Hoy llenos de vergüenza e indignación hacemos un llamado a la reflexión tanto a Organizaciones Sociales como a la población en general frente a los hechos que se vienen presentando desde hace tiempo pero que debido al evento mundialista se ha agudizado en un acto público de “Limpieza Social

”en procura de la comodidad de turistas, de sectores pudientes  locales y foráneos e incluso de parte de la población menos favorecida que comparte esta clase de iniciativas, pese de ser también víctimas de la terrible situación económica del departamento en materia de empleo y de garantías de vida digna para gran parte de los habitantes.

 Esta sociedad Quindiana demuestra su doble moral al predicar un remanso de paz y de oportunidades, pero solo para turistas y empresarios, porque a sus pobladores marginales solo se les ofrece el abandono, el desalojo, el maltrato, la exclusión y hasta el exterminio. En una ciudad como Armenia que lleva casi 5 años estando dentro de los cuatro primeros puestos de mayor tasa de desempleo, pero que hoy, que somos el primero, no se toleran las expresiones de la pobreza misma ni se combaten sus causas.   En este prostituido departamento, en sus calles no pasa na’.

El Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Político-Social del Quindío en su trabajo de investigación sobre las problemáticas sociales presentadas en nuestro departamento, ve con preocupación que algunas medidas adoptadas por la administración municipal de Armenia con ocasión del evento Mundial de Fútbol Sub 20, que tiene una de sus sedes en este municipio, están encaminadas a la expulsión arbitraria y denigrante de los habitantes de la calle, bajo el argumento de que son indeseables para la sociedad y que con su presencia atentan contra la buena imagen de nuestro departamento en su proyección turística. Posición que desde hace años ha sido apoyada por algunos sectores sociales, medios de comunicación y autoridades, fomentando el odio y la discriminación contra estas personas.   El Alcalde encargado de la ciudad Dr. Julio Domínguez, ha hecho públicas unas declaraciones, según las cuales, los estudios de inteligencia han arrojado un aumento en el número de habitantes de la calle, muchos de los cuales proviene de afuera, por lo que las medidas a adoptarse no pueden ser la asistencia social, sino el traslado de estas personas supuestamente a sus lugares de origen.

Pese a que la condición de habitante de la calle no significa un acto delictivo y que además esta condición no los hace perder sus derechos como ciudadanos Colombianos y seres humanos dignos de respeto y consideración, se han tomado medidas que atentan contra su seguridad e integridad física y moral. Existen denuncias según las cuales desde el pasado 25 de julio agentes de la Policía Nacional comenzaron a “recoger” a los habitantes de la calle en camiones. Algunas de estas personas son detenidas preventivamente sin que haya podido establecerse si han sido puestos a disposición de una autoridad judicial o dejados en libertad, como legalmente corresponde.

  Así mismo, las personas que oponen resistencias a la conducción son golpeadas o en algunos casos cargados con drogas para detenerlos, y quienes no ponen resistencia a ella, han sido llevados a lugares periféricos del departamento, principalmente en los límites con el Tolima, en la parte alta de La Línea, teniendo en cuenta el enorme riesgo que esta zona implica a su integridad y seguridad por las condiciones físicas y mentales de estas personas.

La situación se hace doblemente crítica si consideramos lo difícil que resulta realizar un seguimiento a su situación real y a las posibles detenciones y violaciones de derechos sobre una población de “seres invisibles” para la sociedad, muchos de ellos indocumentados, sin familia, sin un lugar de residencia y que en la mayoría de los casos ignoran o no cuentan con la suficiente información, atención y apoyo para reclamarlos.  

Es importante valorar los antecedentes en materia de violación de derechos de esta población altamente vulnerable, como son la restricción a la libre circulación de los habitantes de la calle por varias zonas de la ciudad, principalmente en la vía pública y peatonal de la Cra. 14 denominada

  “Cielos Abiertos”, sin motivación distinta a la exclusión social y la intolerancia. Amenazas como las que en los últimos días han recibido habitantes de la calle por parte de sujetos encapuchados que circulan a altas horas de la noche en motos de alto cilindraje que les advierten que no los quieren ver durmiendo en la calle; persecuciones y maltratos en los que también está implicada la fuerza pública como métodos de intimidación y terror; atentados y asesinatos como el incremento de muertes de indigentes en los últimos meses; estos son los métodos de control que se tejen sobre ellos por parte de autoridades, agentes del Estado y civiles armados, a lo que se le suma la carencia absoluta de programas gubernamentales de asistencia y reintegración social, todo esto ante la mirada cómplice de la sociedad en general y de las instituciones en particular.   A las personas en mención; aun cuando sus condiciones de vida sean precarias, no pueden imponérseles restricciones o limitaciones en sus derechos fundamentales, pues gozan de los mismos derechos y libertades de cualquier ser humano y en esta medida la obligación de las autoridades públicas es la de no menoscabarlos ni violentarlos. De igual manera, dado que su condición les impide un acceso justo y equitativo a los derechos económicos, sociales y culturales, el deber de las autoridades será el de planificar y generar condiciones que les permitan superar su situación de marginalidad.

Al respecto advierte la Carta en su artículo 5: “

El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de las personas…”   Teniendo en cuenta lo anterior, denunciamos la conducta lesiva en la que al parecer están incurriendo algunos agentes de la Policía del departamento del Quindío en contra de los derechos a la Igualdad, la Libre Circulación, la Prohibición de Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes, la Dignidad Humana y el Debido Proceso de los habitantes de la calle, por constituirse en un abuso de autoridad y en un claro desacato de su misión institucional: “

mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas; y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz” (Artículo 218 C.P). Así mismo, por la actuación que corresponde a la administración municipal, al impartir las directrices tendientes a vulnerar estos derechos, y omitir el deber legal de

proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades. (Artículo 2 C.P).   Ante este indígnate situación hacemos un llamado a autoridades, instituciones y Organizaciones que replanteen su posición y contribuyan a que cese este atropello que significa un enorme retroceso en el andar constructivo hacia una sociedad justa y equitativa.… Para todos, todo.

 Armenia, julio 29 de 2011

BANCO DE DATOS DE DD.HH QUINDIO