Resolución del IV Encuentro del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado

El IV Encuentro del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado invita a todos los sectores de la sociedad, y en primer lugar, a todas las organizaciones de la población desplazada, las asociaciones campesinas, los pueblos indígenas y las comunidades afrocolombianas, a deliberar sobre la convocatoria de una gran conferencia nacional sobre tierras y territorios. Este evento proponemos que discuta temas como la recuperación de la tierra y los territorios que han sido usurpados a comunidades rurales por los paramilitares, los terratenientes y ganaderos, los narcotraficantes, las empresas multinacionales y los parapolíticos. Asimismo que debata acerca de las vías para una verdadera reforma agraria democrática, la preservación de las culturas productivas de los pueblos originarios, los efectos sociales y ecológicos de los modelos agroindustriales, la utilidad social de la política de extinción de dominio, y mecanismos de catastro alternativo de tierras y bienes.

Como es sabido, los paramilitares, los militares, y sus jefes económicos y políticos han robado entre seis y catorce millones de hectáreas a cientos de comunidades por medio de cruentas incursiones que han dejado miles de desaparecidos y asesinados, así como han generado el desplazamiento forzado de cerca del 10 % de la población nacional. En esas tierras y territorios se han implantado megaproyectos económicos, destructivos sistemas de economía agroindustrial, y enclaves de las compañías multinacionales. Se trata de un modelo neolatifundista.

En vez de reparar debidamente a las víctimas del despojo, el Gobierno Nacional quiere destinar las pocas tierras que son incautadas o recuperadas a la explotación de empresas agroindustriales. El reciente caso de la finca Carimagüa es apenas uno de los episodios que ilustra un procedimiento corriente. Otros ejemplos son lo ocurrido con las tierras robadas en zonas del Bajo Atrato y en el Curvaradó. Las instancias encargadas de la extinción de dominio y de la legalización de tierras están en manos de los paramilitares y los parapolíticos. El proyecto de decreto que ordena la llamada reparación administrativa no contempla a la población desplazada como beneficiaria de medidas indemnizatorias.

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado reafirma que la solución del problema de las tierras y los territorios, es una cuestión estratégica para la vida de las comunidades, para la salida del conflicto armado, y para el desarrollo nacional. La realización de la Conferencia Nacional sobre Tierras y Territorios deberá ser una oportunidad y un espacio de deliberación democrática para encontrar nuevas propuestas sobre este asunto crucial para el destino de la sociedad colombiana. Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado

Resolución adoptada por 1.500 delegados venidos de todo el país a su IV Encuentro Nacional

Bogotá D.C. 8 de marzo de 2008