La Corporación Jurídica Libertad se permite poner en conocimiento de la opinión pública nacional e internacional la decisión tomada en el día de hoy por la Comunidad de Paz de San José de Apartadó:

1. Ante la decisión unilateral del gobierno nacional de ingresar al casco urbano de San José de Apartadó fuerza pública -policía nacional- irrespetando los principios de Comunidad de Paz y desconociendo las diferentes resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las cuales se ha dispuesto que la seguridad de las personas que la integran debe darse de una manera concertada y sin la presencia de integrantes de la fuerza pública que coloquen en riesgo la vida y la integridad de las personas; el conjunto de la población campesina que integra el proyecto de Comunidad de Paz ha tomado la decisión de realizar un desplazamiento masivo hacia la finca La Holandita en donde se ha establecido un campamento humanitario.

2. En la resolución de medidas provisionales dictada el 15 de marzo de 2005 por la Corte Interamericana de Derechos humanos hizo expresa alusión a la delicada situación padecida por los integrantes de la comunidad de Paz al manifestar Que los últimos hechos de violencia e intimidación a que fueron sometidos varios miembros de la Comunidad de Paz, y el asesinato de ocho de sus integrantes, entre ellos uno de sus líderes, el señor Luis Eduardo Guerra Guerra y su familia, demuestra la situación de inseguridad en la que se encuentran los beneficiarios de las presentes medidas provisionales, ya que la muerte de dichas personas evidencia una situación de extrema gravedad y requiere medidas eficaces y urgentes de protección. La muerte de un líder comunitario puede ser interpretada dentro de un proceso de amedrentamiento y paralización de los miembros de la Comunidad de Paz, el cual implica su desarticulación lo que pone en riesgo la supervivencia de la misma y especialmente la de sus miembros, cuyas vidas e integridad personal siguen siendo gravemente atacadas.

3. Desde el inicio de esta semana la Corporación jurídica Libertad la solicitó a la Vicepresidencia de la República aclarara y definiera la política de tratamiento para la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, por cuanto ante los diferentes pronunciamientos públicos ofrecidos por el Presidente de la República, Alvaro Uribe Vélez y el Ministro de Defensa, Jorge Alberto Uribe, luego de ocurrida la masacre del 21 de febrero, mediante los cales se anunciaba el ingreso de la fuerza pública, e incluso el aniquilamiento del proceso de comunidad de Paz; sin mayores esfuerzos se entendía que lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos humanos en las cinco resoluciones dictadas sobre este tema, serían objeto de incumplimiento definitivo.

4. Durante los días 30 y 31 de marzo del presente año se han presentado una serie de incidentes provocados por integrantes de la Policía Nacional en el caserío de San José, que han colmado la paciencia no solo de los pobladores que hacen parte de la Comunidad de Paz sino también de aquellos otros que no la integran, lo cual ha obligado el desplazamiento masivo.

5. Con el propósito de evitar saqueos y montajes sobre las viviendas desocupadas desde el día de ayer se solicitó la presencia del Defensor Regional de Urabá para que constatara el estado en que estas quedaban.

6. El predio en donde se ha establecido el campamento es propiedad de la Comunidad de Paz, por lo tanto esperamos que la fuerza pública bajo ninguna circunstancia lo invada o penetre arbitrariamente con el propósito de continuar hostigando y persiguiendo a personas que allí se han refugiado.

7. Ante el hecho consumado del ingreso de la Policía Nacional al casco urbano de San José, desconociendo los diferentes niveles de concertación y seguimiento establecidos como derivación de lo dispuesto en las resoluciones de medidas provisionales, los integrantes de la Comunidad de Paz se han visto forzados a no interlocutar en el espacio de seguimiento habilitado para ello y en adelante solo mantendrán relaciones con la Defensoría del Pueblo y con la Procuraduría General de la Nación, como instancia encargadas constitucionalmente de velar por la garantía y el respeto de los derechos fundamentales que les asisten. Decisión que es apoyada irrestrictamente por la Corporación Jurídica Libertad en su condición de organización no gubernamental representante de la Comunidad de Paz de San José ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

8. Convocamos la acción solidaria de personalidades y organizaciones nacionales e internacionales para rodear a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó en esta trascendental decisión que se ha visto obligada a tomar ante el acoso criminal adelantado por el gobierno del Presidente Uribe.

CORPORACION JURIDICA LIBERTAD

Medellín, abril 1º de 2005