Documento presentado por la Coordinación Colombia-Europa-Estado Unidos a la Asamblea General de la OEA

En enero de 2004, el Gobierno de Colombia y la Secretaría General de la OEA suscribieron un convenio de “apoyo en materia de verificación y asesoría” a los procesos de paz entre el Gobierno y los grupos armados ilegales en Colombia[1]. Mediante ese convenio se estableció la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA), con el mandato específico de “verificar las iniciativas de cese al fuego y de hostilidades, de desmovilización y desarme, y de reinserción” de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), sobre la base del cumplimiento de los principios de la Carta de la OEA y de otros tratados y acuerdos internacionales, en cuanto a garantizar la verdad, la justicia, la reparación, la prevención y la no repetición de hechos de violencia[2].

Luego de quince meses del establecimiento de la MAPP/OEA, el cese de hostilidades ha sido infringido constantemente, el desarme y la desmovilización de algunos bloques paramilitares no han sido efectivamente realizados y la consolidación paramilitar en algunas regiones parece un hecho. Existen serios indicios de que la MAPP/OEA no ha contribuido a garantizar el cumplimiento de los principios y las obligaciones del Estado colombiano establecidas en la Carta de las Naciones Unidas y de la OEA, ni los contenidos de la Declaración de la Conferencia Especial sobre Seguridad sobre la situación de Colombia, en el sentido de avanzar en la “búsqueda de soluciones pacíficas negociadas para superar la violencia, previo cese de hostilidades”[3], como tampoco los acuerdos establecidos entre el Gobierno y las Auc para su desmovilización[4].

La Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU) expresa a la Asamblea General de la OEA sus graves preocupaciones respecto al cumplimiento y alcance del mandato de la MAPP/OEA en el proceso de diálogo entre el Gobierno colombiano y las Auc.

Consolidación paramilitar y desmovilizaciones incumplidas.

A pesar de la existencia de un proceso de diálogo entre el Gobierno y algunos grupos paramilitares agrupados en las Auc, y de la existencia de la MAPP/OEA, el fenómeno del paramilitarismo se ha consolidado en muchas regiones del país. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en su informe sobre 2004, señaló que “los grupos paramilitares continuaron, a pesar del cese de hostilidades declarado por ellos (…), su expansión y consolidación, incluyendo su inserción social e institucional a nivel local y regional, así como su estrecha vinculación con el narcotráfico.”[5] Señaló también, haber observado un “mayor grado de infiltración e influencia de esos grupos en varios niveles de la administración departamental y local, así como a nivel social”, lo que implica un riesgo para el Estado de derecho[6].

Los grupos paramilitares han ampliado su influencia social, económica y militar[7]. Es notoria su injerencia sobre las administraciones departamentales y municipales[8], los procesos de contratación pública y las empresas del régimen subsidiado de salud[9]. En algunas regiones del país, la consolidación del paramilitarismo ha sido la consecuencia de operativos militares realizados en desarrollo de la política de seguridad democrática[10].

En los municipios de Consaca, Sandoná y Tumaco (Nariño), se han conocido acciones de “limpieza social”, homicidios, extorsiones, intimidación y masacres, a manos del Bloque Central Bolívar de las Auc. En Tumaco, los grupos paramilitares, en connivencia con agentes del Estado, controlan los cultivos de palma aceitera y en Pasto (Nariño), mantienen sus estructuras de control social, económico y militar, a partir de la acción de efectivos del Bloque Calima y el Bloque Cacique Nutibara, aparentemente desmovilizados.

En noviembre de 2003, se desmovilizó el Bloque Cacique Nutibara. No obstante, sus estructuras armadas y de presión social continúan activas. La MAPP/OEA, en las conclusiones de su segundo informe, señaló: “El proceso de reinserción del Cacique Nutibara en Medellín atraviesa, según nuestro criterio, por un periodo de crisis de credibilidad, debido a la presunta persistencia de conductas delictivas por parte de (sic) grupo.”[11] Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló su preocupación por la persistencia de “denuncias sobre la colaboración entre paramilitares y Fuerza Pública y el temor [de las comunidades] de presentar denuncias ante las autoridades judiciales y de control, sumado a un sentimiento de indefensión frente a la legitimación que los beneficios procesales de la desmovilización habrían dado a miembros del grupo Cacique Nutibara”[12].

En diciembre de 2004, se desmovilizó el Bloque Catatumbo. El Comandante de la Policía de Norte de Santander aseguró que “después de la desmovilización del Bloque Catatumbo han sido capturados 15 de sus ex integrantes por hurto calificado, extorsión, homicidio, falsedad en documento, porte de explosivos y atraco”[13]. Es preocupante que a pesar de la información existente sobre la inexistencia de una cabal desmovilización, la MAPP/OEA, organismo que ha verificado los hechos, no haya formulado recomendaciones concretas que incidan en el proceso de diálogo y desmovilización.

Violaciones del cese de hostilidades

El Gobierno de Colombia condicionó el diálogo con los grupos paramilitares al establecimiento de un cese de hostilidades, “con el único fin de lograr una disminución de la violencia y asegurar el respeto de los derechos humanos en todo el territorio nacional”[14]. En los cuatro informes que ha presentado al Consejo Permanente de la OEA, la MAPP/OEA ha reconocido que las Auc no han cumplido con su compromiso de cesar completamente las hostilidades[15]. Después de 15 meses del establecimiento de la MAPP/OEA, sin embargo, “no se han conocido consecuencias concretas para las Auc por los incumplimientos del cese de hostilidades”[16].

La inexistencia de una voluntad del Gobierno para exigir el cumplimiento del cese de hostilidades se revela en el tratamiento dado por el Gobierno recientemente al comandante de las Auc, Diego Murillo, alias “Don Berna” o “Adolfo Paz”. Luego de que el Gobierno decidiera hacer efectiva su captura en Santa Fe de Ralito, por su presunta responsabilidad en el homicidio de tres personas en Montería (Córdoba), entre ellas un miembro de la Asamblea Departamental, acaecido el 10 de abril de 2005, secretamente le otorgó la condición de desmovilizado y decidió imponerle unas condiciones especiales de detención. En primer lugar, según lo establecido en la ley 782, el Gobierno estaba impedido para otorgarle cualquier beneficio al jefe paramilitar por estar incurso en una investigación penal respecto a la ocurrencia de un delito atroz. En segundo lugar, no fue legal el otorgamiento de un sitio especial de reclusión pues, como lo advirtió el Procurador General de la Nación, equivalió a aplicar “normas de un proyecto que no ha sido promulgado”[17]. En tercer lugar, no se entiende como la voluntad de desmovilización requiera ser refrendada mediante dudosos acuerdos puntuales, mediante los cuales el Gobierno renuncia a hacer efectivo el cumplimiento del cese de hostilidades, cuando se supone que tal voluntad es la que justifica el establecimiento de la zona de ubicación y concentración. El episodio deja serias dudas sobre la existencia de una real voluntad de desmovilización de las estructuras dirigidas por Diego Murillo antes del 27 de mayo de 2005, cuando se comprometió “a desmovilizar de manera inmediata la totalidad de estructuras que operan bajo su mando”[18].

No obstante la gravedad de la situación que ha verificado[19], la MAPP/OEA se ha abstenido de emitir alguna recomendación al Gobierno de Colombia o a la OEA en relación con la necesidad de que el cese de hostilidades sea respetado cabalmente. En el mejor de los casos, ha señalado que resulta “imperioso seguir mejorando y perfeccionado la cesación de hostilidades”[20]. Así mismo, resulta preocupante que la MAPP/OEA no haya tomado en cuenta la consideración hecha por la CIDH: “El proceso se encuentra en una etapa crucial en la cual tanto las negociaciones como el respeto a los compromisos de cese de hostilidades deben guiarse por los principios y normas establecidos en el derecho internacional a fin de superar los conflictos armados, y el contenido de la obligación de los Estados de asegurar la justicia, la verdad y la reparación para todas las personas bajo su jurisdicción”[21].

El proceso no ha asegurado el respeto de los derechos humanos

La violación constante del cese de hostilidades y la inexistencia de un marco jurídico adecuado, que garantice el respeto de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, instituyen un escenario de impunidad que contraría la Carta de la OEA y las recomendaciones emitidas por la CIDH.

La resolución del Consejo Permanente definió que el establecimiento de la MAPP/OEA debe “asegurar que el papel de la OEA sea completamente acorde con las obligaciones de sus Estados Miembros respecto de la plena vigencia de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario”[22]. Es preocupante que la MAPP/OEA no haya tenido en cuenta las consideraciones de la CIDH, según las cuales “los mecanismos de desmovilización no han sido acompañados de medidas integrales para aliviar a las víctimas de la violencia y esclarecer numerosos hechos delictivos que permanecen en la impunidad y, por lo tanto, parte de los factores generadores del conflicto persisten”[23], y que “los vacíos y ambigüedades [del marco jurídico] (…) generan falta de claridad en el alcance de los beneficios procesales a los que tendrían derecho los desmovilizados e inseguridad jurídica para todas las partes involucradas, en particular las víctimas de violaciones [de] los derechos humanos y sus familiares[24].

La MAPP/OEA debería tener en cuenta la conclusión del informe de la CIDH, en cuanto a que la legitimidad del proceso “debe nutrirse en el verdadero compromiso frente a los acuerdos alcanzados a la luz de los parámetros internacionales, el cese del empleo de la violencia y la intimidación contra la población civil, la sujeción a la ley, y la reparación de las víctimas”[25].

Preocupantes declaraciones del jefe de la MAPP/OEA

A la luz del mandato de la MAPP/OEA, algunas afirmaciones hechas por el jefe de la misión, Sergio Caramagna, ocasionan desconcierto, pues parecerían contrariarlo. En general, sus declaraciones públicas parecen estar orientadas por una afirmación fundamental: “nosotros estamos aquí no para ponerle condiciones al proceso sino para apoyar lo positivo”[26]. Consideramos que lo “positivo” del proceso, en la perspectiva de garantizar transparencia y credibilidad, son las acciones orientadas hacia el respeto pleno de los derechos humanos y el derecho humanitario por parte de las Auc y la definición de mecanismos efectivos de exigencia del cese de hostilidades en la mesa de diálogo. Expresamos preocupación por la relativización del cumplimiento del cese de hostilidades, la cual daría a entender que la posición de la MAPP/OEA es la de apoyar la desmovilización sin importar los costos en materia de violaciones graves a los derechos humanos y al derecho humanitario, situación contraria a una creible voluntad de paz.

El proceso de desmovilización ha mostrado resultados abiertamente contrarios a los esperados por la sociedad colombiana y la comunidad internacional. En ese sentido, resulta urgente que se evalúe el desempeño del la MAPP/OEA y se adopten medidas inmediatas orientadas hacia el fortalecimiento de su función de verificación de la desmovilización y del desmantelamiento definitivo de los grupos paramilitares, asegurando la plena vigencia de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.

Solicitudes a la Asamblea General

 Evaluar el desempeño de la MAPP/OEA en función de que la verificación garantice la plena vigencia de los derechos humanos y del derecho humanitario, y clarificar en qué consiste el mandato de verificación y su alcance real en el desarrollo transparente del proceso de diálogo y desmovilización.

 Garantizar los recursos financieros y humanos suficientes para el desempeño pleno y efectivo del mandato y de las funciones de verificación de la MAPP/OEA.

 Que la OEA solicite al Gobierno de Colombia resultados concretos en relación con los casos comprobados sobre violaciones del cese de hostilidades por parte de las Auc.

 Establecer cuanto antes el memorando de entendimiento entre la MAPP/OEA y la CIDH, anunciado en los cuatro informes de la MAPP/OEA al Consejo Permanente.

 Que la OEA se pronuncie públicamente sobre el ejercicio del mandato de la MAPP/OEA y, en general, sobre el proceso de diálogo y desmovilización establecido entre el Gobierno colombiano y las Auc y sus resultados.

Solicitudes a la MAPP/OEA

 Exigir al Gobierno y las Auc el establecimiento de un sitio único de concentración para garantizar la verificación plena del proceso de desmovilización, desarme y reinserción.

 Exigir a la Fiscalía General de la Nación la verificación de la identidad de las personas concentradas y que se establezca claramente que no tienen sindicaciones por su responsabilidad en la comisión de crímenes de lesa humanidad, como condición para acceder a los beneficios judiciales.

 Exigir al Gobierno y las Auc la participación, con garantías, de las víctimas en los procesos y que se garantice su reparación integral en los términos establecidos por la Convención Americana de la OEA. Contrastar las denuncias recibidas por la MAPP/OEA sobre violaciones del cese de hostilidades, con la información aportada por las víctimas, sus familiares y las organizaciones que las representan.

Coordinación Colombia-Europa Estados Unidos

Organizaciones del Comité Operativo:

Comisión Colombiana de Juristas (CCJ)

Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR)

Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos (ILSA)

Asociación de Trabajo Interdisciplinario (ATI)

Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (FCSPP)

Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez

Presbiterio de la Costa Norte – Iglesia Presbiteriana

Instituto Popular de Capacitación (IPC)

Fundación Sumapaz

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[1] El convenio expresa la intención de apoyar la política de paz del Gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, la cual establece que “las puertas para la negociación están abiertas para todos aquellos grupos armados ilegales (…), previa condición de decretar un ‘cese de hostilidades’, con el único fin de lograr una disminución de la violencia y asegurar el respeto de los derechos humanos en todo el territorio nacional”. Política de Paz del Gobierno, http://www.altocomisionadoparalapaz…

[2] Véase Convenio entre el Gobierno de la República de Colombia y la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos para el acompañamiento al proceso de paz en Colombia, Bogotá, 23 de enero de 2004. También la Resolución de Apoyo al proceso de paz en Colombia del Consejo Permanente de la OEA, CP/RES. 859 (1397/04).

[3] Declaración de la Conferencia Especial Sobre Seguridad sobre la Situación en Colombia, aprobada en la tercera sesión plenaria, México DF., 28 de octubre de 2005, CES/doc. 3/03.

[4] Acuerdo de Santafé de Ralito y Acuerdo de Fátima, http://www.altocomisionadoparalapaz…

[5] Comisión de Derechos Humanos, Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia durante 2004, 61° período de sesiones, doc. E/CN.4/2005/10, 28 de febrero de 2005, pág. 2 (resumen).

[6] Ibíd.., párr. 61.

[7] Según el diario El Tiempo, “49 frentes en 382 municipios del país han pasado del control militar al control social”. Ese control se expresa en “la compra de tierras baratas que han dejado baldías los campesinos”, el montaje de “fundaciones y cooperativas para sacar adelante proyectos productivos y hacer gestión social” y la influencia en universidades. “El mapa de la influencia ‘para’”, diario El Tiempo, Bogotá, 26 de septiembre de 2004.

[8] Entre julio y septiembre de 2004, se tuvo noticia de presuntos vínculos con paramilitares de los alcaldes de Cúcuta (Norte de Santander) y Riohacha (La Guajira), los asesores de paz de La Guajira y Barrancabermeja (Santander) y la Directora de Fiscalías de Cúcuta. También se supo de nexos con esos grupos de las autoridades locales y departamentales en la Costa Atlántica, Casanare y Meta.

[9] “Apropiación de recursos girados a las ARS para la salud de los más pobres. Cálculos oficiales hablan de más 550 mil millones de pesos. Cobran por afiliado entre 6.000 y 10.000 pesos y ‘vacuna’ de hasta 148 millones de pesos a las ARS que lleguen a su zona”. “La paramilitarización de Colombia”, diario El Tiempo, Bogotá, 26 de septiembre de 2004, pág. 1-8.

[10] La connivencia entre grupos paramilitares y Fuerza Pública es notoria en los siguientes departamentos: Antioquia, Arauca, Bolívar, Chocó, Córdoba, Cundinamrca, Meta, Meta, Nariño, Norte de Santander, Santander, Sucre, Tolima y Valle. En el marco del desarrollo del Plan Patriota, tal connivencia se ha hecho evidente en Guaviare y Caquetá.

[11] Consejo Permanente, Segundo informe del Secretario General sobre la Misión para apoyar el Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA), de conformidad con la Resolución CP/RES. 859 (1397/04), OEA/Ser.G/CP/Doc. 3944/04, 28 de septiembre de 2004, pág. 12.

[12] Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre el proceso de desmovilización en Colombia, OEA/Ser.L/V/II.120, Doc. 60, 23 de diciembre de 2004, párr. 96.

[13] Diario El Tiempo, 5 de abril de 2005, http://www.eltiempo.com

[14] Política de Paz del Gobierno, http://www.altocomisionadoparalapaz…

[15] Según Amnistía Internacional, “los paramilitares siguieron violando el cese de hostilidades declarado por ellos mismos en diciembre de 2002. Se atribuyeron a los paramilitares más de 1.800 homicidios y desapariciones ocurridos desde el cese de hostilidades. Los paramilitares fueron responsables también de graves violaciones de derechos humanos en zonas donde, según los informes, se habían desmovilizado, y siguieron actuando con el apoyo y la connivencia de las fuerzas armadas”. Amnistía Internacional, Informe 2005. Los derechos humanos en el mundo (véase: web.amnesty.org/report2005/col-summary-esl )

[16] Comisión de Derechos Humanos, Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia durante 2004, 61° período de sesiones, doc. E/CN.4/2005/10, 28 de febrero de 2005, párr. 7.

[17]“Horacio Serpa la fuga y posterior entrega de ‘Don Berna’ como un ‘show publicitario’”, Bogotá, Diario El Tiempo (eltiempo.terra.com.co/coar/NEGOCIACION/negociación/ARTICULO-WEB-_NOTA_INTERIOR-2092403.html), 2 de junio de 2005, 1:05 p.m.

[18] Comunicado del Alto Comisionado para la Paz, Santa Fe de Ralito, 27 de mayo de 2005 (http://www.altocomisionadoparalapaz… ).

[19] En su tercer informe, la MAPP/OEA advirtió que, durante 2004, “la situación [continuaba] siendo grave y preocupante (pág. 5) y que “pese a la disminución de la violencia por parte de las autodefensas, ha habido graves denuncias de violaciones del cese de hostilidades, incluidos homicidios, masacres, desapariciones, casos de tortura y amenazas de muerte” y que persistían “prácticas generalizadas (…) como las extorsiones y la presión sobre las comunidades en zonas de influencias de las autodefensas en general”. Consejo Permanente, Tercer informe del Secretario General sobre la Misión para apoyar el Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA, de conformidad con la Resolución CP/RES. 859 (1397/04), OEA/Ser.G, CP/Doc. 3978/05, 31 de enero de 2005, pág. 3.

[20] Ibíd., pág. 5

[21] Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre el proceso de desmovilización en Colombia, OEA/Ser.L/V/II.120, Doc. 60, 23 de diciembre de 2004, párr. 208.

[22] Ibíd., párr. 1.

[23] Ibid., párr. 74.

[24] Ibid., párr. 91.

[25] Ibíd., párr. 114.

[26] “Entrevista al jefe de la Misión de la OEA en Colombia, Sergio Camagna”, diario El Colombiano, Medellín, 28 de noviembre de 2004, (http://www.altocomisionadoparalapaz… ).

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