S.O.S. EN RIESGO PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LAS COMUNIDADES EN EL SUR DE BOLIVAR

dhjusticia — 2012-04-30T16:59:41Z

Bogotá 29/04/2012- La Corporación Sembrar y la Federación Agrominera del Sur de Bolívar, se permiten denunciar los graves hechos que afectan las propuestas de vida y desarrollo que las comunidades han venido trabajando para la reconstrucción de su tejido social. Se trata nuevamente de la afectación de un proyecto productivo, que la CORPORACION SEMBRAR Y LA FEDERACIÓN AGROMINERA, han apoyado e impulsado con fondos públicos de la cooperación española a través de la ASOCIACIÓN PAZ CON DIGNIDAD de España y a favor de comunidades del Sur de Bolívar.

HECHOS

El día 17 de abril de 2012, paramilitares que se autodenominan Gaitanistas, llegaron a la sede del trapiche comunitario en la Vereda el Antojo del Municipio de Tiquisio. Allí efectuaron una reunión con la comunidad a quienes les manifestaron que tenían dinero para ser invertido en proyectos productivos, así mismo hicieron manifestaciones en cuanto a la compra de la producción de la panela del trapiche comunitario.

Este accionar, constituye de antemano UNA AMENAZA, que pone en riesgo la vida y la integridad física de todos los miembros de la comunidad que vienen trabajando en el proyecto productivo, pues se trata de un grupo armado que viene llegando a dicha comunidad y hace presencia física desde hace un mes, el cual se encuentra operando en la región.

De la misma manera, el grupo paramilitar, citó a la comunidad a un día cívico el cual debería llevarse a cabo el día lunes 23 de abril del presente año, según ellos para “arreglo de caminos y espacios comunes” y seguidamente se efectuaría una reunión.

Se tiene conocimiento, que el día 18 de abril, el grupo paramilitar efectuó otra reunión con la comunidad en el corregimiento del Sudan, del mismo municipio.

El día domingo 22 de abril de 2012, miembros del Ejercito Nacional, realizaron la captura, de uno de los paramilitares conocido como alias “Mueca”, aproximadamente a unos 15 minutos del campamento que tienen establecido en la vereda el Naranjal, vía que conduce a la vereda el Tigre.

Ese mismo día, miembros del Ejército Nacional, llegaron a la vereda el Antojo, donde se encuentra el Trapiche Comunitario, en compañía del paramilitar detenido, allí indagaron por la presencia de otros paramilitares. El ejército procedió a señalar a miembros de la comunidad de encubrir a los paramilitares, al no suministrar información requerida por el Ejército.

Por su parte, se tiene conocimiento que los paramilitares, han amenazado la población anunciado, que “mas de uno se va a ir de cajón” dada la captura efectuada por el ejército, al paramilitar alias “Mueca”.

El trapiche comunitario, fue puesto en funcionamiento en el año 2009, en el marco del PROYECTO INTEGRAL DE SOBERANIA ALIMENTARIA Y FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL EN EL SUR DE BOLIVAR”, ejecutado por la CORPORACION SEMBRAR, y financiado a esta por el Gobierno JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA, a través de la ASOCIACION PAZ CON DIGNIDAD, siendo beneficiaria la FEDERACIÓN AGROMINERA DEL SUR DE BOLÍVAR.

Es de tener en cuenta, que han sido constantes las denuncias que se han realizado, sobre el crecimiento y el avance del paramilitarismo en el Sur de Bolívar.

Estos grupos, vienen operando, en varias veredas, donde tienen centros de operaciones casi permanentes; la ventura, dos bocas, rio nuevo, bomba, puerto Venecia y Guaranda del municipio de Tiquisio, siguen siendo los sitios de mayor concentración de estos. En Puerto coca y Coco Tiquisio, también se han visto operando.

Algunos antecedentes

El día 10 de Marzo de 2012, aproximadamente a las 11:45 AM, fue incendiado el proyecto productivo de soberanía alimentaria, de la ASOCIACION DE PANELEROS DE RIOVIEJO-ASOPAMIR, ubicado en el corregimiento de Hatillo del municipio de Rio Viejo.

El incendio destruyó aproximadamente 200m2, acabando con el 80% de la construcción del trapiche comunitario. Así mismo fueron quemados cultivos de Yuca, coco, mango, guineo mafufo, maracuyá en producción y bosque.

El proyecto productivo que se desarrolla en este municipio, ha sido financiado a la CORPORACION SEMBRAR y a la FEDERACION AGROMINERA DEL SUR DE BOLIVAR como beneficiaria, con recursos del gobierno de JUNTA DE COMUNIDADES CASTILLA LA MANCHA del Estado Español, a través de la Asociación PAZ CON DIGNIDAD, así también, contó con recursos de la Agencia Internacional Holandesa STICHTING VLUCHTELING, a través de la CONSEJERÍA EN PROYECTOS, PROJECT COUNSELLING SERVICE/PCS – COLOMBIA.

El día 03 de julio del año 2008, fue asesinado el señor HUGO ALBERTO CARVAJAL, de 43 años de edad en Puerto Rico, municipio de Tiquisio

En el mes de marzo de 2009, fue repartido un comunicado en la cabecera municipal que contenía el siguiente mensaje:

“LAS AUTODEFENSAS GAITANISTAS DE COLOMBIA, INFORMAMOS A LAS COMUNIDADES DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, LA PRESENCIA DE NUESTROS HOMBRES EN ESTA REGION DEL TERITORIO NACIONAL, YA QUE AL IGUAL QUE OTRAS ESTA FUE EN EL PASADO OBJETO DEL ACCIONAR DE LOS GRUPOS SUBVERSIVOS Y ASENTAMIENTO DE FRENTES DE LAS DESMOVILIZADAS AUTODEFENSAS UNIDAS DE COLOMBIA RAZON POR LA CUAL SUS HABITANTES HAN VIVIDO EN CARNE PROPIA LOS ESTRAGOS OCASIONADOS POR EL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA….

Durante varias semanas del mes de octubre de 2009, en el municipio de Tiquisio, se observó y denunció la presencia de hombres armados de civil que se identificaban ante la población como Aguilas Negras y se desplazban en motocicletas junto a hombres desmovilizados de la región. Así mismo ya se observaba la presencia sorpresiva de personas foráneas quienes ejercen distintas actividades comerciales que generaban desconfianza entre la población.

El día 20 de octubre de 2009, hacia las 6:30 de la tarde, fue encontrado muerto y con señales de tortura el joven LEONARDO SORACA, en la carretera que conduce de la cabecera municipal de Puerto Rico al corregimiento El Sudan.

El 06 de diciembre de 2010, fue asesinado Pedro Baldovino, agricultor en el municipio de Tiquisio.

El 07 de Enero de 2011, fue asesinado en puerto mango corregimiento de Tiquisio, el comerciante, Albín Navarro quien residía en puerto Coca.

El día 11 de marzo de 2012, fue asesinado el agricultor ALIRIO GARCÍA, de 38 años y padre de 8 hijos. Los hechos sucedieron delante de sus hijos y esposa, en la vereda el Tigre del Municipio de Tiquisio, aproximadamente a las 9:00 p.m., mientras el señor ALIRIO GARCIA, se encontraba descansando en su lugar de habitación,

EL 12 de marzo de 2012 se conoció del asesinato del señor EVER OSORIO, en el corregimiento de Tiquisio nuevo, del municipio de Tiquisio. El señor EVER OSORIO, fue asesinado en su lugar de habitación delante de su esposa y sus hijos, aproximadamente al medio día.

El 5 de enero de 2012, varios municipios del sur de Bolívar enfrentaron una grave situación de riesgo por presencia de paramilitares autodenominados autodefensas Gaitanistas. Se conoció que en los municipios de Tiquisio, Arenal Y Norosí, se repartieron panfletos firmados por ese grupo en los cuales cuestionaron al gobierno nacional y a la fuerza publica por la muerte de su comandante alias “Giovanni”, ocurrida en el departamento del choco en el marco de un operativo de la fuerza publica. Públicamente se informó por medios de comunicación que se trataba del máximo jefe de los urabeños.

En Puerto rico cabecera municipal de Tiquisio además de distribuir el mencionado panfleto, desde tempranas horas de la mañana un grupo de varios hombres vestidos de civil ubicaron en las entradas principales impidiendo la libre movilización y obligaron a los pobladores a cerrar el comercio, la alcaldía municipal y otras dependencias así como paralizaron el transporte sopena de quemar los vehículos y las instalaciones. De igual manera en el corregimiento de Rio nuevo del municipio de Achí un grupo de hombres de civil habría bloqueado las vías impidiendo la libre movilización y profiriendo amenazas.

El 28 de marzo de 2012, fue asesinado el joven, GENIS CHAVEZ, de aproximadamente 35 años de edad, en la vía que conduce de Puerto Rico a Buena Seña, en el lugar conocido como Dos Portones, específicamente en la finca de los Belillas. El seño GENIS CHAVEZ, era de oficio minero y mototaxista.

El día 15 de abril de 2012, fue asesinado el señor agricultor, DIEGO VILLAREAL en la vereda la hamaca del corregimiento Puerto Coca, del municipio de Tiquisio, por dos individuos que llegaron en una motocicleta, siendo aproximadamente las 7:30 p.m. El hecho ocurrió delante de su menor hijo de 8 años.

Desde el 15 de febrero del año 2012, se conoció la creación de un grupo armado en el Sur del Cesar, que se autodenomina Ejército anti restitución de tierras y contra lideres, el cual y de acuerdo con documentación hecha por algunos investigadores, este grupo armado tiene el apoyo de grandes hacendados, ganaderos, terratenientes y políticos del Cesar, los cuales se encuentran en una fase de reclutamiento. (Ver http://www.elheraldo.co/region/esta....

SOLICITUDES

A las autoridades competentes,

Implementar las medidas que sean necesarias para la protección de los proyectos productivos que las comunidades adelantan, en reconstrucción de su tejido social

Implementar las medidas que sean necesarias para la protección de la comunidad de la vereda el Antojo del municipio de Tiquisio y aledañas, que están siendo afectadas por el paramilitarismo que avanza en la región.

Adoptar e Implementar las medidas que sean necesarias a fin de proteger la vida e integridad física de los líderes de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar, beneficiarios de medidas cautelares por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Detener el avance del paramilitarismo, e investigar los graves hechos cometidos por estos y denunciados permanentemente por las comunidades.

Bogotá, D.C., Abril 29 de 2012

Ver más información sobre el tema http://www.corporacionsembrar.org/?...

NO PUEDEN SER GENERALES DE LA REPUBLICA QUIENES PAGARON POR LA MUERTE DE INDEFENSOS

dhjusticia — 2012-04-27T23:13:14Z

Por: DhColombia Bogotá D.C., 27 de abril de 2012 – Luego de conocer la condena proferida por un Juez Penal de Manizales contra 7 miembros del Batallón 57 de Infantería “Mártires de Puerres” y la imputación a ser realizada por la Fiscalía General de la Nación a 107 militares de la misma Unidad Militar por su responsabilidad en la ejecución de civiles indefensos en el eje cafetero, se ha podido establecer que en el caso de la vereda Java hubo el pago de dos millones de pesos (USD 1100) a informantes por la supuesta información que buscaba dar legalidad al asesinato premeditado y a sangre fría de DARBEY MOSQUERA y ALEX RAMIREZ.

En dicho pago participaron los Coroneles EMIRO JOSÉ BARRIOS JIMÉNEZ y JORGE ENRIQUE NAVARRETE JADETH Comandante y Jefe del Estado Mayor de la VIII Brigada del Ejército para marzo de 2008, llamados a curso de Generales por el Ministro de Defensa JUAN CARLOS PINZON el 11 de noviembre de 2011; pago hecho mediante acta 085 del 17 de marzo de 2008 suscrita por los coroneles BARRIOS y NAVARRETE donde se establece:

“El beneficiario de este pago en pleno uso de sus facultades manifiesta que el Batallón de Contraguerrillas No. 57 Mártires de Puerres”, cancelo la suma acordada en el suministro de informaciones que condujeron al desarrollo de la misión táctica No 019 “FENIX” quedando de esta manera a PAZ y SALVO con el informante por todo concepto”

La ejecución de civiles indefensos mediante el pago PREMEDITADO de recompensas, necesariamente obliga a que bajo los preceptos de la ética y la moralidad pública el Presidente de la Republica o en su defecto el Ministro de Defensa deben ordenar la suspensión y retiro del curso de ascenso a generales a los coroneles EMIRO JOSÉ BARRIOS JIMÉNEZ y JORGE ENRIQUE NAVARRETE JADETH. No hacerlo sería permitir que quienes participaron con el pago de recompensas por ejecuciones extrajudiciales asuman la dirección de las fuerzas militares.

No pueden ser Generales de la Republica quienes pagaron por la muerte de indefensos

AL DESCUBIERTO EL FRAUDE PARA FAVORECER A LUIS ALFONSO PLAZAS VEGA

dhjusticia — 2012-04-24T00:43:17Z

Por: DhColombia

Bogotá D.C., 23 de abril de 2012 – Hoy se conoció el estudio grafológico elaborado por el CTI, ordenado por el Juez 55 Penal del Circuito de Bogotá, donde concluye que:

“la firma manuscrita dubitada que en original se observa en la DECLARACION QUE RINDE EL SEÑOR EDGAR VILLARREAL, RESIDENTE EN LA CIUDAD DE BOGOTA CON CEDULA DE CIUDADANIA NUMERO 13.452.278DE CUCUTA, ante el Despacho Cuarto de la Unidad Delegada Ante la Corte Suprema de Justicia, dentro del Radicado P19755 Palacio de Justicia a folio 251, presenta características graficas manuscritas que se corresponden o identifican frente a las muestras de referencia indubitadas que de EDGAR VILLAMIZAR ESPINEL se aportaron; es decir son uniprocedentes manuscrituralmente se aportaron.

La consecuencia más importante de estudio técnico, es que deja al descubierto el fraude que a través de la Procuraduría General de la Nación en cabeza de ALEJANDRO ORDOÑEZ se quiso hacer a la administración de justicia, a la verdad sobre la responsabilidad de Luis Alfonso Plazas Vega en la desaparición de 11 personas y a la sociedad colombiana al presentar al ex suboficial Edgar Villamizar Espinel como una víctima de la fiscalía.

Los representantes de las víctimas de manera inmediata solicitaremos a las autoridades competentes se investigue la responsabilidad penal y disciplinaria de todos los funcionarios públicos, miembros de la fuerza pública y abogados que participaron, impulsaron y conocieron de este fraude a la justicia.

Demandamos que el Procurador General aclare por qué el Ministerio Público posibilitó este fraude a la justicia y la nación.

De igual manera y de acuerdo a lo expresado el 30 de enero por el Tribunal Superior de Bogotá al confirmar la condena contra el Luis Alfonso Plazas Vega, solicitaremos a la Fiscalía General de la Nación se ordene la captura inmediata de Edgar Villamizar Espinal para que responsa por este fraude y su participación en las torturas y desapariciones forzadas ocurridas en la Escuela de Caballería el 7 de noviembre de 1985. Esperamos que el Ministro de Interior German Vargas Lleras y el Procurador General Alejandro Ordoñez cumplan su deber legal y entreguen a las autoridades correspondientes la información de contacto y ubicación del militar en retiro.

Suscriben,

JORGE ELIECER MOLANO R. RAFAEL BARRIOS M. GERMAN ROMERO SANCHEZ

ENTRE 43 Y 41 AÑOS FUERON CONDENADOS UN OFICIAL, UN SUBOFICIAL Y CINCO SOLDADOS PROFESIONALES, POR LA EJECUCION EXTRAJUDICIAL DE DOS JOVENES EN MANIZALES

dhjusticia — 2012-04-19T22:29:18Z

Álzate Vélez determino la responsabilidad en la Ejecución Extrajudicial de los dos jóvenes, aclarando que “los procesados, aquí seguramente determinados por sus superiores ejecutaron esta masacre”, e incita a que la “fiscalía dilucide completamente este crimen”. Es necesario que se conozca la verdad y se condenen todo los responsables, por ello, las investigaciones deben continuar para esclarecer el papel del Coronel Emiro Barrios Comandante de la VIII Brigada, Mayor Josue Yobanny Linares Hernández y el Teniente Julio Cesar Álvarez Pedrero también orgánicos de la Octava Brigada en este crimen contra la humanidad.

En la Sentencia el juez establece entre otras situaciones “la falsedad que emerge, pues se pretende encubrir un crimen y obtener réditos”, evidenciando el papel que realizaba un militar en las labores de reclutamiento y promesas económicas a personas de escasos recursos en zonas marginadas; “las armas encontradas no tienen capacidad de fuego”, una vez más se muestra la adulteración que los responsables de misión hicieron de los documentos que bajo el macabro nombre de legalización utiliza el Ejército al presentar una baja. Además, expresa el Juez: “Fueron seleccionados para ser ejecutados,(…) lo que allí aconteció no fue un combate sino una masacre, (…)existieron tiros de gracia y el ataque fue a mansalva”.

Los hechos ocurrieron el 7 de febrero de 2008, los jóvenes DARVEY MOSQUERA CASTILLO, ALEX HERNANDO RAMÍREZ HURTADO y JOSÉ DIDIER MARÍN CAMACHO salieron de Palmira con destino a Pereira, con la promesa de un trabajo cuyo contacto era el soldado Alonso Iván Palacios, en una operación coordinada por el mayor Josue Yobanny Linares Hernández de la Octava Brigada del Ejército. Al llegar a la capital de Risaralda los esperaba “El Paisa” quien les dio las últimas instrucciones del “trabajo secreto” que debían cumplir y les indicó que a la media noche un taxi pasaría al hotel a recogerlos y así fue. Unos minutos después de salir de la ciudad, el vehículo se internó en un oscuro paraje donde fueron interceptados por hombres vestidos con prendas del Ejército que los hicieron descender del automóvil y les dispararon. Uno de ellos logró escapar gracias a una falla en el arma que le apuntaba a la cabeza.

Con preocupación, cabe reiterar, como las Ejecuciones extrajudiciales se convirtieron en la práctica sistemática de esa unidad militar del Ejército colombiano desde hace años. Y cómo, ante la lucha de las familias de las dos víctimas por esclarecer la verdad, han recibido amenazas frecuentes a su vida e integridad, al igual que algunos funcionarios públicos por cumplir su labor. Esta Sentencia es un aliciente para la sociedad en general en medio de este clima desalentador de impunidad.

Esperamos que el nuevo Fiscal General, atienda el clamor de las victimas también expresado por el juez y se lleve a juicio la cadena de mando que ordeno, encubrió y felicito a quienes materialmente realizaron estos crímenes, como también, la responsabilidad del hoy aspirante a General Emiro José Barrios debe ser determinada, la sociedad colombiana no puede aceptar que oficiales que conocieron y avalaron esta criminal practica sean quienes lleguen a los más altos niveles de las Fuerzas Militares.

Involucramiento en la guerra, verdadero o falso: única opción en el proyecto genocida del Estado colombiano

dhjusticia — 2012-04-18T23:00:00Z

Lo primero que llama la atención es el hecho de que se produzca un crimen de estos en un caserío tan pequeño donde patrullan todo el día numerosos agentes del Ejército y de la Policía y donde toda esta fuerza pública ha construido numerosas redes de informantes y cooperantes. Desde el 1° de abril de 2005, el Presidente Uribe le ordenó a la Policía tomarse ese pequeño espacio, antes ocupado por nuestra Comunidad de Paz (la cual se desplazó inmediatamente de allí), con el fin de desconocer con toda la arrogancia posible el primer principio estructurante de una comunidad de paz, como es la decisión de no convivir con actores armados ni permitir el paso de armas o la colaboración logística o informativa a personas o estructuras armadas, dentro de los espacios de vida y trabajo de la Comunidad. Para ello el Gobierno ha tenido que violar de manera persistente las directrices dadas por la Corte Constitucional en su Sentencia T- 1206 /01, sobre la ubicación de los puestos de policía, y en general, sobre la prohibición de crear formas de violencia sobreviniente que afecten a la población civil. Pero, además, la fuerza pública estableció en el caserío de San José, desde su ocupación, una intensa presencia paramilitar coordinada por alias “Lalo”, en cuyo establecimiento comercial departían cotidianamente militares y policías. Mediante todo este accionar, el Gobierno volvió a hacer del caserío un campo intenso de combate y de muerte, al atraer a otros actores armados para enfrentarse en medio de la población civil, poniendo a ésta como escudo.

Fuera de tan perversa política espacial, el Gobierno ha implementado simultáneamente una diabólica política sobre la población, bajo el eslogan: “quien no está conmigo, está contra mí”. Una gran multitud de pobladores de la zona figuran en álbumes de la Brigada XVII, con fotografías e información exhaustiva, y sus nombres aparecen recurrentemente en los documentos que la Brigada suministra a los aparatos judiciales bajo los rótulos de “informes de inteligencia” u “órdenes de batalla”, elementos todos que la ley prohíbe considerar como pruebas judiciales pero que el corrupto aparato judicial de Urabá siempre los acepta. La forma como se confeccionan esos archivos donde tantos pobladores figuran como insurgentes o milicianos, es el interrogatorio manipulado (vía intimidación, tortura o soborno) a personas ilegalmente privadas de la libertad en instalaciones de la Brigada. Como ha ocurrido infinidad de veces, al hacerle saber a un campesino que se tiene ”testigos” contra él para judicializarlo, tratan de quebrar su voluntad para vincularlo a la guerra desde el polo del Estado, convirtiéndolo en informante o en cooperante.

Sólo bajo esta perversa política estatal se puede entender la tragedia personal que terminó destruyendo la vida de REINALDO TUBERQUIA. Primero, la fuerza pública logró que uno de sus detenidos, JORGE ELIÉCER PALACIO, sin libertad alguna para rendir testimonios, denunciara a Reinaldo como colaborador de la guerrilla al enviarle remeses desde su tienda. Esto lo afirmó dentro del Rad: 1.029.235, cuaderno 1, folio 90, en su “declaración” rendida el 26 de enero de 2007. Si bien Jorge Eliécer confiesa, más adelante dentro del mismo expediente (Cuaderno 6, fol. 130) que recibió dinero para dar esas “declaraciones”, el nombre de Reinaldo seguiría figurando en la “lista negra” de la fuerza pública y organismos de inteligencia de Urabá, como materia prima de chantajes para aplicar el principio de involucramiento forzado, en uno u otro lado de la guerra. Al circular los primeros rumores sobre la muerte de Reinaldo, se dice que posiblemente lo mató la guerrilla por haber aceptado ser informante del Ejército.

Frente a estas tragedias dolorosas en que la destrucción de vidas humanas continúa sin fin, nuestra Comunidad reafirma su posición de no involucramiento en la guerra. El Estado y sus brazos paramilitares nos siguen estigmatizando como “guerrilleros” porque ellos no aceptan que alguien evada el dilema diabólico que nos imponen: o están conmigo o están contra mí.

Estamos con la Vida, con la Justicia, con la Solidaridad, con la Verdad y con la Paz. Desde esos valores condenamos enérgicamente este nuevo crimen y condenamos enérgicamente la diabólica estrategia estatal que lo contextúa.

Otros hechos recientes complican aún más la coyuntura: la población campesina de la zona ha percibido una presencia creciente de paramilitares que recorren la zona y se refugian en varias haciendas aledañas a Nuevo Antioquia. Se han dado nuevos enfrentamientos entre paramilitares y guerrillas que siembran nuevamente pánico en la población campesina y producen nuevos desplazamientos forzados.

Una noche de esta semana, los militares le retuvieron ilegalmente sus documentos de identidad al joven JOSÉ RENÉ HIGUITA HIGUITA y dos días después dichos documentos fueron encontrados en la calle.

Agradecemos nuevamente a las comunidades solidarias del país y del mundo que no transigen con la barbarie ni con la impunidad y que siguen uniendo sus voces a las nuestras en demanda de un cese de la barbarie y de la impunidad.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Abril 18 de 2012

Fuente: http://cdpsanjose.org/?q=node/235

Piden protección especial para 260 familias desplazadas en Chivolo

dhjusticia — 2012-04-17T14:52:03Z

El jurista aseguró que sumado a estas amenazas, el pasado Jueves Santo fue informado por miembros de la propia comunidad de Chivolo que supuestamente un pequeño ejército, de entre 8 y 15 hombres, se está moviendo en la zona y contarían con la protección de varios empresarios beneficiarios del despojo, que convirtieron varias de las fincas de los campesinos en lotes agroindustriales de gran envergadura.

"Si bien es cierto que el Gobierno ha dispuesto de la ley de víctimas y de alguna presencia institucional acciones y operaciones para proteger a los líderes, no queremos que se repita el caso del líder de restitución de tierras Manuel Ruiz, recientemente asesinado junto a su hijo en Chocó o el crimen hace dos años del también líder campesino Rogelio Martínez, ocurrido en San Onofre, Sucre”, agregó.

Texto copiado de www.rcnradio.com - Conozca el original en http://www.rcnradio.com/noticias/ed...

DECRETO 4799 DE 2011

dhjusticia — 2012-04-16T20:51:53Z

DECRETA:

Artículo 1°. Objeto. El presente decreto tiene por objeto reglamentar las Leyes 294 de 1996, 575 de 2000 y 1257 de 2008, en relación con las competencias de las Comisarías de Familia, la Fiscalía General de la Nación, los Juzgados Civiles y los Jueces de Control de Garantías, de manera que se garantice el efectivo acceso de las mujeres a los mecanismos y recursos que establece la ley para su protección, como instrumento para erradicar todas las formas de violencia contra ellas.

Artículo 2°. Autoridades competentes. Se entiende por autoridad competente para la imposición de las medidas de protección consagradas en el artículo 17 de la Ley 1257 de 2008 y las normas que lo modifiquen o adicionen, el Comisario de Familia del lugar donde ocurrieren los hechos. En aquellos municipios donde no haya Comisario de Familia el competente será el Juez Civil Municipal o Promiscuo Municipal del domicilio del demandante o del lugar donde fue cometida la agresión. Cuando en el domicilio de la persona agredida hubiere más de un despacho judicial competente para conocer de esta acción, la petición se someterá en forma inmediata a reparto.

Cuando los casos lleguen a la Fiscalía General de la Nación por el delito de violencia intrafamiliar, el Fiscal o la víctima solicitarán al Juez de Control de Garantías la imposición de las medidas de protección que garanticen su seguridad y el respeto a su intimidad de conformidad con los artículos 11 y 134 de la Ley 906 de 2004, contemplando incluso las medidas de protección provisionales señaladas en el artículo 17 de la Ley 1257 de 2008. Una vez proferida la medida provisional por el Juez de Control de Garantías, en cuaderno separado a la actuación penal, remitirá las diligencias a la Comisaría de Familia, Juez Civil Municipal o Promiscuo Municipal para que se continúe con el procedimiento en la forma y términos señalados en la Ley 575 de 2000 y en el presente decreto, o las normas que los modifiquen o adicionen.

Cuando los casos lleguen a la Fiscalía General de la Nación por situaciones de violencia en ámbitos diferentes al familiar, el Fiscal o la víctima solicitarán al Juez de Control de Garantías la imposición de las medidas de protección que garanticen su seguridad y el respeto a su intimidad de conformidad con los artículos 11 y 134 de la Ley 906 de 2004, así como las medidas de protección provisionales contempladas en los artículos 17 y 18 de la Ley 1257 de 2008.

Artículo 3°. Medidas de protección. Para la imposición de las medidas de protección señaladas en el artículo 17 de la Ley 1257 de 2008, o las normas que lo modifiquen o adicionen, se procederá de la siguiente manera:

1. Para garantizar la efectividad de la medida de protección descrita en el literal a) del artículo 17 de la Ley 1257 de 2008, la autoridad competente enviará copia de la medida provisional o definitiva decretadas a la persona encargada de la vigilancia de la respectiva casa o lugar de habitación, así como al Consejo de Administración o al Comité de Convivencia, al propietario, arrendador o administrador o a quien tenga a su cargo la responsabilidad del inmueble, para que adopten las medidas pertinentes, con copia a la Policía Nacional, con el objeto de evitar el acceso al lugar por parte del agresor. Cuando no exista un sistema de control de ingreso en la casa o lugar de habitación, la autoridad competente deberá oficiar a la Policía Nacional para que garantice el cumplimiento de la orden.

2. Para garantizar la efectividad de la medida de protección descrita en el literal b) del artículo 17 de la Ley 1257 de 2008, a solicitud de la víctima, o su representante, apoderado o solicitante, la autoridad competente enviará orden de fijación de la medida provisional o definitiva decretada, a los sitios que la víctima determine, para que los encargados del control de entrada y salida del personal, el propietario, arrendador o administrador o quien tenga a su cargo la responsabilidad del inmueble, den cumplimiento a la misma, para evitar el ingreso del agresor. Cuando no exista un sistema de control de ingreso, la autoridad competente deberá oficiar a la Policía Nacional para que garantice el cumplimiento de la orden.

3. Para garantizar la efectividad de la medida de protección descrita en el literal c) del artículo 17 de la Ley 1257 de 2008, la autoridad competente oficiará al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que esta Entidad adopte las medidas necesarias de información a todos los centros zonales a fin de impedir el otorgamiento de custodias a favor de los agresores.

4. El Estado garantizará los servicios previstos en los literales d) y e) del artículo 17 de la Ley 1257 de 2008. En los casos excepcionales en que la víctima asuma los costos de estos servicios y para efectos de liquidar los pagos a cargo del agresor se procederá así:

a) La víctima deberá acreditar los pagos realizados por los conceptos establecidos en la norma señalada, para que el Comisario de Familia o en su defecto el Juez Civil Municipal o Promiscuo Municipal ordene en la misma providencia que imponga la medida de protección, el reintegro a la víctima de los gastos realizados. La providencia mediante la cual se ordene el pago de los gastos realizados por la víctima, deberá contener la obligación en forma clara, expresa y exigible y se constituirá en título ejecutivo.

b) Si el Comisario de Familia o el Juez Civil Municipal o Promiscuo Municipal ordena una o varias de las medidas señaladas en los literales d) y e) del artículo 17 de la Ley 1257 de 2008, deberá ordenar que el agresor acredite ante su despacho los pagos a su cargo.

El no pago se tendrá como incumplimiento y dará a lugar a las sanciones señaladas en el artículo 4° de la Ley 575 de 2000.

5. En la implementación de las medidas de protección descritas en los literales f) y g) del artículo 17 de la Ley 1257 de 2008, cuando corresponda a la Policía Nacional la ejecución de la orden impartida por la autoridad competente, se realizará de manera concertada con la víctima, atendiendo a los principios de los programas de protección de Derechos Humanos, y a los siguientes criterios:

a) La protección de la víctima teniendo en cuenta las circunstancias particulares de riesgo;

b) El cumplimiento de la orden contenida en la medida protección proferida por la autoridad competente; y,

c) La responsabilidad del Estado en materia de protección de los derechos de las mujeres.

6. Para efectos de la implementación de la medida de protección descrita en el literal i) del artículo 17 de la Ley 1257 de 2008, el Comisario de Familia, o en su defecto el Juez Civil Municipal o Promiscuo Municipal que adopte la decisión de la suspensión de la tenencia, porte y uso de armas, deberá informar a la Policía Nacional y a las autoridades competentes, de acuerdo con las disposiciones previstas en el artículo 10 de la Ley 1119 de 2006, y en el Título III Capítulo II del Decreto 2535 de 1993 y demás normas aplicables.

7. La medida de protección descrita en el literal l) del artículo 17 de la Ley 1257 de 2008, se solicitará por el Comisario de Familia al Juez de Familia o en su defecto ante el Juez Civil Municipal o Promiscuo Municipal, para que se ordene la medida, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 18 del Código de Procedimiento Civil. Para tal fin, deberá mediar petición de parte de la víctima en la que se identifiquen los bienes como lo prevé el artículo 76 del Código de Procedimiento Civil (Ver documento completo en archivo adjunto)

DECRETO 4798 DE 2011

dhjusticia — 2012-04-16T20:47:54Z

DECRETA ARTíCULO 1°. De los Derechos Humanos de las niñas, adolescentes y las mujeres en el ámbito educativo. A partir de los principios de la Ley 1257 de 2008 consagrados en el artículo 6°, el Ministerio de Educación Nacional, las Entidades Territoriales y las instituciones educativas en el ámbito de sus competencias deberán: 1. Vincular a la comunidad educativa en la promoción, formación, prevención y protección de los derechos humanos de las mujeres para vivir una vida libre de violencias. 2. Generar ambientes educativos libres de violencias y discriminación, donde se reconozcan y valoren las capacidades de las mujeres, desde un enfoque diferencial. 3. Fomentar la independencia y libertad de las niñas, adolescentes y mujeres para tomar sus propias decisiones y para participar activamente en diferentes instancias educativas donde se adopten decisiones de su interés. 4. Garantizar el acceso a información suficiente y oportuna para hacer exigibles los derechos de las mujeres. 5. Garantizar la formación, para el conocimiento y ejercicio de los derechos humanos sexuales y reproductivos. 6. Orientar y acompañar a las niñas, adolescentes y jóvenes que han sido víctimas de violencia de género para la atención integral y el restablecimiento de sus derechos

7. Reconocer y desarrollar estrategias para la prevención, formación y protección de los derechos de las mujeres para vivir una vida libre de violencias, en el marco de la autonomía institucional. 8. Coordinar acciones integrales intersectoriales con el fin de erradicar la violencia contra la mujer

ARTíCULO 2°. Proyectos Pedagógicos:

A través de los proyectos pedagógicos, que de conformidad con la Ley 115 de 1994, deben implementar de manera obligatoria todas las instituciones educativas en los niveles de preescolar, básica y media se garantizará el proceso de formación de la comunidad educativa en el respeto delos derechos, libertades, autonomía e igualdad entre hombres y mujeres, la sensibilización y el reconocimiento de la existencia de discriminación y violencia contra las mujeres, toda vez que los proyectos permiten la participación directa de la comunidad educativa yen particular de estudiantes, docentes, directivos, administrativos y padres y madres de familia en la solución de problemáticas del contexto escolar.

Estos proyectos considerarán las particularidades de cada institución educativa y de su contexto, de acuerdo con su Proyecto Educativo Institucional -PEI-e involucrarán a la comunidad educativa en la reflexión y transformación de los estereotipos y prejuicios asociados al género para la erradicación de la violencia contra la mujer. (Ver documento completo en archivo adjunto)

DECRETO 4463 DE 2011

dhjusticia — 2012-04-16T20:44:25Z

DECRETA

Articulo 1. Objeto. El presente decreto tiene por objeto definir las acciones necesarias para promover el reconocimiento social y económico del trabajo de las mujeres, implementar mecanismos para hacer efectivo el derecho a la igualdad salarial y desarrollar campañas de erradicación de todo acto de discriminación y violencia contra las mujeres en el ámbito laboral.

Articulo 2. Ámbito de Aplicación. Las disposiciones del presente decreto se aplican a todos empleadores y/o contratantes del sector público o privado, a las Administradoras de Riesgos Profesionales y a la totalidad de las trabajadoras sin distinción de la forma de vinculación laboral y/o forma de trabajo.

Artículo 3. Acciones. Las acciones para dar cumplimiento al objeto del presente decreto son:

1. Diseño del Programa de Equidad laboral con Enfoque Diferencial y de Género para las Mujeres. El Ministerio del Trabajo diseñará, en un plazo no mayor de seis (6) meses contados a partir de la expedición del presente decreto, el Programa de Equidad Laboral con Enfoque Diferencial y de Género para las Mujeres, que tendrá los siguientes objetivos:

a) Difundir y sensibilizar a empleadores, trabajadores, personal de las áreas del talento humano de las entidades públicas y empresas del sector privado del nivel nacional y territorial en el conocimiento de las leyes, los convenios, tratados, acuerdos, normas y estándares nacionales e internacionales que protegen a la mujer en materia laboral.

b) Divulgar el beneficio de la deducción de un 200% del impuesto sobre la renta establecida en el artículo 23 de la Ley 1257 de 2008 a los empleadores que ocupen trabajadoras víctimas de la violencia acreditadas de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 de la misma Ley.

c) Adoptar medidas para que los empleadores beneficiados de la medida prevista en el artículo 23 de la Ley 1257 de 2008, garanticen la confidencialidad de la identidad de las mujeres víctimas de violencia vinculadas a sus empresas.

d) Adoptar directrices dirigidas a los empleadores que quieran ser beneficiarios de la deducción prevista en el artículo 23 de la Ley 1257 de 2008, con el fin de evitar defraudaciones, impedir la revictimización de las mujeres y la utilización de la problemática de violencia y discriminación en su contra.

e) Formar y capacitar a empleadores, personal de las áreas de Talento Humano, sindicatos, gremios y trabajadores. así como a funcionarios del Ministerio del Trabajo a nivel nacional y territorial para que el enfoque diferencial y de género, sea incluido en las políticas empresariales, el reconocimiento social y económico del trabajo de las mujeres y el desarrollo de la responsabilidad social empresarial. (Ver documento completo en archivo adjunto)

LEY 1496 DE 2011

dhjusticia — 2012-04-16T20:41:08Z

El Congreso de Colombia,

DECRETA:

ARTíCULO 1°. OB ..IETO. La presente ley tiene cama objeto garantizar la igualdad salarial y de cualquier forma de retribución laboral entre mujeres y hambres, fijar las mecanismos que permitan que dicha igualdad sea real y efectiva tanto en el sector pública cama en el privado y establecer las lineamientos generales que permitan erradicar cualquier forma discriminatoria en materia de retribución laboral.

ARTIcULO 2°. El artículo 10 del Código Sustantivo del Trabajo quedará así:

Artículo 10. Igualdad de los trabajadores y las trabajadoras. Todos los trabajadores y trabajadoras son iguales ante la ley, tienen la misma protección y garantías, en consecuencia, queda abolido cualquier tipo de distinción par razón del carácter intelectual o material de la labor, su forma a retribución, el género a sexo salva las excepciones establecidas par la ley.

ARTíCULO 3°. DEFINICIONES. Discriminación directa en materia de retribución laboral por razón del género o sexo: Toda situación de trato diferenciada injustificado, expresa a tácito, relacionada can la retribución económica percibida en desarrolla de una relación laboral, cualquiera sea su denominación par razones de género o sexo.

Discriminación indirecta en materia de retribución laboral por razón del género o sexo: Toda situación de trata diferenciada injustificada, expreso a tácito, en materia de remuneración laboral que se derive de norma, política, criterio o práctica laboral por razones de género a sexo.

ARTíCULO 4°. FACTORES DE VALORACiÓN SALARIAL. Factores de valoración salarial. San criterios orientadores, obligatorias para el empleador en materia salarial a de remuneración las siguientes:

a) La naturaleza de la actividad a realizar; b) Acceso a las medias de formación profesional; c) Condiciones en la admisión en el empleo; d) Condiciones de trabaja; e) La igualdad de oportunidades y de trata en materia de emplea y ocupación, can objeta de eliminar cualquier discriminación; f) Otras complementas salariales. (Ver documento completo en archivo adjunto)