Noventa y cinco familias colombianas que en total suman 354 personas, se desplazaron desde el día jueves 22 de febrero del 2007 a la parroquia ecuatoriana de Chical ubicada al noroccidente de la provincia de Carchi en la línea fronteriza con Colombia, a raíz del asesinato del profesor y líder comunitario Manuel Fueltala y a las amenazas de muerte que sufrieran varios miembros de algunas de esas familias por parte de grupos armados irregulares colombianos.

La parroquia de Chical se encuentra frente a la vereda colombiana de Tallambí, lugar del que provienen los refugiados de los cuales, alrededor de un 60% son menores de edad.

Hasta el momento ninguna autoridad colombiana se ha preocupado por la situación de los desplazados de la población de Tallambí por lo cual instamos a todas las instancias internacionales que por los canales adecuados que crean pertinente expresen su preocupación al gobierno colombiano por la desatención estatal y de seguridad a sus propios ciudadanos, que son damnificados de la ineficacia de la Política de «Seguridad Democrática» en la zona de frontera con el Ecuador, así como soliciten acciones que eviten estas violaciones al Derecho Internacional Humanitario.

La muerte del dirigente comunitario Manuel Fueltala no puede quedar en la impunidad y tanto los organismos de justicia cuanto de control público de Colombia deben investigar y sancionar a los responsables de estos hechos.

Ejército oficial colombiano viola y se posesiona temporalmente de territorio ecuatoriano.

A pocos días de sucederse el masivo desplazamiento de familias colombianas a la provincia del Carchi, dirigentes comunitarios, habitantes locales y autoridades regionales de esta zona limítrofe con Colombia, procedieron a denunciar que el día de ayer, miércoles 28 de febrero, se produjo una nueva incursión del Ejército oficial de Colombia a territorio ecuatoriano, esta vez en el sector limítrofe ubicado entre Cerro La Quinta y Cerro Troya.

24 horas antes de la incursión militar colombiana denunciada por autoridades y población local, aparecieron destruidos los mojones (hitos) que delimitan la frontera ecuatoriano-colombiana, ubicados desde el año 2000.

A pesar de que las autoridades de Colombia, cuanto la Cancillería ecuatoriana han negado el hecho, presumiblemente en aras de «bajar las tensiones en la frontera», el hecho nos fue confirmado testimonialmente por el Prefecto Provincial del Carchi René Yandún, por las autoridades locales de la Junta Parroquial Urbina, la región donde se originó la denuncia de invasión y posesión territorial temporal por parte del Ejército de Colombia y por la Red Fronteriza de Paz del Carchi, que aglutina a las organizaciones, comunidades y poderes locales de toda la línea de frontera con Colombia, quienes aportaron sus testimonios sobre el hecho, ocurrido el día de ayer en la zona de delimitación fronteriza, donde se apostaron militares del Ejército colombiano.

Debido a la repercusión de las denuncias de los habitantes y autoridades provinciales, el día de hoy, 1 de marzo, en horas de la mañana autoridades y habitantes de la Junta Parroquial Urbina decidieron realizar una caminata hasta el lugar (zona territorial ecuatoriana, invadida temporalmente por el Ejército oficial de Colombia), se apostaron en los mojones (hitos) destruidos entre Cerro La Quinta y Cerro Troya, cantaron el himno nacional y fueron testigos a las 11H30 del día, de cómo se retiraron los soldados colombianos a su territorio, y cómo los soldados ecuatorianos se retiraron de igual forma.

Creemos en la buena fe y patriotismo de nuestra Canciller, Dra. María Fernanda Espinoza, más le pedimos que rectifique su proceder, pues sospechamos que -como ella no tiene experiencia en el complejo tema fronterizo ni se ha trasladado directamente al lugar donde se produjeron estos hechos recientes, ni ha entablado diálogo directo con los dirigentes comunitarios y autoridades locales, apresurándose a descalificar sus denuncias- estaría siendo víctima de una Estrategia de Engaño para conducirla a cometer repetidos errores, como la reciente aceptación a la repetitiva «Comisión Tripartita» de análisis de impactos de las fumigaciones, por parte de la conservadora estructura administrativa de la Cancillería ecuatoriana, que sigue incólume y vigente, a pesar de que actuó contrariamente a los intereses nacionales en los funestos períodos de los ex-ministros de RREE José Ayala Lasso, Benjamín Ortiz, Heinz Moeller y Patricio Zuquilanda, etapa que por fin ha sido superada gracias a la actitud de los ex-Cancilleres Antonio Parra y Francisco Carrión, en el gobierno anterior, y gracias a la Firme Política Exterior, de Dignidad, Soberanía y Paz, sostenida por el actual Presidente de la República, Rafael Correa Delgado, la cual apoyamos de manera responsable.