionales que cobijan a los Consejos Comunitarios del Jiguamiandó y familias de Curvaradó.

Las comunidades afrodescendientes han sido víctimas de actuaciones de tipo paramilitar y sus integrantes han sido amenazados debido a las denuncias entabladas contra empresas palmicultoras por la ocupación ilegal de sus tierras tituladas colectivamente, situación que constata el Informe del INCODER del 14 de marzo de 2005. No obstante el reconocimiento hecho en este informe oficial, las empresas palmicultoras continúan arrasando con los recursos naturales y ampliando las siembras de palma de aceite en los territorios colectivos de las comunidades afrodescendientes.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido, mediante Resolución del 15 de marzo de 2005, que las Zonas Humanitarias de Pueblo Nuevo, Bella Flor Remacho y Nueva Esperanza son el ejercicio legítimo de los principios del Derecho Internacional que permiten la prevención y la protección de los derechos de la población que se encuentra en medio de la confrontación armada, y ordenó al Estado colombiano otorgar especial protección a dichas zonas humanitarias establecidas por los miembros del Consejo Comunitario del Jiguamiandó y las familias de Curvaradó.

Estas zonas humanitarias son propiedades familiares, con signos claros de identificación y de diferenciación, donde sus pobladores han concertado normas de convivencia no violenta, con el objetivo de no ser involucrados en la guerra. En el último mes, los medios de comunicación e informes oficiales, han presentado estas experiencias como comunidad de paz.

El 2 de abril el Vice Presidente de la República ha declarado falsamente ante los medios de comunicación que estos hechos han ocurrido debido a la falta de presencia del Estado en la zona, cuando desde 1996 el Ejército de Colombia hace presencia en la cuenca del Jiguamiandó, incrementándose su presencia con el aumento de la siembra de palma aceitera. Esta afirmación podría justificar la militarización ilegal e ilegítima de las zonas humanitarias, situación que aumentaría la grave crisis humanitaria que se está viviendo.

Debido a la grave situación de violación de derechos humanos en el Bajo Atrato y el Urabá Antioqueño en que se encuentran las pocas comunidades que afirman integralmente sus derechos de modo no violento, y la obstrucción, de hecho, al acompañamiento que realizan organismos humanitarios y de derechos humanos, las organizaciones abajo firmantes solicitan:

• Al Presidente de la República, que se pronuncie públicamente exigiendo el respeto del trabajo de los defensores de derechos humanos, especialmente de quienes prestan acompañamiento humanitario a las comunidades que se encuentran en medio del conflicto, y de manera inmediata exija que se ponga en libertad a los 5 defensores ilegalmente retenidos y/o desaparecidas.

• Al Presidente de la República, la realización de una reunión el próximo lunes 4 de abril a fin de definir de manera concertada una serie de actuaciones URGENTES e INMEDIATAS que puede y deben realizar el Estado y el gobierno colombiano en la región para la pronta liberación de los 5 defensores de derechos humanos.

• A los responsables de la retención y desaparición de los 5 defensores de derechos humanos, les exigimos respetar sus vidas y dejarlos inmediatamente en libertad. Así mismo expresamos nuestra indignación y rechazo ante este grave atentado contra el derecho a defender los derechos humanos en Colombia.

• Al Gobierno Nacional, que en sus actuaciones tengan presentes las obligaciones tanto constitucionales como internacionales y del Derecho Internacional Humanitario, de preservar y de proteger la vida de los civiles arbitrariamente privados de su libertad.

Bogotá, 2 de abril de 2005

Firmantes:

• Agencia de Prensa Rural

• Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz

• Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra

• Asociación de Educadores de Cundinamarca – ADEC

• Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos – ASFADDES

• Asociación Colombiana de Abogados Eduardo Umaña Mendoza

• Asociación MINGA

• Asociación Nacional de Ayuda Solidaria – ANDAS

• Asociación Nacional de Empleados del Banco de la República – ANEBRE

• Asociación Nacional de Empleados de la Rama Judicial – ASONAL Judicial

• Asociación para el Desarrollo Social Integral – ECATE

• Central Unitaria de Trabajadores – CUT – Departamento de Derechos Humanos

• Central Unitaria de Trabajadores – CUT – Seccional Cundinamarca

• Central Unitaria de Trabajadores – CUT

• Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo

• Colectivo de Comunicaciones Somos Sudacas

• Colectivo de Derechos Humanos Semillas de Libertad – CODHESEL

• Comisión Colombiana de Juristas – CCJ

• Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

• Comité Permanente Héctor Abad Gómez

• Comité Permanente por la Defensa de los DDHH

• Corporación Jurídica Yira Castro

• Corporación Regional para la Defensa de los DDHH – CREDHOS

• Corporación Reiniciar

• Espacio de Trabajadores y Trabajadoras de Derechos Humanos de Barrancabermeja

• Federación Colombiana de Educadores – FECODE

• Federación Nacional Sindical de Trabajadores Bancarios – FENASIBANCOL

• Foro Social de Barrancabermeja

• Fundación Comité de Solidaridad con Presos Políticos – CSPP

• Fundación Manuel Cepeda Vargas

• Colectivo Para Recordar YUYANAPAQ

• Organización Femenina Popular – OFP

• Proceso de Comunidades Negras – PCN

• Proyecto Aurora de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Colombia

• Proyecto Justicia y Vida

• Red Ecuménica de Colombia

• Sindicato Nacional de Trabajadores de la Energía Eléctrica – SINTRAELECOL

• Sindicato Nacional de la Trabajadores de la Industria Metalúrgica – SINTRAIME

• Sindicato de Trabajadores Mineros de Colombia – SINTRAMINERCOL

• Unión Sindical Obrera -USO-

• Comisión Nacional de Derechos Humanos y Paz.

• Unión Nacional de Empleados Bancarios – UNEB – Secretaria de Derechos Humanos