En febrero de 2005, cuando la comunidad de paz de San José de Apartadó dijo que miembros del Ejército habían participado en la masacre de la vereda La Resbalosa, donde dos familias fueron cruelmente asesinadas, casi nadie les creyó. Resultaba increíble que miembros de las Fuerzas Armadas hubiesen participado en el crimen de siete campesinos, de ellos tres eran niños, dos de los cuales fueron degollados, y el otro, decapitado.
Pocos les creyeron, porque las Fuerzas Armadas intentaron (...)

Hoy sábado 25 de junio de 2005, en la ciudad de Bogotá, más de 800 delegados asistentes al II Encuentro Nacional de Víctimas de Crímenes de lesa humanidad, violaciones graves a los derechos humanos y Genocidio, tomamos la decisión de crear el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado como una expresión de AFIRMACIÓN DEL DERECHO A LA AUTENTICA VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN INTEGRAL.

El Centro Cristiano para Justicia, Paz y Acción Noviolenta, Justapaz, programa de la Iglesia Cristina Menonita de Colombia, denuncia que en la madrugada del 14 de junio 2007 fue violada su oficina, y fueron extraídos dos computadores con información sensible sobre personas e iglesias activas en acciones por la paz y la vida digna, y sobre personas de Iglesias cristianas evangélicas víctimas y testigas de violaciones a sus derechos humanos. Los perpetradores del acto delictivo (...)

Sindicalistas, defensores de DDHH, líderes campesinos e indígenas, personalidades de los movimientos sociales y de la izquierda política de Colombia se han puesto en contacto con nosotros, la sociedad civil internacional, pidiendo ayuda.

Defensor de Derechos Humanos
Carolina Hoyos
Miembro de la organización DHBAJOARIARI
1. Cual es el trasfondo y objetivos de la organización a la que perteneces?
El objetivo principal de nuestra organización, es propender por la defensa, promoción y protección de los derechos fundamentales de los campesinos y campesinas de la región del Bajo Ariari,  generando todos los mecanismos posibles para salvaguardar la vida de todos y cada uno de ellos.
Brindándole a toda la comunidad de forma (...)

Su Gobierno en lugar de pedir perdón públicamente y rectificar, ha amenazado de manera reiterada y ordenado acabar con estas Comunidades, al anunciar que las tropas que han sido sistemáticamente agresoras y homicidas, van a ocupar militarmente las tierras de estas poblaciones, no sólo destruyendo su principio rector de neutralidad y distinción en el conflicto, sino asegurando el despojo de estos territorios y títulos colectivos, que ya vienen siendo usurpados violentamente por salvajes proyectos económicos.

La presencia y accionar de la Asociación de Cabildos Indígenas del Chocó, Orewa, representa, sin lugar a dudas, una voz de esperanza en la lucha por construir nuevas experiencias democráticas, participativas, incluyentes; nuevas maneras de entender y construir el nuevo país.

La Corporación Jurídica Libertad informa a la Comunidad Nacional e Internacional los graves acontecimientos que afectan a la Comunidad de Paz de San Jose de Apartadó y que una vez más vulnera los derechos a la vida y libertad.
HECHOS
El Lunes 21 de febrero de 2004, personal uniformado y armado que se identificó como perteneciente a la Brigada XI del Ejercito nacional retuvo en el río Mulatos, a LUIS EDUARDO GUERRA, a su hijo de 11 años DEINER ANDRES GUERRA, a la señora DEYANIRA AREIZA, y (...)

Nuestro rechazo frente al ataque realizado el día 2 de marzo en contra de la comisión de fiscales adscritos a la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación sucedida en jurisdicción de San José de Apartadó, quienes eran escoltados por integrantes de la policía, resultando muerto un agente policial y recibiendo heridas otro más. Ataque que se produjo en la vía que de San José conduce al municipio de Apartadó.

Aproximadamente a las 11 de la mañana una importante delegación de más 150 personas de los distintos municipios y comunidades del sur de Bolivar arribaron a la sede de la secretaria de minas en la ciudad de Cartagena para igualmente manifestarse en contra de este incumplimiento y exigir la llegada del gobierno

Estos 150 campesinos y mineros están dispuestos a mantenerse en la sede de la secretaria hasta obtener una respuesta afirmativa del gobierno y darse la reunión de la mesa de interlocución Igualmente las comunidades del sur de bolivar preparan acciones de este mismo tipo en otras importantes ciudades del país.

Al igual que en otras regiones del país, las difíciles condiciones de vida y la actitud del gobierno nacional, que se niega a escuchar a las comunidades, obliga a estas a ejercer el derecho a la protesta. El sur de Bolívar también se moviliza y se declara en asamblea y movilización permanente

Los 1.500 delgados venidos de todo el país al IV encuentro nacional del MOVICE invitamos a todos los sectores de la sociedad, en primer lugar a los partidos políticos, a los movimientos sociales, a los pueblos indígenas, a los pueblos afro descendientes y a todas las organizaciones populares, a deliberar sobre la convocatoria de una gran conferencia nacional por la democracia y contra el genocidio.

El exterminio sistemático de grupos políticos de oposición, organizaciones sindicales, y otras colectividades en Colombia ha sido una de las expresiones más destructivas de la criminalidad de origen estatal paramilitar. El genocidio perpetrado contra miles de miembros de la Unión Patriótica, el aniquilamiento de organizaciones sindicales enteras, de pueblos indígenas, son una expresión concreta de este fenómeno. Tales practicas genocidas son el mayor obstáculo para la consolidación de una verdadera democracia en Colombia.

Como es sabido, los paramilitares, los militares, y sus jefes económicos y políticos han robado entre seis y catorce millones de hectáreas a cientos de comunidades por medio de cruentas incursiones que han dejado miles de desaparecidos y asesinados, así como han generado el desplazamiento forzado de cerca del 10 % de la población nacional. En esas tierras y territorios se han implantado megaproyectos económicos, destructivos sistemas de economía agroindustrial, y enclaves de las compañías multinacionales. Se trata de un modelo neolatifundista.

MÁS AGRESIONES CONTRA POBLADORES DEL NORTE DEL TOLIMA
Las organizaciones de derechos humanos abajo firmantes, ponemos en conocimiento de la comunidad nacional e internacional, los nuevos hechos de violación a los derechos humanos contra los habitantes del Norte del Tolima, de acuerdo a información de pobladores de la región y hacemos un llamado de alerta ante la activación de una campaña de agresión en la región.
Hechos
El día 13 de enero de 2005 en el municipio del Líbano, zona (...)

DECLARACION CONJUNTA RESPECTO A LA REUNION SOBRE COLOMBIA EN CARTAGENA, Y EL SEGUIMIENTO DE LA DECLARACION DE LONDRES «LA PRESENCIA DE LA UNION EUROPEA EN CARTAGENA, DEBE CONTRIBUIR A LA PAZ Y LA DEMOCRACIA Y NO AL AUTORITARISMO Y LA IMPUNIDAD»
Las organizaciones y redes europeas , latinoamericanas y colombianas firmantes deseamos expresar públicamente algunas inquietudes respecto a la participación de los países de la Unión Europea en la reunión convocada en Cartagena por el Gobierno (...)

Las delegadas y los delegados internacionales de Argentina, Canadá, Ecuador, Estados Unidos, España, Francia, Perú, Alemania, Suecia, Holanda y Reino Unido asistentes al II Encuentro Nacional de Víctimas de Lesa Humanidad y Violaciones a los Derechos Humanos en Colombia, concluimos y afirmamos

Reafirmamos que luego del proceso de diálogo y negociación del Gobierno Nacional con el paramilitarismo, este sigue vigente y fortaleciéndose, siguen los grupos criminales que no se desmovilizaron o se volvieron a reintegrar, siguen actuando en las mismas zonas y además todas las zonas están totalmente militarizadas por ejército y policía. La realidad de la desmovilización es que solo 55 de estos criminales están presos, es decir, asistimos a la operación más grande de impunidad de los últimos tiempos.

Hacemos esta declaración pública extraordinaria, fuera de nuestros procedimientos habituales, dada la gravedad de los hechos. Reiteramos nuestro compromiso con el Proyecto de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y los acompañamos en su luto. Es nuestra voluntad convertir en memoria y fuerza la profunda tristeza que hoy nos embarga.

Nos permitimos actualizar la información sobre la retención ilegal y desaparición del señor NOE DE JESUS GALLEGO ARIAS, quien en la actualidad se encuentra recluido en la cárcel de El Santuario (Antioquia), sindicado del delito de rebelión y a disposición de la Fiscalía Seccional de esa localidad

La Comunidad de Paz de San José de Apartadó quiere pedir la solidaridad nacional e internacional ante nuevas agresión y que en esta ocasión es producto de los montajes que se han venido haciendo contra sus miembros. Los hechos que dejamos constancia son:
El día 8 de febrero hacia las 5 p.m. en el retén de policía ubicado en el Mangolo en la salida de Apartadó hacia San José fue detenida por la fiscalía Amanda Usuga, quien es parte de nuestra comunidad. La defensoría logró indagar sobre la (...)

No podemos decir nada más; el dolor nos embarga tan profundamente que sólo podemos llorar. El Estado colombiano, como muestra de su increíble ilegitimidad, ha realizado otra masacre que baña de sangre nuestras tierras.
ASESINAN A LUIS EDUARDO GUERRA MIEMBRO DEL CONSEJO
No podemos decir nada más; el dolor nos embarga tan profundamente que sólo podemos llorar. El Estado colombiano, como muestra de su increíble ilegitimidad, ha realizado otra masacre que baña de sangre nuestras tierras. El (...)

ENTRE LONDRES Y CARTAGENA SE ‘EMBOLATARON’ LOS DERECHOS HUMANOS
Diego Pérez Guzmán
El próximo 3 y 4 de febrero se llevará a cabo en Cartagena la reunión de la Mesa de Coordinación y Cooperación Internacional para Colombia (más conocida como Mesa de Donantes) para darle continuidad al proceso iniciado en Londres el 10 de julio del 2003. Se anuncia que estarán representantes de más de 24 gobiernos, delegados de la Unión Europea, de la Comisión Europea, del Sistema de Naciones Unidas, (...)

dhColombia, consciente del derecho a la participación, en condiciones de transparencia e igualdad, para los sufragantes; así como de los graves antecedentes de fraude ocurridos en las elecciones parlamentarias de 2002 y 2006 y en las elecciones presidenciales correspondientes a 2002, INVITA:

La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) está muy preocupada por la grave situación en el departamento del Meta, Colombia, alrededor del parque natural de la Sierra de la Macarena, desde el inicio de la operación de erradicación de coca “Colombia Verde” el 19 de enero de 2006. La vida y la integridad personal de la población de la región y de los campesinos erradicadores se encuentran en permanente riesgo debido a la fuerte presencia de las FARC y de los Paramilitares, así como por los abusos de las fuerzas armadas colombianas.

Mientras los pueblos negros e indígenas del Chocó y Antioquia, siguen muriendo en medio de la corrupcción administrativa, la desatención en salud y educación y el robo de sus recursos por parte de multinacionales estadounidenses como la Muriel Mining Corporation: ¿A quién protegen el Ejército Nacional, Ingeominas y la Gobernación de Antioquia?

Los trabajadores del Poder Judicial han completado 37 días de paro, en defensa de la separación de poderes, la independencia de la rama judicial y el ajuste salarial. De igual forma los trabajadores de la caña de azúcar vinculados a los ingenios azucareros llevan 31 días de paro en defensa del TRABAJO DIGNO y por la vinculación directa.

La política del gobierno nacional ha agudizado la difícil situación de otros sectores y se encuentran próximos a estallar conflictos laborales en los sectores de salud, educación, organismos de control fiscal y estatales.

En mi condición de Representante Legal de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuria “Fensuagro - Cut y demás miembros firmantes, me permito manifestar mi más profunda preocupación por las desinformaciones aparecidas en diferentes medios de comunicaciones (hablados y escritos) que pretende relacionar a nuestra Federación con el proceso de la Farc Política, desinformación tendenciosa y mal intencionada que Rechazo y Repudio; esto con relación a la reciente detención de la señora Liliany Patricia Obando Villota, por parte de las autoridades colombianas, y a quien se ha presentado ante los medios de comunicación como Directora o Representante legal de la ONG Fensuagro, lo cual es completamente falso; no sobra decir sin embargo que Fensuagro no es una ONG.

Habitantes de la vereda el Pital del municipio de Argelia han denunciado ante las autoridades locales que en el sitio “La Cristalina”, el día 24 de noviembre de 2007, fue ejecutado extrajudicialmente el campesino DUBAN ANTONIO ESTRADA ATEHORTUA, quien se encontraba en compañía de los labriegos DIEGO OROZCO Y WILMAR ALZATE SALAZAR en labores de caza y pesca, cuando fueron sorprendidos por Tropas del Batallón Bárbula, pertenecientes a XIV Brigada del Ejercito Nacional, que dispararon indiscriminadamente contra las tres personas. Los señores Diego Orozco y Wilmar Alzate lograron huir del lugar y por ello salvaron sus vidas.

Esta acción- omisión muestra el grado de irresponsabilidad del Estado Colombiano a quien reiteramos cese en su empeño de aniquilar nuestra organización sindical. Y lo responsabilizamos de este nuevo atentado contra uno de nuestros compañeros y su escolta.

En la mañana de hoy 5 de noviembre de 2006, la Policía desarrollo un operativo de control y registro de las instalaciones del SENA, con el pretexto de “buscar explosivos”. Esta acción de la fuerza pública se desarrolla un día domingo en un fin de semana de lunes festivo, donde la comunidad estudiantil y los trabajadores no se encuentran en las instalaciones. Situaciones similares se han presentado en otras regiones del país y han tenido como finalidad propiciar “montajes judiciales” dentro de la política de “falsos positivos” que este gobierno ha utilizado para judicializar a los miembros de los sectores sociales organizados en un afán desmedido de deslegitimar las justas protestas del pueblo colombiano contra las permanentes violaciones a los derechos fundamentales que se vienen presentando en todo el país.

Desde que SINDESENA y la Comunidad Académica efectuó la convocatoria y se inicio la preparación de la Asamblea, el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, por intermedio del Director General del SENA, Darío Montoya Mejía y los Directores Regionales, Subdirectores y Coordinadores Académicos, amenazaron con impedir el desarrollo normal de la Asamblea mediante intimidaciones verbales en las cuales anunciaban allanamientos y redadas masivas por parte de la Fiscalía General de la Nación, además definieron la ilegalización de la Asamblea, decretando cese de actividades para justificar despidos masivos, y cancelaciones de matriculas entre otros.

En la mañana de hoy 5 de noviembre de 2006, la Policía desarrollo un operativo de control y registro de las instalaciones del SENA, con el pretexto de “buscar explosivos”. Esta acción de la fuerza pública se desarrolla un día domingo en un fin de semana de lunes festivo, donde la comunidad estudiantil y los trabajadores no se encuentran en las instalaciones. Situaciones similares se han presentado en otras regiones del país y han tenido como finalidad propiciar “montajes judiciales” dentro de la política de “falsos positivos” que este gobierno ha utilizado para judicializar a los miembros de los sectores sociales organizados en un afán desmedido de deslegitimar las justas protestas del pueblo colombiano contra las permanentes violaciones a los derechos fundamentales que se vienen presentando en todo el país.

Desde que SINDESENA y la Comunidad Académica efectuó la convocatoria y se inicio la preparación de la Asamblea, el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, por intermedio del Director General del SENA, Darío Montoya Mejía y los Directores Regionales, Subdirectores y Coordinadores Académicos, amenazaron con impedir el desarrollo normal de la Asamblea mediante intimidaciones verbales en las cuales anunciaban allanamientos y redadas masivas por parte de la Fiscalía General de la Nación, además definieron la ilegalización de la Asamblea, decretando cese de actividades para justificar despidos masivos, y cancelaciones de matriculas entre otros.

Es urgente una acción decidida para aclarar el atentado del 28 de febrero con arma de fuego contra el domicilio de la señora Luz Adriana González, miembro del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos y promotora de la marcha del 6 de marzo en Pereira; y los homicidios de los señores Edgar José Molina (colaborador de Huipaz) el 23 de febrero, en Algeciras, Huila; Manuel José Reina Collazos (miembro del Partido Conservador) el 25 de febrero, en Vijes, Valle; Leonidas Gómez Rozo (dirigente del sindicato UNEB) el 5 de marzo, en Bogotá; y Carlos Burbano (directivo del sindicato ANTHOC) cuyo cadáver apareció el 11 de marzo, en San Vicente del Caguán, Caquetá.

El día sábado, 26 de febrero en las horas de la tarde, en el sitio donde fueron encontrados los cuerpos de Luis Eduardo, Beyanira y Deiner Andrés por parte de la Comunidad, se hicieron presentes para acordonar la zona tropas de la Contraguerrilla de la Policía Urabá, del Batallón Vélez y del Batallón No. 33 Cacique Lutaima. En ese lugar, un soldado perteneciente a este último batallón, se acercó al sitio donde se encontraban los cuerpos y recogió un machete con visibles muestras de sangre. Delante de todos los asistentes, lo llevó hasta el río Mulatos y con arena limpio la sangre. Paso seguido dijo en tono alto dirigiéndose a los demás soldados que ese era “el machete degollador”.

Capitán (r) aceptó su participación en la masacre de Apartadó El capitán Guillermo Armando Gordillo Sánchez, procesado como «presunto coautor de los delitos de homicidio en persona protegida, concierto para delinquir y terrorismo», aceptó su participación en el asesinato de ocho personas de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.

Según la Fiscalía «aceptó su responsabilidad en los delitos de homicidio en persona protegida y concierto para delinquir».

La masacre fue cometida del 21 al 22 de febrero de 2005 en Mulatos y La Resbalosa, parajes en las inmediaciones de ese asentamiento, con cerca de 1.200 vecinos que en 1977 se declararon neutrales ante el conflicto armado interno.

La Fiscalía explicó que, por la época de los hechos, el oficial del Ejército tenía al mando la Compañía Bolívar del Batallón Vélez de la XVII Brigada del Ejército, con sede en Carepa (Antioquia), población vecina a la de Apartadó. En una nota de prensa, la Fiscalía advirtió que «según lo conocido por los investigadores, miembros de autodefensa, con el pretexto de servir de guías de las tropas regulares, terminaron ejecutando los crímenes citados».

El líder de la comunidad, Luis Eduardo Guerra, fue una de las víctimas del crimen colectivo, que el gobierno de Uribe siempre atribuyó a las Farc. Guerra fue asesinado en Mulatos junto a su esposa, Bellanira Areiza, y el hijo de la pareja, Deiner Andrés, de 11 años.

Los otros cinco asesinatos se registraron en La Resbalosa, donde murieron Alfonso Bolívar, también dirigente comunitario; su esposa Sandra Milena Muñoz y sus hijos Santiago, de 18 meses, y Natalia Andrea, de 5 años, además de Alejandro Pérez.

En todos los casos, los agresores utilizaron machetes y garrotes para dar muerte a estos civiles, que entraron en una relación de más de 160 vecinos del mismo asentamiento neutral que han sido asesinados desde que se constituyeron como tales.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó en 1997 medidas cautelares en favor de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, cuyos vecinos son antiguos desplazados por el conflicto, y tres años más tarde la alcanzó con otras medidas.

5 defensores de derechos humanos,
5 días sin escuchar sus voces,
5 días sin sus abrazos,
5 días sin sus sonrisas,
5 días sin sus apuestas por la vida y la dignidad
5 días sin su presencia en las Zonas Humanitarias
“Pueblo Nuevo”, Nueva Esperanza”, “Bella Flor Remacho”.
5 días sin su sabiduría popular y universitaria en el colegio del Jiguamiandó
5 días sin ser escudo de protección
5 días sin la certeza de conocer los responsables
5 días afirmando el (...)