Comunicado Público

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Como red europea de organizaciones no gubernamentales, agencias de cooperación, Organizaciones de Iglesia y de derechos humanos, queremos aprovechar la visita del presidente Uribe a Europa para reafirmar lo siguiente:

* Si bien la reciente liberación de Clara Rojas y de Consuelo González, se constituyó en una esperanza para llegar a un acuerdo humanitario e incluso para avanzar hacia una salida política negociada al conflicto armado en Colombia, lamentamos el deterioro de las relaciones bilaterales entre Colombia y Venezuela, que parece afectar negativamente la posibilidad de liberación de las demás personas cautivas, por ese camino.

* Nos preocupa altamente las consecuencias del conflicto armado interno sobre la población civil, los 4 millones de personas desplazadas, y el alto número de homicidios fuera de combate. En el primer periodo del presidente Uribe, los grupos guerrilleros fueron responsables del 25% de estos homicidios (1.591 víctimas); los grupos paramilitares, en violación al cese al fuego, fueron responsables del 61% (3.907 víctimas) y la fuerza pública fue responsable directamente de un 14% (908 víctimas)1.

* Condenamos las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario cometidas por los grupos guerrilleros como los homicidios y el secuestro de civiles, el uso de niños y niñas para la guerra, la siembra de minas antipersonales. Subrayamos que las FARC-EP y el ELN, como partes del conflicto, deben respetar el derecho humanitario y deben responder por sus infracciones.

* La dramatica situación de las víctimas mostrada por los medios de comunicación recientemente merece la atención de todos. A la vez no deber ser utilizada para distraer la atención de la situación no menos dramática de las víctimas de los otros actores del conflicto: los actores estatales y paraestatales quienes, operando conjuntamente en muchas regiones de Colombia, han sido responsables del 75% de los homicidios fuera de combate entre 2002 et 2006.

* La impunidad casi total y estructural que sigue siendo la norma en Colombia, no permite que se superen estos records de derechos humanos. La activa, sistemática e histórica participación de numerosos políticos y parlamentarios afines al actual gobierno, de altos funcionarios, y de amplios sectores de la fuerza pública en los crímenes del Paramilitarismo, debería obligar al gobierno a ser ejemplar en la lucha contra la impunidad. En vez de esto, vemos que los primeros avances contra la impunidad logrados por la Corte Suprema de Justicia se dan en un ambiente de hostilidad por parte del gobierno colombiano. Los paramilitares siguen cometiendo crímenes que el gobierno minimiza o desconoce.

* Preocupa grandemente que las ejecuciones extrajudiciales por parte del Ejército Nacional, hayan aumentado en los últimos años a lo largo del país.

* Ante este panorama, vemos como una necesidad urgente la implementació n inmediata y completa de las recomendaciones de Naciones Unidas sobre derechos humanos por parte del gobierno colombiano y de los demás actores armados.

* El momento nos parece favorable para insistir en salidas negociadas, para lograr la liberación de todos los secuestrados así como otros acuerdos humanitarios y para preparar el camino de un proceso de paz. Saludamos todas las iniciativas desde Colombia y a nivel internacional que van en este sentido, al tiempo que condenamos aquellas que buscan incrementar la confrontación y generar más desconfianza entre las partes en conflicto.

* Colombia necesita urgentemente una política integral de paz por parte del Estado, con participación de la sociedad civil, y con un nivel de prioridad política y presupuestal superior al esfuerzo dedicado a la guerra2. Llamamos a la Comunidad Internacional para que en el marco del Derecho Internacional se constituya en garante para la búsqueda de acuerdos humanitarios y de un proceso de paz integral en Colombia

21 de enero de 2008

1 Comisión Colombianande Juristas, Colombia 2002-2006: Situación de derechos humanos y derecho humanitario, p. 3

2 Para 2008, 58.4% de los salarios que se pagarán dede el presupuesto nacional han sido asignados al Ministerio de Defensa; el 65% de los gastos de inversión totales del gobierno nacional se hará en equipo militar. Ver Portafolio 14 de agosto de 2007, El Tiempo, 14 de Agosto de 2007, Asobancaria Semana Economica, 10 de agosto de 2007, citado por José Fernando Isaza Delgado y Diógenes Campos Romero, Algunas consideraciones cuantitativas sobre la evlocuión del conflicto en Colombia, Dic. 2007.