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Denuncia Pública

CONTINUAN ATROPELLOS DEL ESMAD

Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”

Jueves 27 de octubre de 2005

El Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, denuncia ante la comunidad nacional e internacional los atropellos cometidos por parte de la Fuerza Pública contra más de mil personas desplazadas y sus familias, quienes se encontraban reclamando sus derechos en la Oficina de Atención a la Población Desplazada, adscrita a la Red de Solidaridad Social. La acción del Esmad, dejó como saldo varias personas heridas, producto de los golpes y los gases lacrimógenos esparcidos dentro del recinto

HECHOS

1. Aproximadamente a las 10 de la mañana del día de ayer 25 de octubre, un grupo de más de mil personas desplazadas que se encontraban en la Oficina de Atención a la Población Desplazada de la Red de Solidaridad ubicada en la Calle 36 con Cra 19, en la ciudad de Bogotá, fueron agredidas por parte de más de 100 efectivos de la fuerza pública, entre los que se encontraban aproximadamente 70 hombres del ESMAD.

2. Dichos antimotines llegaron a la sede de la Red de Solidaridad, ya que las personas desplazadas que se encontraban en el lugar, estaban realizando exigencias legítimas, reclamando sus derechos al interior de dicho sitio. El grupo, procedió a tumbar la puerta al llegar al lugar, intentándolo con un cilindro que al parecer pretendían hacer estallar, de lo cual desistieron, al comunicarles que había niños, niñas, mujeres embarazadas, ancianos y enfermos.

3. Entraron esparciendo gases lacrimógenos, a pesar que las personas desplazadas que allí se encontraban no estaban oponiendo ningún tipo de resistencia, colocando en peligro la integridad de las personas que allí se encontraban, máxime si se tiene en cuenta que era un recinto cerrado, que no permite la circulación del aire.

4. Hasta donde se tiene conocimiento, producto de esta entrada y del arremolinamiento causado, resultaron heridas 3 personas, entre las que se encuentra una mujer, cuyo nombre no se conoce, pero que fue duramente golpeada por uno de los efectivos del ESMAD, la cual pretendían llevar en una de sus camionetas.

CONTEXTO

Según información suministrada por los mismas personas desplazadas, la Sede de la Red de Solidaridad en la cual sucedieron los hechos, es diariamente visitada desde tempranas horas, por cientos de desplazados que llegan al lugar en búsqueda de soluciones para su problemática.

Las peticiones realizadas por dicha población, que según CODHES se encuentran dentro de las 950 mil personas desplazadas por la violencia en los últimos tres años, se centran en la solicitud de un programa de vivienda, arriendos y sostenimientos en efectivo y directo por 12 meses, la posibilidad de financiamiento de recursos para la realización de proyectos productivos.

Igualmente solicitan el mejoramiento de los servicios de salud para los desplazados, medicamentos, elementos ortopédicos y cirugias para los han sufrido lesiones a causa de la violencia. Así mismo piden cupos en las escuelas y colegios, que estén situados cerca al sector de la vivienda.

Esta manifestación pacífica que se llevó a cabo el día de ayer, reprimida como es costumbre por la fuerza pública, constituye una demostración más, de la falta de cumplimiento por parte del Estado de sus obligaciones legales y constitucionales frente a la población desplazada, no obstante la nueva orden emitida en días pasados por la Corte Constitucional a los Ministros de despacho y demás funcionarios del alto gobierno, en el marco del seguimiento a la Sentencia de Tutela T-025, que establece claramente las obligaciones estatales en materia de prevención, atención y restitución de los derechos de la población desarraigada.

SOLICITUDES

1. Se grantice la vida e integridad personal de los más de 950 mil personas desplazadas por el conflicto armado en el país.

2. Se desmonte el Escuadrón Móvil Antidisturbios -ESMAD.

3. Se de respuesta al pliego de peticiones entregado por las personas desplazadas en el marco del legitimo derecho de protesta.

4. Se de cumplimiento a la sentencia T-025, según lo ordenó en días pasdos la Corte Constitucional.

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