RIESGO DE ATAQUE DE FUERZAS ANTIGUERRILLA CONTRA COMUNIDADES INDIGENAS

El Consejo Regional Indígena del Cauca pone en conocimiento los siguientes hechos:

a) Continúan las acciones de fuerza por parte de la fuerza pública contra la comunidad Nasa que se encuentra en la finca El Japio (municipio de Caloto).

b) El coronel Moreno afirmó ante delegada de derechos humanos que iba a traer ejercito antiguerrilla ya que en la vereda Caicedo se encontraban grupos armados ilegales.

Por lo anterior

Las Autoridades Tradicionales indígenas del Cauca alertan a la opinión pública, pues tanto el Gobierno nacional como departamental parecen mostrar su desespero, y pueden estar buscando justificaciones para arreciar sus acciones de guerra contra las comunidades que pacíficamente adelanta procesos de liberación de la Madre Tierra. De hecho, ya como resultado del uso de armas de fuego disparadas por la policía, se registra un asesinato y varios heridos de gravedad.

Sabemos que la fuerza pública está preparada militarmente para el conflicto armado por lo cual se está pretendiendo relacionar la guerra con la lucha reivindicativa y social de la comunidad que se encuentra en la Finca El Japio. Ya en las horas de la mañana, en la vereda Caicedo, que queda contigua a la finca el Japio, fueron detenidos, golpeados, ultrajados y tratados de guerrilleros, los compañeros Daniel Piñacue, diputado del Cauca y Porfirio Pumba Ramos, comunero indígena, a quienes al cabo de una hora se les dejo en libertad.

Se llama la atención a las autoridades de Control del Estado para que investiguen la labor del gobernador del Cauca, bajo la consideración que el lanzamiento que persiste en realizar es ilegal ya que el tiempo que tenía como autoridad administrativa para tomar decisiones sobre esta situación era de treinta días, siendo que la comunidad cumplió hoy treinta y dos días de estar dentro de la finca El Japio, correspondiéndole a la fiscalía asumir el conocimiento del caso, acorde con las denuncias que se presenten por parte de los propietarios.

Por lo anterior, ante la gravedad de la situación y los señalamientos de la Fuerza Pública, que no son diferentes a los mensajes dados por el Gobernador del Cauca a lo medios de comunicación, se considera que se puede estar urdiendo el uso de medios de guerra armada contra las comunidades que se encuentran adelantando procesos pacíficos de liberación de la madre tierra en el departamento del Cauca, requiriendo con urgencia que la comunidad nacional e internacional haga presencia en el sitio y pueda estar atenta y vigilante para que estos vientos de guerra y estas amenazas contra la vida de l as comunidades indígenas no se hagan realidad; igualmente para que se exija al Estado colombiano que cumpla con los convenios que ha firmado internacionalmente y con la Constitución y las leyes colombianas en torno al derecho a la tierra y al territorio de las pueblos indígenas, afrocolombianos y campesinos.

Urgimos y proponemos a los organismos de Derechos Humanos que en el menor tiempo se conforme una comisión de veeduría, que pueda constatar que en el área no hay grupos armados ilegales; ello es urgente, ya que se amenaza con una militarización y ataque contra la comunidad utilizando este argumento.

Al gobierno nacional y los organismos de veeduría de Derechos humanos que envíe una comisión que de manera oficial conozca la situación y no sigan dejándose llevar por rumores o montajes de inteligencia que lo único que logran es agravar la situación y colocar al Estado en contra de la constitución y de las garantías elementales de los ciudadanos.

Rechazamos los señalamientos irresponsables que tildan nuestros procesos como terroristas y reafirmamos que los procesos de liberación de tierra son acciones pacificas en favor del reconocimiento de nuestra autonomía en el marco de Estado Social de Derecho y del Derecho Propio.

CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA -CRIC-

Popayán, 14 de noviembre de 2005

Tathiana Montaña
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