Santiago de Cali Junio 5 de 2007

El desconcierto por la muerte de los 11 exdiputados de la Asamblea Departamental del Valle, es el mismo desconcierto que sentimos por la prolongación infinita del conflicto social y armado en nuestro país, pero sobre todo por la negligencia de un estado autoritario, que libera de manera unilateral detenidos de la insurgencia, mientras realiza operativos militares contra la población civil y ejecuta acciones de rescate a los secuestrados desconociendo el clamor nacional que exigía un acuerdo humanitario. ¿A quien pretendía distraer el presidente Uribe?, ¿A la comunidad internacional?, ¿Al Gobierno Francés?, ¿A los familiares de los secuestrados?

¿Por que los medios de comunicación informaban de esta liberación pero no se pronunciaban frente los ataques contra la población civil del Valle del Cauca, Nariño y sur del Cauca?, ¿Por que el gobierno insiste que no hubo acciones militares y no tenían inteligencia del lugar donde estaban los secuestrados si los mismos reinsertados que están bajo su protección los desmienten públicamente en los medios de comunicación?

Para nadie es un secreto que Colombia ha sido escenario de Crímenes atroces, masacres, desapariciones forzadas, asesinatos selectivos e indiscriminados, torturas, detenciones masivas e ilegales, abusos sexuales, amenazas permanentes y exilios provocados por la acción directa de la fuerza pública, en complicidad con bandas paramilitares.Son más de cincuenta mil campesinos, obreros, estudiantes, indígenas, afro descendientes, que han perdido la vida en los últimos 20 años. El suelo colombiano esta tapizado de muertos y fosas comunes donde posiblemente se encuentren las miles de victimas de desaparición forzada cometida en este país. La impunidad que cobija estos crímenes es total y se pretende legalizar con la ley 975, mal llamada ley de justicia y paz que beneficia a los victimarios y esconde la responsabilidad estatal frente a la barbarie y el terror instaurado en todo el país.

El Estado Colombiano, los Gremios Económicos, la Iglesia, han omitido históricamente pronunciarse por los crímenes de lesa humanidad contra todos los sectores sociales organizados, sin embargo hoy bajo el lema “Siempre firmeza gobierno, siempre firmeza”, convoca a la comunidad nacional a marchar contra los violentos. ¿Quienes son los violentos? ¿La doble moral y el cinismo estatal convocan a caso a luchar contra los que en este mismo instante están masacrando y desplazando violentamente a las comunidades en todo el territorio nacional? ¿Convoca a caso a marchar contra los grupos paramilitares aparentemente desmovilizados que hoy se hacen llamar Águilas Negras o Nueva Generación?

El estado colombiano amparándose en el dolor de los familiares de los secuestrados intenta legitimar la política de seguridad democrática y busca apoyo para intensificar el conflicto social y armado obviando el clamor nacional por el acuerdo humanitario que encuentra respaldo en los gobiernos de Francia, Suiza y España.

Rechazamos las palabras del mandatario ALVARO URIBE VELEZ en las cuales manifiesta que “la ciudadanía también debe aprovechar la marcha para exigir al Gobierno Nacional firmeza en la lucha contra el terrorismo, cero claudicaciones y un no rotundo al despeje”. Esta frase lapidaria entierra autoritariamente las posibilidades de una salida humanitaria al conflicto social y armado en Colombia.

Exigimos del presidente Álvaro Uribe Vélez, no continuar exacerbando el conflicto y generar las acciones necesarias para facilitar la entrega de los exdiputados a sus familias, mediante una comisión internacional de garantes, que establezcan las circunstancias reales en las que perdieron la vida los exdiputados.

Demandamos del Gobierno Nacional una propuesta seria para iniciar el Acuerdo Humanitario, sin más dilaciones, teniendo en cuenta que esta propuesta hace parte de las normas internacionales y se constituye en una de las conquistas de la humanidad, para la defensa de la población civil ante los horrores de la guerra.

Solicitamos a la comunidad nacional e internacional realizar una permanente veeduría sobre las graves violaciones de derechos humanos que se vienen presentando en el Valle del Cauca, Nariño y Sur del Cauca.

Saludamos la propuesta de los gobiernos de Francia, España y Suiza en el sentido de que se nombre por parte de la ONU una comisión de encuesta para el seguimiento del conflicto interno.

Campaña Prohibido Olvidar

Asociación Para la Investigación y Acción Social Nomadesc

Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos Valle del Cauca (CPDH)

Secretaria de Derechos Humanos de la CUT Valle

Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos Valle

Sintraunicol Sub Directiva Cali