Bogotá, 14 de marzo de 2008

Señores
Presidencia de la República
Vicepresidencia de la República
Bogotá

Hago de conocimiento público las amenazas de las cuales he sido objeto, junto con otras organizaciones y dirigentes de derechos humanos y políticos, en una carta enviada por las Águilas Negras el Rearme, Bloque Metropolitano de Bogotá, el pasado miércoles 12 de marzo. En este documento nos declaran objetivo militar fase A, nos señalan como guerrilleros y que comenzaran a matarnos “uno por uno. Vamos a ser impecables. No dejaremos cabo suelto”.

Las amenazas se suceden luego de la marcha del 6 de marzo y de una gira en el exterior realizada en representación de las organizaciones de las cuales hago parte (ORGANIZACIONES DE MUJERES, JÓVENES, PAZ, VÍCTIMAS Y ARTÍSTICAS). Dicha gira tenía como objetivo dar cuenta de las vulneraciones de derechos humanos en Colombia, los niveles de impunidad y la compleja dimensión del conflicto colombiano. Es de suma preocupación que luego de hacer uso del derecho a la protesta, a la libre expresión, a la comunicación, a la justicia y a la verdad, estos grupos nos amenacen a muerte.

Resulta igualmente preocupante que esto suceda luego de los señalamientos de diversas personalidades del gobierno de que la marcha es convocada por las FARC y para su apoyo, así como del manejo parcial de los medios de comunicación a los sucesos que han tenido lugar en los últimos meses. Hemos ratificado de manera enfática y permanente que no somos simpatizantes, ni aliados, ni parte de este grupo guerrillero y que rechazamos todo tipo de violencia.

Denunciamos que en Colombia no hay garantías para el ejercicio de la oposición, ni para el trabajo como defensores de derechos humanos, y mucho menos como víctimas sobrevivientes en exigencia de sus derechos. No es la primera vez que soy objeto de acciones de intimidación, las cuales han tenido lugar desde la desaparición y asesinato de mi padre JAIME ENRIQUE GÓMEZ VELASQUEZ. En Colombia el Estado tampoco brinda condiciones de seguridad para el desarrollo de nuestro trabajo. El año pasado solicite medidas de protección que fueron negadas por el Ministerio del Interior y de Justicia, pese a la evidencia de los niveles de inseguridad y vulnerabilidad.

En de anotar que en dicho comunicado las Águilas Negras plantean que actúan con “apoyo y la tolerancia del Estado y la ciudadanía en general”. Mi tarea, y la de todas las organizaciones y personas allí señaladas, es en ejercicio de derechos consagrados en la Constitución Política y de la oposición, la cual debe tener garantías en cualquier sociedad democrática por parte de todas las instituciones del Estado y sus representantes, quienes debe propender por climas de debate y diálogo, y no por exacerbar odios, señalamientos, unanimismos ni polarización que sólo contribuye a la prolongación del conflicto que vive el país.

Hago responsable al Estado colombiano, al presidente y vicepresidente de la República, quienes deben garantizar nuestra seguridad, de cualquier otra vulneración de la que sea objeto en mi calidad de ciudadana, víctima y activista de derechos humanos.

DIANA MARCELA GÓMEZ CORREAL