Abogados de víctimas de desaparición forzada -caso Palacio de Justicia- rechazan las indebidas presiones del alto mando militar a los Jueces de la República. “Estas manifestaciones constituyen una indebida presión al Tribunal Superior de Bogotá, y un franco debilitamiento del Estado de Derecho, pues evidencia una injerencia del Ejecutivo en las actuaciones de la Rama Judicial. Las expresiones del General Navas afectan la libertad y autonomía con que debe actuar la Justicia frente a casos de graves violaciones a los derechos humanos”, indican los juristas.
Después de tres días de deliberaciones en Buenos Aires, los participantes al encuentro Haciendo Paz en Colombia presentan las siguientes conclusiones a la opinión pública:
En el marco de su labor de defensa de los derechos humanos, apoderó a nivel nacional e internacional a cinco grupos de personas que se identificaron como familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada y desplazamiento forzado en los hechos ocurridos entre el 15 y 20 de julio de 1997, conocidos como la Masacre de Mapiripán. Entre las víctimas apoderadas se encuentra la señora Mariela Contreras y su familia, quien fue reconocida igualmente como víctima en las instancias nacionales, con posterioridad a que rindiera declaración ante la Fiscalía General de la Nación.
Bogotá (Colombia), 16 de diciembre de 2011. Pese a la existencia de suficiente material probatorio que señala la responsabilidad penal de IVAN RAMÍREZ QUINTERO, GUSTAVO AREVALO MORENO y FERNANDO BLANCO GÓMEZ, por las desaparición forzada de once personas en los hechos de la retoma del Palacio de Justicia, la Juez Cristina Trejos Salazar del Juzgado 51 Penal del Circuito de Bogotá, dicto sentencia absolutoria. Destaca la Juez en el fallo, que no existe duda en la existencia de las personas desaparecidas, sino en el nivel de participación de los militares retirados.
Autoridades indígenas del Resguardo Santa Lucía de Mesetas - Meta- denunció la ejecución extrajudicial de un aborigen a manos de tropas del Ejército Nacional "Preocupa a nuestra comunidad la forma en que las fuerzas militares se extralimitan en sus funciones y acciones, violando nuestra carta política y los tratados internacionales suscritos por el estado Colombiano." afirma el gobernador del Resguardo HIPÓLITO YANDI CAMPO. Y agrega: "El asesinato de nuestro compañero llena de mucha preocupación y tristeza a la comunidad indígena y campesina en general del cabildo de Villa Lucia, ya que nuestro compañero era una persona honrada, honesta y trabajadora, cumplidor de sus deberes, humilde, sin antecedentes judiciales, perteneciente a una comunidad cristiana, esposo de la señora EDIHT BENITES BECOCHE identificada con C.C No 1.105.870.484 expedida en el municipio de Roncesvalles (Tolima), de este hogar quedan 2 hijos, entre ellos una bebe de 16 meses de nacida"
Portada del sitio > Derechos Humanos > Comunicados Públicos > SUR DE BOLIVAR: EN MEDIO DE LA AGRESION PERSISTIMOS EN LA VIDA Y EL (…)
COMUNICADO PÚBLICO
Fedeagromisbol
Lunes 31 de marzo de 2008, por
[*COMUNICADO PÚBLICO*]
[*SUR DE BOLIVAR*]
[*EN MEDIO DE LA AGRESION PERSISTIMOS EN LA VIDA Y EL TERRITORIO*].
La Federación Agrominera del Sur de Bolívar, FEDEAGROMISBOL reunida en asamblea general da a conocer los siguientes hechos . La Federación Agrominera del Sur de Bolívar -FEDEAGROMISBOL programó la celebración de su VI Asamblea General durante los días 28, 29 y 30 de marzo de 2008 en el Centro de Bienestar Familiar de Puerto Rico, cabecera municipal de Tiquisio (Bolívar). Esta actividad contó con la aprobación de la administración municipal, que notificó a los cuerpos de la Policía Nacional y del Ejército Nacional la realización de dicho evento.
El día 27 de marzo a las 7:30 p.m. arribaron a Puerto Rico varias caravanas de vehículos en las que se transportaban los miembros de la federación, sus directivas y acompañantes. Varios miembros de esta comitiva pudieron constatar que dentro de esta población se encontraba el señor José Alfredo Atheortua, alias “el gato”, quien es un desmovilizado del ELN que en oportunidades anteriores ha hecho señalamientos temerarios y falsas acusaciones contra algunos miembros de esta organización comunitaria y, en particular, contra su presidente.
En días anteriores este señor amenazó a un campesino de este municipio quien ya presentó la denuncia ante la defensoría del pueblo. Es de señalar que mientras se efectúa la asamblea en diversos puntos cercanos al lugar donde se sesiona se ha notado la presencia de este señor.
El 28 de marzo, momentos después de haberse dado inicio a la agenda programada para esta reunión, seis miembros de la Policía Nacional al mando del subteniente Miller Rojas Rubio ingresaron al lugar donde se realizaba la asamblea general de la federación con el pretexto de que la administración municipal les había solicitado brindar seguridad para el desarrollo de esta actividad.
Más tarde, en horas de la noche, en momentos en que un grupo de personas pertenecientes a Fedeagromisbol entre los cuales se encontraba su Presidente, Teófilo Acuña, se desplazaba luego de salir de la sesión, se escucho a miembros de la Policía Nacional que se encontraban cerca al lugar de reunión preguntarse entre sí “y ahora cuál es?”. Al no poder identificar entre los miembros de la federación por quien preguntaban uno de ello manifestó “entonces yo si voy a preguntarle a esa vieja” y, acercándose a la Doctora Esperanza Ramírez, delegada de la Defensoria del Pueblo, le preguntó sobre el señor Teófilo Acuña.
El día 29 de Marzo, alrededor de las diez de la mañana José Alfredo Atheortua se presenta a la entrada del evento e intentó ingresar al sitio de reunión; al negársele el ingreso por no ser afiliado a la federación, regresó minutos más tarde con miembros de la policía nacional quienes le reclamaron a los encargados de autorizar el ingreso el por que no dejaban ingresar a esta persona y, acto seguido, al ver que ingresaba un grupo de mineros manifestó que necesitaban entrar “por que estaban ingresando cuatro guerrilleros”, refiriéndose de esta manera a los asambleístas. Minutos después, ante la negativa de autorizar su ingreso la policía se retiró.
Posteriormente, a las 10:20 a.m., ingresó al sitio de la reunión el sargento primero Rojas, adscrito al Batallón Nariño de la segunda brigada de la primera división, quien manifestó que deseaba identificar a todos los miembros de la directiva de la federación y, además, estar presente durante el desarrollo de la asamblea. Ante esta pretensión, algunos miembros de la federación y de las organizaciones acompañantes dialogaron con él y le explicaron las razones de rango constitucional y legal por las cuales no podía participar en la asamblea. No obstante, este miembro del ejercito se empeñó en ingresar y permanecer en la asamblea manifestando que tenía facultades legales para hacerlo, al punto que se tuvo que establecer una conversación entre el referido miembro de la Fuerza Pública y la señora Sol María Pérez del Programa Vicepresidencial de Derechos Humanos, quien vía telefónica logró disuadirlo de sus pretensiones.
Además de los hechos señalados anteriormente, que han generado una gran preocupación dentro de los miembros de la asamblea, se han presentado otros hechos que afectan la región en general y agravan aun más la situación de alto riesgo en que viven estas comunidades y de los cuales señalamos los siguientes:
En la parte alta de Simití, que corresponde a veredas como humareda alta, humareda media, humaderita, la culebra y la carolina, la situación de orden público ha producido el desplazamiento de 50 personas hacia el municipio de Barrancabermeja y ha dejado en alto riesgo a unas 200 familias que todavía permanecen en sus tierras. En esta zona se han presentado combates, ha habido constantes ametrallamientos. Allí se encuentran operando grupos insurgentes, de las águilas negras y, también, es una zona donde el ejército realiza frecuentes operaciones militares. Asimismo, la zona de El Triángulo se encuentra, prácticamente, minada en su totalidad.
Igualmente, en la región se están adelantado operaciones de erradicación manual con una fuerte presencia del ejercito quienes han sido señalados por la comunidad de cometer daños contra sus bienes como la quema de casas y el robo de especies menores, situación que conlleva la realización de fuertes operativos militares y que, además, genera efectos nocivos para la salud, alimentación, medio ambiente y afecta el tejido social en general.
Por otro lado, este fin de semana, mientras la Asamblea se encontraba sesionando, se ha informado que en la vereda La Fortuna fue asesinado un hombre que se dice era informante del ejército por miembros del grupo guerrillero del ELN.
También, que este 29 de marzo fue asesinado un señor conocido como caliche en Mina Walter y, posteriormente, en horas de la tarde, dentro del casco urbano de santa Rosa dos señores de apellido Romero y Marín, que se desplazaban a pie desde el hospital hacia el centro de la población fueron baleados por dos hombres que se movilizaban en moto y de quien se dice son desmovilizados de las AUC.
En el municipio de San pablo existe una notoria presencia de paramilitares que han exhortado a miembros desmovilizado de sus filas para que se rearmen bajo la amenaza de que de no hacerlo se desquitaran con sus familias.
ANTE LOS ANTERIORES HECHOS, LA ASAMBLEA GENERAL DE FEDEAGROMINESBOL MANIFIESTA QUE:
• A pesar de los acuerdos firmados entre las comunidades agromineras del sur de Bolívar) y el gobierno nacional el 30 de octubre de 2006 en Santa Rosa del Sur (Bolívar)), se han seguido presentando hechos que configuran una persecución contra la federación, sus directivos y las asociaciones que las conforman.
• Los hechos recientemente acaecidos, además de configurar una violación del derecho de asociación y de las libertades de los afiliados a la federación, generan zozobra y constituyen una estimagtización de los procesos sociales, las actividades y los miembros de las comunidades agromineras del Sur de Bolívar. Asimismo, constituyen una invasión de la órbita de lo privado que vulnera los derechos consagrados constitucional y legalmente en favor de esta clase de organizaciones y los miembros que las integran.
• Debido a este tipo de presiones y al temor que generaron, el presidente de la Federación, señor Teófilo Acuña y su vicepresidente suplente, señor Rafael Arrieta, se vieron obligados a abandonar intempestivamente la asamblea para salvaguardar su vida e integridad física.
• La situación general de la región genera una grave situación de riesgo para las comunidades agromineras y una crisis humanitaria que tiende a agudizarse.
• Toda esta situación constituye una clara agresión contra la vida de nuestras comunidades y nuestros proyecto organizativos y de permanencia en el territorio en condiciones dignas
• A pesar de los hechos narrados la asamblea ha tomado la firme determinación de continuar con el desarrollo de la agenda que tenía programada, y solicita al Estado colombiano y a la Fuerza Pública el respeto de los derechos fundamentales de los participantes en la asamblea Asimismo, los hace responsables de cualquier hecho que atente contra estos derechos.
• La asamblea exige al Gobierno Nacional las garantías para que los miembros de la comisión y la mesa de interlocución del sur de Bolívar, entre quienes se encuentra el presidente de la FEDEAGROMISBOL, TEOFILO ACUÑA, asistan y puedan desplazarse libremente, para desarrollar la agenda prevista en la Mesa Minera programada para este 1 y 2 de Abril.
• La asamblea general de la fedeagromisbol hace un llamado a todas las organizaciones que trabajan en defensa de los derechos humanos para que contribuyan mediante sus buenos oficios a la difusión, divulgación y denuncia de estos hechos y su apoyo a la causa en pro de la defensa de la vida digna y la permanencia en el territorio de las comunidades agromineras del Sur de Bolívar.
Atentamente.
VI Asamblea General de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar.
Organizaciones acompañantes.
Corporación Servicios Profesionales Comunitarios Sembrar.
Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, PDPMM.
Equipos Cristianos de Acción por la Paz, ECAP.
La Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia.
Diócesis de Magangue.
Programa No Gubernamental de Defensores de Derechos Humanos.
Organización Femenina Popular, OFP.
Defensoria del Pueblo.
Administración Municipal de Tiquisio.
FOS-Colombia
Fondo para La Sociedad Civil Colombiana por la Paz, los Derechos Humanos y la democracia.
Iniciado por ASDI, administrado por Forum Syd*
*Los análisis y opiniones aquí expresadas no reflejan necesariamente las opiniones de quienes apoyan esta publicación.
|