dhColombia ha tenido conocimiento de información complementaria, en relación con el crimen de lesa humanidad ejecutado por efectivos del Ejército Colombiano, en contra de habitantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, entre ellos uno de sus líderes, LUIS EDUARDO GUERRA, quienes fueron detenidos arbitrariamente, posteriormente torturados y finalmente ejecutados.

1. Desde antes del 19 de febrero de 2005, campesinos de las veredas las Nieves, Mulatos y la Resbalosa (Apartadó – Antioquia), comprobaron que tropas combinadas de la Brigada Móvil 11 y la Brigada 17 se encontraban presentes en la zona, desarrollando operaciones de control. A su vez, pudo establecerse por parte de las mismas fuentes que estaba llegando más tropa a la zona.
2. Testigos, que vieron cuando se llevaron a Luis Eduardo y su familia, han señalado que hubo detención, interrogatorio, torturas y posterior asesinato a garrotazos, por las señales que se encontraron en los cuerpos, a pesar de lo decompuestos que estaban y comidos de los animales. Luis Eduardo, su compañera e hijo fueron arrojados en el campo, situación que dificultó su hallazgo. La cabeza del niño se encontró a varios metros del resto, porque fue desprendida con los garrotazos.
3. Después de esto, los victimarios se dirigieron a la casa de Alfonso Bolívar Tuberquia y allí lo asesinaron a él, a su esposa y a sus dos hijos, además de otro campesino que trabajaba con él. Los cadáveres de ellos fueron depositados en hueco o fosa y fueron los primeros que encontró la Fiscalía.
4. El sábado solamente se pudo hacer el levantamiento de la familia de Alfonso, porque en horas ya de la tarde (noche) se encontraron los restos de Luis Eduardo y su familia, pero la comisión de la Fiscalía se desplazó a Apartadó con los primeros cadáveres.
5. Las diligencias de la Fiscalía y Medicina Legal fueron lentas, dilatándose la entrega de los cadáveres a la comunidad que estaba desesperada y cansada y quería llevarlos a San José de Apartadó para velarlos.
6. Militares que estaban en la zona, dijeron a algunos de los miembros de la comunidad que subieron para buscar y para cuidar los cadáveres, hasta que llegara la unidad de la Fiscalía. Por parte de los mismos uniformados se manifestó a integrantes de la comunidad que: “agradezcan que no matamos otros tantos porque la noticia se regó muy rápido”, expresando a su vez que: “Vayan recójanlos rápido que esos guerrilleros huelen muy feo”.

7. De acuerdo con esta información suministrada por testigos, a los que urge proteger, resulta cada vez más claro que los hechos fueron cometidos por miembros del Ejército Nacional, situación que desvirtúa las argumentaciones que en diferentes medios de comunicación han sido dadas por autoridades de control, como el Defensor del Pueblo Wolmar Pérez, quien manifestó que “hay varias versiones y ninguna está confirmada”. (El Tiempo, febrero 28 de 2005, página 1/7).

8. Hemos tenido conocimiento que este nuevo crimen ha producido un desplazamiento hacia San José de Apartadó de familias de las veredas de Mulatos y las Nieves.
9. Dos familias de la vereda las Nieves están desaparecidas. A la fecha no se ha confirmado si fueron también asesinadas o detenidas por los militares o si huyeron por temor.
10. Desde el 9 de octubre de 2000, la Corte Interamericana de Derechos Humanos requirió al Estado de Colombia, para adoptar sin dilación las medidas necesarias para proteger la vida e integridad personal de los integrantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, asegurar que sus beneficiarios pudieran seguir viviendo en su residencia habitual y asegurar el retorno de las personas desplazadas. Estas medidas fueron ratificadas por la Corte Interamericana mediante Resoluciones del 18 de junio de 2002 y el 17 de noviembre de 2004.
11. En la Resolución del 17 de noviembre de 2004, indicó la Corte Interamericana de Derechos Humanos:
    “2. Que durante la vigencia de estas medidas provisionales, según la información aportada por la Comisión y los representantes, los miembros de la Comunidad de Paz continúan siendo objeto de amenazas, hostigamiento, intimidaciones, estigmatización, robos, detenciones arbitrarias, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, asesinatos y desapariciones forzadas en manos de la Fuerza Pública y de grupos paramilitares, que a su vez han ocasionado el desplazamiento de numerosas familias (supra Vistos 8, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 y 21), todo eso a pesar de que el propósito fundamental de la adopción de estas medidas es la protección y preservación eficaces por parte del Estado de la vida e integridad personal de los integrantes de la Comunidad de Paz, así como de las personas que tengan un vínculo de servicio con dicha Comunidad.

    Que ante la gravedad de la situación en la que se encuentran los miembros de la Comunidad de Paz es preciso reiterar el requerimiento al Estado para que adopte de forma inmediata todas las medidas necesarias para asegurar eficazmente el pleno ejercicio de sus derechos a la vida y a la integridad personal”. más información

    • Desde el 29 de julio de 2003, fueron presentados por el P. Javier Giraldo, reiterados derechos de petición al Presidente Alvaro Uribe Vélez, alertándole sobre las múltiples agresiones en contra de la Comunidad de Paz y demandando del mismo la adopción de medidas urgentes, tendientes a evitar la continuidad de dicha cadena de crímenes.

      Por novena oportunidad, el 19 de enero de 2005, un mes antes de ser ejecutada esta nueva masacre, fue presentado un nuevo derecho de petición, donde se alertaba al Presidente Uribe de la posibilidad que se cometieran nuevos atropellos contra la comunidad, por el movimiento de tropas y los rumores que circulaban en la región. En aquella oportunidad se le expresó:

      “En ocho ocasiones anteriores he recurrido al Derecho Constitucional de Petición, consagrado en el Artículo 23 de la Constitución Nacional y en los artículos 5 y siguientes del Código Contencioso Administrativo, para solicitarle, Señor Presidente, medidas de carácter administrativo de su exclusiva competencia constitucional, con el fin de hacer cesar una larga cadena de crímenes de lesa humanidad que desconocen los derechos más fundamentales de los integrantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y demás pobladores de esa zona, perpetrados por funcionarios del Estado de su libre nombramiento y remoción, que actúan a todas luces en estrecha unidad con grupos al margen y en contra de la Ley. Ante la ausencia de toda respuesta “ad rem” y dado el permanente incremento de dichas acciones criminales que desconocen los derechos más fundamentales consagrados en la Constitución y en el Derecho Internacional, me veo en la necesidad de recurrir nuevamente al Derecho Constitucional de Petición para solicitarle, Señor Presidente, la adopción de medidas urgentes de carácter administrativo, de su exclusiva competencia, que miren a detener dicha cadena de crímenes”.más información

      A pesar de este conjunto de llamados, ninguna medida fue adoptada para impedir este nuevo crimen de lesa humanidad, por el contrario fueron hechos llamados públicos a desconocer su posición de no involucramiento en el conflicto armado, tal y como lo constato la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al recoger en la Resolución del 17 de noviembre de 2004: “la declaración pública realizada por el Presidente de Colombia el 7 de mayo de 2004, en la que manifestó que “San José de Apartadó era un corredor de las [Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia] y que algunos dirigentes de la Comunidad de Paz de San José, conjuntamente con las organizaciones internacionales acompañantes, están obstruyendo la justicia”.

Perfil de Luis Eduardo Guerra:

• Luis Eduardo Guerra había sido nombrado por la comunidad para representarles en el Grupo Interinstitucional, con el gobierno y la Comisión Interamericana de derechos humanos que hace seguimiento a las medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la comunidad. Las últimas reuniones en las que participó de este Grupo fueron el 13 de diciembre pasado en la Vicepresidencia de la República y el 28 de enero de 2005 en la Cancillería.
• En el año 2004, Luis Eduardo estuvo en una gira por Europa (Italia, Alemania y otros países) para dar a conocer la situación de la comunidad.
• También fue invitado por Colombia Support Network, visitó los Estados Unidos, donde participó en la manifestación anual frente a la Escuela de las Américas en Georgia. En esa oportunidad, visitó Wisconsin para promover el hermanamiento de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, con el Condado de Dane County.
• Así mismo participó el año pasado en el Foro Social realizado en Ecuador, como delegado de la comunidad de San José y de otras Comunidades en Resistencia.
• También sostuvo entrevistas con miembros del Cuerpo Diplomático acreditado en Colombia, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia y diversas misiones internacionales que han venido a Colombia.
• En las próximas dos semanas se realizará una Audiencia con la Corte Interamericana de derechos humanos con el fin de tratar asuntos técnicos de la aplicación de las medidas cautelares y provisionales y se estaba pensando en que Luis Eduardo fuera el delgado de la comunidad.