Las Chuza...DAS
Es terrorismo de Estado "La Inteligencia Ofensiva", un arma para eliminar al que piense diferente
Cuando a uno le dicen que hay interceptaciones de teléfonos, genera preocupación, en cuanto a que es una violación a la intimidad y a la privacidad, pero la vida sigue. Pero cuando sale un debate como el de 9 de junio en la plenaria del Senado, en el que se saca a la luz y confirma que la inteligencia del Estado, -aquella que esta "facultada … para mantener la seguridad nacional, actuando con pleno respeto de los derechos y las garantías Constitucionales"-, a orden de Presidencia, se sobrepasa esta normativa, y utiliza todos los equipos físicos y humanos del DAS, impulsando una táctica de guerra para espiar a todos sus contradictores, opositores, detractores y serviles, y no bastándole, da instrucciones para ejecutar actividades de "Inteligencia ofensiva", donde se trata de crear situaciones de amenaza y temor que logren desestabilizar y confundir, obteniendo por supuesto, resultados prácticos para su intervención, es así, elaboración de panfletos, de videos que comprometan el actuar del que le denominan "blanco político", intimidando, incluso poniendo en riesgo su vida e integridad; entonces, la situación cambia, nos robaron la seguridad, nos despojaron de nuestra tranquilidad, se apoderaron de nuestra intimidad, esto se convierte, como bien lo dijo el Senador Petro, en un crimen contra la humanidad.

Y es que no es para menos, no se escapa nadie, desde los magistrados de las altas cortes que hoy tienen tanta resonancia en la actual coyuntura, políticos de derecha, izquierda, organizaciones sociales campesinas, de paz y derechos humanos, periodistas, organizaciones eclesiales, entre otras. De los cuales, cuentan con una documentación básica de fecha, lugar de nacimiento, nombre de padres, hijos, hermanos, como de información familiar, laboral, política y financiera, hasta recomendaciones para bloquear el trabajo de estas personas y organizaciones.

Recordemos también que este tipo de acciones estatales e ilegales es una práctica vieja, que sale a lo público a raíz de el asesinato y la desaparición de algunos líderes de oposición y defensores de derechos humanos, caso Ángel y Claudia, -quienes eran seguidos y sus comunicaciones estaban interceptadas-.

Algunos de los casos confirmados en este accionar de guerra para resaltar en esta nueva ola del escándalo, pero que llevan años siendo víctimas de este accionar son:

*El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, abogados defensores de derechos humanos que han sido víctimas de amenazas, infiltración de llamadas y correos, seguimientos a ellos y sus familias e incluso exiliados, adelantan procesos como la masacre de Mapiripan, el Naya, Alaska, falsos positivos, Noguera, Chengue por mencionar algunos casos, en donde las responsabilidades señalan al Estado y la fuerza pública en su mayoría;

* la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, comunidad campesina en resistencia a la guerra que en sus principios tiene la claridad de no colaborar con ningún actor armado, lleva 200 víctimas, de las cuales más del 70% a manos del ejercito y paramilitares, han sido amenazados, asesinados, robados, desplazados, víctimas de montajes, judicializaciones, con falsos testimonios, bloqueos de correos, persecución a sus acompañantes como SJ. Javier Giraldo, defensor de derechos humanos y trabajador incansable por el respeto a los pueblos, el derecho a la vida, a la verdad y a la justicia, a Gloria Cuartas ex alcaldesa de Apartadó, miembro del polo democrático y promotora de los derechos de las mujeres;

*Holman Morris, quién ha hecho reportajes de periodismo independiente sobre los indígenas, las comunidades campesinas, el acuerdo humanitario, como también sobre el TLC, el ALCA, la para política, las fumigaciones, la verdad, la justicia y la reparación, los desplazados, las masacres en Colombia, la Up, la desaparición forzada, las liberaciones de secuestrados. Periodista que a ganado premios internacionales por su labor investigativa;*

La Asamblea por la Paz, cuya iniciativa esta conformada por organizaciones sociales de paz y derechos humanos a nivel local, regional y nacional, en 10 años ha sido allanada cinco veces ilegalmente, donde se robaron equipos en el que reposaba información como bases de datos, comunicados públicos y documentos de proyectos, algunos de sus lideres han sido amenazados, víctimas de seguimientos y hostigamientos, han sido filtradas sus comunicaciones, interceptados sus teléfonos, asimismo, a sus financiadores como también quienes administran sus recursos.

Lo alarmante del asunto, es que dentro del mismo conducto regular establecido por el organismo de seguridad para realizar este tipo de acciones se presentan cientos de falsificaciones de autorizaciones para infiltrar líneas telefónicas o correos y/o no se encuentran argumentos que justifiquen las mismas. El gobierno ha manifestado su preocupación no por el hecho en si, sino por quién filtro a los medios este accionar ilegal de la entidad -que viola los derechos y las garantías de todo ciudadano contempladas en la Constitución Nacional-, que esta a su servicio, que responde a sus órdenes y que reporta todo su trabajo a sus oficinas. Las investigaciones en la actualidad con polígrafo en mano por cada uno de los empleados relacionados con esas oficinas se centran en encontrar al responsable.


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