La Comunidad de Paz de San José no puede menos que dejar constancia de una nueva agresión por parte del gobierno; ésta se suma a las diversas agresiones a las que hemos sido sometidos en estos ocho años y más en los últimos meses y que confirman su búsqueda por destruir nuestro proceso.

En una circular del Alto Comisionado Presidencial para la acción social se cita un documento preparado por el Alto Comisionado para la Paz titulado: Lineamientos para el enfoque de los proyectos de cooperación internacional, y dice en uno de sus puntos:

“Los conceptos que se incorporen dentro de los proyectos tales como “comunidad de paz”, “territorios de paz”, “región o campo humanitaria”, “observatorio de situación humanitaria”, entre otros, son generalmente ambiguos y no deben llevar a confusiones como las generadas con la comunidad de paz de San José de Apartadó. Por tal razón, es necesario que se especifique el alcance de dichos conceptos, los cuales en ningún momento deben suponer la imposición de límites a la acción territorial de la Fuerza Pública ni a la acción de la justicia. Es necesario que se identifiquen actores, sitios y actividades definidas para el logro de los objetivos trazados en estos proyectos. De igual manera, que las actividades sean pertinentes para la consecución del objetivo del proyecto y que por ningún motivo su desarrollo transgreda la ley” (ANEXO 1 Documento completo)

La ambiguedad en la búsqueda de alternativas desde las comunidades en resistencia civil sólo pude ser vista por un gobierno para el que sólo existe la guerra y que está convencido de involucrar en ella a la población civil.

El padre Javier Giraldo, en el debate en la comisión segunda de la cámara de representantes, respondió a las diversas acusaciones y calumnias contra la comunidad pero era evidente que se desconocía totalmente lo que es la comunidad, su historia y su caminar; eso es justamente lo que vuelve a evidenciar este documento del gobierno.

Nosotros hemos formado una comunidad y tenemos muy claro lo que vivimos y defendemos; para nosotros existe un conflicto armado y la mayor parte del sufrimiento lo vive la población civil. Nosotros hemos sido víctimas de ello por parte de los actores armados: guerrilla, Fuerza Pública-paramilitares.

Por eso, y viendo un conflicto que arrasa con las comunidades, decidimos no hacer parte ni estar con ningún actor armado: guerrilla, Fuerza Pública-paramilitares. Esto ha implicado que la comunidad no puede convivir con ninguno de ellos ni aceptar su presencia. En este caso, al no estar con ninguno, nos hemos convertido en víctima de los ataques de todos. Esta agresión por parte del Estado ha sido continua, tratando de aniquilarnos físicamente y también tratando de deslegitimar nuestros principios de neutralidad, derecho que tenemos no solo nosotros como población civil en nuestra zona sino cualquier persona en cualquier parte del mundo y que este en medio del conflicto.

Este exterminio al que hemos sido sometidos por parte de una Fuerza Pública que ha actuado en forma descarada con el paramilitarismo no es una invención nuestra ni es cuestión de estadísticas. Nuestras víctimas tienen rostros, historias, familias; ahora yacen en tumbas que evidencian indudablemente un crimen de lesa humanidad contra la comunidad. (ANEXO 2 cuadro de acciones de muerte contra la comunidad)

Es un derecho universal la justicia, la verdad, la reparación. Es un derecho innegable el que la víctima no tenga que convivir con el victimario y no solo por la víctima sino por ese sentido de justicia universal, ese sentido de humanidad, de moral que nos hace ser humanos, donde la vida no puede ceder a la muerte.

Por ello no puede hablarse de ambigüedades. En la comunidad somos muy claros y nuestras razones no parten de grandes términos o análisis fuera de la realidad sino de lo que vivimos. Seguiremos diciendo la verdad cueste lo que nos cueste, esa es la esencia de nuestra resistencia civil: la transparencia.

La justicia, lo hemos reiterado muchas veces, ha sido nuestra búsqueda diaria y hemos planteado al Estado alternativas de superación de la impunidad que no han tenido eco. La realidad es contundente: hemos sufrido más de 450 acciones de violación de derechos humanos sin que haya habido resultados en el señalamiento y castigo de los culpables.

El peso de la mentira y el engaño por parte del gobierno siempre ha buscado desviar el centro de la verdad y por ello no se menciona las más de 100 declaraciones dadas por la comunidad, las propuestas de evaluación a la justicia que propusimos al Estado, la comisión de observación, la demanda por crimen de lesa humanidad, la exigencia de la comunidad de presencia civil del estado en la comunidad, las propuestas que hicimos y los compromisos incumplidos por el Estado en el proceso de concertación de las medidas provisionales de la Corte Interamericana por mas de dos años y medio y que unilateralmente el gobierno rompió mintiéndonos y engañándonos, pretendiendo ahora con documentos confusos y ambiguos distorsionar la verdad.

Pero es inútil utilizar argumentos que nacen de la realidad ante un gobierno que apuesta a la muerte y a la guerra, que sólo ve respuestas militares a las acciones civiles de las víctimas y cuando estas sufren el terror de una masacre realizada por el propio ejército, desvirtúa la verdad, colocándonos como ambiguos.

Mucha gente nos conoce, ha vivido con nosotros y sabe que la paz que vivimos no es ambigua la vivimos en la solidaridad, en el trabajo comunitario, en el trabajo organizativo, creemos en la presencia civil del Estado y no en una presencia militar menos cuando han sido nuestros victimarios, la justicia que ha sido negada es la que algún día abrirá las luces para un estado democrático que buscamos día a día en nuestra comunidad y en varias comunidades desde su resistencia civil.

La construcción de la paz hemos aprendido que no se hace en grandes discursos sino que se vive, se crea y se defiende desde las víctimas como la comunidad que apostamos diariamente a construirla.

La ambigüedad y la confusión nunca han partido de nosotros hemos sido claros durante mas de ocho años y nuestros líderes y miembros de la comunidad asesinados como Luis Eduardo Guerra no lo han enseñado y ahora mas que nunca la claridad en lo que creemos y vivimos la tenemos y la seguiremos viviendo, creemos en una paz que vivimos desde la no impunidad, la neutralidad con los actores armados guerrilla, fuerza publica- paramilitares.

La solidaridad internacional y nacional nunca han sido ingenuas. Parten de su propia experiencia, lo que ven y han vivido en la comunidad. Sabemos que la solidaridad con las víctimas, con las comunidades en resistencia civil que apuestan por una paz que se crea diariamente en esos campos de vida nace por la construcción de un mundo sin guerra y sin muerte, por ello los hechos la historia evidencia la verdad de las víctimas transparente sin ambigüedades, la verdad de los victimarios devela intereses de destrucción, mentira y aniquilamiento a iniciativas de la población civil.

Nuevamente es una oportunidad para agradecer la solidaridad nacional e internacional con la comunidad. Sabemos que esa solidaridad es producto de la búsqueda de una humanidad que algún día juzgará todas estas acciones de muerte y mentira que buscan aniquilar experiencias de vida.

Nuestra intención es que algún día el gobierno, que se ciega a estas iniciativas de vida, abra los ojos a la justicia, a la no impunidad y a la verdad de las víctimas, aquella que siempre ha hablado y hablará como lo ha hecho sin ambigüedades ni confusiones.

DOCUMENTO COMPLETO DEL GOBIERNO DE LA OFCINA DEL ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ

Lineamientos para el enfoque de los proyectos de cooperación internacional

 Es potestad exclusiva del Gobierno Nacional en cabeza del Presidente de la República y por su delegación, del Alto Comisionado para la Paz establecer contactos con los grupos armados ilegales. Por lo tanto ningún funcionario público, ni particular, puede establecer contacto con estos grupos armados ilegales.

Las pretendidas acciones de contacto o acercamiento por parte de ciudadanos o autoridades locales con grupos armados ilegales , ponen en riesgo la vida de los que las realizan y deslegitiman las acciones de paz del Estado ,creando escenarios paralelos de interlocución con los violentos que son utilizados por estos para fortalecer su capacidad de intimidación sobre la población civil y las autoridades estatales. Adicionalmente, tienen implicaciones legales.

 No hay ninguna posibilidad de adelantar diálogos regionales sin autorización expresa del Presidente de la República. Este escenario no debe ser planteado o propuesto, sin consulta previa con el Gobierno Nacional.

 No son aceptables como resultado, objetivo o finalidad de los proyectos, ningún tipo de enunciación o actividad que pretenda comprometer la acción futura del Gobierno Nacional en materia de acuerdos de paz con grupos armados ilegales.

 No son aceptables como resultado, objetivo o finalidad de los proyectos, ningún tipo de enunciado o actividad cuyo destinatario total o parcialmente, sean grupos armados al margen de la ley.

 Las expresiones “actores armados” o “actores del conflicto”, en las cuales se pretende incluir a los miembros de la Fuerza Pública, los equipara con los grupos armados al margen de la ley. Esta situación es inaceptable para el Gobierno Nacional, dado que pretende que los ciudadanos se declaren neutrales frente a sus Fuerzas Militares y de Policía y adicionalmente, justifica convertir en blancos militares a los soldados y policías.

 Los conceptos que se incorporen dentro de los proyectos tales como “comunidad de paz”, “territorio de paz”, “región o campo humanitaria”,

“observatorio de situación humanitaria”, entre otros, son generalmente ambiguos y no deben llevar a confusiones como las generadas con la comunidad de paz de San José de Apartado. Por tal razón, es necesario que se especifique el alcance de dichos conceptos, los cuales en ningún momento deben suponer la imposición de límites a la acción territorial de la Fuerza Pública ni a la acción de la justicia. Es necesario que se identifiquen actores, sitios y actividades definidas para el logro de los objetivos trazados en estos proyectos. De igual manera, que las actividades sean pertinentes para la consecución del objetivo del proyecto y que por ningún motivo su desarrollo transgreda la ley.

 Los proyectos por definición deben ser precisos y suficientemente claros para que su ejecución sea efectiva y su seguimiento riguroso. Por ello no es procedente incorporar conceptos que por su imprecisión, no facilitan el cumplimiento de los objetivos del proyecto y que adicionalmente, puedan ser contrarios a la legislación vigente.

 Ningún concepto puede conllevar interpretaciones que pretendan distorsionar el concepto de “neutralidad profesional” propio de cuerpos competentes como el CICR o la Cruz Roja Colombiana, e intentar trasladarlo al campo de la neutralidad política de los civiles frente a las instituciones legítimamente constituidas.

 No se deben incluir actividades denominadas “humanitarias”, que impliquen contacto con los grupos armados ilegales. Las labores humanitarias son adelantadas exclusivamente por cuerpos profesionales como la Cruz Roja Internacional, los cuales en cumplimiento de su función deben utilizar los distintivos y medios previstos para el desarrollo de sus actividades.

 Se debe tener presente que Colombia es una democracia pluralista y garantista, donde se cuenta con los cauces apropiados para dirimir las diferencias. El aceptar la existencia de un conflicto armado interno, implica la negación de dichos canales, lo cual es utilizado por los grupos armados ilegales para polarizar y capitalizar su estrategia de poder.

 Los indicadores y las variables a utilizar en la formulación de los proyectos, en ningún sentido pueden tener como fuente o mecanismo de medición la participación o actividad adelantada por grupos armados ilegales. Cualquier tipo de actividad que pueda implicar contacto alguno con los grupos armados ilegales, es inaceptable para el Gobierno Nacional, por ser potestad del Presidente de la República o el Alto Comisionado para la Paz.

 Los diálogos pastorales son delegaciones unipersonales y puntuales, delimitadas en su objetivo y tiempo de ejecución, que ha otorgado el Presidente de la República a algunos jerarcas de la Iglesia Católica para adelantar contactos con grupos armados ilegales. Dichas funciones no son extensibles a sus diócesis u organizaciones. Quienes las ejecutan, cumplen labores específicas, encomendadas por el Presidente de la República y por el Alto Comisionado para la Paz.

 Las asambleas constituyentes son válidas como mecanismos de participación ciudadana, orientados a afirmar los valores de la civilidad y la democracia y generar espacios para la planeación participativa. En ningún sentido, se pueden entender como escenarios para la interlocución con los grupos armados ilegales.

 El enfoque de los proyectos debe ser el fortalecimiento de la ciudadanía y su autoafirmación como civiles, en el marco de los procedimientos y lineamientos de la democracia y la institucionalidad vigente.

 No se deben incorporar acciones de “protección civil”, dado que la defensa y el amparo de la población es función de la Fuerza Pública y las autoridades legítimamente constituidas. En su lugar, se pueden utilizar expresiones como “medidas de autoprotección de la población civil” en el marco del fortalecimiento de la democracia.

 En los proyectos se debe hacer énfasis, no solo en los derechos, sino en los deberes que los ciudadanos tienen para con su comunidad.

 Es necesario deslindar los conflictos sociales y políticos que se pueden solucionar haciendo uso de los mecanismos existentes en la democracia, de las acciones propias de los grupos armados ilegales que ponen en riesgo a la población civil. No son equiparables.

 Con el fin de planear el posible impacto que en el futuro tengan los proyectos dentro de una estrategia de mayor cobertura, se incorporan los denominados elementos de sostenibilidad. Es necesario que dichos elementos sean lo suficientemente precisos, con el fin de evitar interpretaciones erróneas del verdadero alcance de los proyectos.

 La expresión “actores no estatales”, no es aceptable en la medida en que se pueda interpretar para dar cabida a los grupos armados al margen de la ley, que operen en determinada región. Debe diferenciarse siempre entre organizaciones civiles o ciudadanos y grupos armados ilegales.

 La Oficina del Alto Comisionado para la Paz, no puede ser considerada beneficiaria de un proyecto, cuando no participa en él. Por tal razón, no se puede interponer el nombre de la Oficina indebidamente o pretender utilizarlo como un aval a proyectos en los cuales no participa.

 Se sugiere que se tomen en cuenta a los resultados de las “Siete herramientas de equidad”, con el fin de contar en lo que corresponda, con datos ciertos que apoyen el proceso de formulación de los proyectos.

 Los laboratorios de paz u observatorios, en acatamiento de la legislación vigente, no pueden propiciar ningún tipo de acercamiento con los grupos armados ilegales y deben estar orientados a:

 Fortalecimiento de las instituciones democráticas,

 Fortalecimiento de la autodeterminación de las comunidades,

 Fomentar la planeación local y regional participativa,

 Impulsar proyectos productivos para solucionar problemáticas sociales,

 Propender por el pluralismo político.