La Comunidad de Paz de San José de Apartadó deja constancia de nuevas acciones de terror por parte del Estado contra nuestra comunidad; las acciones que ponemos a consideración son las siguientes:

 El viernes 29 de abril a las 10 a.m. miembros del ejército llegaron a la vereda Alto Bonito. Allí abordaron a dos familias y les prohibieron apoyar a la comunidad ya que el gobierno había iniciado su fase final de destrucción contra la Comunidad de Paz y si se metían a la comunidad les iría muy mal. La única solución era organizarse y apoyar al ejército si querían sobrevivir. Después de ello les dijeron que querían una reunión con los líderes de la vereda para organizarlos y que realizarían dichas reuniones con las demás veredas. A pesar de que los militares programaron la reunión para los dos días siguientes, la comunidad de Alto Bonito no asistió.

 El 26, 28 y 29 de abril entre las 5 y las 6 p.m. miembros de la policía, uniformados y con armas largas, se han transportado en vehículos de servicio público en medio de civiles de la zona, violando el derecho internacional humanitario.

 El 2 de mayo a las 8 a.m. miembros de la policía le ofrecen a dos miembros de la comunidad que les vendan sus casas ya que tienen lista la gente para traerla de Apartadó.

 El 8 de mayo a la 1 p.m. miembros de la policía bajaron al frente del caserío de San Josesito, ubicado en la finca la Holandita, y comenzaron a filmar las casas y los miembros de la comunidad.

 El 12 de mayo miembros de la policía en horas de la mañana manifiestan que en San José existe normalidad, que las familias de la comunidad han retornado a San José y que la Comunidad de Paz está casi destruida. Manifiestan que existen en San José más de 80 familias y que ellas han salido de San Josesito en la finca la Holandita.

Es evidente la búsqueda de destrucción de la comunidad por parte del Estado a través de las Fuerzas Militares y su accionar conjunto con los paramilitares que en Urabá es evidente y descarado. Pero estas acciones de terror y destrucción no son nuevas. Y tiene razón la Fuerza Pública cuando afirma que nos tienen casi acabados; sólo hay que mirar la historia para comprobarlo: nuestra comunidad de 1.200 personas ha sufrido el asesinato de 154 de sus miembros, es decir, más del 15% de nuestra población ha sido aniquilada (dentro de los asesinatos se cuentan más de 14 líderes). Hemos sido bloqueados económicamente, nunca ha existido inversión social del estado en nuestra comunidad, hemos sido desplazados, en fin, el panorama es desalentador.

Sabemos que este crimen de lesa humanidad contra nuestra comunidad por parte del estado evidencia el terrorismo de Estado y es prueba contundente de su intención de destruirnos. La impunidad es evidente, el no respeto de las posiciones civiles es contundente. Indudablemente es una victoria del terror, una victoria de la muerte. Una victoria de las víctimas sería un Estado con justicia, verdad, con respeto por los derechos humanos, un Estado con inversión social, que no desplazara y respetará las posiciones civiles y de paz.

Pero creemos que nuestra derrota no es sólo la derrota de una comunidad, es la derrota de nuestro país y de la misma humanidad. La mentira ha sido una constante de los victimarios, como en el caso de la masacre de 8 personas por parte del ejército, entre ellas de líderes de nuestra comunidad: Luis Eduardo Guerra y de las zonas humanitarias Alfonso Bolívar. Nuevamente la mentira es evidente: se habla de la salida de 80 familias de San Josesito que estarían retornando a San José. Sin embargo, la realidad es que en estos casi dos meses se han ido de San Josesito cuatro familias que no pertenecían a la comunidad. Eran comerciantes que en total libertad decidieron irse, cuando la comunidad no permitió que se vendiera licor y precios altos de alimentos en el asentamiento. En San Josesito permanecen 76 familias. Las 214 familias de la comunidad que sobrevivimos (en San Josesito, La Unión, Arenas Altas y otras veredas) seguimos firmes en nuestros principios de neutralidad con cualquier actor armado (Fuerza Pública-paramilitares y guerrilla) a sabiendas del exterminio del que somos víctimas por parte del gobierno. En el caserío de San José no hay miembros de nuestra comunidad, pero reiteramos la exigencia de respeto de los actores armados con la población civil, este es un derecho universal al cual no podemos renunciar los que creemos en la paz y en la resistencia civil.

Sabemos que esta victoria de los victimarios, este crimen de lesa humanidad, algún día será juzgada por la humanidad ya que la búsqueda de la paz es una opción por la dignidad universal. Reiteramos nuevamente nuestro agradecimiento a la solidaridad nacional e internacional; muchos de ustedes han sido testigos de la verdad y el horror que nos ha tocado sufrir.

Anexamos el décimo derecho de petición, interpuesto por el Padre Javier Giraldo, que resume las últimas acciones de terror del que hemos sido objeto por parte del Estado.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó