COLOMBIA
Un ambiente turbio que el Presidente podría disipar con unas palabras

Las recientes declaraciones del Presidente de la República, del Vicepresidente de la República y del Alto Comisionado para la Paz estimulan la ocurrencia de ataques contra líderes sociales y defensoras y defensores de derechos humanos; polarizan innecesaria y peligrosamente el debate electoral, durante las últimas semanas de campaña; y soslayan su obligación de pronunciarse con claridad sobre el apoyo que reiteradamente ofrecen los grupos paramilitares a su campaña de reelección. El Presidente de la República debe pronunciarse urgentemente sobre la conveniencia, la legitimidad y la legalidad de la labor que cumplen las organizaciones sociales que defienden intereses colectivos y las organizaciones sociales y no gubernamentales de derechos humanos.

Algunos hechos. Entre muchos otros hechos ocurridos durante lo corrido de 2006 (véase anexo), registramos con preocupación y deploramos: i) las amenazas recibidas por la Fundación Manuel Cepeda, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, y el Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos (Ilsa); ii) las 121 agresiones que ha sufrido la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, durante el período comprendido entre el 1° de marzo de 2005 y el 29 de abril de 2006; iii) los cinco robos recientes de información de que fueron víctimas la Asociación Centro de Desarrollo y Asesoría Psicosocial Taller de Vida, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, en Bogotá, y la Asamblea de la Sociedad Civil por la Paz de Cartagena y la Fundación Tierra Patria, en Cartagena (Bolívar); iv) el video en el cual se señala como blancos militares a Gloria Cuartas, Javier Giraldo, s.j., y al periodista Holman Morris; v) el asesinato de Jaime Enrique Gómez Velásquez (21 de marzo de 2006) y la difusión de versiones amañadas y distorsionadas sobre los hechos que rodearon su desaparición y muerte, que contradicen las evidencias judiciales; vi) v) la propaganda política de la campaña Adelante Presidente en la cual se acusa al movimiento político Unión Patriótica de asesinar personas y se justifica el tratamiento militar que pueda darle el presidente Álvaro Uribe Vélez; vii) el asesinato de Higinio Baquero Mahecha (12 de abril de 2006), sobreviviente del genocidio en contra del movimiento político Unión Patriótica en el Meta, quien se desempeñaba como escolta de confianza de Jahel Quiroga, directora de la Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos Reiniciar; y vii) el acoso permanente y la irregular judicialización de que vienen siendo objeto la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y otras organizaciones del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado.

Los pronunciamientos oficiales. Durante las últimas semanas, el Gobierno de Colombia ha sostenido que las "autodefensas son cosa del pasado", que no existen evidencias sobre la existencia unas "supuestas autodefensas de tercera generación" y que las críticas a la desmovilización de los grupos paramilitares son "afirmaciones fatalistas, premoniciones de mal agüero, que de una u otra forma deslegitiman el esfuerzo que venimos adelantando"[1] . También ha manifestado que resulta alarmante que se siga hablando de paramilitarización de la sociedad, cuando la desmovilización significa su desparamilitarización[2] . Sin embargo, durante las últimas dos semanas, dos organizaciones no gubernamentales de derechos humanos han recibido mensajes, mediante los cuales grupos paramilitares dejan constancia de su actividad armada:

"Nuestra razón de ser hoy esta mas (sic) vigente que nunca, la defensa de la libertad y la democracia Colombiana (sic) y hasta que no cese el ultimo (sic) fusil guerrillero opresor del pueblo Colombiano (sic) seguiremos en armas combatiendo la guerrilla utilizando todos los medios que estén a nuestro alcance. Autodefensas somos todos. Estado Mayor Autodefensas Campesinas Nueva Generación, ACNG"[3] .

"Desde que decidimos ayudar con el asunto de la política de seguridad al señor presidente doctor Álvaro Uribe Vélez no hemos hecho otra cosa distinta a creer que solo bajo la mano dura y el uso de la fuerza puede llegar a doblegar a los enemigos de la auténtica democracia. Estamos en pie de lucha junto al señor Presidente, y hacemos ver ante ustedes que las Autodefensas Unidas de Colombia fueron nuestra base y han cumplido ya un ciclo al servicio del pueblo, que una vez cumplidos los procesos de desmovilización ahora somos el presente y el futuro por muchos años del Estado colombiano de su seguridad y de su sociedad, hacemos presencia activa en 21 áreas rurales y urbanas departamentos (sic) y actuamos bajo múltiples formas de agrupación tenemos una mesa de trabajo de Dirección Nacional (…). Estamos con el favor de las mismas Fuerzas Armadas estatales que siempre nos apoyan en una gran muestra de soberanía" .[4]

A su vez, el 21 de abril de 2006 el Vicepresidente de la República acusó a dos organizaciones ecuménicas suizas (Pan para el Prójimo y Acción de Cuaresma) de patrocinar a la guerrilla de las Farc. Según el vicepresidente Francisco Santos, son organizaciones que adelantan una "perversa campaña contra Colombia y a su vez apoya a las Farc, que es la organización que más minas antipersona siembra en el país" [5]. No obstante, las dos organizaciones lo único que hacían era impulsar la campaña Nosotros somos creyentes. Comprometámonos con el respeto de los derechos humanos [6].

Simultáneamente, el Presidente de la República, una vez más, continúa vinculando con actividades terroristas a quienes critican su política de seguridad democrática y el proceso de desmovilización de grupos paramilitares. El 8 de mayo de 2006 advirtió que "aparecen muchas voces bravuconas contra la Seguridad Democrática y mansurronas frente al terrorismo. Mucha firmeza para maltratar la Seguridad Democrática, total debilidad para condenar el terrorismo. (…). Por eso el país va a tener que escoger ahora si vamos a seguir por el mejoramiento de la Seguridad Democrática como camino a la paz, o vamos a retroceder para que con el comunismo disfrazado le entregue la Patria a la Farc"[7] .

Conveniencia, legalidad y legitimidad de la labor de líderes sociales y defensoras y defensores de derechos humanos. No somos aves de mal agüero. Tampoco somos bravucones contra la seguridad democrática. El movimiento de derechos humanos colombiano simplemente se quiere asegurar de que cualquier proceso de negociación, cualquier política de seguridad y cualquier proceso electoral contribuyan a la realización efectiva de los derechos humanos y a la construcción de una paz duradera. Así mismo, quiere asegurar que el funcionamiento de las instituciones garantice el adecuado cumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas por el Estado colombiano en materia de derechos humanos y derecho humanitario.

Para sí, lo único que persistentemente han solicitado las organizaciones sociales y no gubernamentales de derechos humanos a las autoridades, especialmente al presidente Álvaro Uribe Vélez, es que la labor de defensa de los derechos de humanas y humanos sea reconocida como una actividad conveniente, legal y legítima, que contribuye a la construcción del Estado social de derecho y que requiere garantías para su ejercicio. Lastimosamente, los reiterados discursos oficiales que actualizan la vetusta idea de un "enemigo interno difuso" y vinculan cualquier crítica al ejercicio del poder político con "el disfrazamiento" o "la mimetización" del terrorismo no constituyen garantías para nadie; por el contrario, estimulan que las autoridades y los grupos armados combatientes conviertan en prácticas generalizadas la intolerancia, la persecución y, en algunos casos, el exterminio.

Nuestra petición: unas palabras que devuelvan la confianza. Además de garantizar una pronta investigación sobre los ataques sufridos por líderes sociales y defensoras y defensores de derechos humanos, invitamos al Presidente de la República, una vez más, a pronunciarse urgentemente sobre la conveniencia, la legitimidad y la legalidad de la labor que cumplen las organizaciones sociales que defienden intereses colectivos y las organizaciones sociales y no gubernamentales de derechos humanos. También lo invitamos a pronunciarse con claridad sobre el apoyo que, reiteradamente y de diversas maneras, los grupos paramilitares han ofrecido a su actual campaña electoral.

Bogotá, 12 de mayo de 2006
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La Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU) es una plataforma que aglutina a 166 organizaciones no gubernamentales y sociales de derechos humanos. Su existencia data de 1995. Históricamente, su trabajo está orientado a la incidencia en escenarios internacionales, especialmente en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y pretende el mejoramiento de la situación de derechos humanos, el respeto del derecho humanitario, la defensa del Estado social de derecho y la búsqueda de una solución política del conflicto armado.

Notas:
[1]Discurso del Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo Ramírez, durante la desmovilización del primer grupo de integrantes del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, corregimiento Chimila de El Copey (Cesar), 8 de marzo de 2006, www.altocomisionadoparalapaz… marzo_08_06a.htm
[2]Discurso del ministro del Interior y de Justicia, Sabas Pretelt de la Vega, durante el debate de la plenaria de la Cámara de Representantes sobre el escándalo del Das, Bogotá, Transmisión por televisión hecha por el Canal Institucional, 10 de mayo de 2006.
[3]El 30 de abril de 2006 Iván Cepeda, director de la Fundación Manuel Cepeda Vargas y colaborador del semanario El Espectador, recibió en su casillero electrónico ese mensaje.
[4]Aparte del mensaje anónimo recibido el 8 de mayo de 2006 por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, bajo el título "no más mentiras disfrasados (sic)".
"Francisco Santos: ’Gobierno de Suiza patrocina a una ONG que desprestigia a Colombia y apoya a las Farc’", Caracol Radio, Bogotá, 21 de abril de 2006, www.caracol.com.co/noticias/…
[5]A pesar de que el Vicepresidente desmintió sus afirmaciones ante la Embajada de Suiza en Colombia, el 5 de mayo de 2006 declaró al periódico ginebrino Le [6]Temps que el Gobierno de Colombia estaba considerando la posibilidad de entablar una acción legal en contra de las dos organizaciones ecuménicas. Véase más información: Observatorio para la protección de defensores de derechos humanos (OMCT y FIDH), El vicepresidente Francisco Santos Calderón acusa a dos ONG suizas de defensa de derechos humanos de apoyar a la guerrilla de las FARC, París, 10 de mayo de 2006, www.fidh.org/article.php3?id…
[7]Palabras del presidente Uribe en la Cátedra Colombia, Bogotá, SNE, 5 de mayo de 2006, www.presidencia.gov.co/discursos/ discursos2006/mayo/catedracolombia.htm

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Para cualquier información adicional:

David Martínez Osorio (311-4816219)
Coordinador del Observatorio
de derechos humanos y derecho humanitario
CCEEU

Carlos Rodríguez-Mejía (3768200)
Comisión Colombiana de Juristas

Eduardo Carreño Wilches (2812285)
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo