Este número de Noche y Niebla inicia una nueva etapa de nuestro Banco de Datos, no por algún ajuste en nuestro marco de lectura sino por las restricciones impuestas por el recorte de medios financieros.

Pero si hemos tenido que renunciar al registro cotidiano de muchos diarios nacionales y regionales, de los cuales extraíamos muchos casos que eran clasificados como “hechos de violencia política”, dado que a las circunstancias que se relataban, que los relacionaba sin duda con el conflicto social y político, no era posible añadir el señalamiento de algún autor, al menos en términos genéricos, sin embargo, la vinculación progresiva de grupos y organizaciones regionales a los esfuerzos del Banco por salvaguardar la memoria de las víctimas, nos ha permitido registrar casos más sólidos, apoyados en la comprensión que tienen de las circunstancias particulares de cada territorio las organizaciones sociales y los grupos locales de derechos humanos.

Es necesario insistir en que nuestros datos no pretenden informar sobre la totalidad de las violaciones a los derechos fundamentales que se producen en Colombia, pues cada vez nos convencemos más de que esa es una tarea imposible, dados los bloqueos de todo orden con los que tropieza la denuncia en nuestro medio. Pero este primer esfuerzo que hacemos, en gran parte desprendidos de la información de los medios masivos, nos muestra que la cualificación de la información no la distancia demasiado de su ponderación cuantitativa.

Por ello son aún más significativas las tendencias que se pueden detectar en este primer semestre de 2006 al compararlas con el segundo semestre de 2005, cuando el peso de la información de prensa era todavía muy fuerte. Tanto el total de violaciones graves a los derechos humanos fundamentales (Vida, Integridad y Libertad), como el total de infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario, fueron más numerosas en el primer semestre de 2006 que en el segundo de 2005:

Esta sola constatación cuestiona profundamente los efectos de las políticas gubernamentales sobre los derechos humanos.

Otra conclusión preocupante sobre este período es la comprobación de la responsabilidad creciente de los agentes del Estado, especialmente del Ejército y la Policía, en la violación de los derechos humanos, si se la compara con la responsabilidad descendiente de los paramilitares: en el primer semestre de 2006 se atribuyen al Ejército 514 violaciones graves a los derechos humanos, mientras en el segundo semestre de 2005 se le atribuían 255 (aumento en un 100%), y a la Policía 379 en el primer semestre de 2006 frente a 148 en el segundo semestre de 2005 (aumento en más de 150%). Entre tanto las atribuciones de responsabilidad a los paramilitares en violaciones graves a los derechos humanos, pasaron de 325 en el segundo semestre de 2005 a 282 en el primer semestre de 2006 (un 13% menos). Queda como tarea de los analistas descubrir hasta qué punto la presión por “positivos” que se siente desde las altas jerarquías de las fuerzas armadas, está llevando a perpetrar progresivamente más atropellos. Es significativo que las desapariciones forzadas hayan pasado, en nuestros limitados registros, de 26, en el segundo semestre de 2005, a 72, en el primer semestre de 2006.

La decisión que tomamos de suprimir la información relativa a las acciones bélicas, se ha visto reforzada por los últimos acontecimientos que han desatado una profunda polémica nacional a raíz de las denuncias, realizadas por la misma Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, acerca de numerosos casos de “muertes” que se informan como efectos de “enfrentamientos armados” siendo en realidad ejecuciones extrajudiciales.

Hemos procurado acoger, con mayor extensión, los relatos sobre las circunstancias que han rodeado los atentados contra la vida, la integridad y la libertad, conscientes de que la palabra misma de las víctimas y los testigos, adquiere importancia de primer orden desde una perspectiva histórica.

Banco de de Datos de Derechos Humanos y Violencia Políica, cinep

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