LA COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSE DE APARTADO CLAMA JUSTICIA

ASONAL JUDICIAL RECHAZA Y REPUDIA LA MASCRE DE SAN JOSÉ DE APARTADÓ Y EL ATENTADO A LA COMISIÓN JUDICIAL

ASONAL JUDICIAL, denuncia y repudia los actos terroristas iniciados el pasado 22 de febrero contra la comunidad de Paz de San José de Apartadó, en los que se cegó la vida de varios campesinos de esa región, entre ellos, el líder comunitario Luis Eduardo Guerra, su esposa y sus hijos.

Luis Eduardo Guerra, querido y respetado dirigente de la martirizada zona de Urabá, se ganó el reconocimiento de la comunidad nacional e internacional por su labor incansable en la lucha por la paz, orden en el cual impulsó la “objeción de conciencia colectiva” y el marginamiento de San José de Apartadó de toda lucha armada y la negación a colaborar con la guerrilla, paramilitares y las mismas fuerzas Armadas de la Nación, lo que fue censurado por Álvaro Uribe Vélez, con el entendido de no tolerar independencia territorial frente a la guerra impuesta so pretexto de la “Seguridad Democrática”.

La posición erguida y digna de Luis Eduardo Guerra fue suficiente para que meses antes tuviera que sepultar a su primera esposa y uno de sus hijos, víctimas de los intolerantes, enemigos de la paz, quienes dejaron en su vivienda una granada que explotó con ese saldo trágico.

Aseguró la comunidad que lo respaldó y protegió, que el 22 de febrero pasado fue retenido, por personal adscrito a la Brigada XI del Ejercito Nacional, junto con su actual compañera y su hijo, y trasladado a la finca propiedad de Alfonso Bolivar, quien también venía apoyando el trabajo de la “comunidad de Paz”, y posteriormente fueron vilmente torturados y asesinados, entre ellos dos niños menores de cinco años.

Verificado el genocidio, una comisión de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, se dirigió al lugar con el propósito de adelantar las pesquisas preliminares propias de la investigación judicial; comisión que al momento de salir de la zona, fue agredida con ataques de mortero y fusil 0.60, repelidos por las unidades de policía que acompañaban la misión, pues por razones obvias no podían ser acompañados por el Ejército, por cuanto para la comunidad, éste tuvo una participación directa en los hechos que repudiamos. Así resultó muerto un agente de policía y dos más heridos.

Indudablemente, ese ataque a la comisión resulta una afrenta más contra la independencia y autonomía con que debe contar la judicatura en un Estado Social de Derecho, lo que debe ser enérgicamente rechazado por el componente judicial, máxime cuando estamos acostumbrados a que ese tipo de actos de incivilidad buscan enterrar las pruebas a recoger en el teatro de los hechos y así tender el consabido manto de impunidad.

Exigimos del Estado el cumplimiento de su deber de rodear a los investigadores judiciales de todas las seguridades del caso, de tal suerte que les permitan, en forma autónoma e independiente, realizar la investigación y con su acción llegar hasta la sanción a los responsables de estas acciones delictivas.

Cuestionamos la irresponsabilidad de ciertos “dirigentes” del ente acusador que en forma apresurada y carentes de soporte probatorio pretenden desviar la transparencia y objetividad de la investigación, sin reparar que en otras oportunidades, como en el caso del asesinato de los dirigentes sindicales de Arauca, donde también se trató de desviar el curso de la investigación, pero que por fortuna, al final de cuentas quedó claramente establecida la responsabilidad de agentes del Estado en tal masacre.

Llamamos al pueblo en general, y en particular a los funcionarios y empleados judiciales a levantar un puño de unidad y alzar la voz de protesta para que cese la violencia, y se busque una salida negociada al conflicto que nos desangra con el convencimiento que “más vale un diálogo imperfecto que una guerra perfecta”.

Cobra vigencia el llamado angustioso del también inmolado Alfonso Reyes Echandía, entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, cuando en la demencial recuperación de una fría mole de cemento se sacrificó la judicatura: “que todo el poder de las armas esté al servicio del más humilde de los jueces para que así prevalezca la fuerza de la razón sobre la razón de las armas”.

Bajo la consigna indeclinable de defensa de la independencia y autonomía de la justicia, ASONAL JUDICIAL invita a todos y todas, a participar de una jornada nacional de reflexión y protesta el jueves 11 de marzo de 2005; jornada que debe ser marcada por la unidad y la fuerza, para que el Gobierno Nacional y la comunidad nacional e internacional, perciban que la Rama Judicial está viva, que siente, que se duele pero no se deja vencer, ni se doblegará jamás ante las amenazas y los ataques de los violentos.

Por último, con un cálido voto de solidaridad, hacemos llegar a los familiares de las victimas y a todos los habitantes de la martirizada región de Urabá, una voz de aliento y de esperanza, y les invitamos a no desfallecer en el hermoso trabajo emprendido por el asesinado dirigente y más bien, a que redoblen esfuerzos para que crímenes como los que repudiamos, ni se repitan ni se olviden, y mucho menos queden en la impunidad y así, el país entero conozca, juzgue y castigue a los responsables de tan execrable masacre, haciendo realidad la verdad, la justicia y la reparación.

Bogotá D.C., 3 de marzo de 2005

JUNTA DIRECTIVA NACIONAL