Las autoridades en Washington consideran que su registro en derechos humanos deja mucho que desear.

El veto estadounidense está incluido en el informe de certificación emitido por la administración Bush y del que depende la ayuda de más de US$ 200 millones que entrega anualmente E.U. a las Fuerzas Militares colombianas.

“Aunque el desempeño en DD.HH. de muchas de las unidades del Ejército está mejorando, hay una excepción evidente en las continuas acusaciones de violaciones a los DD.HH. y nexos con el paramilitarismo contra la Brigada XVII, que opera en el norte del país”, dice el reporte.

Agrega, que durante el 2000 y el 2001 se presentaron unas 200 acusaciones contra esa brigada, relacionadas con la comunidad de paz de San José de Apartadó, que no han sido resueltas satisfactoriamente.

Recientemente, dice E.U., han surgido acusaciones por su papel en el asesinato de 8 personas, en marzo de este año. “Como resultado de las acusaciones, E.U. anunció al gobierno de Colombia que no considerará la entrega de asistencia a la Brigada XVII hasta que las acusaciones sean resueltas de manera creíble”, dice el reporte.

El tema lo sacó a colación el senador demócrata Patrick Leahy en una intervención en la plenaria de la Cámara Alta.

Según Leahy, desde 1997 han sido asesinadas más de 150 personas en esa comunidad sin que hasta la fecha se haya presentado una sola condena por los homicidios.

Sospechas al Ejército

En relación con el caso de febrero, dice Leahy, “hay quienes sospechan que fue el Ejército el que perpetró la masacre”. Aún así, menciona que pudieron haber sido las Farc o paramilitares en complicidad con el Ejército.

Para el senador lo más preocupante es la manera cómo el gobierno maneja la investigación. Según este, la reacción inicial fue la de negar cualquier responsabilidad, pese a denuncias de los pobladores contra los militares y testimonios de observadores internacionales que dijeron haber visto “a soldados riéndose mientras se exhumaban los cuerpos, tomándose fotos, haciendo señales de victoria y alterando evidencia”.

Leahy critica también el envío de policías a San José porque generó desplazamientos.

Si bien Leahy aplaude la decisión de vetar a la brigada, dice que el gobierno de E.U. se tomó demasiado tiempo, pues durante años se les dio asistencia pese a que ya existían acusaciones en su contra.

305 Son los días que lleva de ocurrida la masacre de San José de Apartadó y hasta el momento no hay personas procesadas por este caso.

SERGIO GÓMEZ MASERI
Corresponsal de EL TIEMPO
Washington

El caso de San José

El pasado 21 de febrero fueron asesinados ocho campesinos de la Comunidad de Paz de Apartadó, en el Urabá antioqueño. Los labriegos sindican a miembros de la Brigada 17 del Ejército del homicidio, mientras que el Ministerio de Defensa niega que haya habido presencia de uniformados en el área.

Una comisión de la Fiscalía asumió el caso, pero al momento de ir a la zona a recolectar pistas y hablar con los habitantes, fue atacada por guerrilleros de las Farc.Esa indagación aún no ha entregado resultados.

Por su parte, la ONG Corporación Jurídica Libertad solicitó la intervención en el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.

Ese organismo aún no ha emitido ninguna decisión al respecto, aunque un año atrás había emitido una resolución en la que le exigía al Gobierno que brindara seguridad a esa comunidad.