Y es aquí donde la bruja salta de su escoba: El manual de contrainsurgencia gringo describe el lema de campaña de Uribe «mano firme corazón grande» = «administración firme pero justa».

Todo el plan de gobierno de Uribe responde a una táctica de guerra dictada por el Pentágono. El gobierno colombiano actúa como un lacayo de la CIA y sigue al pie de la letra los dictados del gobierno estadounidense y del Pentágono para (des)gobernar a Colombia.

Sin embargo, la cosa no se queda aquí, ya que los manuales de contrainsurgencia van más en detalle acerca de la misma y las tácticas que emplean resultan ser exactamente las que han estado utilizando los paramilitares en Colombia. Los manuales elaborados en los años 60 dicen abiertamente que las fuerzas paramilitares deben de usar métodos terroristas: «Principios operativos: Hacer hincapié en mantener la iniciativa por medio de acciones ofensivas inmediatas, ahorro de fuerzas y empleo de fuerzas apropiadas y capacitadas de ejército y policía utilizando tácticas que usan los guerrilleros mismos y tácticas terroristas».

El asesor presidencial José Obdulio Gaviria pidió en una entrevista que la información relacionada con la incursión colombiana en Ecuador «se maneje con todo cuidado, prudencia, patriotismo e incluso pragmatismo… Los medios de comunicación colombianos le prestarían un gran servicio a la política de seguridad democrática no profundizando mucho, mientras no sean las propias autoridades»
La verdad nunca hace daño. En cambio, la mentira y el ocultamiento están en la raíz de las tragedias (...)

Yo, Iván Cepeda Castro, mayor de edad y con domicilio en la ciudad de Bogotá, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.262.397 de Bogotá, acudo a usted con el fin de ejercitar acción pública de tutela, en los términos del artículo 86 de la Constitución Política y del decreto 2691 de 1991, contra el señor José Obdulio Gaviria, asesor presidencial, por la violación de mis derechos fundamentales a la honra y al buen nombre, y al derecho a la integridad física y a la (...)

El Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Industria del Carbón “SINTRACARBON” rechaza de forma enérgica el asesinato del compañero ADOLFO GONZALEZ MONTES dirigente Sindical de nuestra organización, quien actualmente se desempeñaba como miembro de la comisión de reclamos de la Seccional Barrancas. Denunciamos ante la opinión pública local, regional, nacional e internacional, el homicidio del que fue objeto nuestro compañero, dirigente y amigo ADOLFO GONZALEZ MONTES, (...)

Bogotá D.C., 22 de Abril de 2008
Excelentísimo Embajador(a)
EMBAJADA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA EN COLOMBIA.
Atte.
E.S.D.
Reciba un cordial saludo.
Los abajo firmantes, Organizaciones integrantes del Comité De Impulso del Movimiento Nacional De Víctimas De Crímenes De Estado , miembros de organizaciones sociales, defensores de derechos humanos y ciudadanos y ciudadanas colombianas en general, por medio del presente escrito respetuosamente nos aproximamos ante su (...)

Resulta inaudito que desde las altas esferas del poder de la época, por algunos de sus miembros, se impulse la desinstitucionalización al promover el quebrantamiento de las reglas básicas del modelo de Estado cuando en busca de un beneficio particular se impulsó a toda costa un Acto Legislativo, sin importar que para sacarlo avante se llegare hasta la comisión de conductas punibles como sucede en el sub júdice. Cobra fuerza en este momento la frase de Thomas Jefferson: Los fines políticos no justifican medios inmorales.

«estoy con un sentimiento encontrado. Por una parte me alegra que después de 25 años la justicia empiece a aparecer; pero por otra. Faltan los desaparecidos y falta el Dr. EDUARDO UMAÑA MENDOZA, único abogado con legitimidad para notificarse hoy de esta sentencia, él entregó su vida por defender el derecho de las víctimas a la justicia», Jorge Molano

Juez María Stella Jara ordenó al Ipec el traslado a la cárcel La Picota del Coreonel (R) Luis Alfonso Plazas Vega "De manera atenta me permito solicitar de conformidad con lo ordenado por la sentencia proferida por este despacho el 9 de los corrientes, trasladar, para efectos del cumplimiento de la pena. al Coronel (R) Luis Alfonso Plazas Vega a un sitio de reclusión, quien se encuentra actualmente internado en el Hospital Militar Central.

Me permito anexar dictámenes médicos expedidos por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses"

La sentencia T-1025/07, aprobada por la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional el pasado 3 de diciembre, pero cuyo texto fue conocido el 22 de enero de 2008, teniendo como Magistrado Ponente al Dr. Manuel José Cepeda Espinosa quien hizo sala con los magistrados Jaime Córdoba Triviño y Rodrigo Escobar Gil, decide tutelar el derecho a acceder a información que reposa en el Estado y que se relaciona con el derecho a la justicia.
Ante la negativa persistente de los ministros de (...)

Señor Presidente: a pesar de todo el asentimiento a los crímenes que su actitud implica, no podemos dejar de clamar, de exigir, de suplicar y de utilizar los mecanismos que la Constitución y las Leyes siguen ofreciendo formal e ineficazmente, para insistir nuevamente en que Usted tiene obligación constitucional de impedir tanta barbarie y que la Constitución siempre le ha otorgado mecanismos apropiados para que pueda hacerlo.

En medio del intenso debate que ha suscitado la decisión del Gobierno de pagar la recompensa por asesinar a un jefe guerrillero, ha sido muy notorio el silencio de los obispos y la Iglesia. Es un silencio ensordecedor en momentos en que un país, supuestamente católico, esperaría la orientación de quienes se dicen sus pastores para aclarar la confusión ética y moral que surge de la contradicción entre un hecho que es positivo para el país -el debilitamiento de la guerrilla- y los métodos (...)

[Junio 10 2010] A pocas horas de conocerse la condena a 30 de prisión contra el Coronel Alfonso Plazas Vega (junio 9 2010), el presidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez reaccionó airado: “… por este hecho ninguno de sus autores está preso. Ahora veo que condenan a un integrante de las Fuerzas Armadas que simplemente buscó cumplir con su deber. Duele da tristeza” El primer mandatario Uribe Vélez anunció:” El primer mandatario explicó que harán una revisión de (...)

Es claro que el mandato judicial que señala como lugar de reclusión, por razones de seguridad, el Pabellón Especial para miembros de la Fuerza Pública de la Penitenciaria La Picota de Bogotá, es de cúmplase. Por esta razón al no existir decisión o manifestación expresa de revocatoria del acto, su deber –como Director del INPEC-, es trasladar al condenado al lugar dispuesto por la Juez Tercera Especializada de Bogota que es una Penitenciaria.

Medellín, marz. 28 (IPC) La justicia debe ir más allá de castigar a los autores materiales de la masacre de 8 campesinos, entre ellos tres niños, perpetrada el 21 de febrero de 2005 en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, ubicada en el Urabá antioqueño, y proceder contra quienes, desde el Alto Gobierno, mintieron para tratar de diluir la responsabilidad de los agentes del Estado involucrados en la comisión de este crimen.
Así lo considera el sacerdote jesuita Javier Giraldo, uno de (...)

De este modo, ni el presidente es ya el presidente, ni el vicepresidente es vicepresidente, ni los ministros son ya los ministros, ni hay reelección, ni primera, ni segunda, y todo lo que se hizo es ilegal, por ello es que nos encontramos en una situación inconstitucional, ya que todo el Gobierno está actuando gracias a un acto ilegal, que como se ha reiterado, no puede ser ni fuente ni fundamento de derecho.

Descargue aquí el texto completo (pdf 13.8 mg) de la Sentencia proferida por el Juzgado Tercero Especializado de Bogotá en la que condena a 30 años de cárcel al Coronel (R) Luis Alfonso Plazas Vega por los 11 desaparecidos en la retoma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985

Descargue la sentencia [+++]

TRIBUNAL PERMANENTE DE LOS PUEBLOS
Fundador Presidente LELIO BASSO (ITALIA) SALVATORE SENESE (ITALIA)
EMPRESAS TRANSNACIONALES Y DERECHOS DE LOS PUEBLOS EN COLOMBIA, 2006 – 2008
SESIÓN FINAL Bogotà, Auditorio Leon de Greiff, Universidad Nacional de Colombia 21 – 23 de julio de 2008
Galería de Fotos
SENTENCIA
SEGRETARÍA (...)

Este Tribunal hace directamente responsable al Estado colombiano en caso que alguna de las personas que participaron dando su testimonio, organizando o representando las victimas sea hostigada, perseguida o vulnerada en su integridad, vida o seguridad personal.

Actos como este ponen de manifiesto el estilito rastrero que caracteriza al gobierno que nos regenta. En la Colombia de hoy, los funcionarios de alto rango del Estado, en lugar de pensar para gobernar, se acostumbraron a utilizar toda clase de mecanismos repugnantes para atacar a sus contradictores.
¿A quién se le ocurrió la “brillante” idea de presentarse en un foro internacional, en donde Colombia sería condenada, a echarle más leña al fuego utilizando para ello un mecanismo (...)