El proyecto de ley no cumple las normas internacionales sobre el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación; además, agravará el problema endémico de la impunidad en Colombia, y entraña el peligro de que los paramilitares desmovilizados se reintegren en el conflicto armado.

Los grupos paramilitares mantienen un control político, económico y social en muchas partes del país. Si el gobierno colombiano realmente quiere desmantelarlos, debe asegurarse de que los paramilitares colaboran plenamente con las autoridades judiciales; esta colaboración debe incluir proporcionar información sobre los delitos que ellos y otros combatientes han cometido, sobre los bienes que han adquirido a consecuencia de sus actividades, sobre la naturaleza del grupo al que pertenecen y sobre el respaldo que, durante décadas, las fuerzas de seguridad y otros agentes tanto estatales como particulares les han prestado en las violaciones de derechos humanos que han cometido.

El 21 de febrero de 2005, se registró la masacre de 8 personas en la vereda la Resbalosa, jurisdicción de la Inspección de Policía de San José de Apartadó (Apartadó, Antioquia). Javier Giraldo Moreno, s.j. se desplazó al lugar de los hechos y luego de entrevistar testigos, revisar los lugares de la masacre y recuperar los cadáveres de las fosas comunes en que habían sido enterrados. Denunció ante la opinión pública nacional e internacional que esa masacre había sido cometida por miembros del Ejército Nacional adscritos a la Brigada 17, con sede en Carepa Antioquia, en operación conjunta con paramilitares.

De inmediato, el ministro de defensa Dr. Jorge Alberto Uribe Echavarría, el comandante general de las fuerzas armadas Gral Carlos Alberto Ospina Ovalle, afirmaron que esa masacre había sido cometida por las FARC-ep y presentaron un video en el que un supuesto desmovilizado afirmaba que las FARC eran las autoras de la masacre. Días después el propio presidente Uribe Vélez, afirmó desde Carepa Antioquia, que esa masacre era un crimen de la guerrilla y que “sus acompañantes (Javier Giraldo) y patrocinadores estaban seriamente comprometidos con las FARC”, no hubo en el discurso presidencial un solo gesto de solidaridad para con las víctimas.

A finales del mes de marzo 2005, el Coronel Néstor Iván Duque Jefe Operativo de la Operación Fénix B17 -nombre que recibió la operación militar en que fueron asesinados los 8 campesinos entre ellos 2 niños de 7 años y 19 meses de nacido-, interpuso una denuncia penal con Javier Giraldo y el abogado Elkin Ramirez por falsa denuncia; dicha acción penal tuvo aportas de la cárcel a los dos defensores de derechos humanos.

Para quienes estén interesados en ver como se montó la mediática, les invito a ver “Detrás de los medios” un documental realizado Producciones el Retorno de la ACA.

Parte 1 http://www.youtube.com/watch?v=0T0b...

Parte 2 http://www.youtube.com/watch?v=AaPH...

Parte 3 http://www.youtube.com/watch?v=-5aA...

Documentos desclasificados de Estados Unidos, muestran cómo ha prevalecido en el Ejército colombiano la mentalidad de que ganar la guerra es causarle más bajas a la guerrilla y esto a ha conducido a que inflen el «conteo de cuerpos» matando civiles. Miércoles 7 Enero 2009
Al cierre de 2008, Colombia y los medios estadounidenses estaban obsesionados con el escándalo de los «falsos positivos» – la muerte ilegal de civiles por el Ejército colombiano que luego fueron presentados como (...)

Un total de 29 organizaciones internacionales de derechos humanos y 22 nacionales, enviaron en la mañana de hoy (20 de febrero) una carta al Fiscal General de la Nación Dr. Mario Iguaran Arana, en la que le piden investigar al vicepresidente de Colombia Francisco Santos Calderón, el ex Ministro de Defensa, Jorge Alberto Uribe; el Comandante de las Fuerzas Militares, Carlos Alberto Ospina Ovalle; por su responsabilidad en la obstrucción a la justicia y la investigación por la Masacre de 8 personas en San José de Apartado el 21 de febrero de 2005.

Descargar carta completa 29 organizaciones internacionales y 22 nacionales

El Relator Especial, llamó la atención sobre varios aspectos relacionados con los temas de derechos humanos en Colombia. Entre los temas descatados, el relator advirtió sobre los constantes señalamientos y amenazas contra defensores de derechos humanos "La sociedad civil colombiana es vibrante y diversa. Hace contribuciones de valor inconmensurable al discurso público y a la concientización en derechos humanos. Sin embargo, los defensores de derechos humanos suelen ser intimidados y (...)

Este documento recoge primordialmente la memoria de las víctimas y se ha atendido a los requerimientos que nos hemos impuesto progresivamente, de recoger los contextos y relatos que le dan dimensiones y significados imponderables a los hechos físicos. También ha tratado de recoger las experiencias fundamentales de resistencia, conscientes como somos de que el país está saturado de recomendaciones que nunca se cumplen, así llenen multitud de libros y folletos lujosamente publicados por la Comunidad Internacional. Quizás arrastra más el ejemplo de los que resisten a la barbarie desde profundas convicciones éticas, ya asuman éstas lenguajes religiosos, políticos o humanísticos.

Con profunda fe en la fecundidad de las memorias prohibidas de quienes fueron físicamente destruidos por anunciar un mundo alternativo y más justo, le entregamos esta memoria a nuestros compatriotas que aún conservan alguna capacidad de asombro y compromiso, y a nuestros hermanos de otros países que han sabido ignorar toda frontera para acercarse a nuestras víctimas con solidaridad de especie.

A lo largo de los 6 años y medio de gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, la movilización social ha venido creciendo, hasta alcanzar, en 2007, el mayor auge observado desde 1975. En el periodo 1958-1974, la media anual de luchas sociales fue de 173 (Archila, 2003, 347); entre 1975 y 1990 asciende a una media de 476 por año; entre 1991 y 2001 baja ligeramente a 429 por año, y entre 2002 y 2008 se aprecia un considerable aumento, al llegar a una media de 643 por año (Base de Datos (...)

AUDIENCIA SOCIAL POR LA VIDA

“Estamos ante la encrucijada de un tiempo adverso, pero no por ello renunciaremos a la búsqueda y conquista de nuestros derechos”

“Por qué nos matan y para qué?

"Los afrocolombianos somos señalados por nuestras raíces y perseguidos por nuestras riquezas«»Defender la vida en medio de la guerra, es dignificar a las víctimas"

Dicha cifra contrasta con los datos que arrojan las confesiones de los pocos paramilitares que han rendido versiones libres.

Casanare en el cambio de siglo saqueo de riquezas y exterminio de poblaciones Casanare es uno de los departamentos colombianos de mayor extensión, tiene 44.490 kilómetros cuadrados, por lo que representa el 3.9% del territorio nacional y el 17.55% de la Orinoquía colombiana. Su territorio se extiende en el piedemonte oriental de la Cordillera Oriental de los Andes colombianos y pertenece a la región denominada Los Llanos Orientales.1Cuenta con una población de aproximadamente (...)

El Banco de Datos de Derechos Humanos y Vioelencia Política - Cinep . Publico en el contexto de documentación de casos, denominado Casos Tipo. 1. San Josesito de Apartadó, la otra versión. 2. Palma y Derechos Humanos en Jiguamiando y Curvaradó. 3. Barrancabermeja la Otra Versión
San Josesito de Apartadó
Caso Tipo No. 6 (...)

El próximo martes dieciséis de octubre se cumplen cinco años de la implementación de la “Operación Orión” en la Comuna Trece de Medellín, procedimiento militar que pretendía instaurar el orden y la convivencia pacífica en toda la comuna. Sin embargo la ejecución de esta modalidad de intervención estatal generó y siguen suscitando aún hoy serios cuestionamientos, toda vez que esta operación fue realizada de manera conjunta por servidores públicos e integrantes de (...)

«La falta de seriedad del gobierno en su manejo de las desmovilizaciones está permitiendo que los comandantes paramilitares laven sus fortunas y legitimen su poder político,»

La investigación desarrollada por la Relatoría destaca la persistente impunidad que se registra en Colombia con relación a los crímenes cometidos en contra de los comunicadores sociales. El informe enfatiza reiteradamente que el efecto intimidatorio provocado por las amenazas y asesinatos contra periodistas se amplifica si, además, estos hechos permanecen en la impunidad.

Asimismo, la investigación subraya que los últimos años han mostrado una notable disminución de los actos de violencia contra periodistas en Colombia [...] No obstante ello, la Relatoría ha verificado que la disminución en estas cifras también se origina en la autocensura de los propios periodistas [...] Durante la visita se comprobó también que existen regiones del país donde los periodistas son presionados por los grupos armados ilegales e incluso por representantes del Gobierno para divulgar o silenciar cierto tipo de información.

La Misión Internacional de verificación de las consecuencias de la militarización y fumigaciones del cordón fronterizo colombo ecuatoriano, que visita el país y que adelantó observaciones en las zonas de las tres provincias ecuatorianas de la frontera norte, verificó los daños que soportaron los campesinos como consecuencia de las fumigaciones que realizó el gobierno colombiano.

La Misión también verificó las consecuencias de la implementación del Plan Colombia, Plan Patriota y de la militarización sistemática a que han sido sometidas diversas comunidades ecuatorianas de frontera y de las zonas de explotación petrolera. Lea el informe completo a continuación.

El pasado 12 de Agosto del 2008, en sesión plenaria del Senado de la República, denuncie la; “existencia en Colombia, de una conspiración nacional, de acciones simultaneas de grupos encubiertos y de paramilitares que en este último periodo, se han atrevido de forma temeraria y criminal a amenazar de forma muy grave a las comunidades indígenas, campesinas, mineras, a las organizaciones de mujeres y de derechos humanos, a los trabajadores y sus organizaciones gremiales y sindicales, en (...)

La circunstancia de que múltiples veces habíamos censurado los comportamientos de los dos líderes sacrificados y de otros que actuaron junto con ellos y ahora recogen sus banderas, la toman como argumento ciego para deducir de allí nuestra participación o complicidad en el crimen y a la vez para legitimar veladamente sus intereses económicos, políticos y militares en la región o para deslegitimar los de las comunidades que hemos apoyado y acompañado.

Si bien cualquier persona sensata percibe la irracionalidad y perversidad de tal procedimiento, el manejo emotivo y la manipulación mediática que se le ha dado al crimen, llevan a crear un pantano emocional que resulta defendiendo lo indefendible con medios inconfesables. Uno de los llamados líderes , ADÁN QUINTO, afirmaba en una entrevista manipulada por el ex Ministro FERNANDO LONDOñO HOYOS, en Radio Super, el pasado 21 de diciembre: “si el gobierno no le para bolas al asunto y no sacan a esas ONG de allá, nosotros las vamos a sacar así sea a tiros. Pocas semanas antes, los paramilitares que controlan el bajo Atrato desde San Pedro de Urabá, nos habían declarado “objetivo militar”.

Recordando la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 47/133, de 18 de diciembre de 1992, Conscientes de la extrema gravedad de la desaparición forzada, que constituye un crimen y, en determinadas circunstancias definidas por el derecho internacional, un crimen de lesa humanidad, Decididos a prevenir las desapariciones forzadas y a luchar contra la impunidad en lo que respecta al crimen de desaparición forzada, Teniendo presente el derecho de toda persona de no ser sometida a una desaparición forzada, el derecho de las víctimas a la justicia y a la reparación, y Afirmando el derecho a conocer la verdad sobre las circunstancias de una desaparición forzada y la suerte de la persona desaparecida, así como el respeto del derecho a la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones a este fin, Han convenido en lo siguiente:

Bogotá (AP). La Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC) dijo el miércoles que el aumento de 27% en los cultivos de coca en Colombia el año pasado es sorprendente y un verdadero shock, mientras destacó que también hubo incrementos de los cultivos en Bolivia y Perú, pero menores.
El incremento en los cultivos de coca en Colombia es una sorpresa y un shock: una sorpresa porque llega en un momento en que el gobierno de Colombia intenta fuertemente erradicar la coca (...)

La Comisión está preocupada por la persistencia de problemas relacionados con el acceso a la justicia, la independencia e imparcialidad judicial, las garantías judiciales y la presunción de inocencia.

La Comisión reitera la necesidad de que todas las medidas de seguridad tomadas en desarrollo de la Política de Seguridad Democrática cumplan con las obligaciones de Colombia frente al derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

La Comisión expresa preocupación por el papel de la información no verificada proporcionada por informantes. La Comisión hace un llamado al Gobierno Colombiano para que no utilice información que no ha sido debidamente verificada.

La Fiscalía, la Defensoría, la Procuraduría y una misión internacional que investigan el caso temen que se trate de una situación similar a la que se vivió en Antioquia entre el 2005 y el 2006.
Los 53 casos, ocurridos entre el 2005 y el 2007 en la región del Ariari, corresponden a denuncias recogidas por la Oficina de Derechos Humanos del bajo Ariari, que representa a 50 familias.
Los procesos penales los lleva la Fiscalía de Granada (Meta). Los muertos fueron presentados por tropas de las (...)

dhColombia publica el Dictamen del Jurado en la sesión sobre Empresas Transnacionales y Eerechos de los Pueblos en Colombia - 2006 2008, Bogotá Abril 1 y 2 de 2006

Cualquier asesinato constituye un hecho grave. Cuando es el Estado el que mata, en contra de lo establecido en la Constitución y la ley, los asesinatos adquieren una gravedad inusitada. Pero si ejecuciones extrajudiciales de civiles son presentadas como resultados positivos en la guerra contra la guerrilla, además de ocultarse un grave crimen se incurre en el despropósito de presentar un acto criminal como un éxito contrainsurgente.
El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre (...)

Después de la cruenta masacre del 2005, se han registrado 17 asesinatos y 290 agresiones. En febrero, Corte Interamericana insistió en medidas de protección y en que -tal como lo ordenó la Corte Constitucional- se revelen los nombres de militares que patrullaban el día de la matanza de civiles.
El hedor que salía del ataúd ubicado en el kiosco central de la comunidad de paz de San José de Apartadó (Antioquia), el pasado 26 de diciembre, era insoportable y penetrante. Sin embargo, toda la (...)

«Incluso existe el temor que, si la tendencia presente se mantiene, algunos grupos más pequeños y más vulnerables y sus culturas, puedan desaparecer, en la medida que son forzados a abandonar sus tierras ancestrales y a dispersarse- posiblemente para nunca volver», señaló el portavoz del ACNUR Ron Redmond a periodistas reunidos en Ginebra el viernes.

«Algunas comunidades indígenas pequeñas de la región del Amazonas enfrentan el riesgo real de desaparecer», dijo Rodolfo Stavenhagen, el relator especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. «Las condiciones de vida de los desplazados internos indígenas son particularmente preocupantes, en especial las de las mujeres, niñas y niños».

Primer informe sobre Ejecuciones Extrajudiciales 2007 - 2008 - OBSURDH
Entre enero de 2007 y septiembre de 2008, la FUERZA PÚBLICA ha perpetrado 32 FALSOS POSITIVOS en el departamento del HUILA.
Las víctimas han sido en su mayoría campesinos, líderes comunales, indigentes, drogadictos, delincuentes comunes, indígenas y humildes trabajadores.
Durante el año 2007 se han registrado 21 casos de FALSOS POSITIVOS con un total de 52 víctimas de ejecución extrajudicial y tres personas heridas. (...)

Pero la Anglo Gold Ashanti, segunda más grande en explotación aurífera del mundo, ya sabe cómo proceder en estos casos porque ostenta una larga experiencia de exploración en países en conflicto. Aunque, desde abril de 2005, la persigue también una acusación. La organización de derechos humanos Human Rights Watch, en su informe “La maldición del oro”, expresó que a finales de los años 90 la Anglo Gold Ashanti, a cambio de seguridad para las operaciones de la compañía, sostuvo relaciones con el Frente Nacional Integracionista de la República Democrática del Congo, grupo armado acusado de crímenes de lesa humanidad.

¿Sabía que ’paras’ acompañaron a sus tropas el día del asesinato múltiple? Un oficial dice que el general -retirado del Ejército hace dos meses- le pidió ocultar información. Fandiño lo niega todo.

La masacre de ocho civiles de la comunidad de paz de San José de Apartadó (Antioquia) ocurrida en febrero del 2005 y que inicialmente fue atribuida por el Gobierno a las Farc, está tomando nuevas dimensiones.

La justicia debe ir más allá de castigar a los autores materiales de la masacre de 8 campesinos, entre ellos tres niños, perpetrada el 21 de febrero de 2005 en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, ubicada en el Urabá antioqueño. Debe proceder contra quienes, desde el Alto Gobierno, mintieron para tratar de diluir la responsabilidad de los agentes del Estado involucrados en la comisión de este crimen.
Así lo considera el sacerdote jesuita Javier Giraldo, uno de los promotores de esta (...)

Desde un viejo DC 3 divisamos las selvas del suroriente y la Sierra de La Macarena , santuarios de biodiversidad y escenarios de la guerra contra las FARC. Llegamos a un pequeño aeropuerto tomado por miles de soldados contraguerrilleros que alistan sus equipos bajo un aviso gigante que dice de ellos “Somos gente común que hace un trabajo excepcional”.
Las poblaciones del Bajo Ariari, descendientes de campesinos que huyeron de la violencia hace medio siglo, son vistas como (...)

En los últimos dos decenios, en Colombia han muerto por homicidio más de 2.000 sindicalistas y han sido sometidos a desaparición forzada 138. En más del 90 por ciento de los casos, los responsables no han sido puestos a disposición judicial. Aunque en los últimos años se ha reducido el número de homicidios de sindicalistas, Amnistía Internacional considera que la crisis de derechos humanos a que se enfrentan las personas que desarrollan actividades sindicales sigue siendo grave. Las autoridades colombianas han tomado algunas medidas para mejorar su seguridad; no obstante, es preciso emprender acciones más decisivas para garantizar que se respeta el derecho a la libertad sindical en la legislación y en la práctica.

Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, 2007

En 2004, según los informes, como consecuencia de las negociaciones entre el gobierno y la coalición paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), respaldada por el ejército, tuvo lugar la desmovilización de más de 2.500 combatientes de las AUC. El proceso siguió generando una gran preocupación, sobre todo por la cuestión de la impunidad, las violaciones del cese de hostilidades de las AUC y la continuación de las violaciones graves y generalizadas de los derechos humanos por parte de los paramilitares. También suscitó el temor de que se estuviera “reciclando” a los paramilitares para que continuaran participando en el conflicto.

El empleo de la justicia penal militar para investigar a miembros de la Fuerza Pública presuntamente implicados en ejecuciones extrajudiciales vulnera las garantías previstas en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana. Al respecto, la Corte Interamericana ha establecido que en un Estado democrático la jurisdicción penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional y estar encaminada a la protección de intereses jurídicos especiales, vinculados con las funciones que la (...)

La comision nacional de derechos humanos de la coordinación nacional de organizaciones agrarias y populares de colombia

Presenta el balance diario de hechos violatorios al derecho internacional de los derechos humanos por parte del regimen uribista, en cumplimiento de la politica de seguridad democrática, en el contexto de la movilizacion nacional agraria y popular

Experto de Naciones Unidas considera que existen avances pero también un patrón de ejecuciones extrajudiciales y siguen persistiendo “graves problemas” en relación con las políticas de seguridad de Colombia.

En medio de la zozobra trabajan los periodistas que cubren las audiencias judiciales de los desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en Medellín, capital del departamento de Antioquia. Con mayor frecuencia, su labor está siendo observada y documentada – a través de grabaciones y fotografías – con fines desconocidos. Adicionalmente, reciben mensajes y respuestas intimidantes en las entrevistas que llevan a cabo afuera del centro administrativo de esa ciudad, donde se realizan las diligencias. Además de autocensurar a los periodistas, este espiral de miedo y desconfianza comenzó a silenciar a las víctimas de las AUC, quienes habían salido del anonimato para exigir verdad y reparación.

El temor ronda las salas de redacción y de prensa, y las preguntas son obvias: ¿para qué nos toman fotos, nos graban y nos siguen en las entrevistas que hacemos?, ¿qué uso le van a dar a ese material?, ¿qué va a venir en las próximas audiencias si no se toman las medidas necesarias?

dhColombia publica el Informe final de la Misión Internacional de Observación sobre Ejecuciones Extrajudiciales e Impunidad en Colombia. Este informe reviste gran importante por cuanto explica desde la perspectiva de la normatividad internacional la grave crisis de violaciones contra el derecho a la libertad por parte de las fuerzas armadas. La Misión Internacional tuvo la oportunidad entrevistarse con un gran número de familiares y víctimas de la práctica criminal de las ejecuciones sumarias.

Contrario a lo divulgado por el gobierno nacional, el 2004 se ha constituido como el año de mayores violaciones en el quinquenio para los sindicatos en Colombia. La reiteración y gravedad de estos hechos corroboran que la crisis del sindicalismo colombiano no remite a la existencia de una violencia difusa e indiscriminada, como se pretende mostrar para ocultar la real dimensión del problema. Se trata, por el contrario, de una crisis marcada por las violaciones sistemáticas, permanentes y selectivas de los Derechos Humanos de los trabajadores colombianos, en un contexto general de impunidad que reafirma la fragilidad de nuestra democracia y la distancia que existe entre ese país formal, que consagra el derecho fundamental a la asociación sindical, y ese país real donde se violan permanentemente los derechos de los sindicalistas.

Las Chuza...DAS Es terrorismo de Estado «La Inteligencia Ofensiva», un arma para eliminar al que piense diferente
Cuando a uno le dicen que hay interceptaciones de teléfonos, genera preocupación, en cuanto a que es una violación a la intimidad y a la privacidad, pero la vida sigue. Pero cuando sale un debate como el de 9 de junio en la plenaria del Senado, en el que se saca a la luz y confirma que la inteligencia del Estado, -aquella que esta "facultada … para mantener la seguridad (...)

Naciones Unidas presentó ante el mundo dos cifras, la desplazados y la de cultivos ilícitos en Colombia. El Gobierno de Alvaro Uribe Vélez ya manisfestó su desacuerdo. Seguramente intentará cerrar las oficianas del organismo multilateral en Colombia.

dhColombia, publica el informe completo Libertad: Rehén de la Seguridad Democrática. Investigación del Observatorio de la Coordinación Colombia Europa EE.UU. El informe da cuenta de la estrategia de detenciones arbitrarias masivas durante 2002 - 2004 del gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

El Ministerio Público contempló que una decisión como ésta contravenía “ciertos postulados que han de regir la investigación penal”. Anotó que la Fiscalía no aclaró qué universidades serían objeto de dicha medida y, en especial, que no advertía correspondencia entre la prueba ordenada (filmar las manifestaciones de estudiantes de algunas universidades) y los hechos investigados (rebelión). “Contrario a ello, resulta una forma de rotular o estigmatizar a quienes ejercen el derecho de protestar, como si su participación en esas actividades constituyera un acto ilegal o ilícito” . Con estos argumentos, la Procuraduría le solicitó al Fiscal General que se revoque la decisión cuestionada. La respuesta aún no se ha dado a conocer.

Medellín es el doloroso ejemplo del fracaso de la estrategia de desmovilización del gobierno. A la mayoría de los paramilitares se les ha concedido una amnistía de facto, mientras siguen activos y ejerciendo un control férreo sobre muchas áreas de la ciudad. El paramilitarismo, tanto en Medellín como en otros lugares de Colombia, no se ha desmantelado; simplemente se ha reinventado.

Los jóvenes, hijos e hijas de destacados líderes de nuestro país víctimas del terrorismo de estado, hicieron estremecer los oídos y las conciencias de los asesinos y sus encubridores. Con su vitalidad, su fuerza, tamboras y palmas no temieron decir los nombres de los responsables. En todas las ciudades retumbaron las voces: “ni falsos, ni positivos, gobierno asesino” “y que dice que dice, que dice, que dice la Ffiscalía, el silencio cómplice también es terrorista” “Hay que vergüenza la vaina esa de matar por recompensas” mas que consignas eran mensajes directos, al país y al mundo sobre la verdad que no trasmiten los medios de comunicación. VERDAD, JUSTICIA y REPARACION INTEGRAL, continúa siendo el sentido de esta lucha. ¿Acaso no son suficientes razones para unirnos y construir un futuro sin Crímenes de Estado?

Luego de quince meses del establecimiento de la MAPP/OEA, el cese de hostilidades ha sido infringido constantemente, el desarme y la desmovilización de algunos bloques paramilitares no han sido efectivamente realizados y la consolidación paramilitar en algunas regiones parece un hecho. Existen serios indicios de que la MAPP/OEA no ha contribuido a garantizar el cumplimiento de los principios y las obligaciones del Estado colombiano establecidas en la Carta de las Naciones Unidas y de la OEA, ni los contenidos de la Declaración de la Conferencia Especial sobre Seguridad sobre la situación de Colombia

La privación de libertad de Francisco José Cortés Aguilar, Carmelo Peñaranda Rosas y Claudio Ramírez Cuevas es arbitraria, ya que contraviene lo dispuesto en el artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los artículos 9, 14 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y corresponde a la categoría III de las categorías aplicables al examen de los casos presentados al Grupo de Trabajo.

24. Habiendo emitido esta opinión, el Grupo de Trabajo pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para remediar la situación, conforme a las normas y principios enunciados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Pliego de cargos formuló la Procuraduría General de la Nación en contra de cuatro altos oficiales del Ejército, por su presunta omisión para contrarrestar la acción de los grupos al margen de la Ley que incursionaron en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, departamento de Antioquia.

Para el Ministerio Público los oficiales cuestionados no habrían cumplido con su deber de velar la vida, honra y bienes de los ciudadanos como lo ordena la Constitución. Además de violar al régimen militar que los obliga a perseguir al enemigo cuando está en capacidad de hacerlo.

«Las políticas del Gobierno colombiano en los últimos tres años han contribuido al desmantelamiento del estado de derecho y a la consolidación de la impunidad».

Asimismo, la CIJ deplora la adopción, en el marco del proceso de desmovilización de grupos paramilitares, de una legislación (Decreto 128 de 2003 y Ley de «Justicia y Paz») que deja en la impunidad miles de graves crímenes cometidos por estos grupos y no garantiza el derecho de las víctimas a la justicia, la verdad y la reparación.

Desde el principio del proceso, miles de paramilitares se desmovilizaron a pesar de seguir cometiendo centenas de crímenes, tales como asesinatos y desapariciones forzadas. «Este proceso, lejos de haber sido transparente, nunca ha sido acompañado por un mecanismo de verificación efectivo. Antes que permitir superar el paramilitarismo, consolida el poder político y económico de los paramilitares.»

«Dada la legislación vigente que legaliza la impunidad y la magnitud de los crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra cometidos en Colombia, la Corte Penal Internacional debería tomar cartas en el asunto.», concluyó la CIJ

El Ministerio Público le solicitó a la Fiscalía que acuse a un coronel, un mayor y seis militares más por la masacre de 8 personas
Después de cuatro meses de que la Fiscalía dictara medida de aseguramiento contra el coronel Orlando Espinosa y el mayor José Fernando Castaño, sindicados en el expediente de la masacre de San José de Apartadó (Antioquia) ocurrida en 2005, la Procuraduría le solicitó a la Unidad de Derechos Humanos del ente investigativo que profiera resolución de acusación (...)

Marzo 28 de 2008 -
Raponazo a territorios indígenas en Puerto Gaitán (Meta)
El Incoder entregó cinco mil hectáreas que hacen parte del resguardo indígena Awalibá, en Puerto Gaitán (Meta). Autoridades locales se comprometieron a reversar esa decisión.
Un plumazo del Incoder en noviembre de 2004 pasó a manos de tres particulares las cinco mil hectáreas que conforman la finca La Campana, habitada desde hace más de 70 años por indígenas de la etnia Sikuani, que hacen parte del resguardo (...)

Aquí se hace referencia a la situación que está viviendo la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, objeto en los últimos meses de controvertidas decisiones del Presidente Uribe y víctima en los últimos 9 años de centenares de agresiones que afectan los derechos civiles y políticos de sus pobladores, para calibrar el grado de respeto que el Gobierno Uribe Vélez profesa, en la práctica, por los derechos civiles y políticos de los colombianos. Un viejo proverbio rezaba: en la necesidad se conoce al verdadero amigo, y se puede parodiar afirmando que en las coyunturas conflictivas se ponen a prueba la verdadera convicción y el verdadero compromiso de un gobierno en materia de respeto a los derechos ciudadanos.

En el marco de la lucha contra los grupos guerrilleros, el Estado impulsó la creación de tales “grupos de autodefensa” entre la población civil, cuyos fines principales eran auxiliar a la Fuerza Pública en operaciones antisubversivas y defenderse de los grupos guerrilleros. El Estado les otorgaba permisos para el porte y tenencia de armas, así como apoyo logístico.

La Corte reitera su jurisprudencia constante en el sentido de que ninguna ley ni disposición de derecho interno puede impedir a un Estado cumplir con la obligación de investigar y sancionar a los responsables de violaciones de derechos humanos. En particular, son inaceptables las disposiciones de amnistía, las reglas de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos - como las del presente caso, ejecuciones y desapariciones. El Tribunal reitera que la obligación del Estado de investigar de manera adecuada y sancionar, en su caso, a los responsables, debe cumplirse diligentemente para evitar la impunidad y que este tipo de hechos vuelvan a repetirse

os hechos y los elementos de prueba aportados a este Tribunal, proporcionan suficientes elementos para fortalecer las acusaciones sobre la responsabilidad de las ETNs, en crímenes de lesa humanidad, ya que los hechos enumerados en el apartado dos parecen revelar el carácter sistemático de los mismos.

La audiencia evidenció también la violación de los derechos humanos por parte de las autoridades colombianas y de grupos armados paramilitares que actúan en el país (en contraste con convenios internacionales, firmados por Colombia, a comenzar por la Declaración universal de derechos humanos y de los Pactos internacionales sobre los derechos económicos, sociales y culturales).

Procuraduría elevó pliego de cargos contra nueve militares por la incursión paramilitar de febrero de 2005. Se ordenaron nuevas investigaciones a dos compañías del Ejército.

En una mirada comparativa a los cuatro primeros meses de los años 2004 y 2005 se observa que las violaciones de los DDHH contra el sindicalismo han seguido su ruta ascendente, presentando un incremento del 18 % en el total de violaciones a la vida, libertad e integridad. En el informe publicado en el 2004 se señalaba que al 30 de abril se habían presentado 176 casos de violaciones, para este año haciendo un corte al 20 abril las violaciones ascienden a 214, presentando las siguientes variaciones.

Compilación de casos de violaciones a los Derechos Humanos e Infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario durante el primer semestre de 2006

El 27 de octubre de 2008, como Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos y Violencia -OBSURDH- habíamos denunciado ante la opinión pública nacional e internacional que la FUERZA PÚBLICA había perpetrado 32 falsos positivos en el departamento del Huila, entre enero de 2007 y septiembre de 2008. Sin embargo, denuncias de decenas de familiares nos obligan a actualizar tal información.