El Domingo 3 de Julio, aproximadamente a las 11:15 a.m. en el puente de Urama, ubicado a 30 minutos del casco urbano del municipio de Dabeiba, paramilitares detuvieron la marcha del chivero – vehículo de servicio público -, obligando a bajar a CARLOS GIOVANNI HIGUITA AGUDELO de 23 años de edad.

Los paramilitares se movilizaron en tres motos desde el casco urbano de Dabeiba hasta alcanzar el automotor, luego de hacer bajar a CARLOS GIOVANNI, lo llevaron en dirección al sitio conocido como “El Cajón” en la carretera que conduce de Dabeiba a Medellín, en donde se encontró el cuerpo sin vida del poblador con signos de tortura. En este lugar suele ubicarse un puesto de control del ejército Nacional.

En horas de la tarde el cuerpo de CARLOS fue llevado a la morgue de Dabeiba.

El lunes 4 de julio el cadáver de CARLOS fue entregado a la familia que habita en la Zona Humanitaria de la Comunidad Civil de Vida y de Trabajo.

CARLOS GIOVANNY habitó en el poblado de La Balsa, y trabajó como jornalero en la finca conocida como “La Paloma” ubicada cerca al puente de Urama, y era padre de tres niñas.

* Lunes 18 de julio, hacia las 10:00 a.m. miembros del ejército Nacional ingresaron a la Zona Humanitaria de la Comunidad de Vida y Trabajo, ubicada a menos de 20 minutos del casco urbano de Dabeiba. Las 60 unidades militares de la Unidad 11 Contraguerrilla se distribuyeron, 10 se ubicaron en el lugar de las viviendas y los restantes afuera en el entorno de los límites de la propiedad con la zona montañosa y en la entrada del lugar humanitario.

Los que ingresaron a las viviendas abordaron a las niños y niñas con preguntas acerca de su desplazamiento, de los responsables del desplazamiento – afirmando los militares mismos que había sido la guerrilla -, les intimidaron y les ofrecieron dulces, les preguntaron por las actividades de sus padres, por los nombres del Presidente de la Junta, por las tiendas, por las actividades.

Minutos después a las niñas y niños, absolutamente intimidados, a pesar de la reacción de los adultos y los jóvenes, les entregaron las armas para que las sostuvieran, les ofrecieron dinero para comprar alimentos.

A las jóvenes les solicitaron dar su nombre, la edad, si tenían novio o no, les preguntaron por el nombre de los adultos dirigentes de la comunidad, los invitaron a vincularse a las fuerzas armadas, luego solicitaron alimentación y ofrecieron dinero para comprar gallinas por un valor tres o cuatro veces superior a los del mercado local.

Luego de la solicitud de los pobladores de abandonar el lugar porque este es una propiedad privada, es un lugar exclusivo de la población civil y de la insistencia de respeto a sus vidas, a su integridad personal y a su proyecto de vida, de afirmar su derecho a la verdad y a la justicia, los 10 militares se hicieron en la parte alta de la Finca.

Tres militares que se encontraban por la carretera principal por la cual se accede a la propiedad humanitaria, afirmaron en medio de algunos campesinos que transitaban por allí “arriba hay muchos sapos, ya nos sapearon, si hubiéramos dicho que éramos paracos no nos hubieran hecho salir”. Otro militar agregó disgustado, pero: “mejor fue así, sí no nos hubiéramos embalado más”

Al parecer los militares se refirieron a las llamadas realizadas a la Vice Presidencia de la República y la Defensoría Nacional, diez minutos después del ingreso de los militares al lugar humanitario.

Después de 3 horas de permanecer en el lugar de habitación de la Comunidad de Vida y de Trabajo, los militares se agruparon todos en la parte alta y externa de la propiedad humanitaria hasta el día martes 19 a las 13:00 horas.

Mientras han ocurrido las actuaciones militares en operaciones “regulares” y las irregulares a través de la estrategia paramilitar, en el casco urbano de Dabeiba enfrente de las autoridades civiles, militares y policiales, los paramilitares vestidos de civil ejercen control en las plaza de marcado, la plaza principal, las tiendas de abarrotes, los sitios de comunicación pública, se pasean e ingresan a la estación de policía, algunos se movilizan en una camioneta 4 puertas color negra marca Toyota de placas FBO 396 de Envigado o en motos siguiendo a los habitantes de la zona rural, imponen un control de alimentos que no puede exceder los 30 mil pesos (U.S $ 12) por familia.