Después de la cruenta masacre del 2005, se han registrado 17 asesinatos y 290 agresiones. En febrero, Corte Interamericana insistió en medidas de protección y en que -tal como lo ordenó la Corte Constitucional- se revelen los nombres de militares que patrullaban el día de la matanza de civiles.

El hedor que salía del ataúd ubicado en el kiosco central de la comunidad de paz de San José de Apartadó (Antioquia), el pasado 26 de diciembre, era insoportable y penetrante. Sin embargo, toda la población decidió asistir a la velación de Margarita Giraldo quien, en vísperas de Navidad, había desaparecido.

Su rancho, en la vereda Arenas Bajas, quedó como una coladera -por los impactos de fusil- y en la parte trasera, había rastros de explosiones.

El 25 de diciembre, alguien avisó que Margarita, de 46 años, estaba en la morgue de Turbo y que, oficialmente, quedó registrada como ’guerrillera, muerta en combate’.

Pero su familia y pobladores juran que se trataba de una cultivadora de yuca y de la más reciente víctima del acoso que vive esa comunidad de paz, desde 1996, cuando decidió declararse neutral dentro del conflicto armado.

El caso de Margarita fue desempolvado esta semana, luego de que EL TIEMPO reveló que la Fiscalía General ordenó la captura de 15 militares, presuntamente implicados en la masacre de 3 niños y de 8 adultos de esa comunidad, el 21 de febrero del 2005.

Decisiones de dos cortes

Según el padre Javier Giraldo -quien ha liderado la denuncia sobre las agresiones a esta comunidad- después de la masacre del 2005, se han registrado 17 asesinatos (incluido el de Margarita) y 290 agresiones contra esa población.

Así lo expuso el pasado 4 de febrero, en Costa Rica, en una sesión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que desde el 2000 ordenó a Colombia instaurar medidas para proteger la vida de los miembros de la comunidad.

¿Respuesta incompleta?

En la sesión -de seguimiento a las medidas cautelares- la Corte le recordó al Gobierno su compromiso de proteger a esa comunidad; y al Ministerio de Defensa que, por orden de la Corte Constitucional, debe entregar de inmediato los nombres de militares y policías que patrullaban la zona durante los días de la masacre del 2005 y durante otros episodios violentos anteriores y posteriores a esa fecha.

La cartera de Defensa manifestó que, en febrero, envió el primer paquete con los datos solicitados y que está presta a nuevos requerimientos.

Pero el padre Giraldo -quien pidió los nombres de los militares desde agosto del 2007, vía tutela- dice que la información llegó incompleta.

«Solo enviaron los nombres de los uniformados correspondientes al segundo semestre del 2005 y al primero del 2006», asegura el sacerdote.

Y añade que si bien la Policía entregó la información adecuada, la Brigada XVII -supuestamente implicada en la matanza de hace tres años- mandó los datos de todos los miembros del batallón.

«Dicen que ellos no tienen los nombres por unidades o compañías», anota Giraldo y añade que es un mecanismo de impunidad pues diluye posibles responsabilidades.

Por eso, anuncia desde ya una nueva solicitud y el hecho de que seguirá insistiendo que cortes internacionales asuman el caso pues, califica como un epidosio excepcional la decisión de la Fiscalía de capturar a 15 militares.

«La medida se debe a la presión de 59 congresistas de E.U. que en el 2007 pidieron descertificar a Colombia en DD.HH.», dice el padre.

En todo caso, esta semana, los uniformados empezarán a ser oídos en indagatoria.

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