dhColombia

Denuncian cementerio de NN en Granada Meta

dhcolombia — 2010-08-24T12:53:40Z

Según el representante a la Cámara Iván Cepeda, el cementerio de Granada, Meta, alberga cuerpos de víctimas de falsos positivos...

No está claro cuántas serían esas supuestas víctimas... El congresista asegura que varias personas sepultadas allí fueron reportadas como muertas en combate, pero las circunstancias de esos combates no son claras.

Más de 400 cadáveres que reposan como NN en este cementerio, en el casco urbano del municipio de Granada, Meta, serían más victimas de falsos positivos. Según el representante a la Cámara, Iván Cepeda, las ejecuciones extrajudiciales se dieron entre el año 2001 y 2010.

“Hay al parecer 460 cadáveres en el registro oficial que tiene el cementerio. En el municipio de Granada está el Batallón 21 Vargas y allí hay denuncias, hay tumbas con los que se ya ha sido no muchos pero sí algunos que pudieron ser víctimas de falsos positivos”, dijo el representante a la Cámara del Polo Democrático.

Cepeda aseveró que hay tumbas donde están sepultados dos o más cadáveres, muchos de ellos han sido entregados por miembros de la fuerza pública al cementerio, amparados en que fueron muertos en combate.

“El Ejército, el comando de las fuerzas militares todavía no nos ha entregado información que hemos solicitado, aquí el asunto de fondo es saber sí el Ejército tiene registro de donde se haya consignado todo o cada uno de los hechos que corresponden a estos cadáveres”, agregó Cepeda.

Al igual que el cementerio de La Macarena, en estas imágenes también se ve, la existencia de tumbas, separadas entre sí por menos de un metro de distancia, señaladas con un mismo tipo de cruz que llevan varios protocolos de entierro, es decir, con varios cadáveres en una sola fosa…

La Fiscalía, hasta ahora dice que no ha recibido información alguna, de que en este cementerio haya habido victimas de los falsos positivos.

SAN JOSE DE APARTADO: SE REAFIRMA LA IMPUNIDAD

dhcolombia — 2010-08-18T19:05:04Z

SE REAFIRMA LA IMPUNIDAD
HACIA LA IMPUNIDAD Y FAVORECIMIENTO DEL ACCIONAR CONJUNTO DE MILITARES Y PARAMILITARES

El pasado 4 de agosto de 2010, el Juzgado Segundo Especializado de Antioquia dictó sentencia en el proceso que se adelantaba en contra de 10 militares integrantes del Batallón Vélez de la Brigada 17 del Ejército Nacional, en razón de la masacre ejecutada el 21 de febrero de 2005 en contra de integrantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.

En dicha decisión la Juez Catalina Henao Rendón, decidió absolver de toda responsabilidad a los TC Orlando Espinosa Beltrán; MY Jose Fernando Castaño López; Teniente Alejandro Jaramillo Giraldo; SS Ángel María Padilla Petro; C1 Sabarain Cruz Reina; ST Jorge Humberto Milanes Vega; SS Henry Agudelo Guasmayan Ortega; C3 Ricardo Bastidas Candia; ST Edgar García Estupiñán y el Sargento Darío José Brango Agamez.

En relación con la acusación por el delito de actos de barbarie, la Juez valoró que debería considerárseles inocentes, pues en su sentir la teoría de la autoría mediata por conformación de estructuras de poder organizado aplicadas por la comunidad internacional en el caso de los criminales de guerra nazis, de Alberto Fujimori y las juntas militares en Argentina no pueden ser no puede ser aplicadas pues “aunque dicha teoría tuvo su origen en el marco de irregularidades cometidas por agentes del Estado esta judicatura encuentra graves inconvenientes en trasladarla a la situación concreta, como lo demanda el actor popular, ya que aunque el Ejército Nacional tiene una estructura jerárquica en la que opera el principio de mando y subordinación, es una estructura legítima, formalmente regulada en la cual rigen reglas de la obediencia debida, por lo que no puede esperarse, contrario a lo que ocurre en los grupos irregulares, que el mando sea arbitrario, sino todo lo contrario, se trata de una organización que en principio obedece a unos fines constitucionales de protección de la paz, del orden justo y la efectividad de los derechos fundamentales de acuerdo al artículo 2 CN”.

La jurisprudencia nacional e internacional ha ido evolucionando en el sentido de impedir que actos que comprometen los derechos humanos y constituyen crímenes de lesa humanidad, puedan quedar en la impunidad. Es sumamente preocupante que en esta sentencia, las consideraciones partan de hacer un rechazo a la aplicación de teorías construidas en el derecho penal, bajo la consideración que se presume que el Ejército Nacional no actúa arbitrariamente, dejando de lado la existencia de abundante material probatorio que da cuenta del accionar conjunto de militares y paramilitares y que miembros de la Fuerza Pública se deslindaron del ordenamiento jurídico, en una empresa criminal conjunta con paramilitares, en desarrollo de la cual ejecutaron crímenes de lesa humanidad.

Sumado a ello, ha decidido la Juez Segunda absolver a todos los militares del delito de concierto para delinquir argumentando que “no fue demostrado por parte de la Fiscalía General de la Nación la existencia de un acuerdo entre militares y procesados, con proyección de la organización en el tiempo y ánimo de permanencia, tendiente a la comisión de delitos determinados”. Adicionalmente ha precisado que el patrullaje conjunto es anormal, pero no es suficiente “para probar el vínculo”, en donde concluye que militares y paramilitares “señalan de manera concordante que únicamente realizaron diálogos encaminados a la realización de desplazamientos conjuntos, más no a la ejecución de ningún delito”, por lo que en sentir de la Juez “la conducta de concierto para delinquir resulta ser atípica”.

Estas consideraciones resultan ser sumamente preocupantes para el contexto de violaciones a los derechos humanos y la impunidad en Colombia. Considerar que las reuniones previas, contar con guías paramilitares, patrullar conjuntamente y dormir en los mismos lugares no constituye delito, se erige como una invitación a la consolidación de la asociación criminal entre militares y paramilitares. Estas posiciones conceptuales conllevan a la impunidad de estos actos, así como a una impunidad generalizada en la repudiable y necesariamente punible asociación criminal entre miembros de la Fuerza Pública y paramilitares. El dominio del hecho que tenían los militares, quienes conjuntamente operaron en la masacre del 21 de febrero de 2005, es inequívoco.

La Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de Perú en la sentencia contra el ex presidente Alberto Fujimori en el Expediente N° AV 19-2001, del siete de abril de 2009. Casos Barrios Altos, La Cantuta y sótanos, concluyó que: “Por tanto, no será indispensable que exista una disposición expresa y que esté contenida en un documento, por la que el nivel superior estratégico ordene directamente el cumplimiento de una función específica al ejecutor inmediato”.

En relación con la responsabilidad atribuible a miembros del Ejército Nacional por la ejecución de la masacre, ha sido rechazado el testimonio del Capitán Guillermo Armando Gordillo, quien confesó su participación en estos hechos y fue condenado por un Juez de la República a 20 años de prisión. En relación con su testimonio considero la Juez Rendón Henao que “pretende incriminar de manera falaz a sus subalternos e inclusive a sus superiores”. Es sumamente inquietante observar como la versión del Capitán Gordillo es válida y suficiente para condenarlo, pero no para analizar la responsabilidad de los hombres que dirigía. Más alarmante es observar como se concluye que “el único miembro del Ejército Nacional que participó en ellas fue el Capitán Gordillo”, con lo cual de tajo la Juez limpia la responsabilidad de quienes acompañaron al capitán, en la ejecución de dicho designio criminal.

La Juez considera que “en el plenario obran suficientes medios de conocimiento para dar por probado sin lugar a dudas que los autores materiales de los hechos fueron un grupo de paramilitares del BLOQUE HEROES DE TOLOVA que se encontraban patrullando conjuntamente en la zona con los pelotones B1 y A1 de la compañía ANZOATEGUI”.

La Juez afirma que “no existe en el proceso absolutamente ninguna evidencia de que el acuerdo que realizaron Ejército y paramilitares se hizo para cometer delito alguno y mucho menos para matar personas indefensas. Al contrario, todo indica que nadie sabía o sospechaba siquiera que se iban a cometer esas atrocidades. Ni los mismos que dieron la orden directa de ejecutarlas y, menos, quienes las ejecutaron sabían previamente que eso iba a suceder”.

Y no menos alarmante resulta ser la afirmación según la cual: “aunque es claro que los militares infringieron su deber de no patrullar con un grupo ilegal, lo cierto es que éstos no conocían ni debían conocer los riesgos de su conducta”.

El conjunto de aspectos aquí citados indican que a pesar de los esfuerzos de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación para adelantar el proceso, en la fase de juicio las valoraciones y conclusiones a que se arriba, tienen el propósito e intencionalidad de favorecer a los victimarios.

Desde hace varios años la Comunidad de Paz de San José de Apartado había expresado públicamente sus reservas frente a la administración de justicia en Colombia, dado que venía siendo funcional a la impunidad de graves crímenes contra la humanidad. La sentencia que hoy se conoce se erige como uno de los mayores monumentos a la impunidad, en donde para nada importa el testimonio del Capitán Gordillo y siete (7) paramilitares en relación con el accionar conjunto de militares y paramilitares en el operativo que llevo a la muerte de cuatro niños y niñas y cuatro adultos. Hoy debemos decir nuevamente, que la Comunidad tenía la razón: no existen razones, fundamentos, ni pruebas, que permitan creer en la justicia colombiana.

Esto nos plantea que solo queda la opción de acudir ante el Fiscal de la Corte Penal Internacional para pedirle que asuma el conocimiento de estos hechos los cuales son claramente un crimen de lesa humanidad, dado que la justicia colombiana no tuvo el interés, ni la voluntad para hacerlo.

dhColombia

Agosto de 2010

Policía agrede brutalmente a comunidad de cristalinas en Puerto Gaitán

dhcolombia — 2010-08-12T15:05:46Z

Foto: Taladro de la empresa HOCOL S.A.

Cerca de 500 pobladores de las comunidades de la Cristalina, vereda del municipio de Puerto Gaitán en el Meta, adelantaban hace más de 24 horas una protesta pacífica, demandando de la empresa HOCOL S.A. y de los gobierno municipal y departamental, una mayor atención a la problemática social y económica que viven las comunidades en ésta importante región productora de petróleo en Colombia.

Las comunidades cansadas de los incumplimientos reiterados de la empresa HOCOL S.A. filial de ECOPETROL y operadora del campo Ocelote en ésta región, decidieron realizar una protesta pacífica en dicha zona, para exigir el establecimiento inmediato de una mesa de diálogo en la cual participara Los presidentes de HOCOL y ECOPETROL, el Alcalde de Puerto Gaitán y el Gobernador del Departamento del Meta, para que de manera seria se abordaran las peticiones de la población, pues a pesar de que se dieron varias reuniones y se establecieron compromisos éstos nunca se cumplieron.

Foto: Panorámica de La Cristalia, fue destruida por paramilitares y guerrilla en 1999

La respuesta de la administración de HOCOL S.A., fue cerrar cualquier posibilidad de conversación y en su lugar, pidió la presencia del ESMAD(Escuadrón Móvil Anti Disturbios) de la policía, para que como es costumbre de éste grupo dispersara con fuerza y violencia la manifestación pacífica que se realizaba. La acción violenta del ESMAD deja como resultado más de 6 heridos, uno de ellos grave, daños materiales a negocios del sector, golpes a mujeres y niños que se encontraban en esa zona y el descontento generalizado de la población, que ve cómo en lugar de mejor sus condiciones de vida, la tan cacareada bonanza petrolera, se ha convertido en un foco de desestabilización social que elevó el costo de vida en más de un 500%, trajo consigo el deterioro de las vías y la tranquilidad de la región y en últimas la represión y la violencia institucional del Estado.

Hacemos ésta denuncia ante la Comunidad Nacional e Internacional, con el fin de que se le exija al Gobierno de Colombia, una investigación de los hechos violentos generados por la Policía Nacional y se castigue de manera ejemplar a los responsables de las agresiones físicas y los daños que causaron a las comunidades.

Solicitamos el apoyo a todas las organizaciones sociales y en especial a las de derechos humanos a nivel nacional e internacional, para que se realice una investigación de la participación de la compañía HOCOL S.A. en la financiación, movilización y determinación de la brutal agresión contra la comunidad de la Cristalina en el Departamento del Meta.

Hacemos un llamado al Gobierno del Dr. Juan Manuel Santos, para que de manera urgente nombre una delegación de alto nivel, que vaya hasta la zona y compruebe las condiciones de miseria en las que vive la población como consecuencia del abandono Estatal a las comunidades de una de las mayores regiones productoras de petróleo en Colombia.

Foto: Ranchos de pásticos de los campesinos

Finalmente, exigimos la pronta instalación de una mesa de dialogo en la que participe un representante de la Presidencia de la República, el Gobernador del Departamento del Meta, el Alcalde del municipio de Puerto Gaitán, el presidente de HOCOL S.A., el presidente de ECOPETROL y una comisión veedora conformada por: la Organismos de Derechos Humanos, el Sindicato de la USO, La CUT, para que se sienten a negociar prontamente con las comunidades y se busquen soluciones a la grave problemática que allí se vive.

COMUNIDADES

VEREDA LA CRISTALINA

VEREDA FUNDACIONES

VEREDA MURUJUY

Municipio De Puerto Gaitán En El Departamento Del Meta La Cristalina, agosto 10 de 2010.

LA POLICÍA CUIDA EL CEMENTERIO DEL EJÉRCITO

dhcolombia — 2010-08-10T19:28:42Z

443 cuerpos reconoce la Fiscalía General de la Nación sepultados como personas no identificadas o NNs en el cementerio clandestino de la Macarena, municipio del Meta, si se les puede llamar sepultados a cientos de personas que han sido ejecutadas, y muchas vestidas de guerrilleros dados de baja en combate y luego lanzadas desde un helicóptero a un hueco árido y frío. La procuraduría en cambio habla de más de 2000 cuerpos sin identificar; sea 1 persona, o 443 personas o 2000 personas, han sido tiradas por el ejército a un hueco como lo más despreciable de la tierra, desconociendo su derecho a la vida a su integridad personal a su último aliento y a su digno deceso y posterior entierro de una forma cristiana y reconocida por los mortales que aún contamos con la suerte de seguir vivos.

Están en una fosa común, que se dice ser la más grande de latinoamérica, unos encima de los otros, unos pegados a los otros, quizá compartiendo bajo tierra un mismo sufrimiento, un mismo dolor y un mismo pecado, que es el de ser mostrados como resultados positivos para las fuerzas militares de Colombia, dejaron de ser personas con sueños y esperanzas, dejaron de ser un un proyecto digno de vida para pasar a ser un proyectil indigno que acabo con otra vida, dejaron de ser padres, madres, hermanas, hermanos, hijos, hijas, vecinos, compadres, comadres, amigos, compañeros y soñadores, para pasar a ser una cifra que llene las estadísticas de los libros de los héroes de la patria, para pasar a ser una cruz con un rectángulo en la parte de arriba que dice que número de muerto es y en que año fue asesinado, números separados por un guión que conduelen a miles de familiares de víctimas y a unos pocos colombianos, que no pueden ver más que muchos palos estadísticos. Son 2000 o más los cuerpos que están detrás de una base militar del ejército nacional, son decenas de palos estadísticos custodiados por la policía nacional.

Ejército y Policía cuidándose los unos a los otros, el lobo cuidando a la hiena y el ratón al queso, “preservando la democracia maestro” y consolidando la seguridad democrática que ahora es la prosperidad democrática.

Declaración Pública de Miembros de la Delegación Internacional a Colombia del 20-24 de Julio 2010

dhcolombia — 2010-08-02T19:55:27Z

El 22 de Julio, nuestra delegación se unió a defensores de derechos humanos y miembros de la oposición política colombiana en una audiencia pública en el pueblo de La Macarena. Cientos de víctimas asistieron a la audiencia y escuchamos testimonios sobre ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y otras violaciones de derechos humanos cometidas por el ejército colombiano. También vimos, al lado de una base militar principal, una cantidad numerosas de fosas NN donde se piensa que civiles han sido enterrados después de haber sido asesinados por el ejército colombiano.

El día después de irnos de Colombia, el Presidente Alvaro Uribe visitó la base militar de La Macarena. En vez de expresar su preocupación por la situación de derechos humanos, dio un discurso elogiando a los mismos soldados supuestamente responsables por las violaciones. También acusó a los que organizaron y participaron en la audiencia pública de ser

Estamos indignados y ofendidos por tales comentarios. Además, estamos gravemente preocupados porque estas alegaciones evidentemente ponen en peligro las vidas de las víctimas, los defensores de derechos humanos y los políticos de la oposición que participaron en la audiencia. En vez de atacar a las víctimas y a los que intentan sacar a la luz las violaciones de derechos humanos, el Presidente Uribe debería estar apoyando sus esfuerzos y trabajando con ellos para asegurar que los soldados responsables sean llevados ante la justicia.

También estamos preocupados por los comentarios aparentemente hechos por el Ministro de Defensa Gabriel Silva que las imágenes de las fosas NN de la Macarena fueron tomadas en la anterior Yugoslavia. Esta es una distorsión perversa de la realidad nosotros mismos vimos y fotografiamos las fosas en La Macarena y imágenes filmadas de ellas, tomadas durante nuestra visita, han aparecido en noticieros colombianos e internacionales.

Llamamos a las autoridades colombianas a que se:

Asegure una investigación a fondo y transparente de lo que ha ocurrido en La Macarena incluyendo una exhumación de los cientos, o miles, de cadáveres NN. Políticos y militares deberían abstenerse de interferir en la investigación y la comunidad internacional debería estar invitada a apoyar y verificar la investigación.

Garantice la seguridad de todos aquellos que organizaron y participaron en la audiencia pública del 22 de Julio y que se haga una declaración pública apoyando el trabajo importante que están haciendo en sus esfuerzos para sacar a la luz y llevar ante la justicia los responsables por las numerosas violaciones de derechos humanos que han ocurrido en y alrededor de la Macarena.

La reacción del Presidente Uribe demuestra un desprecio profundo por los derechos humanos y refuerza preocupaciones de la comunidad internacional que el régimen colombiano no tiene la voluntad política para abordar la impunidad. Los responsables por los crímenes perpetrados en La Macarena y otros sitios tienen que estar llevados ante la justicia. Intentos de engañar a la comunidad internacional y distraer la atención de las violaciones sistemáticas que están ocurriendo para nada mejora la imagen internacional de Colombia.

Christine Blower, Secretaria General de la Unión Nacional Británica de Profesores
Stephen Cavalier, Director de Thompsons Solicitors Ole Christensen, Miembro de Dinamarca del Parlamento Europeo
Benjamin Davis, Director de Asuntos Internacionales para el Sindicato de Acero de Estados Unidos
Jeremy Dear, Secretario General de la Unión Nacional Británica de Periodistas
Billy Hayes, Secretario General del Sindicato Británico de Trabajadores de Comunicaciones
Richard Howitt, Miembro de Gran Bretaña del Parlamento Europeo
Eric Joyce, Miembro del Parlamento Británico
Tony Lloyd, Miembro del Parlamento Británico
Madeleine Moon, Miembro del Parlamento Británico , Presidente de la Central Irlandesa de Sindicatos
Jyrki Raina, Secretario General de la Federación Internacional Metalúrgica
Evelyn Regner, Miembro de Austria del Parlamento Europeo
Alan Ritchie, Secretario General del Sindicato Británico de Construcción y Técnicos
John Smith, Presidente de la Federación Internacional de Músicos
Gianni Vattimo, Miembro de Italia del Parlamento Europeo
Peter Waldorff, Secretario General de la Internacional de Servicios Públicos
Spencer Wood, Socio de OH Parsons Solicitors
Matt Wrack, Secretario General del Sindicato Británico de Bomberos

Para más información: info@justiceforcolombia.org

El presidente Uribe, nos declaró objetivo miliar: Senadora Gloria Inés Ramirez

dhcolombia — 2010-07-26T23:01:58Z

DECLARACIÓN PÚBLICA

ORGANIZACIONES Y PARLAMENTARIOS CONVOCANTES A LA AUDIENCIA PÚBLICA “CRISIS HUMANITARIA EN LOS LLANOS ORIENTALES”, RESPONDEN SEÑALAMIENTOS DE “VOCEROS DEL TERRORISMO” HECHOS POR EL PRESIDENTE URIBE

Bogotá, Julio 26 2010. Las Organizaciones, Personalidades, Parlamentarios Colombianos y delegados internacionales nos permitimos expresar ante la opinión pública nacional e internacional nuestro más profundo sentimiento de dolor e indignación por el desprecio y ofensa del representante del Estado colombiano, Doctor Álvaro Uribe Vélez el día de ayer (25 de julio) en La Macarena -Meta.

El Doctor Uribe Vélez dijo en la base militar de dicho municipio: “El terrorismo, en esa combinación de formas de lucha, mientras a través de algunos voceros propone la paz, a través de otros voceros viene aquí a La Macarena a buscar cómo desacredita a la Fuerza Pública y cómo la sindica de violación de Derechos Humanos” Así mismo, envió un mensaje de aliento a las tropas en su lucha contra el terrorismo, y les dijo que cuentan con todas las condiciones para obtener la victoria final. Al calificar de “terroristas” a las víctimas, a los defensores de derechos humanos y a los congresistas convocantes de la Audiencia, les estaría diciendo de forma clara y directa a las tropas oficiales bajo su mando, que somos objetivo militar.

No se escucha en el discurso presidencial una sola línea de condolencia para con las víctimas que denunciaron crímenes; no se oye un solo llamado a la justicia, una sola promesa de investigación; todo lo contrario, se hace una exhortación a continuar la guerra. Desde nuestro más profundo sentimiento de dolor e impotencia, queremos hacer las siguientes precisiones:

El desprestigio de las Fuerzas Armadas de Colombia es responsabilidad única y exclusivamente de quienes, con la investidura legal y la obligación constitucional para garantizar la vida, honra y bienes de todos los colombianos, cometen crímenes atroces, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en contra de la población civil indefensa. Es de quienes portando las armas de la República, se comportan como los delincuentes a quienes dicen combatir.
Nuestra labor está encaminada, únicamente a servir a las víctimas de los crímenes de lesa humanidad y de guerra. A la población civil indefensa que sufre las consecuencias de un conflicto armado que ya lleva más de 45 años sin solución y que, contrario a lo que expresó el jefe del Estado Colombiano, está muy lejos de terminarse por la vía de la confrontación armada.
Nuestras denuncias buscan que las autoridades competentes (Fiscalía General de la Nación y Procuraduría General de La Nación) adelanten una investigación exhaustiva e imparcial y determinen lo ocurrido en el cementerio de NNs de La Macarena y sancionen a los responsables de los crímenes que se hubieren cometido.
Consideramos de vital importancia que se integre una comisión internacional forense que vigile los procedimientos adelantados por las autoridades colombianas.
Nuestra labor de defensa de los derechos humanos es legalmente reconocida por las Naciones Unidas, La Organización de Estados Americanos (OEA) y por la Constitución Nacional de Colombia.
Tanto las organizaciones ONG, parlamentarios y comunidad campesina que participó en la audiencia pública, siempre acató las decisiones de las autoridades civiles y militares -incluida la decisión del Alcalde municipal de La Macarena- de impedir el ingreso al cementerio público municipal para orar y hacer un acto simbólico en homenaje a las víctimas.

De otra parte, queremos invitar a los hombres y mujeres que integran las Fuerzas Armadas de Colombia (Ejército, Fuerza Aérea, Armada y Policía) y a las demás autoridades constitucionalmente reconocidas, a desarrollar su misión institucional en el marco de la Constitución y la ley, observando las normas del Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos consagrados en la Carta Universal y en el Pacto Interamericano de Derechos Humanos, por cuanto son sus carreras, sus vidas, sus familias las que a la larga terminan pagando las consecuencias de obedecer órdenes cargadas de odio y sed de venganza como las emitidas por el Doctor Uribe Vélez desde La Macarena el día domingo 25 de julio 2010.

Nosotros como colombianos y colombianas y como Defensores y Defensoras de Derechos Humanos no descansaremos en nuestra búsqueda de justicia, de verdad y de reparación integral para las víctimas.

Por último debemos reconocer, que excepto algunos incidentes menores y señalamientos infundados, el comportamiento de la Fuerza Pública durante la realización de La Audiencia sobre la “Crisis Humanitaria en los Llanos Orientales” el pasado viernes 22 de julio en la Macarena, fue respetuosa.

Firman,

_____________________________________
GLORIA INÉS RAMÍREZ
Senadora de la República

_____________________________________
Padre. JAVIER GIRALDO
Vocero de las Organizaciones Sociales y de Derechos Humanos

La fosa de la discordia

dhcolombia — 2010-07-26T14:33:44Z

El presidente Uribe presidió un Consejo de Seguridad en La Macarena, Meta, y afirmó que no hay fosas comunes en la zona y que la información es una calumnia de los enemigos de la seguridad democrática. Eo dice el presidente, pero otra cosa sostienen familiares de víctimas de presuntas ejecuciones... La Fiscalía no ha identificado aún los cuerpos de las fosas de la discordia.

Este video muestra el instante de exhumación de algunos de los más de 2.000 cadáveres que fueron enterrados en la última década en el cementerio del municipio de la Macarena. Según los testimonios, muchos de los que allí se encuentran son victimas de las ejecuciones extrajudiciales.

“Ya hay 449 expedientes documentados, o sea que sí es cierta la denuncia que hacían las comunidades de que esos N.N era llevados por el Ejército bajo esa figura”.

urante la audiencia, los familiares de las victimas aseguraron que las desapariciones de sus seres fueron sorpresivas. La senadora Ramírez dijo que de 25, 11 han señalado de manera contundente que son falsos positivos y han sido atribuidos presuntamente, a las brigadas móvil 2, 3,10, 11 de la fuerza de tarea conjunta omega.

En estas imágenes también se ve, como en el cementerio existen tumbas excavadas en momentos diferentes, separadas entre sí por menos de un metro de distancia y particularmente señaladas con un mismo tipo de cruz. Según Ramírez, las inhumaciones fueron hechas sin los requisitos legales lo que no permitiría identificar los cuerpos.

Los N.N no se pueden inhumar en tierra porque eso deteriora el ADN”

Entre tanto, hoy el presidente Álvaro Uribe durante una visita a la base militar de La Macarena, calificó de calumniosas las acusaciones de la presencia de la fosa común y defendió su gestión.

"Aquí vinieron los enemigos de la Seguridad Democrática hace pocos días a alimentar calumnias contra el Ejército de la Patria”

http://www.noticiasuno.com/noticias...

Fotos: Audiencia Pública en La Macarena «Crisis Humanitaria en los Llanos Orientales»

dhcolombia — 2010-07-23T23:44:03Z

Las víctimas, campesinos y delegados nacionales caminan hacia el cementerio para realizar un acto simbólico, Julio 22 2010

La fuerza élite de la Policía Nacional denominada «jungla» impidió el acceso al cementerio, cumpliendo una orden del Alcalde Municipal.

Las víctimas se concentran a la entrada del Cementerio de La Macarena. La indignación fue total.

«Si la idea era humillarnos, lo lograron. No solo no nos dejan entrar a ver nuestros muertos, sino que envía a la jungla», expresó doña Eli esposa de una de las víctimas.

Delegación internacional, escucha los testimonios de las víctimas.

Parlamentarios colombianos en la Audiencia Pública de La Macarena

Auditorio de La Audiencia

Parlamentarios colombianos y Presidenta del PDA

Delegación colombiana e internacional vista el cementerio de NN de la Macarena.

Cementerio de NN de La Macarena

Revelan gigantesca fosa común en Colombia

dhcolombia — 2010-07-23T23:19:40Z

- AUDIENCIA PÚBLICA LA MACARENA / Destacado

Certifican existencia de fosa común más grande de Latinoamérica en Colombia

dhcolombia — 2010-07-23T21:02:33Z

Una delegación de Europa y Estados Unidos, encabezada por seis eurodiputados, certificó este viernes tras una audiencia pública en la localidad de Macarena (suroriente) Colombia, la existencia de una fosa común con dos mil cadáveres no identificados.

La delegación estuvo presente en una audiencia pública en la localidad de Macarena (suroriente) Colombia, donde conocieron la fosa común con dos mil cadáveres no identificados.

El representante del Centro de Investigación y Educación Popular y Programa por la Paz (Cinep-PPP) Colombia, Javier Giraldo, señaló que se entregaron 52 declaraciones por parte de familiares de las víctimas.

«Habían seis desapariciones forzadas cometidas por paramilitares y siete por el Ejército y de la Fuerza Pública», indicó.

Agregó que existen denuncias también por «22 falsos positivos y la mayoría de los cuerpos de las víctimas fatales están en el cementerio de La Macarena».

«Existen casos de amenaza de muerte, de torturas, asesinatos (Â…) La delegación internacional pudo ver todo el área de las tumbas anónimas identificadas por un número consecutivo por años», subrayó el investigador.

Anunció que para el próximo mes de septiembre se presentarán otros casos documentados sobre situaciones de desapariciones forzadas y asesinatos en otras regiones del país suramericano.

Por su parte, la senadora colombiana Piedad Córdoba informó que dentro de un mes tendrá todo listo para presentar un informe oficial, resultado de las audiencias públicas efectuadas en torno al tema.

La senadora lamentó que esta situación «sea objeto noticioso y un hecho generalizado en el país».

La corresponsal de teleSUR, Angie Camacho, reportó que los pobladores campesinos de La Macarena decidieron romper el silencio y hablaron con los eurodiputados sobre el uso que el Ejército colombiano hacía de sus helicópteros para dejar los cuerpos sin vida y luego se retiraban.

«De esa manera empezó a ampliarse el cementerio clandestino, ahora fosa común más grande de América Latina, donde los pobladores pidieron ayuda internacional debido a la magnitud sin precedentes» de este hallazgo.

La corresponsal de teleSUR en Colombia, Tatiana Pérez, informó desde La Macarena que la delegación llegó hasta el cementerio para verificar el lugar donde se encuentran los cadáveres. Según cifras de la comunidad podrían ser unos dos mil muertos, mientras que el Gobierno colombiano asegura que son 450.

En la audiencia pública asistieron unos 800 campesinos de las regiones de Guayabero, Ariari, Güéjar, Guaviare y el departamento del Caquetá, acompañados por la numerosa delegación extranjera, congresistas de la oposición y la senadora colombiana Piedad Córdoba.

En está audiencia también se conoció la grave crisis humanitaria en los llanos orientales de Colombia, como consecuencia del Plan Colombia, promovido por Estados Unidos para «luchar» contra el narcotráfico y el crimen organizado.

La eurodiputada de la Comisión de Derechos Humanos Ana Gómez manifestó «que el Ejército asesine a su pueblo es una aberración, no lo puedo entender, el Ejército está para cuidar a su pueblo».

«No tienen que estar para matar al pueblo, hay una horrible perversión en estos hechos en que jóvenes inocentes, hombres y mujeres, son cogidos por miembros de las Fuerzas Armadas por una recompensa humanitaria para transformarlos en falsos positivos, en falsos guerrilleros», enfatizó.

Por su parte, la senadora colombiana Piedad Córdoba condenó el hallazgo de la fosa común.

«Aquí fue donde comenzó de verdad la política que se conoce como falsos positivos, los asesinatos a sangre fría para reclamar recompensas, para tener ascensos, para pedir vacaciones, es algo tan vergonzoso, que no se explica uno como es que el país vuelve y elige en cuerpo ajeno una política tan horrorosa de violación de los DD.HH.», manifestó la senadora.

Agregó que «cuando nosotros nos oponemos a la aprobación del tratados de libre comercio untados de sangre, la sangre de un pueblo colombiano decimos con dignidad que Europa no puede hacer prolongar en América y en Colombia lo que ellos hace muchos años trataron de erradicar: la guerra, la guerra es un negocio, su patente de corso es la política de seguridad democrática».

Los campesinos de la zona exigieron que «respeten nuevas vidas (...) estamos llenos de necesidades, pero lo único que queremos es seguir siendo campesinos, esta es nuestra tierra».

Los campesinos de Macarena han padecido el estigma de vivir en una zona marcada por la guerra, agudizada desde 2003 con la llegada del Plan Colombia promovido por Estados Unidos para «luchar» contra el narcotráfico y el crimen organizado.

La existencia de una fosa común con restos de al menos dos mil personas fue denunciada en diferentes oportunidades por los habitantes de la comunidad sureña de Macarena.

La fosa más grande de Latinoamérica

Esta fosa se tratá de la más «grande de América Latina». Tatiana Pérez indicó que los cadáveres estarían enterrados cerca de un batallón del Ejército colombiano y no se descarta que esos cuerpos sean productos de los llamados «falsos positivos», como lo señaló la eurodiputada Ana Gómez.

En el encuentro se rindió homenaje a las víctimas de las desapariciones forzadas, los habitantes denunciaron violación de derechos humanos, mientras la Cancillería colombiana insiste en negar la denuncia.

Organizaciones no Gubernamentales (ONG) de Colombia exigieron el pasado mes de abril a la Corte Constitucional la eliminación de dos leyes de 1997 y 2002 porque no incluyen de manera expresa a las desapariciones forzadas o «falsos positivos» dentro de la categoría de víctimas de la violencia política.

En Colombia se denomina ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos a civiles que son presentados como guerrilleros muertos en combate.

El pasado 11 de marzo la Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Navi Pillay, presentó informe que denuncia varios tipos de violaciones a los Derechos Humanos en Colombia de sindicalistas, periodistas, abogados, comunidades indígenas, afro-colombianos, entre otros.

Entre los delitos de lesa humanidad, la Alta Comisionada de la ONU mencionó asesinatos, algunos de ellos con torturas, amenazas y seguimientos. Las llamadas chuzadas o espionaje contra periodistas y opositores al Gobierno de Álvaro Uribe están también incluidas en la lista.

Funcionarios del Ejército colombiano han incurrido en el delito de falsos positivos como parte del programa gubernamental de seguridad, basado en darle bajas a la guerrilla y a grupos armados ilegales de la nación.

Para julio de 2009, la totalidad de los expedientes abiertos por casos de falsos positivos sumaban 686 en la Procuraduría colombiana.

dhColombia

Denuncian cementerio de NN en Granada Meta

SAN JOSE DE APARTADO: SE REAFIRMA LA IMPUNIDAD

SE REAFIRMA LA IMPUNIDAD HACIA LA IMPUNIDAD Y FAVORECIMIENTO DEL ACCIONAR CONJUNTO DE MILITARES Y PARAMILITARES

Policía agrede brutalmente a comunidad de cristalinas en Puerto Gaitán

LA POLICÍA CUIDA EL CEMENTERIO DEL EJÉRCITO

Declaración Pública de Miembros de la Delegación Internacional a Colombia del 20-24 de Julio 2010

El presidente Uribe, nos declaró objetivo miliar: Senadora Gloria Inés Ramirez

La fosa de la discordia

Fotos: Audiencia Pública en La Macarena «Crisis Humanitaria en los Llanos Orientales»

Revelan gigantesca fosa común en Colombia

Certifican existencia de fosa común más grande de Latinoamérica en Colombia

SE REAFIRMA LA IMPUNIDAD
HACIA LA IMPUNIDAD Y FAVORECIMIENTO DEL ACCIONAR CONJUNTO DE MILITARES Y PARAMILITARES