En la madrugada de ayer jueves fueron allanadas las viviendas de varios miembros de la comunidad educativa de la universidad de Antioquia y retenidos catorce (14) estudiantes, nueve (9) de los cuales hacen parte de la lista de personas que resultaron heridas durante la explosión que se presentó en ese centro educativo el diez de febrero de este año.

Pese a que los retenidos asistían a clase normalmente, permanecían en sus viviendas y ya habían sido versionados dentro de la investigación previa, la Fiscalía especializada delegada ante el Comando Elite Antiterrorista optó por la espectacularidad de los allanamientos en horas de la madrugada, la captura masiva y el anuncio en medios de comunicación. A tal extremo ha sido la perversidad que incluso tres días atrás había salido del hospital el último de los estudiantes heridos, allí fue versionado por la misma fiscal quien le permitió marcharse a su casa para luego realizar este operativo en su contra y conducirlo a los calabozos con grave riesgo para su salud y la del resto de compañeros que aún reciben tratamiento especializado por la gravedad de sus quemaduras.

Desde el inicio de esta investigación los cuerpos de seguridad y la fiscalía han presumido la responsabilidad penal de quienes resultaron lesionados, así como la autoría intelectual de líderes y activistas estudiantiles, profesores críticos y opositores al sistema de gobierno, enmarcándolos a todos en la fórmula simplista de ser integrantes de las redes subversivas de las FARC-EP y el ELN.

Pese a que se ha solicitado la intervención de expertos independientes y la práctica de una serie de pruebas a favor, la fiscalía ha dirigido su labor a la recolección de una serie de “informes de inteligencia” basados en la persecución de las personas más destacadas dentro del movimiento estudiantil, así como de profesores y empleados cercanos a éste. No todas las pruebas recogidas han sido conocidas por los abogados y a última hora la fiscalía decidió acumular el proceso con otras investigaciones previas desconocidas; adicionalmente los defensores han sido objeto de seguimientos y acusaciones temerarias por parte de agentes de esa unidad policial.

Además de la parcialidad e ignominia con que se ha tratado este asunto, nos asisten fundadas razones para sostener que no existen garantías para la práctica de una investigación independiente e imparcial, toda vez que las fiscalías delegadas ante cuerpos de seguridad, y ésta en especial, se han caracterizado por impulsar procesos en los que se ha demostrado la existencia de montajes incriminatorios orquestados desde la propia fuerza pública y avalados por funcionarios judiciales que han sido asaltados en su buena fe o han mutado su criterio jurídico por un pensamiento que es propio de los funcionarios de cuerpos armados.

Ante la ilegitimidad de esta instancia judicial, los procesados y sus defensores hemos asumido la decisión de no rendir indagatoria y hacemos responsable a la Fiscalía de cualquier deterioro en la salud de los retenidos, así como de la integridad física de todos los aquí implicados, pues es bien sabido que en este país se puede recuperar la libertad pero no la inocencia, sobre todo cuando la dirección de las investigaciones parece estar en cabeza de los cuerpos de seguridad del Estado.

Medellín, mayo 6 de 2004.

CORPORACION JURIDICA LIBERTAD