Luego de la captura masiva de estudiantes de la Universidad de Antioquia, en la madrugada del 5 de mayo, se ha presentado una serie de hechos irregulares que no sólo atentan contra la independencia judicial y el debido proceso penal, sino que además ponen en grave riesgo la integridad física de todas las personas que desde la academia, la familia, la opinión o la actividad profesional hemos señalado las anomalías en el tratamiento de este asunto.

En primer lugar no es comprensible que el comandante de policía metropolitana, General Carrillo, presente a los capturados en rueda de prensa, afirmando tener plenas pruebas de que son culpables de una serie de crímenes y de que integran redes subversivas al interior de la universidad. ¿Cómo es posible que casi treinta horas después de producidas las capturas, los estudiantes sigan a disposición de la policía, cuando fue la propia fiscalía la que dirigió los operativos? Y si ya estaban a disposición de la fiscalía, ¿Cómo explica el funcionario a cargo las faltas a la presunción de inocencia y al debido proceso?

Más extraño aún es que la Fiscalía General de la Nación haya dejado el manejo del proceso en cabeza de la propia fiscalía delegada ante el CEAT, contraviniendo con ello postulados elementales del debido proceso y la jurisprudencia que prohíbe la asignación de investigaciones a estas unidades satélite; desatendiendo las recomendaciones expresas de Naciones Unidas y las múltiples denuncias hechas sobre las prácticas ilegales que allí se han presentado.

Tampoco es comprensible que la columna editorial del periódico El Mundo, de mayo 14, en la que se arremete contra el comunicado del Claustro de profesores de la Facultad de Derecho, a quienes acusa de llamar a “un silencio cómplice con los terroristas”, haya sido reproducida y distribuida masivamente en la Universidad, en un texto suscrito por un grupo paramilitar.

Lo que si parece lógico, después de todas estas irregularidades, es que se desate la persecución criminal en los casos en que no funcionan los instrumentos convencionales de represión. El 16 de mayo la familia de DIANA CAROLINA MANCO, de 17 años de edad, estudiante de décimo grado que resultó lesionada con la explosión del 10 de febrero, recibió una llamada en la que preguntaron por ella, refiriéndola como una “guerrillerita hijueputa” y advirtiendo que las medidas en su caso serían muy diferentes. La vivienda de DIANA CAROLINA había sido allanada el 5 de mayo y aunque no se encontró ningún elemento comprometedor, los funcionarios encargados de la diligencia señalaron que se buscaban armas y explosivos.

Los organismos de seguridad han reclamado a varias instituciones educativas de la ciudad el listado de miembros del movimiento estudiantil, al tiempo que la propia fiscalía requirió a la Universidad de Antioquia para que le enviara la relación de estudiantes que dirigen las asambleas, en lo que constituye una clara persecución a la organización gremial. Varios abogados defensores y estudiantes han sido objeto de seguimientos y otra de las menores relacionadas con el proceso ha sido objeto de permanente hostigamiento en su vivienda y en el colegio donde se encuentra matriculada.

Es así como la gravedad de estos hechos nos conduce a reclamar por la seguridad de los estudiantes y sus familias, los docentes y los defensores; por lo menos mientras logra aclararse si la conducción del proceso está en manos de la fiscalía, la policía o el paramilitarismo.

Medellín, mayo 17 de 2005

CORPORACION JURIDICA LIBERTAD