El martes último a las 4 de la mañana, militares pertenecientes al Grupo Mecanizado N° 3 Cabal del Ejército Nacional los sacaron de su casa, ubicada en la vereda Betania, municipio de Mallama y antes del amanecer los ultimaron a tiros.

Los hermanos Luis Armando y Carlos Leonel Escobar, de 28 y 30 años de edad, respectivamente, según algunos testimonios, fueron asesinados por militares pertenecientes al Grupo Mecanizado N° 3 Cabal en la vereda Betania, jurisdicción del Municipio de Mallama, en la zona conocida como el Píe de Monte Costero.

Las víctimas, agricultores pertenecientes al Cabildo Mayor Awá de Mallama. fueron sacadas de su casa de habitación al promediar las 4 de la madrugada del martes 4 de octubre. Antes de las 6 se escucharon disparos de arma de fuego. Según testigos, minutos después de haberse oído las detonaciones, los cuerpos sin vida de los indígenas fueron transportados a caballo desde la vereda, en donde se cometió el crimen, hasta la carretera.

Según fuentes oficiales, el Coronel Montoya, Comandante de la Unidad Militar que tiene sede en la ciudad de Ipiales, ante la solicitud de información sobre los hechos había informado “que no se han presentado allanamientos y menos retenciones, que lo que había sucedido era que en un enfrentamiento con la guerrilla se había dado de baja a dos terroristas, uno de los cuales tenía un proceso por rebelión”.

De otra parte, se supo que en la región en la que ocurrió el insuceso, los voceros del Ejército, sistemáticamente negaron la información aún a los representantes del Ministerio Público.

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, al hacer pública la denuncia, reitera su preocupación por los efectos nefastos que para las comunidades indígenas y en general para la población civil de los municipios nariñenses ha representado la puesta en marcha de la política de “seguridad democrática”, así como de la estrategia militar denominada “Plan Patriota” en la cual se enmarcan las operaciones “Sunami, Camawari, Gladiador” y otras que sólo han generado dolor a las familias de las víctimas.

Bogotá, 6 de octubre de 2005

Comite Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos