El pasado 07 de enero, apenas terminaban las fiestas decembrinas, siete detenidos políticos beneficiarios de Medidas Cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en mayo del año 2004 – por la situación de vulnerabilidad en la que vivían los Presos Políticos en la Penitenciaría de Palo Gordo- se declararon en huelga de hambre indefinida, al estar hace más de 2 años clasificados en la fase de Mediana Seguridad y realizar varias solicitudes formales para que se les aplique el tratamiento penitenciario de acuerdo a su clasificación, solicitando del gobierno colombiano una solución pronta y real a su situación, obteniendo silencio, evasivas y dilaciones por parte del Inpec.

Desde el año 2005 algunos de estos detenidos han sido clasificados en fase de mediana seguridad, pues cumplen con las nomas consagradas en la Ley 65 del 93, esto significa que el tratamiento que debe ser dado a estos reclusos se diferencia del de la fase de alta seguridad, pues son personas ya han cumplido lo normado en el art. 144 de la ley 65/93, viola así el propio INPEC la racionalidad del tratamiento penitenciario y de la pena.

Por una interpretación restrictiva y perversa de la Medida Cautelar otorgada por la CIDH desde su comienzo, los Presos Políticos beneficiarios de las Medidas ha tenido que vivir situaciones de represión, amenazas y violaciones a sus derechos en esta penitenciaría.

Hoy los Presos han informado que varios de los huelguistas ya se encuentran con evidente deterioro de su salud y la administración se ha negado a tener una reunión con ellos en busca de dar solución a la solicitud de darles tratamiento de mediana seguridad como esta previsto en la Ley, en un establecimiento apropiado para ello.

La Seccional Santander ha solicitado a la dirección general del INPEC, la dirección de la Penitenciaria, Ministerio del Inter y de Justicia una verificación de la situación de los huelguistas, así como solución inmediata dentro del marco de la aplicación de las mediadas cautelares de las que estos detenidos son beneficiarios y sin que hasta el momento el INPEC y demás autoridades hayan dado respuesta.

Bucaramanga enero 14 de 2008