Abogados de víctimas de desaparición forzada -caso Palacio de Justicia- rechazan las indebidas presiones del alto mando militar a los Jueces de la República. “Estas manifestaciones constituyen una indebida presión al Tribunal Superior de Bogotá, y un franco debilitamiento del Estado de Derecho, pues evidencia una injerencia del Ejecutivo en las actuaciones de la Rama Judicial. Las expresiones del General Navas afectan la libertad y autonomía con que debe actuar la Justicia frente a casos de graves violaciones a los derechos humanos”, indican los juristas.
Después de tres días de deliberaciones en Buenos Aires, los participantes al encuentro Haciendo Paz en Colombia presentan las siguientes conclusiones a la opinión pública:
En el marco de su labor de defensa de los derechos humanos, apoderó a nivel nacional e internacional a cinco grupos de personas que se identificaron como familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada y desplazamiento forzado en los hechos ocurridos entre el 15 y 20 de julio de 1997, conocidos como la Masacre de Mapiripán. Entre las víctimas apoderadas se encuentra la señora Mariela Contreras y su familia, quien fue reconocida igualmente como víctima en las instancias nacionales, con posterioridad a que rindiera declaración ante la Fiscalía General de la Nación.
Bogotá (Colombia), 16 de diciembre de 2011. Pese a la existencia de suficiente material probatorio que señala la responsabilidad penal de IVAN RAMÍREZ QUINTERO, GUSTAVO AREVALO MORENO y FERNANDO BLANCO GÓMEZ, por las desaparición forzada de once personas en los hechos de la retoma del Palacio de Justicia, la Juez Cristina Trejos Salazar del Juzgado 51 Penal del Circuito de Bogotá, dicto sentencia absolutoria. Destaca la Juez en el fallo, que no existe duda en la existencia de las personas desaparecidas, sino en el nivel de participación de los militares retirados.
Autoridades indígenas del Resguardo Santa Lucía de Mesetas - Meta- denunció la ejecución extrajudicial de un aborigen a manos de tropas del Ejército Nacional "Preocupa a nuestra comunidad la forma en que las fuerzas militares se extralimitan en sus funciones y acciones, violando nuestra carta política y los tratados internacionales suscritos por el estado Colombiano." afirma el gobernador del Resguardo HIPÓLITO YANDI CAMPO. Y agrega: "El asesinato de nuestro compañero llena de mucha preocupación y tristeza a la comunidad indígena y campesina en general del cabildo de Villa Lucia, ya que nuestro compañero era una persona honrada, honesta y trabajadora, cumplidor de sus deberes, humilde, sin antecedentes judiciales, perteneciente a una comunidad cristiana, esposo de la señora EDIHT BENITES BECOCHE identificada con C.C No 1.105.870.484 expedida en el municipio de Roncesvalles (Tolima), de este hogar quedan 2 hijos, entre ellos una bebe de 16 meses de nacida"
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¡URGENTE!
Mesa por Arauca
Jueves 6 de octubre de 2005, por
Para adherir o firmar esta carta de solidaridad con Arauca, diligencie el formulariop Peticion y/o escriba un comentario con los datos personales o de su organziación
Las organizaciones abajo firmantes, que hacemos parte de la Mesa por Arauca (Colombia), espacio de trabajo, solidaridad y acompañamiento con esta región, solicitamos de ustedes que expresen su solidaridad con los dirigentes sociales, sindicales y de derechos humanos de este departamento, quienes han sido víctimas de la aplicación de las políticas de la seguridad democrática del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, traducidas en detenciones masivas y procesos de judicialización sustentados en dichos de reinsertados (testigos mendaces, preparados en guarniciones militares, para señalar y acusar a aquellas personas que se han destacado en la lucha por la defensa de los derechos humanos, la vida y la permanencia en este territorio).
Actualmente varias de estas personas se encuentran privadas de la libertad en diferentes establecimientos carcelarios del país a espera del fallo que deberá resolver su situación. Estos procesos judiciales han estado viciados de irregularidades que rompen con la imparcialidad y las garantías judiciales del debido proceso (algunas de éstas se hallan referida en la carta). Este fallo será definitivo no solamente para resolver sobre la suerte y situación de quienes se hallan actualmente detenidos sino también lo que pueda ocurrir con las organizaciones sociales del departamento, en tanto que un fallo condenatorio puede acarrear más detenciones y judicializaciones que acaben con el trabajo de éstas.
La solidaridad que solicitamos es la suscripción y envío de la carta que les hacemos llegar a fin de solicitar al gobierno nacional se tenga en cuenta las garantías judiciales, objetividad e imparcialidad para el fallo que deberá emitir una juez de la república, quien no es la misma persona (Juez de conocimiento) que estuviera a cargo del proceso, por las razones que están señaladas en la carta.
Agradecemos su solidaridad y colaboración.
MESA DE TRABAJO POR ARAUCA:
CORPORACIÓN COLECTIVO DE ABOGADOS JOSÉ ALVEAR RESTREPO
FUNDACIÓN COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS POLÍTICOS
ASOCIACIÓN MINGA
CORPORACIÓN JURÍDICA HUMANIDAD VIGENTE
COMITÉ PERMANENTE PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
CORPORACIÓN JURÍDICA YIRA CASTRO
SINALTRAINAL
FECODE
ANTHOC
ASAMBLEA PERMANENTE DE LA SOCIEDAD CIVIL POR LA PAZ
UNIÓN SINDICAL OBRERA
INSTITUTO NACIONAL SINDICAL
COORDINADOR NACIONAL AGRARIO
COS-PACC
COLECTIVO ALEBRIJE
PROYECTO AURORA
ACCIÓN COLECTIVA POR LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA
PROCESO DE COMUNIDADES NEGRAS
ACCIÓN COLECTIVA POR LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA
AGENCIA PRENSA RURAL
CORPORACIÓN SEMBRAR
SINTRABANCOL
ASOCIACIÓN CAMPESINA DE ARAUCA -ACA-
SINDIAGRO
RED EUROPEA DE HERMANDAD Y SOLIDARIDAD CON COLOMBIA
ORGANIZACIONES SOCIALES DE ARAUCA:
Asociación Departamental de Usuarios Campesinos (ADUC)
Asociación de Cabildos y Autoridades Tradicionales Indígenas de Arauca (ASCATIDAR)
Asociación Juvenil Estudiantil Regional (ASOJER)
Central Unitaria de Trabajadores (CUT) Subdirectiva Arauca
Asociaciones Comunales y Cívicas
Fundación Comité Regional de Derechos Humanos “Joel Sierra”
Cordial Saludo.
Los dirigentes sociales SAMUEL MORALES FLOREZ, presidente de la CUT, subdirectiva Arauca; ALONSO CAMPIÑO BEDOYA, vicepresidente de la CUT-Subdirectiva Arauca; y JOSÉ VICENTE MURILLO TOBO, presidente del Comité Regional de Derechos Humanos “Joel Sierra” de Arauca, hacen parte de un grupo de más de medio centenar de dirigentes sociales araucanos privados de la libertad bajo el cargo de rebelión.
Hemos tenidos conocimiento que en las actuaciones penales seguidas contra los líderes sociales y defensores de derechos humanos de Arauca, se han infringido las garantías básicas del debido proceso, habiéndose constatado, que:
1) La indagación previa y el sumario lo adelantaron fiscales que carecían de competencia legal para investigar el delito de rebelión, los cuales eran pagados y subsidiados por la empresa petrolera Occidental y tenían sede en instalaciones de la Brigada XVIII del ejército colombiano.
2) Las imputaciones hechas a los dirigentes sociales y defensores de derechos humanos de Arauca, se reducen a acusarlos de promover paros, marchas y denunciar violaciones de derechos humanos, supuestamente para perjudicar a las Fuerzas Militares y favorecer a grupos insurgentes.
3) Los testigos que han declarado contra los líderes sociales y defensores de derechos humanos de Arauca, han reconocido que fueron preparados de manera fraudulenta por fiscales, los cuales falsificaron las actas en las que consta la producción de las pruebas, habiendo los militares y los fiscales convivido durante más de medio año con “los testigos” en instalaciones del ejército, pese a que eran delincuentes contra los que pendían órdenes de captura. También se probó que los testigos fueron “reinsertados” y la fiscalía les perdonó de manera ilegal los crímenes que les imputaban, una vez declararon contra la dirigencia social de Arauca. Y,
4) El juez de Saravena que adelantó la etapa de juzgamiento contra los líderes sociales de Arauca, fue separado del proceso- después de haber sido denunciado penal y disciplinariamente por militares y fiscales inconformes por decisiones judiciales que este había adoptado-, cuando se aprestaba, después de siete meses de espera, a proferir la sentencia; correspondiéndole ahora emitir el fallo a un juez que tendrá sede en Bogotá (el que se posesionó y asumió la dirección de los procesos sin tener siquiera oficina), despacho judicial que no conoce el abultado expediente y que fue creado por solicitud expresa del gobierno nacional y, que por lo mismo, no ofrece garantías de independencia e imparcialidad.
Por ello, les solicitamos garanticen que el proceso adelantado contra los dirigentes sociales y defensores de derechos humanos araucanos sea justo, restablezcan los derechos fundamentales de los injustamente procesados y adopten las medidas necesarias para que se investigue de manera imparcial y eficaz los atropellos judiciales de los que estos han sido víctimas.
Atentamente,
(EL ENCABEZADO DEBER SER DE ACUERDO A QUIEN SE VAYA A ENVIAR). Los correos y fax están adjuntos mas abajo
(Agregar lugar y fecha de envío)
Señor:
NOMBRE
CARGO
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18 de octubre de 2005 | Mara Puntano |
10 de octubre de 2005 | Miguel Angel Giménez |
10 de octubre de 2005 | slobodan |
10 de octubre de 2005 | Jairo Cetina |
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*Los análisis y opiniones aquí expresadas no reflejan necesariamente las opiniones de quienes apoyan esta publicación.
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