Abogados de víctimas de desaparición forzada -caso Palacio de Justicia- rechazan las indebidas presiones del alto mando militar a los Jueces de la República. “Estas manifestaciones constituyen una indebida presión al Tribunal Superior de Bogotá, y un franco debilitamiento del Estado de Derecho, pues evidencia una injerencia del Ejecutivo en las actuaciones de la Rama Judicial. Las expresiones del General Navas afectan la libertad y autonomía con que debe actuar la Justicia frente a casos de graves violaciones a los derechos humanos”, indican los juristas.
Después de tres días de deliberaciones en Buenos Aires, los participantes al encuentro Haciendo Paz en Colombia presentan las siguientes conclusiones a la opinión pública:
En el marco de su labor de defensa de los derechos humanos, apoderó a nivel nacional e internacional a cinco grupos de personas que se identificaron como familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada y desplazamiento forzado en los hechos ocurridos entre el 15 y 20 de julio de 1997, conocidos como la Masacre de Mapiripán. Entre las víctimas apoderadas se encuentra la señora Mariela Contreras y su familia, quien fue reconocida igualmente como víctima en las instancias nacionales, con posterioridad a que rindiera declaración ante la Fiscalía General de la Nación.
Bogotá (Colombia), 16 de diciembre de 2011. Pese a la existencia de suficiente material probatorio que señala la responsabilidad penal de IVAN RAMÍREZ QUINTERO, GUSTAVO AREVALO MORENO y FERNANDO BLANCO GÓMEZ, por las desaparición forzada de once personas en los hechos de la retoma del Palacio de Justicia, la Juez Cristina Trejos Salazar del Juzgado 51 Penal del Circuito de Bogotá, dicto sentencia absolutoria. Destaca la Juez en el fallo, que no existe duda en la existencia de las personas desaparecidas, sino en el nivel de participación de los militares retirados.
Autoridades indígenas del Resguardo Santa Lucía de Mesetas - Meta- denunció la ejecución extrajudicial de un aborigen a manos de tropas del Ejército Nacional "Preocupa a nuestra comunidad la forma en que las fuerzas militares se extralimitan en sus funciones y acciones, violando nuestra carta política y los tratados internacionales suscritos por el estado Colombiano." afirma el gobernador del Resguardo HIPÓLITO YANDI CAMPO. Y agrega: "El asesinato de nuestro compañero llena de mucha preocupación y tristeza a la comunidad indígena y campesina en general del cabildo de Villa Lucia, ya que nuestro compañero era una persona honrada, honesta y trabajadora, cumplidor de sus deberes, humilde, sin antecedentes judiciales, perteneciente a una comunidad cristiana, esposo de la señora EDIHT BENITES BECOCHE identificada con C.C No 1.105.870.484 expedida en el municipio de Roncesvalles (Tolima), de este hogar quedan 2 hijos, entre ellos una bebe de 16 meses de nacida"
Portada del sitio > Audio y Video > INFORME PRELIMINAR DE LA MISION INTERNACIONAL DE OBSERVACIÓN SOBRE (…)
Viernes 12 de octubre de 2007, por
La Misión Internacional de Observación sobre Ejecuciones Extrajudiciales e Impunidad en Colombia, compuesta por 13 profesionales independientes (juristas, periodistas, antropólogos forenses y expertos en derechos humanos) procedentes de Alemania, España, Estados Unidos, Francia y Reino Unido, ha desarrollado su trabajo entre los días 4 y 10 de octubre de 2007 a invitación de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU). El objetivo de la misión ha sido la verificación de la existencia de ejecuciones extrajudiciales en Colombia y la presentación de observaciones y recomendaciones al respecto, divididos en cuatro grupos de trabajo que han recibido testimonios de casos ocurridos en una gran parte del territorio colombiano .
La Misión [1] ha consistido en la recepción de testimonios de familiares y testigos referidos a 132 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales, así como información sobre procesos judiciales llevados adelante por organizaciones no gubernamentales de derechos humanos. La Misión ha contado con el apoyo de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas en Colombia, ha mantenido entrevistas con representantes de las altas instituciones del Estado y el gobierno colombiano, autoridades regionales y diversas organizaciones sociales. La Misión es consciente del contexto de conflicto armado interno y de la existencia de denuncias de violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario por todos los actores armados
Informe presentado en Bogotá, el 10 de octubre de 2007
[1] Misión organizada por la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU) que es una coalición que agrupa 187 organizaciones de derechos humanos y sociales en varias regiones del país y Corporación Sembrar, Comité de derechos humanos “Joel Sierra”, Comisión de Vida, Justicia y Paz de la Diócesis de Quibdó, Comisión Colombiana de Juristas, Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, Fundación Reiniciar, Corporación Yira Castro, Humanidad Vigente, Asociación Minga, Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Colectivo de derechos humanos Semillas de Libertad (Codehsel), Fundación Sumapaz, Asociación Campesina de Antioquia, Cristianos y Cristianas por la Vida y la Paz, Asfaddes, Comité Permanente Héctor Abad Gómez, ANDAS Secc Medellín, y Corporación Jurídica Libertad. Federación Agrominera del Sur de Bolívar, el Comité de integración social del Catatumbo (CISCA), Grupo Interdisciplinario por los derechos humanos y Asociación de Pequeños y Medianos Productores del Oriente Antioqueño (ASOPROA), Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria (Cos-pacc).
FOS-Colombia
Fondo para La Sociedad Civil Colombiana por la Paz, los Derechos Humanos y la democracia.
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